Durante este 2020, en Colombia se han registrado unas 185 personas asesinadas en masacres, mientras las comunidades afectadas exigen al Gobierno de Iván Duque presentar medidas contundentes para evitar que siga la violencia.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante la gestión Duque aumentaron los hechos de violencia en Colombia con respecto a la Presidencia de Juan Manuel Santos. Desde enero de 2020 hasta el pasado 25 de agosto, la institución reporta 46 masacres, la mayoría concentradas en el área oeste del país.
Los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño son las que más incidentes reporta, con nueve en la primera región y siete en las otras dos.
En cuanto al número de víctimas, esas áreas también lideran el listado como las de cifras más elevadas, para un total de 34 fallecidos en Antioquia y Nariño, mientras que Cauca acumula 31.
Desde la segunda mitad del siglo XX, estos hechos de violencia ocurrieron con mayor intensidad en el centro y el suroccidente de Colombia, como ha pasado este año.
Posición de Iván Duque
Duque dijo, el pasado 16 de agosto, que los hechos estaban supuestamente relacionados con el "narcotráfico" y la presencia de “grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio”.
Sin embargo, el coordinador de la línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la fundación Paz y Reconciliación (PARES), Alejandro Restrepo, asegura que el argumento del mandatario es "reduccionista, limitado" y que desconoce la realidad de los territorios del país.
“Lo primero que uno debería esperar del Estado colombiano es que haga un proceso de investigación y que no parta de la ignorancia y el desconocimiento como parece estarlo haciendo”, dijo Restrepo.
Situación de los departamentos afectados
El departamento de Nariño está cerca de la frontera con Ecuador y tiene acceso al océano Pacífico, por lo que representa un corredor vital para el desarrollo de acciones criminales.
Allí se generan disputas por el control de negocios ilícitos, tales como narcotráfico, minería y tráfico de madera ilegales. Además, tiene uno de los índices más altos de victimización, según la herramienta de la Unidad para las Víctimas.
En una situación similar está el departamento del Cauca. Pese a la presencia militar en algunas zonas, la violencia continúa, refirió el director de Indepaz, Camilo López, y advirtió sobre el retraso o incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, que buscaban la "protección de comunidades, de su incorporación a la legalidad y de desarrollo rural".
En Antioquia, los líderes sociales han intentado frenar el avance de la apropiación de tierras y actividades ilegítimas, enfrentándose igualmente a hechos de violencia.
Sobre el tema, la profesora e investigadora Irene Cabrera, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales, Universidad Externado de Colombia, dijo a la AFP que esto ocurre “ante la mirada impasible del Estado”.
Cabrera manifestó que varios grupos armados ilegales llegaron antes que la autoridad a áreas dejadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) tras la firma del Acuerdo de Paz.
La mayoría de estos grupos están formados por unos 200 hombres, lo que "obviamente es un reto, pero no necesariamente supera la capacidad del Estado", dijo Cabrera.
Además, dijo que la tarea pendiente es hacer intervenciones integrales, “no solamente a partir de objetivos militares y acciones de la Policía, incluso de investigaciones de la Fiscalía, sino también de tomar medidas de protección".
En un debate en línea, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseveró que existe una relación directa entre el aumento de los cultivos ilícitos y otros negocios ilegales, y el número de masacres.
El exfuncionario afirmó que el 72 por ciento de los hechos de este tipo corresponden a cinco departamentos: Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo; ya que “esos cinco departamentos concentran el 78 por ciento de los cultivos ilícitos”.
Asimismo, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que, detrás de las masacres, existen bandas que se van fortaleciendo y recibiendo recursos con los que van comprando armas, ejercen control territorial y, a cualquiera que se les oponga, estos grupos los enfrentan, eliminan, y tratan de desplazar a la gente.
Durante la actual pandemia por Covid-19, el número de masacres no ha disminuido, y solo en agosto se han denunciado más de diez masacres, en las que niños y jóvenes también fueron asesinados.
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