“Ya no se ven turistas que suban al Salto Pará o comprando artesanía indígena, las churuatas para alojar turistas están vacías y los que antes eran operadores turísticos, están transportando a los mineros a precios mucho más altos”.Un aspecto desolador fue lo que encontró Luís Jiménez al sobrevolar la cuenca del río Caura y ver como la actividad minera está destruyendo lo que muchos científicos consideran una de las últimas fronteras forestales de bosques húmedos del planeta, que se conserva prístina. Con indignación relata que esta cualidad se está perdiendo debido a la reciente intervención minera ilegal en las cabeceras del río Yuruaní, afluente del río Caura, con la finalidad de extraer oro aluvional.

•  Evelyn Guzmán Bigott

“Talan y deforestan el bosque en dimensiones mayores a 3 hectáreas por cada corte minero, utilizan monitores hidráulicos que cortan la tierra con agua a alta presión y destruyen completamente el suelo, descargando el material mezclado con grandes cantidades de agua, directamente al curso del río Yuruaní, el cual ya cambió su color de aguas algo oscuras pero transparentes, a completamente amarilla con alta carga de sólidos en suspensión. Para agravar el ecocidio, los mineros están usando mercurio indiscriminadamente para atrapar el oro en los implementos que utilizan para decantar el metal, cuyos restos se mezclan con las aguas y lodos, con las graves consecuencias a futuro para la ictiofauna y el resto de la cadena trófica que ya todos sabemos. En esos bosques abundaban las dantas, paujíes, báquiros, venados y otros animales importantes para la sobrevivencia de los pueblos indígenas de sus alrededores. En varias oportunidades las comunidades indígenas han denunciado esta intervención completamente ilegal y las consecuencias que les está trayendo al no poder contar con el río Yuruaní y sus alrededores para labores de caza y pesca de subsistencia y uso del agua para consumo humano”.

Luís Jiménez es un ambientalista comprometido con el desarrollo de trabajos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en las comunidades indígenas que habitan esta cuenca. Con más de 20 años recorriendo estos parajes de inigualable belleza y riqueza natural, este ingeniero agrónomo ve con asombro como el campamento El Playón, otrora paraíso de paz y tranquilidad para los turistas nacionales e internacionales que visitaban la zona atraídos por la belleza del majestuoso Salto Pará; ahora se ha convertido “en un sitio de anarquía, desorden, corruptela, alcohol. La delincuencia, las drogas, la prostitución y el paludismo casi no existían en la zona antes de la minería. Debemos preguntar si gracias a la mina del Yuruaní hoy tenemos de verdad prosperidad y si vale la pena cambiar un puñado de oro por envenenar uno de los principales recursos hídricos que pudieran utilizar nuestros hijos como fuente de disfrute natural, energía, agua dulce, pesca y fármacos”.

RECHAZO INDÍGENA

“El día de Reyes, cuando íbamos a la vigésima cuarta asamblea general de las comunidades yekuana y sanema de la cuenca del Caura que se realizó del 8 al 12 de enero en la comunidad de Fañufodiña en el alto Caura, vimos seis curiaras subiendo a la zona de explotación minera ubicada en el río Yuruaní, quebrada que desemboca en el Caura y que es conservada por nosotros los yekuana porque es considerado el centro de la vida del indígena, ahí cazamos para nuestro sustento. También vimos cerca de 15 mineros bajando, es una constante”.

El yekuana Luís Tomedes, secretario ejecutivo de la organización indígena Kuyujani (OIK) dijo que durante la asamblea general, las 19 comunidades indígenas que habitan la cuenca del río Caura ratificaron su rechazo a la actividad minera que se está llevando a cabo desde 2006.

“Eso atenta contra la paz, el ambiente, la convivencia de los pueblos y la seguridad nacional, también repudiamos la participación de algunos indígenas que están involucrados y exigimos aclarar la participación de los militares que han tenido negocios con los mineros. En las reuniones que hemos sostenido con los organismos del Estado, siempre escuchamos promesas que luego no vemos cumplidas, no hay respuestas contundentes”.

Luís Tomedes hace un llamado a la opinión publica para que comprenda que el Caura “es el último pulmón vegetal que respiramos, que las comunidades viven de esa reserva por lo que debemos conservarla para el futuro de las nuevas generaciones”.

