La corrupciónparece ser un mal endémico de la sociedad actual. No en vano, no se le conocen fronteras y afecta a prácticamente todos los países del mundo. Así se observa en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que ha analizado los datos de los 427 casos de sobornos internacionales que han concluido en sentencia judicial entre 1999 y el 1 de enero de 2014.

El resultado es una radiografía del cohecho y cómo se persigue alrededor del mundo.

Dónde se reciben más sobornos

Existe la creencia de que la corrupción y, por tanto, los sobornos, se dan más en países en vías de desarrollo. Sin embargo, los datos de la OCDE llaman la atención sobre la necesidad de «reconsiderar» este pensamiento. De los 427 casos juzgados en 87 países, la mayoría se han producido en lugares con altos o muy altos niveles de desarrollo (un 22 y un 21 por ciento, respectivamente).

Ahora bien, esta información tiene una doble lectura, y es que el estudio se refiere a los casos juzgados en los tribunales, no a todos los que ocurren en el mundo. Es decir, es razonable pensar --y así lo argumenta la OCDE-- que los países con mayor nivel de desarrollo son también los que tienen mayor capacidad para investigar, perseguir y detectar estas acciones poco lícitas.

De hecho, esto se relaciona con el número de sentencias condenatorias que ha habido a lo largo de los años según los países.Estados Unidos es el que más sentencias tiene contra los sobornos internacionales, con un total de 128. Le siguen Alemania (26) y Corea del Sur (11 casos). Italia, Suiza y el Reino Unido han contado en este periodo un total de seis sentencias, mientras que el resto de países han alcanzado cinco o menos.

A quién soborna

En los casos que componen el estudio, el 95,1 por ciento de los sobornos fueron dirigidos a funcionarios públicos. En concreto, la mayoría (el 27 por ciento) fueron para empleados de empresas públicas, seguidos por los funcionarios de aduanas (11 por ciento de los casos), de salud y de defensa (7 y 6 por ciento, respectivamente). Además, destaca que un 5 por ciento de los casos fueron sobornos a jefes de estado y ministros.

Otro de los datos más interesantes de este estudio es el que confirma la relación entre el poder del funcionario y el dinero que recibe. Así por ejemplo, aunque los funcionarios de empresas públicas recibieron el 27 por ciento de los sobornos, estos constituían el 80 por ciento de la cantidad total de los mismos. Los jefes de estado y ministros, que sólo fueron sobornados en un cinco por ciento de los casos, recibieron el 11 por ciento de la cantidad total sobornada.

Según el informe de la OCDE, las empresas que más sobornan a funcionarios extranjeros pertenecen a cuatro sectores principales:industrias de extracción (como la minería), con un 19 por ciento de los casos; de la construcción (15 por ciento); de transporte y almacenamiento (15 por ciento) y de información y comunicación (10 por ciento).

Asimismo, se ha observado que la inmensa mayoría (60 por ciento) de las empresas vinculadas a estos sobornos son de gran tamaño, es decir, con más de 250 empleados.

Dentro de la empresa que soborna, la OCDE determina que en el 41 por ciento de los casos los directivos estaban al corriente de estos sobornos; porcentaje que es del 12 por ciento en el caso de los propios presidentes o dueños de las compañías.

Para qué se soborna

Más de la mitad de estos sobornos se han producido para obtener contratos públicos ventajosos (el 57 por ciento de los casos); a esta motivación le siguen las autorizaciones de paso en las aduanas (12 por ciento) y 'otros tratamientos preferentes' (siete por ciento).

Cuánto se pagan los sobornos

La OCDE cifra en 3.100 millones de dólares el dinero en sobornos cobrado en los 227 casos que incluye su estudio, pero señala que esta cantidad solo representa la «la punta del iceberg».

Cómo se detectan

En los 427 casos juzgados desde 1999, la mayoría, el 31 por ciento, se detectaron gracias a la información de la propia empresa infractora, que descubre estas actuaciones a través de auditorías internas y lo comunica, probablemente, porque «este comportamiento se relaciona con la mitigación de la sanción», explica la OCDE.

Asimismo, destaca que el 13 por ciento de los casos se han conocido trasinvestigaciones policiales, porcentaje igual a los asuntos detectados a través de investigaciones entre países. Además, la OCDE alerta de que sólo el 5 por ciento de los procedimientos judiciales vinieron motivados por informaciones periodísticas, algo que, según dice, debe ser más tenido en cuenta.

¿Cuántos casos se juzgan?

Desde 1999 ha habido un total de 427 casos juzgados y sentenciados, a los que se les pueden sumar las 390 investigaciones que no entran en estas cifras por estar actualmente investigándose.

A lo largo de los años, se ha ido viendo un aumento de casos de corrupción internacional juzgados, llegando hasta el máximo de 78 en 2011. Aún así, desde entonces el número ha ido decreciendo y en 2013 sólo se dieron 42 sentencias por estos delitos.

Ahora bien, la OCDE ha matizado que esto no se debe a la falta de voluntad de juzgar estos casos, sino a que éstos son cada vez más sofisticados y, por lo tanto, más difíciles de investigar. De hecho, el tiempo que se tarda en juzgar estas actuaciones ha ido incrementándose a lo largo de los años, pasando de menos de dos en 1999 a 7,3 años en 2013.

¿Cómo se castigan estos delitos?

La inmensa mayoría de estos casos han acabado con sanciones de tipo monetarias, ya sean en forma de multa, confiscación de bienes o la obligación de compensar por lo sobornado.

Aún así, estas multas no parecen ser demasiado cuantiosas: la mayoría de las multas (46 por ciento) han sido de la mitad de lo que la empresa o persona había ganado con la actividad ilícita. Este porcentaje descidende hasta el 41 por ciento en el caso de las multas que igualan o doblan el beneficio obtenido tras los sobornos.

Si se unen los datos del número de sentencias con la cantidad de las sanciones impuestas, se encuentra que no necesariamente más sentencias implican mayores condenas. Así, el año en el que se impusieron sanciones monetarias mayores fue 2010: 1.308 millones de dólares americanos impuestos en un total de 68 sentencias. A 2010 le sigue 2013, cuyas sanciones monetarias suman más de 1.200 millones de dólares americanos en 42 sentencias por cohecho.