El informe senatorial sobre la tortura confirma que al-Qaeda no está implicada en los atentados del 11 de Septiembre

El contenido del informe

He leído detenidamente las 525 páginas de fragmentos provenientes del informe. A pesar de ello, estoy aún lejos de haber sacado de esos fragmentos toda la información que puede obtenerse de ellos ya que habrá que realizar numerosas investigaciones para poder interpretar los párrafos mutilados por la censura.

Las sesiones de condicionamiento se realizaban en unas 50 cárceles secretas bajo la responsabilidad de «Alec Station», la unidad de la CIA a cargo de la búsqueda de Osama Ben Laden. Las infraestructuras, el personal y los transportes funcionaban bajo la responsabilidad del «Grupo de Capitulación y Detención» de la CIA. Las sesiones se concebían y realizaban bajo la supervisión de 2 sicólogos contratados que incluso crearon una firma en 2005. Las autorizaciones para la aplicación de las técnicas de condicionamiento se concedían desde el más alto nivel, sin especificar que el objetivo de esas torturas no era arrancar información a las víctimas sino condicionarlas.

El vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney; la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice; el secretario de Justicia John Ashcroft; el secretario de Defensa Donald Rumsfeld; el secretario de Estado Colin Powell y el director de la CIA George Tenet participaron en reuniones sobre ese tema realizadas en la Casa Blanca. Asistieron a simulaciones en la Casa Blanca y visionaron grabaciones de video de varias sesiones, grabaciones que posteriormente fueron destruidas ilegalmente. Es evidente que el objetivo de aquellas reuniones era implicar a esas personalidades, pero no resulta posible determinar cuáles de ellas sabían para qué se utilizaban esas técnicas.

Sin embargo, en junio de 2007, el contratista de la CIA que supervisaba aquellos experimentos explicó personalmente a Condoleezza Rice en qué consistían. La consejera de Seguridad Nacional autorizó la continuación de los experimentos, limitándose a reducir la cantidad de torturas autorizadas.

Los fragmentos publicados del informe contienen un análisis detallado de cómo la CIA mintió a las demás ramas de la administración Bush, a los medios de prensa y al Congreso.

James Mitchell y Bruce Jensen, supervisores del programa de condicionamiento de la CIA. En 2012 Mitchell fue designado obispo mormón pero tuvo que dimitir cuando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días descubrió a qué se dedicaba.

Los experimentos del profesor Martin Seligman

Los fragmentos del informe que se han dado a conocer confirman que la CIA realizó experimentos basados en los trabajos del profesor Martin Seligman (teoría de «la impotencia aprendida»). El objetivo de los experimentos no era obtener confesiones ni información sino inculcar a los torturados un discurso o un comportamiento.

La mayoría de las citaciones que la prensa ha publicado tienden a confundir al público. En efecto, la CIA se refiere a los «métodos de condicionamiento» llamándolos «métodos de interrogatorio no estándares» (non-standard means of interrogation). Sacada de su contexto, esa denominación hace pensar que el término «interrogatorio» designa la búsqueda de información cuando en realidad designa el condicionamiento de las víctimas.

Todos los nombres de los torturadores fueron censurados en la parte desclasificada del informe. A pesar de ello, es evidente que bajo el seudónimo de “Grayson Swigert” se esconde Bruce Jessen mientras que James Mitchell aparece en el informe como “Hammond Dunbar”.

Bruce Jessen y James Mitchell supervisaron el programa desde el 12 de abril de 2002. Estaban físicamente presentes en las cárceles secretas. En 2005, formaron juntos una firma comercial, Mitchell, Jessen & Associates, designada en el informe como “Company Y”. Desde el año 2005 y hasta 2010, esa firma recibió pagos ascendentes a 81 millones de dólares. Posteriormente, el US Army [las fuerzas terrestres de Estados Unidos] los empleó para que dirigieran un programa sobre el comportamiento aplicado a 1,1 millones de soldados estadounidenses.

En mayo de 2003, un «senior officer» de la CIA recurrió al inspector general de la agencia señalando que los trabajos del profesor Seligman se basaban en las torturas que se aplicaban en Vietnam del Norte para obtener «confesiones con fines propagandísticos». Aquel oficial cuestionaba el programa de condicionamiento. Pero su denuncia no tuvo consecuencias. En todo, la denuncia contenía un pequeño error: se refería a Vietnam del Norte. Los trabajos de Seligman, al igual que las prácticas de los norvietnamitas, se basaban en trabajos coreanos.