El mismo sentir promulga Alberto Rodríguez, presidente de la OIK. “Durante la Cumbre Indígena realizada en julio de 2009, donde participó el Parlamento Indígena Latinoamericano, el Parlamento Amazónico y el de los Afrodescendientes, se fijó la posición de rechazo al problema de la minería en la cuenca del Caura. A finales de julio y en septiembre 2009 nos reunimos con el Teatro de Operaciones Nº 5 (TO5) del Ejército venezolano, y quedaron en actuar, también insistimos a través de la diputada indígena ante el Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Yaritza Aray quien convocó al TO5 en septiembre para plantear las denuncias, pero no hemos visto nada de acciones”.

DEMANDA INTERNACIONAL

“Decidimos emprender acciones a nivel internacional en vista de que a nivel nacional no se están tomando en cuenta las denuncias interpuestas, a pesar de que se dice que el Caura es el pulmón de Venezuela y toda esa cursilería que se da, sin embargo no ha habido ningún pronunciamiento y la gente se ve impotente porque ninguna institución del Estado ha dado la cara en apoyo a las comunidades, incluso se habla de demandar al Estado por el incumplimiento del mandato constitucional con respecto al reconocimiento de los derechos indígenas”. La voz de dirigente pemón Italo Pizarro, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar, es contundente, más aún cuando recuerda que durante la cumbre realizada en julio 2009, se evaluaron los daños que la actividad minera estaba ocasionando en los ecosistemas ribereños del Caura, el desorden legal que se estaba presentando, el retraso en la demarcación de tierras indígenas y la posibilidad de aprobar la figura de parque nacional.

“Hasta ahora no hemos tenido respuesta de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio para el Ambiente, TO5, Ministerio de Relaciones Interiores y de los diputados del Parlamento Indígena”.

DENUNCIAS SIN ECO

“Dejamos de reunirnos con el TO5 ante la falta de respuestas”. Para Nalúa Silva Monterrey, antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), con más de 20 años acompañando la lucha de los pueblos indígenas de la Guayana venezolana por reivindicar sus derechos, es urgente tomar acciones.

“Las denuncias se han realizado, por diversa índole, pero por alguna razón desconocida no se ha accionado. Ya agotamos todas las instancias institucionales que se tienen”.

Desestima la propuesta de crear la figura de Parque Nacional para el Caura y para ello le basta un simple símil: “En el parque nacional Canaima hay minería por lo que una figura jurídica no detiene esta actividad, lo único que la contiene es la voluntad política de tomar las acciones que se requieren con el apoyo de las comunidades, y una conciencia de la importancia del valor ambiental de la cuenca”.

NO! AL PARQUE NACIONAL DEL CAURA

El presidente de la OIK, Alberto Rodríguez, abogado de profesión, apela a las leyes venezolanas y a la decisión unánime de las 19 comunidades indígenas congregadas en la asamblea general de los pueblos yekuana y sanema, para rechazar la propuesta de crear la figura de Parque Nacional en la cuenca del Caura.

“Consideramos que primero debe haber un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios como manda la Constitución, esta es nuestra principal demanda. Esa propuesta surgió de una decisión de un Tribunal Superior Agrario de Caracas, ratificada el 16 de septiembre, donde ordena el estudio de cambio de reserva forestal a una figura más restrictiva como parque nacional, lo cual viola la normativa de los instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, las cuales no prevén esa figura para zonas o territorios indígenas. Además, la legislación venezolana habla de la consulta previa e informada de buena fe y sin embargo esta propuesta no ha pasado por esa consulta, por lo que hay otra violación a las normas establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Ahora estamos evaluando las diferentes acciones a tomar que nos permitan manifestar nuestra protesta ante la opinión pública”.

ASAMBLEA NACIONAL

“Hay un reglamento de uso de la cuenca del Caura, pero las personas omiten esto y como no hay una autoridad que les ponga freno o los sancione, pues siguen haciéndolo y las personas que lo han denunciado ante los organismos como Ambiente, Alcaldía, Gobernación, Guardería Ambiental, ven que éstos no dan respuesta porque de alguna u otra forma obtienen beneficios. Hemos enviado comunicaciones a estos organismos y nos dicen que existen procedimientos administrativos sancionatorios a unos 4 ó 5 mineros, pero no hacen nada a la espera de que los tribunales dicten sentencia”.

El asesor técnico de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, ingeniero Milton Vargas, dijo que el informe sobre la minería ilegal en Venezuela, elaborado por la mencionada comisión, fue enviado a todos los organismos correspondientes para que actuaran en consecuencia.

