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Discapacitados en el Perú, víctimas de la indiferencia
Trece de cada cien peruanos padece algún tipo de minusvalía.
Asegura congresista:
Discapacitados en el Perú, víctimas de la indiferencia
Trece de cada cien peruanos padece algún tipo de minusvalía.
En el país no hay financiamiento claro para la ejecución de las políticas de rehabilitación, no es concreto el papel del Estado en el proceso de promoción del empleo a discapacitados, hay ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, falta una Dirección Nacional de Educación Especial y bonificaciones para los profesores de educación especial.
Quinientos millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad o minusvalía. En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio de Salud realizaron un estudio que reveló que 45,4% -es decir, casi la mitad de la población peruana- sufría algún tipo de deficiencia. Este mismo estudio encontró que la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28% y que 13 de cada 100 peruanos padece de algún tipo de minusvalía.
A pesar de que son muchas las personas discapacitadas que vencen sus limitaciones para destacar en el deporte, la política, el arte o la empresa privada, así como ocurre en otras partes del mundo, el discapacitado en el Perú es víctima de la indiferencia, la discriminación y la marginación.
Esta situación ha generado una ausencia de iniciativa política respecto a la promulgación y reglamentación de leyes que apoyen y respalden al minusválido y, por consiguiente, el retraso en el desarrollo e integración de estas personas en la sociedad. Más aún, las leyes promulgadas en el marco de la década Internacional de las Personas Impedidas (1983–1992) que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras arquitectónicas y otorgaban créditos promocionales para
sus empresas y beneficios tributarios para las empresas que contrataran trabajadores discapacitados, fueron prácticamente anuladas a partir de 1985 con
la nueva administración.
Con la ley, por ejemplo, las municipalidades estarían comprometidas a crear
oficinas de atención para personas con discapacidad y fomentar, de esta
manera, su valoración y respeto en cada jurisdicción.
Una nueva etapa
Después de un arduo e interesante debate, que tuvo una duración de más de
tres años, el 18 de diciembre pasado, las organizaciones de personas con discapacidad lograron que el Congreso aprobara la ley 27050 que protege y
ampara a los discapacitados del Perú. La medida dispone principalmente la
ejecución de proyectos de desarrollo que permitan el normal desenvolvimiento
de estas personas en la sociedad.
Como señala su autor, Guillermo Vega Espejo, aunque la ley no satisface a la totalidad de instituciones y gremios de discapacitados y personas, constituye
un avance, ya que actualiza dispositivos de acuerdo con nuestros tiempos y
añade disposiciones de interés que son viables para continuar realizando con eficacia la tarea de lograr la plena integración de las personas con habilidades diferentes.
Con la ley, por ejemplo, las municipalidades estarían comprometidas a crear
oficinas de atención para personas con discapacidad y fomentar, de esta
manera, su valoración y respeto en cada jurisdicción. "La oficina se encargaría
de empadronar a los limitados físicos y mentales, así como ejecutar campañas
de diagnóstico y prevención de discapacidad en sectores populares".
Otro aspecto que considera la ley está relacionado con el apoyo especializado
de los organismos estatales, lo que ha constituido en el pasado uno de los obstáculos principales para las personas con discapacidad. Al respecto, la
norma señala tareas a dos instituciones de reciente funcionamiento en el país:
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). En el primer caso dispone la asignación de un defensor adjunto, especializado en la defensa de los derechos humanos de los discapacitados. Para el PROMUDEH, la ley crea el Consejo Nacional de
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), encargado de lograr
la participación activa de dichas personas.
Para Javier Diez Canseco, discapacitado que cuenta con una interesante trayectoria como congresista, la ley constituye un triunfo con sabor amargo,
"pues se trata de una ley fundamentalmente declarativa". Entre las principales deficiencias, señala: la ausencia de un financiamiento claro para la ejecución de
las políticas, la no concreción del papel del Estado en el proceso de promoción
del empleo, la ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas
de personas con discapacidad, la ausencia de una Dirección Nacional de
Educación Especial, y de una bonificación para los profesores de educación
especial y, finalmente, la ausencia de dispositivos que obliguen a los medios de comunicación del Estado a transmitir sin costo alguno temas relacionados con
la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
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Trece de cada cien peruanos padece algún tipo de minusvalía.
