El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, político nítidamente de izquierdas y exguerrillero del M-19, se ha posicionado en las últimas semanas a la cabeza de las encuestas para suceder a Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Debe su proyección a un discurso contra el establishment tradicional que, si le ha valido las críticas cerradas de sus adversarios, que lo acusan de populista, también recoge cada vez más consensos entre las clases populares y los jóvenes.
Detrás de este fenómeno están el hartazgo de amplios sectores de la sociedad con las clases políticas tradicionales, los casos de corrupción, la desigualdad y las reglas de juego del sistema económico. A pesar de la división de la izquierda, el candidato de Colombia Humana ha canalizado, al menos por el momento, un descontento que va más allá de las discrepancias en torno a los acuerdos con la guerrilla, uno de los factores que ha dominado la política colombiana en los últimos años.
Una constituyente
Al igual que hizo Andrés Manuel López Obrador en México, Petro manifestó su intención de impulsar una nueva Constitución. “Propongo que una constituyente territorializada y pluralista haga las reformas que no hizo la Constitución del 91: la del territorio, la reforma a la salud, la educación, la justicia, la política y el tránsito hacia una economía productiva”, anunció en Twitter.
Su campaña, vertebrada también por un hábil manejo de las redes sociales, despierta pasiones de amor y odio y se inserta en un contexto de polarización con las candidaturas conservadoras, mientras que Fajardo trata de mantenerse al margen del discurso ideológico. Sus adversarios le atribuyen forma y fondo populistas y agitan el fantasma de Venezuela y su deriva antidemocrática. Nacido en el Caribe colombiano en 1969, Petro, que en su juventud fue militante de la guerrilla del M-19, desmovilizada en 1990, no ocultó sus simpatías por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, pero asegura que no emprenderá el camino del actual mandatario de ese país, Nicolás Maduro. De hecho, recurre a esas acusaciones a diario para atacar a los demás aspirantes.
Estas circunstancias, según un análisis extendido, cerraría el paso a su carrera presidencial. Porque si este candidato confirmara las previsiones de las encuestas y pasara a una segunda vuelta, tendría, con toda probabilidad, la mayoría de los votantes de las demás coaliciones en contra.
Maria McFarland se sostiene en lo que escribió en su libro. La abogada que dedicó varios años para publicar Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia, dijo en La W que ella buscó a Fernando Murillo, alias Don Berna, para obtener su testimonio sobre la muerte del defensor de derechos humanos, Jesus María Valle. En esas entrevistas, Don Berna le dijo que la muerte de Valle la había ordenado Pedro Juan Moreno; pero que de la nada, el propio Don Berna había traído a colación la muerte de Pedro Juan Moreno y el narcotraficante le había dicho que se trató de un sabotaje al helicóptero en el que se trasportaba Moreno, ordenado por Álvaro Uribe. La periodista afirma que en ocasiones posteriores le volvió a preguntar sobre este suceso y Don Berna le volvió a decir que la muerte la había ordenado Álvaro Uribe; tiempo después, cuando ella le insistió en las pruebas de lo que estaba diciendo, el exparamilitar y hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, le había dicho que “en la ilegalidad se conocen muchas cosas, pero no siempre se pueden demostrar”.
Sin embargo, la semana pasada Don Berna envió un mensaje donde niega haberle dicho a Maria McFarland lo que ella escribió en el libro. La abogada asegura que esto la sorprendió, debido a que la carta es inconsistente con los testimonios que el capo le dio durante varios años: pero además, afirma, que esta retractación no había quedado en su libro porque ya había pasado por la impresión.
Sin embargo, la escritora fue enfática en afirmar que este libro no se trataba de Álvaro Uribe, ni mucho menos de la muerte de Pedro Juan Moreno, sino que el tema había salido a flote por las declaraciones de las personas que dieron sus testimonios para la recolección de datos de una investigación que se centra en los vínculos del Estado con el paramilitarismo.
Este libro se basa, según la investigadora, en tres personas que sus historias se entrelazan por sus actividades: En primer lugar, dice la abogada, está la historia de Iván Velásquez, quien como fiscal en Medellín tuvo en sus manos la investigación del ‘Parqueadero Padilla’, el cual –según la abogada- hubiera podido frenar el paramilitarismo en Colombia, pero esta investigación no avanzó e incluso fueron asesinados 11 investigadores. Más adelante, Velásquez llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue quien destapó las relaciones de congresistas con el paramilitarismo. Velásquez fue sometido a una campaña de desprestigio por todo su trabajo que incluso lo llevó a abandonar al país.
Dentro de su trabajo investigativo, la abogada Maria McFarland, se encontró con la historia del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien finalizando los años noventa se dedicó a denunciar actos de paramilitares, pero que justo después de denunciar lo acontecido en la masacre del Aro, fue asesinado.
Así mismo aparece la historia del periodista de la revista Semana, Ricardo Calderón, quien destapó el episodio de lo que se denominó como ‘La Casa de Nari’; y el escándalo del DAS por los seguimientos que esta extinta entidad del Estado le hizo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos a Iván Velázquez.
María McFarland, autora de 'Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia', narra la relación del mandatario con el paramilitarismo