Cómo se protegieron los torturadores

Según la Comisión senatorial, el programa de tortura de la CIA respondía a una orden del presidente George W. Bush emitida el 17 de septiembre de 2001, o sea 6 días después de los atentados contra los Torres Gemelas y el Pentágono. Tenía como único objetivo proporcionar medios extraordinarios para la investigación sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero ese programa se desarrolló de inmediato en violación de varias instrucciones del presidente. Por consiguiente, a partir de la realización de los atentados, la CIA, a espaldas de la Casa Blanca, se esforzó por fabricar falsos testimonios que “demostrarían” la culpabilidad de al-Qaeda.

El presidente George W. Bush y los miembros del Congreso fueron engañados por la CIA que
 obtuvo autorizaciones para recurrir a ciertas torturas disimulando el objetivo final de tales procedimientos
 y presentó falsamente como información obtenida bajo la tortura lo que en realidad eran confesiones inculcadas.

El 6 de septiembre de 2006, cuando el presidente Bush reconoció la existencia del programa secreto de torturas de la CIA, defendió esa práctica argumentando que había permitido la obtención de información que sirvió para salvar vidas. Bush se basaba en los informes plagados de falsedades proporcionados por la CIA e ignoraba que, en vez de buscar pruebas, la agencia se dedicaba a fabricarlas. A partir de entonces, la prensa atlantista se hundió en la barbarie y comenzó a debatir sobre la justificación de la tortura presentándola como algo malo que permitía lograr algo bueno.

Los torturadores tuvieron la precaución de dotarse de una cobertura jurídica. Para ello pidieron que el Departamento de Justicia los utilizara a torturar. Pero el Departamento de Justicia se pronunció únicamente sobre la legalidad de los métodos utilizados (aislamiento, encierro en una caja de pequeñas dimensiones, simulacros de enterramientos, uso de insectos, etc.) en vez de pronunciarse sobre el programa en su conjunto. La mayoría de los juristas autorizaban solamente algunas posturas en particular, pasando por alto las consecuencias síquicas que podían acarrear cuando se combinaban unas con otras. En agosto de 2002 ya se habían obtenido todas las autorizaciones.

Los dirigentes de la CIA que autorizaron esos experimentos especificaron por escrito que había que incinerar los cadáveres si las personas utilizadas como cobayos morían durante el proceso de condicionamiento y que a los sobrevivientes había que mantenerlos encerrados por el resto de sus días.

Confesiones fabricadas

Para que se entienda bien, la Comisión senatorial no dice que las confesiones de los detenidos de la CIA son legalmente incorrectas por haber sido obtenidas bajo la tortura. Lo que expone es que la CIA no interrogó a esos detenidos sino que los condicionó para que declararan sobre situaciones y actos con los que no tenían nada que ver. La Comisión precisa que los agentes de la CIA ni siquiera trataron de informarse sobre lo que los detenidos ya habían declarado o confesado a las autoridades que los habían arrestado. En otras palabras, no sólo la CIA no trató de saber si al-Qaeda estaba implicada o no en los atentados del 11 de septiembre sino que su acción tuvo como único objetivo fabricar testimonios falsos para demostrar falsamente una supuesta implicación de al-Qaeda en los atentados del 11 de septiembre.

La Comisión senatorial no discute si las confesiones de los cobayos humanos les fueron arrancadas o si les fueron inculcadas. Pero, después de explicar que los supervisores no eran expertos en interrogatorios sino en condicionamiento, detalla ampliamente el hecho que ninguna de esas «confesiones» permitió anticipar nada. Demuestra que la CIA mintió al afirmar que habían permitido impedir otros atentados. La Comisión no escribe que la información sobre al Qaeda proveniente de aquellas confesiones son fabricadas pero señala que todo lo que se podía verificar era falso. De esa manera, la Comisión desmiente explícitamente los argumentos utilizados para justificar la tortura y anula implícitamente los testimonios utilizados para vincular al-Qaeda con los atentados del 11 de septiembre.

Ese informe confirma, de manera oficial, varias informaciones que nosotros ya habíamos presentado a nuestros lectores y que contradicen e invalidan los trabajos de los tanques pensantes atlantistas, de las universidades y de la prensa desde el 11 de septiembre, tanto en lo tocante a los atentados de 2001 como en lo que concierne a al-Qaeda.