Asegura congresista:
Discapacitados en el Perú, víctimas de la indiferencia
Trece de cada cien peruanos padece algún tipo de minusvalía.
En el país no hay financiamiento claro para la ejecución de las políticas de rehabilitación, no es concreto el papel del Estado en el proceso de promoción del empleo a discapacitados, hay ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, falta una Dirección Nacional de Educación Especial y bonificaciones para los profesores de educación especial.
Quinientos millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad o minusvalía. En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio de Salud realizaron un estudio que reveló que 45,4% -es decir, casi la mitad de la población peruana- sufría algún tipo de deficiencia. Este mismo estudio encontró que la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28% y que 13 de cada 100 peruanos padece de algún tipo de minusvalía.
A pesar de que son muchas las personas discapacitadas que vencen sus limitaciones para destacar en el deporte, la política, el arte o la empresa privada, así como ocurre en otras partes del mundo, el discapacitado en el Perú es víctima de la indiferencia, la discriminación y la marginación.
Esta situación ha generado una ausencia de iniciativa política respecto a la promulgación y reglamentación de leyes que apoyen y respalden al minusválido y, por consiguiente, el retraso en el desarrollo e integración de estas personas en la sociedad. Más aún, las leyes promulgadas en el marco de la década Internacional de las Personas Impedidas (1983–1992) que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras arquitectónicas y otorgaban créditos promocionales para
sus empresas y beneficios tributarios para las empresas que contrataran trabajadores discapacitados, fueron prácticamente anuladas a partir de 1985 con
la nueva administración.
Con la ley, por ejemplo, las municipalidades estarían comprometidas a crear
oficinas de atención para personas con discapacidad y fomentar, de esta
manera, su valoración y respeto en cada jurisdicción.
Una nueva etapa
Después de un arduo e interesante debate, que tuvo una duración de más de
tres años, el 18 de diciembre pasado, las organizaciones de personas con discapacidad lograron que el Congreso aprobara la ley 27050 que protege y
ampara a los discapacitados del Perú. La medida dispone principalmente la
ejecución de proyectos de desarrollo que permitan el normal desenvolvimiento
de estas personas en la sociedad.
Como señala su autor, Guillermo Vega Espejo, aunque la ley no satisface a la totalidad de instituciones y gremios de discapacitados y personas, constituye
un avance, ya que actualiza dispositivos de acuerdo con nuestros tiempos y
añade disposiciones de interés que son viables para continuar realizando con eficacia la tarea de lograr la plena integración de las personas con habilidades diferentes.
Con la ley, por ejemplo, las municipalidades estarían comprometidas a crear
oficinas de atención para personas con discapacidad y fomentar, de esta
manera, su valoración y respeto en cada jurisdicción. "La oficina se encargaría
de empadronar a los limitados físicos y mentales, así como ejecutar campañas
de diagnóstico y prevención de discapacidad en sectores populares".
Otro aspecto que considera la ley está relacionado con el apoyo especializado
de los organismos estatales, lo que ha constituido en el pasado uno de los obstáculos principales para las personas con discapacidad. Al respecto, la
norma señala tareas a dos instituciones de reciente funcionamiento en el país:
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH). En el primer caso dispone la asignación de un defensor adjunto, especializado en la defensa de los derechos humanos de los discapacitados. Para el PROMUDEH, la ley crea el Consejo Nacional de
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), encargado de lograr
la participación activa de dichas personas.
Para Javier Diez Canseco, discapacitado que cuenta con una interesante trayectoria como congresista, la ley constituye un triunfo con sabor amargo,
"pues se trata de una ley fundamentalmente declarativa". Entre las principales deficiencias, señala: la ausencia de un financiamiento claro para la ejecución de
las políticas, la no concreción del papel del Estado en el proceso de promoción
del empleo, la ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas
de personas con discapacidad, la ausencia de una Dirección Nacional de
Educación Especial, y de una bonificación para los profesores de educación
especial y, finalmente, la ausencia de dispositivos que obliguen a los medios de comunicación del Estado a transmitir sin costo alguno temas relacionados con
la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.
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