El expresidente del Consejo Nacional Electoral, exviceministro de Justicia, investigador y profesor universitario, Guillermo Francisco Reyes aseguró, en diálogo con Cablenoticias, que el principal enemigo de la democracia en Colombia es el fraude electoral.

Reyes afirmó que este fenómeno no solo vulnera el derecho a elegir y ser elegido, sino que mina la confianza de los ciudadanos e incrementa los altos índices de abstención que se reflejan en las urnas en los diferentes procesos electorales.

El también doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en su tesis doctoral laureada sobre “La Democracia Digital” hace importantes aportes a lo que debe ser la modernización del sistema electoral colombiano y el combate a delitos como el fraude, la compra de votos y la trashumancia electoral, entre otros.

Incluso, no le rehuyó al espinoso tema de un supuesto fraude que habría cometido en su tesis, del que aclaró que fue “un ataque infame” contra él, pero que las autoridades ya desvirtuaron las calumniosas afirmaciones.

Vea la entrevista completa a continuación: 

Cablenoticias: ¿Cuáles son los grandes desafíos que presenta el sistema electoral vigente en Colombia?

Guillermo Reyes: El más grande desafío radica en la necesidad de preservar la pureza del sufragio y la voluntad del elector reflejada en las urnas, tan afectada por los fraudes que se producen con ocasión del proceso de escrutinios. No cabe duda que las falencias que se presentaron en el desarrollo de las jornadas electorales para elegir a los Senadores de la República para el período 2010-2014, 2014-2018 y 2018-2022, vulneraron de manera grave y directa el derecho constitucional  de todo ciudadano a elegir y ser elegido, pues las conductas u omisiones de las personas que intervinieron en las referidas elecciones con ocasión de los escrutinios, afectaron de manera negativa los principios de transparencia, igualdad y libertad del sistema electoral, quebrantando la pureza del voto y la efectividad del sufragio.

Es este uno de los factores que más afecta la legitimidad del proceso electoral, la credibilidad y confianza del ciudadano en sus instituciones democráticas, que atenta contra la democracia y el Estado de Derecho y, que influye para que los ciudadanos habilitados para votar, en más de un 40 % se abstengan de acudir a las urnas dada la desconfianza en el sistema electoral. El fraude electoral debe ser uno de los principales objetivos a atacar por parte de las autoridades.

Luego de lo revelado por el Consejo de Estado poco antes de las elecciones al Congreso del 11 de Marzo de 2018 al reconocer en una muy publicitada decisión de la Sección Quinta, las graves irregularidades ocurridas en las elecciones al Senado del 2014, que incluyeron la destrucción de material electoral, inconsistencias entre los formularios E14 y E24 y sabotaje al software electoral, que afectaron la lista al Senado del Movimiento Político MIRA, al que el Consejo de Estado ordenó devolverle una vez hecho el nuevo cálculo del Umbral Electoral, las tres curules que no le fueron reconocidas en el año 2014 al declararse la elección definitiva por parte del Consejo Nacional Electoral, nuevamente las mismas irregularidades afectaron la elección al Senado del pasado 11 de marzo de 2018, siendo las mismas objeto de más de 4.500 reclamaciones.

Estas irregularidades vienen ocurriendo de tiempo atrás, dejando en evidencia que el sistema electoral colombiano es frágil, y que es cierto, que tanto en la mesa de votación como en el desarrollo de los escrutinios, los resultados pueden ser modificados en interés de ciertos grupos políticos mediante mecanismos irregulares e ilícitos, así denunciados recientemente por el Fiscal General de la Nación, dando respaldo a lo concluído por el Consejo de Estado.

Por eso es necesario que la Organización Electoral, y en especial la Registraduría Nacional del Estado Civil adopten soluciones, mediante la automatización de los escrutinios. He sido un estudioso de los temas de la tecnología en la democracia alrededor del mundo, del voto electrónico como del voto por internet, y estimo que Colombia hoy por hoy debe seguir defendiendo la importancia del voto manual, pero introducir con prontitud mecanismos a partir del uso de las nuevas tecnologías en la era de los grandes avances digitales, que garanticen con la automatización de los escrutinios, la fidelidad de los resultados de los votaciones. No cabe duda que la tecnología e innovación sería la cura para este mal.

C: ¿Hará falta la implementación de estos mecanismos en las próximas elecciones regionales de octubre?

G.R. Dice el refrán que “no por madrugar más, se llega más temprano”. Sin duda la implementación de las nuevas tecnologías al sistema electoral es un tema prioritario, como lo ha demandado el Consejo de Estado en sus recientes decisiones, particularmente en las que reconoció el fraude en las elecciones al Senado 2014-2018, no sólo para generar confianza y credibilidad en el sistema, sino para fortalecer nuestro régimen democrático, pero debe adelantarse de manera razonada y cuidadosa, reconociendo además las restricciones presupuestales existentes. La implementación de las nuevas tecnologías a los procesos electorales, que en materia de identificación y registro han sido muy exitosas y progresistas requieren y ojalá para las próximas elecciones, comenzar con unos planes pilotos y, avanzar progresiva y gradualmente en este propósito.

