El propósito de la empresa privada, en contraste, es generar la máxima ganancia. Si invierte en investigación científica es para lucrar con sus resultados y para ello se protege patentando los descubrimientos. La defensa de la privatización de la investigación es que no hay dinero público que alcance y es justo que las empresas puedan recuperar su inversión en investigación y desarrollo de productos por medio de la propiedad intelectual.

El problema está en que el fin de lucro altera la investigación científica y subvierte su esencia. Cuando está implicada la ganancia surgen el financiamiento interesado y los conflictos de interés que afectan el bienestar y seguridad de la población.

La industria farmacéutica transnacional –la gran farma– es icono de esta problemática. Varias revisiones sistemáticas demuestran que los estudios que financia tienen, con más frecuecia, sesgos en su diseño, resultados favorables al fármaco investigado y ocultamiento de efectos adversos graves. La gran farma invierte dos veces más en comercialización y administración, 33 por ciento de sus costos, que en investigación y desarrollo, 17 por ciento. Los frutos de sus investigaciones son decrecientes; sólo nueve de las 22 moléculas y biológicos nuevos, registrados en 2006, habían sido desarrollados por estas compañías. Incluso 90 por ciento de sus ganancias provienen de fármacos que han estado en el mercado durante más de cinco años, según PriceWaterHouse.

Las patentes de muchos productos están por expirar y tendrán que competir con los fármacos genéricos con la habitual caída de precios o erosión por genéricos. Y tiene razón en preocuparse. Cuando Brasil e India ignoraron la patente del antirretroviral combinado para tratar el VIH/sida, el precio del tratamiento anual cayó de 11 mil a 295 dólares. Esto ilustra cómo la big pharma condena a muerte a los que no pueden pagar y daña los sistemas de salud con sus precios monopólicos. Su estrategia de cabildeo con los gobiernos y los legisladores se enfoca actualmente a modificar la legislación sobre patentes para prolongarlas y a impedir que se adopten protocolos de atención con el uso racional de fármacos o que se facilite la venta de éstos sin receta.

Otra actuación con daños a las personas está relacionada con la manipulación de los resultados de los ensayos clínicos de sus medicamentos, sea por ocultamiento de efectos secundarios o por proponer usos del medicamento no investigados.

En la actualidad se debaten varios casos muy célebres. Uno es Avandia de GSK, antidiabético que tiene ventas por 2.2 mil millones de dólares. En 2007 se descubrió que este medicamento estaba asociado al incremento en cerca de 50 por ciento de ataques cardiacos. La empresa lo sabía, pero no lo había advertido en la caja. Este hecho llevó al Senado de Estados Unidos a formar un comité de investigación cuyos resultados, presentados en febrero de 2010, confirman este hecho y en julio se determinará si se retira del mercado. Circula en México donde sólo alerta contra su uso en personas con insuficiencia cardiaca, pero no sobre el aumento del riesgo de infarto.

Otro caso es el medicamento Seroquel, de Astra Zeneca, cuyo uso aprobado es en el tratamiento de esquizofrenia. Posteriormente, la empresa lo promovió como tratar el trastorno bipolar, sin haber hecho nuevos ensayos clínicos. O sea, no está probado su efecto y la falta de tratamiento eficaz puede llevar el paciente al suicidio. Con esta ampliación sus ventas llegaron a 4.9 mil millones de dólares en 2009. Recientemente la empresa fue multada con 520 millones de dólares por este fraude contra el sistema de salud. Las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida.

La revisión de las investigaciones sobre Tamiflu que publicó el British Medical Journal en 2009 demostró el mismo comportamiento engañoso de Roche con información parcial, estudios de efectos adversos ocultados, etcétera, que llegó a concluir que no se puede garantizar que tenga utilidad ni que sea inocuo. Y, sin embargo, la Ssa hizo una compra de este medicamento por 325 millones en febrero, 2010. ¿Dónde está la autoridad sanitaria que debe proteger nuestra salud y el dinero destinado a ello?

Asa Cristina Laurell
La Jornada