Como resultado de la publicación de los fragmentos del informe queda demostrado que todos los testimonios citados en el informe de la Comisión Presidencial Investigadora sobre el 11 de Septiembre que vinculan a al-Qaeda con esos atentados son falsos. Ya no existe en este momento el menor indicio que permita atribuir esos atentados a al-Qaeda: no existe ninguna prueba de que las 19 personas acusadas como secuestradores aéreos estuviesen aquel día en ninguno de los 4 aviones y tampoco es cierto ninguno de los testimonios de ex miembros de al-Qaeda que se atribuyen la autoría de los atentados [2].

Martin Seligman concibió el programa de condicionamiento de la CIA.

El informe confirma lo que ya revelamos en 2009

En octubre de 2009 publiqué un estudio sobre ese tema en la revista rusa Odnako [3]. Afirmaba en ese trabajo que Guantánamo no era un centro de interrogatorio sino de condicionamiento. También cuestionaba personalmente al profesor Seligman. Un año más tarde, luego de la publicación de la traducción de aquel artículo al inglés, sicólogos estadounidenses hicieron campaña exigiendo que Martin Seligman diese explicaciones sobre el asunto. La respuesta de Seligman consistió únicamente en negar su papel como torturador y emprender una acción legal simultánea contra mí y contra la Red Voltaire tanto en Francia como en Líbano, país donde yo residía en aquel momento. Pero finalmente, el profesor Seligman ordenó a sus abogados suspender toda acción legal cuando publicamos una de sus cartas acompañada de una explicación de texto [4]. Martin Seligman emprendió igualmente acciones legales contra todos los que abordaron el tema, como Bryant Weich del Hunffington Post [5].

John O. Brennan fue director adjunto de la CIA desde el año 2001 hasta el 2005 y director del Centro Nacional Antiterrorista. Brennan fue el principal artífice del programa secreto de fabricación de confesiones bajo la tortura. En 2009 se convirtió en consejero del presidente Obama para los temas vinculados a la Seguridad de la Patria (Homeland Security). El propio Obama lo nombró director de la CIA en 2013.

En este momento

En lo que constituye una muestra de valentía, la senadora Diane Feinsein ha logrado publicar parte de su informe, a pesar de la oposición del actual director de la CIA, John Brennan, quien estuvo a cargo de ese programa de tortura.

El presidente Barack Obama ha anunciado que no emprenderá acciones legales contra ninguno de los responsables de esos crímenes, mientras que los defensores de los derechos humanos luchan por poner a los torturadores en el banquillo de los acusados, que es lo mínimo que debería hacerse.

Pero no son esas las preguntas realmente importantes: ¿Por qué cometió la CIA esos crímenes? ¿Por qué inventó la CIA confesiones destinadas a vincular artificialmente a al-Qaeda con los atentados del 11 de septiembre? Y, por lo tanto, si al-Qaeda no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre, ¿a quién quiso proteger la CIA?

Y, para terminar, el programa de la CIA sólo contaba 119 cobayos humanos. ¿Qué pasó entonces con los 80 000 prisioneros de las cárceles secretas de la US Navy?

Thierry Meyssan
Red Voltaire

Interrogatorios arrojaron datos de inteligencia que salvaron vidas, alega el jefe de la CIA. Procesos abiertos en tribunales europeos pueden prosperar: Centro por Derechos Constitucionales.


Con más llamados a que los responsables de la tortura documentada en el informe del Senado sobre el programa secreto de in- terrogaciones y detenciones de la CIA sean llevados a la justicia, el gobierno de Barack Obama está intentando manejar los daños y maniobrar para lograr que el autoproclamado país campeón de los derechos humanos no sea acusado de ser un defensor más de la impunidad.

Estados Unidos firmó la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas y tiene la obligación de investigar y enjuiciar a todo violador de esa ley internacional, afirma un coro creciente de penalistas, defensores de derechos humanos y expertos.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, declaró este jueves que "el informe del Senado debe ser un primer paso para cumplir otras obligaciones de la Convención contra la Tortura, o sea, combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas, al investigar y fiscalizar a los responsables".

Méndez afirmó que "como una nación que frecuentemente llama a la transparencia y rendición de cuentas en otros países, Estados Unidos debe cumplir con las normas que ha establecido tanto para sí mismo como para otros".

Las principales organizaciones de derechos humanos del país insisten en que no es suficiente sólo difundir un informe sobre las prácticas de tortura del gobierno de George W. Bush, sin asegurar que esos crímenes no queden impunes.

