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Jorge Meza, representante interino de la FAO en Uruguay, realizó un balance a partir de las conclusiones de los principales documentos publicados por la organización durante el año 2018. "Más de 1000 millones de personas que viven en países en desarrollo se han desplazado internamente y el 80% de estos traslados incluyen de alguna manera al área rural y afecta a las poblaciones que viven en el campo", indicó.
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"Un dato importante es que, en muchos países de ingresos altos, la agricultura y las áreas rurales solo son económicamente viables en la medida en que esté disponible la mano de obra inmigrante", añadió.
"El hambre afecta a 39,3 millones de personas, es decir, 6,1% de la población de América Latina y el Caribe, una región que es una exportadora neta de alimentos. Hay un vínculo estrecho entre desigualdad económica y social y los mayores niveles de hambre, obesidad y malnutrición en las poblaciones más vulnerables", subrayo Meza.
Precisamente, el Oficial a Cargo de FAO en Uruguay, Vicente Plata, reflexionó sobre el tema de la desigualdad, uno de los principales desafíos que la FAO tiene en la mira para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030. "La desigualdad limita el crecimiento económico, disminuye su impacto en la reducción de la pobreza, debilita a las democracias y al estado de derecho, erosiona a las instituciones formales e impide a millones de personas ejercer todo su potencial de desarrollo y aumentar el de su país", consideró.
"Particularmente los últimos 15 años Uruguay hizo un esfuerzo muy importante para disminuir la desigualdad y superar la pobreza, con un énfasis especial destinado a cubrir las necesidades básicas de la población. Aprovechando una situación internacional favorable, Uruguay ha sido muy responsable, logrando mejoras sustanciales", agregó.
"A pesar de esas políticas, nuestro país tiene ciertos desafíos a superar. Esto no se nota en el índice de Gini, sino en la persistencia de los focos de pobreza. Una pobreza que no se evidencia siempre por el ingreso sino por las dificultades de integración", advirtió Plata.
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"Muchas veces las leyes se votan y no tienen presupuesto suficiente. Por lo tanto, quedan en letra muerta", añadió. "En algunos países el dinero en lugar de ir para los programas y alimentar a los niños terminaban yendo para el bolsillo de gente particular o a otras actividades", explicó Larzábal en entrevista con Sputnik y radio M24.
Además en 'GPS Internacional', consultamos a Guadalupe Valdez, embajadora especial del programa Hambre Cero de la FAO para América Latina y el Caribe. "Sin hacer alianzas entre los Estados y los pueblos, sin la definición conjunta de políticas públicas y de marcos legales, sin la participación de la academia, el sector privado y la sociedad civil, no sería posible lograr el gran reto de erradicar el hambre en 2030", consideró.
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"Muchas personas no pueden adquirir la canasta alimentaria básica porque no tienen empleo o trabajo, o un salario justo que les permita realmente adquirir los alimentos que requieren cada día para poder desarrollarse. Pero también tiene que haber una educación nutricional a nivel de las escuelas desde la primera infancia", dijo Valdez.
"La agricultura familiar tiene un papel muy importante en los procesos de seguridad y soberanía alimentaria de nuestros países, también tiene una contribución económica importante en las cadenas exportadoras en muchos casos y reproduce socialmente a la población rural", destacó Olascoaga.
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