Rajoy propondrá cesar a Puigdemont y a todo el Govern y convocará elecciones en seis meses. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, quien también ha anunciado que trasladará medidas de control sobre el Parlament, que verá limitadas sus funciones, para evitar que “admita iniciativas contrarias a la Constitución”. Aunque las medidas adoptadas en el marco de la aplicación del artículo 155 resultan inéditas en democracia y son de calado, el jefe del Gobierno ha asegurado que “no se suspende la autonomía de Catalunya”, sino que “se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley”.

El presidente del Gobierno ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de esta sábado en el que se han aprobado las medidas que se llevarán al Senado para, según el argumentario de Moncloa, “garantizar íntegramente los derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad” en Catalunya.

Rajoy ha reducido a dos las medidas que incluirán el precepto constitucional, por una parte, el cese del presidente, el vicepresidente y de los consejeros del Govern, de manera que las funciones pasarán a manos de “los órganos o autoridades que designe el Gobierno”, aunque Rajoy ha señalado que en principio, la idea es que las competencias las asuman los ministros. De esta forma, la Administración de la Generalitat, de acuerdo con artículo 71 del Estatut, “continuará funcionando como hasta ahora”, conforme a las funciones que el Estatut y la normativa le atribuyen, aunque “se trabajará bajo directrices de los órganos creados”, ha condicionado el presidente.

La segunda gran medida tiene que ver con el Parlament y, en buena parte está relacionada con la primera y el objetivo de que las elecciones sean convocadas por el propio Rajoy. Así, el presidente propone al Senado vetar que la presidenta del Parlament pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat ni que la Cámara catalana pueda celebrar el debate y votación de investidura.

Además, las facultades de control recaerán en el órgano que designe el Senado y el Parlament no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatut, mientras que el Gobierno central tendría un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto. Sin embargo, el Parlament podrá ejercer la función representativa que tiene encomendada “para garantizar el pleno respeto al Estatuto y la Constitución” y celebrar sesiones de control.

Acompañado por todos sus ministros, el jefe del Ejecutivo ha realizado una larga intervención en la que ha insistido en que el objetivo es “que se celebren elecciones con normalidad” en Catalunya, porque es “lo quiere la mayoría y lo que dice sentido común”, con el objetivo de abrir “una nueva etapa donde se preserven los derechos y se recupere la normalidad y la convivencia de las personas”.

Buena parte de su parlamento se ha centrado en justificar las medidas, que ha justificado por el carácter excepcional de la crisis catalana y de un mecanismo no detallado por la Constitución, pero cuyo alcance ha sido acordado íntegramente con el PSOE y Ciudadanos. Ha llegado a lamentar que nunca en su vida política se había encontrado con algo así, “pero uno no elige a sus interlocutores”, ha apuntado, y que “el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155” a pesar de que “no era nuestro deseo ni nuestra intención, no lo fue nunca”, ha asegurado.

Rajoy ha comenzado su intervención criticando el “proceso unilateral, ilegal que ha buscado el enfrentamiento” emprendido por el Govern y los partidos independentistas, tras lo cual ha rememorado los últimos episodios vividos desde septiembre hasta esta fecha, periodo en que se ha desbocado la crisis catalana. “Comenzó la toma de decisiones unilaterales a pesar de que Puigdemont fue llamado a debatir en el Congreso”, ha recordado, y “lo más llamativo” llegó los días 6 y 7 de septiembre, cuando “se vulneraron los derechos de diputados de oposición, se calificó en un cuarto de hora un proyecto de ley, se modificó el orden del día y, en definitiva, “se liquidó el Estatut, la Constitución” con la aprobación de la ley del Referéndum y la de Transitoriedad.

Más tarde se “intentó hacer un referéndum con el que “se pretendió darle valor a algo que se suspendió por TC” y a pesar de que no hubo “ninguna garantía democrática”, ha rechazado. Y “¿qué hizo el Gobierno?”, pues Rajoy ha recordado las múltiples llamadas a la reflexión y al debate, como la del 11 de octubre, cuando “se requirió para que explicara algo que se puede explicar claramente”, en referencia a si el president había proclamado o no la independencia, y aunque “se podía haber hecho el requerimiento antes”.

De hecho, Rajoy ha asegurado que “tuvo muchas oportunidades” de lanzar antes el requerimiento con el que se activaba el 155, como una vez aprobadas las leyes de desconexión, “pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad, sentido común y esperando que hubiera una rectificación”. Por parte del Govern, “no respondieron porque no quisieron”, ha achacado.

El presidente del Gobierno ha evitado poner plazo a esta situación de intervención. Ha deseado que se reduzca lo más posible al tiempo que lo ha condicionado a la necesidad de que devolver la normalidad la situación de Catalunya. Según ha dicho, “se trata de nueva etapa donde se preserven los derechos y se recupere la normalidad y la convivencia de las personas”, al tiempo que ha citado cuatro objetivos: Volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia, “que se ha deteriorado mucho en Catalunya”, continuar con la recuperación económica y la ya mencionada necesidad de celebrar elecciones “convencionales”.

Especial atención ha dedicado a la cuestión económica, al advertir de que “hoy está en evidente peligro por las decisiones caprichosas y unilaterales de algunos”. Además, ha asegurado que el económico es “uno de los temas en los que más se ha faltado a la verdad” por parte de los independentistas, sobre todo a la hora de vender los efectos positivos de independencia. Por el contrario, “los datos hoy son preocupantes para las empresas”.

Según ha enumerado, la situación actual ha hecho que se hayan “desincentivado inversiones de fuera y de dentro”, y se haya visto afectado el turismo, “importantísimo para el PIB catalán y español”. Para Rajoy, si Catalunya se independizara, abandonaría la UE y la Organización Mundial del Comercio, “pasando a ser un país tercero al que se aplicarían aranceles y controles aduaneros”. Además, en el plano financiero, ha comentado que “todas las facilidades que da el BCE desaparecerían”, algo que justifica por qué los bancos han trasladado sus sedes sociales. En definitiva, “habría un problema grave de contracción crédito y un empobrecimiento de la economía catalana de entre el 25% y el 30%”.

Rajoy también se ha detenido para hacer una valoración del diálogo, una “palabra hermosa que se ha convertido en mágica”, ha criticado. En este punto, ha recprochado al Govern que en verdad “nunca lo plantearon” porque “lo que plantearon era una imposición”. Según Rajoy, “pretendían imponérsele al Gobierno algo que no podía y no iba a hacer”, mientras que por parte del Ejecutivo central se dieron pasos en favor de ese diálogo: “Se les invitó” a la Conferencia de Presidentes, a debatir sobre la financiación, a ir al Congreso, a los grupos de trabajo de financiación y lo único que se hizo fue liquidar la ley e implantar una legalidad paralela”, ha lamentado.

A su juicio, el diálogo “no se practicó ni con casi la mitad del Parlament de Catalunya”, en referencia al pleno de los días 6 y 7 de septiembre, ha reiterado. Por eso, para el presidente “el diálogo no es que los demás acepten lo que tú quieras”, porque esta pretensión es “profundamente antidemocrática” y una “imposición”, como “no es diálogo pretender que los gobernantes se salten la ley”, ha zanjado.