"Este informe deja claro que se cometieron violaciones a derechos humanos en nombre del pueblo estadunidense. Su difusión es un paso importante hacia la transparencia. Ahora tenemos que trabajar por una rendición de cuentas", afirmó Kerry Kennedy, presidenta del Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos.

El gobierno de Obama afirma que el Departamento de Justicia ya realizó una investigación y determinó que no existían suficientes elementos para fincar cargos, y que corresponde a esa dependencia toda decisión para reabrir el asunto. Todo indica que no es algo que se esté contemplando.

Ante ello, algunos insisten en que se requiere de fiscalización internacional. Michael Ratner, presidente emérito del Centro por Derechos Constitucionales (CCR), recordó que el centro tiene casos pendientes sobre este asunto ante tribunales en España, Suiza y Alemania, y ahora, con el informe del Senado, estos podrían prosperar. "No creo que los tribunales del mundo se hagan a un lado mientras el país que afirma ser protector de derechos humanos se vuelve ejemplo de violador de derechos humanos. Bush y su gente no deberían pensar en visitar el Prado próximamente, a menos que quieran acabar en una cárcel española", advirtió.

La defensa

Mientras tanto, John Brennan, jefe de la CIA y uno de los asesores más cercanos a Obama, el jueves, en sus primeras declaraciones públicas desde que se difundió el informe, defendió a su agencia insistiendo en que sus antecesores hicieron muchas cosas bien en momentos muy difíciles después de los atentados del 11-S. Aunque reconoció que algunos oficiales emplearon "técnicas que no eran autorizadas, abominables", insistió en que no es posible saber si la agencia necesitaba emplear esas "técnicas".

Sin embargo, reiteró su defensa general del programa, afirmando que produjo inteligencia útil que ayudó a Estados Unidos a frenar planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas. Navegando ante una creciente presión para la rendición de cuentas –incluso llamados a que renuncie por mentiroso por el senador demócrata Mark Udall, quien también demandó el cese de todo oficial de la CIA que haya participado en este programa o que lo haya encubierto–, Brennan dijo que su ferviente esperanza es que "el país ponga a un lado este debate y siga adelante para enfocarse en temas que son relevantes para nuestro desafío de seguridad nacional actual".

Brennan, junto con otros defensores, afirmó que la abrumadora mayoría de los trabajadores de la agencia hizo lo que se le pidió hacer en servicio a nuestra nación. Otros ex altos funcionarios de la agencia han insistido en que todos siguieron órdenes que les habían asegurado eran legales.

Aunque el informe del Senado concluye que la CIA engañó de manera rutinaria a la Casa Blanca y otras partes del Ejecutivo, como también al Congreso, una larga lista de declaraciones públicas, memorias, entrevistas y más dejan claro que Bush, su vicepresidente Dick Cheney, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld y su asesora de Seguridad Nacional y después canciller Condoleezza Rice –junto con las esferas más altas del Departamento de Justicia– no sólo autorizaron el programa, sino sabían específicamente de algunas de las técnicas, sobre todo el waterboarding.

En días recientes, varios de ellos continúan defendiendo el programa y disputando el informe como una investigación parcial que injustamente condena la labor patriótica de oficiales de la comunidad de inteligencia. Cheney comentó en entrevista con Fox News ayer que el informe está "lleno de mierda".

Hoy, tres de los ex directores más recientesde la CIA –George Tenet, Porter Goss y Michael Hayden– escribieron un artículo en The Wall Street Journal denunciando que el informe "estaba viciado por errores de hecho e interpretación". Vale recordar que Tenet –director de la CIA al inicio de este programa– respondió enfática y repetidamente que "no torturamos gente" en entrevista con el programa 60 Minutos de CBS News en 2007.

Por otro lado, el argumento de que el empleo de tortura por el gobierno de Estados Unidos es excepcional y sólo producto de una emergencia nacional fue puesto en duda esta misma semana. Un día después de que el Senado emitió su informe sobre el programa de la CIA, en Brasil la Comisión Nacional de la Verdad emitió su propio informe final sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar en el cual documenta que oficiales estadunidenses capacitaron durante años a sus contrapartes brasileñas en técnicas de tortura.

Según reportó O Globo (y, también, The Washington Post), el informe relata cómo más de 300 oficiales brasileños fueron capacitados en la entonces llamada Escuela de las Américas donde, según el informe, tuvieron lecciones teóricas y prácticas sobre tortura.