¿HISTORIA QUE SE REPITE?

“Terminaremos con Guayana convertida en un erial, estilo Km. 88 o Guaniamo. ¡Que desastre! ¡Que amargura e impotencia la que siento! Tengo la sensación de que nada se está haciendo para detener el monstruo de mil cabezas”. La voz impaciente del científico venezolano Henry Briceño, pionero en los estudios de contaminación mercurial en el río Caroní, es lapidaria.

Valor ambiental

En sus 5 millones de hectáreas, la cuenca del río Caura alberga cinco áreas bajo régimen de administración especial: el parque nacional Jawa Sarisariñama, ecosistema de tepuyes (mesetas) únicos en cuyas cimas se encuentran las enigmáticas cavernas de 350 metros de profundidad vertical, con flora y fauna altamente endémica; el Monumento Natural Serranía de Maigualida e Ichún Guanacoco, además de la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, importante reservorio de agua donde se ubica la cabecera de varios ríos; y la Reserva Forestal El Caura, decretada así desde 1969 dado los valiosos bosques que posee. Además, conserva el 17 por ciento de las especies florísticas del país y más del 32 por ciento de la fauna nacional y reporta una diversidad étnica representada actualmente por siete grupos indígenas: Ye`kwana, Sanema, Hotï, Pemón, Guajibo, Piapoco y Kariña. Científicos locales argumentan que el incremento de la actividad minera en esta cuenca, comprometería este ecosistema que presta un valioso servicio ambiental contra el calentamiento global, al garantizar aproximadamente el 0,14 por ciento del oxigeno del planeta (la Amazonía brasilera aporta el 20%).

• 17% de la diversidad vegetal de Venezuela
• 28% de la diversidad vegetal de la Guayana
• 88% de las plantas endémicas registradas para la Guayana
• 32% de las especies animales registradas en Venezuela
• 441 especies de peces reportadas, de las cuáles 35 están en peligro de extinción

Integración y conciencia ambiental

“Estamos concertando reuniones con los distintos organismos públicos para analizar las acciones que se van a tomar para este año 2010 con respecto atender la minería ilegal y resarcir el daño ambiental, no podemos olvidar que con este daño se ha hecho un aporte más al calentamiento global que tenemos en todo el mundo”.

Así lo dio a conocer la ingeniera Mily Hernández, a una semana de haber sido nombrada Directora Estadal del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb). Hernández viene de trabajar en la secretaría de Turismo y Ambiente de la Gobernación del estado Bolívar donde desarrolló actividades en conjunto con Fundacite Bolívar, Organización Kuyujani y la Cooperativa Yajimarú, dirigidas a afianzar la red de innovación turística en la cuenca del Caura y a resarcir el daño que la minería ha causado al ambiente.

La funcionaria explicó que dedicará sus esfuerzos a la gestión de demarcación de tierras indígenas, para lo cual anunció la realización de la primera sesión del Comité Regional Interinstitucional a efectuarse el dia miércoles 3 de febrero, a las 9 de la mañana, en el complejo multiétnico La Churuata en Ciudad Bolívar. Este comité está integrado por 10 organismos gubernamentales y 10 representantes de todos los pueblos indígenas presentes en el estado Bolívar.

“Tomaremos en cuenta la auto demarcación que ya han realizado las comunidades en conjunto con el Instituto Indígena y la Federación Indígena del estado Bolívar. Evaluaremos los expedientes que luego serán enviados a la comisión nacional de demarcación de tierras indígenas. Nuestro interés es aperturar este comité que tenía tres años paralizado, para conocer las acciones de cada integrante y poder hacer consonancia con todos los esfuerzos, unirnos y llevar una sola gestión ante la comisión nacional”.

Con relación a los distintos procesos administrativos sancionatorios abiertos a los mineros en el Caura, Hernández dijo que se encuentran en la fase de revisión. “Desde el Ministerio estamos trabajando en consonancia con el resto de las instituciones, llamando a la integración para poder llevar adelante todas las acciones que se necesiten enmarcadas dentro de la vigilancia y control de todos los ilícitos ambientales que se pudieran estar ocasionando en el ambiente, sabemos que un solo ministerio no puede, por eso insto a los institutos a integrarnos y a la comunidad a disminuir todos esos ilícitos y aportar mayor conciencia ambiental”.