C: ¿Colombia cuenta con los recursos para implementar estas herramientas que modernicen y fortalezcan la democracia colombiana?

G.R. Como lo decía, la incorporación de las tecnologías en los sistemas electorales implica la destinación de importantes recursos públicos, para lo cual es necesario que se empiecen a apropiar, con la coadyuvancia del Ministerio de Hacienda, recursos para la modernización tcnológica, así como obtener apoyo de organizaciones internacionales.

C: ¿Pero cómo poner fin al fraude electoral?

G.R. Poner fin al fraude electoral es muy difícil. Los diagnósticos arrojan resultados preocupantes, pues la misma MOE recientemente ha explicado varios factores externos a vencer como los grupos armados al margen de la ley, sectores del narcotráfico y antiguos paramilitares que buscan afectar el proceso electoral, a lo que se suman conductas irregulares a través de la trashumancia electoral y las preocupaciones que se ciernen sobre los escrutinios por los fraudes que en esa instancia del proceso electoral se cometen. Sin embargo, hay que continuar la lucha contra todo factor que afecte a nuestra democracia, que entorpezca el normal desarrollo de los procesos electorales y que afecte el principio sagrado de “un elector un voto”, así como garantizar la voluntad del elector que asiste libre a las urnas. Y sin duda, la introducción de elementos tecnológicos será fundamental para reducir los riesgos de fraude en las elecciones, así como fortalecer las sanciones penales contra quienes atenten contra el sufragio.

C: ¿Otro desafío es lograr una mayor participación en las urnas, cómo se puede incrementar esa participación de los ciudadanos?

G.R. La mayor participación se logra de diferentes formas: siendo quizás la más importante generar confianza en el elector sobre la defensa a las garantías de libre participación y respeto al resultado electoral consignado en las urnas; facilitando las formas de participación, que para el caso de los colombianos en el exterior podría ser implementando herramientas tecnológicas como el voto por internet; profiriendo decisiones ejemplarizantes contra aquellas organizaciones políticas y sus directivas y miembros que incurren en conductas ilícitas e irregulares que atentan contra la democracia y el sistema electoral, mediante prácticas como la compra de votos, la manipulación de electores y los miembros de mesa, entre otras.

C: ¿Qué avances rescata de la Registraduría Nacional en las elecciones recientes?

G.R. Muchísimos avances y logros internacionalmente reconocidos tiene nuestra Registraduría Nacional del Estado Civil en materia de identificación y registro civil, que han robustecido la seguridad del documento de identificación y convierten a la Registraduría en una entidad incluyente y abierta al ciudadano, siendo un aspecto trascendental la unificación del documento de identificación y el uso de la biometría, uno de los aspectos más importantes en la incorporación de la tecnología en la identificación de las personas.

Quisiera anotar cómo, con ocasión de las elecciones congresionales 2018, compartiendo el día de elecciones con el grupo de observadores internacionales que acompañaron nuestro proceso electoral, quedaron impresionados por la rapidez en la transmisión de los resultados electorales y la forma en que se había organizado y dispuesto el proceso logístico para garantizar unas elecciones perfectas.

C: Hace varios años lo acusaron de plagio en su tesis doctoral, ¿de dónde salió esa versión y en qué quedó su doctorado?

G.R. Así es, hace cuatro años más exactamente cuando se adelantaba el proceso para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, estando con uno de los puntajes más altos para el concurso de méritos, fui objeto de infames ataques contra mi persona y mi reputación profesional, acusándoseme de haber plagiado mi tesis doctoral laureada, titulada: “El voto electrónico y por Internet como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales”, la que obtuve luego de seis años de estudios en la Universidad Complutense de Madrid, con grado cum laude.

Dichas acusaciones fueron enviadas por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, el hoy profugo de la justicia Leonidas Bustos, a la Fiscalía General de la Nación, la que luego de dos años casi interminables para mí por el daño ocasionado, concluyeron el día 24 de Febrero de 2017, con “el archivo de las investigaciones en relación con las presuntas conductas que se solicitó indagar en averiguación de responsables, por Inexistencia del Hecho”, ya que en criterio de la Fiscalía al contar “con los elementos de convicción suficientes para afirmar que no es posible proseguir con la acción penal, en virtud que se ha verificado que no existe conducta que pueda revestir las características de delito; se desplegaron las actividades investigativas necesarias para la constatación fáctica de los presupuestos elementales de una conducta con relevancia penal, sin que se hubiera podido establecer la existencia material del hecho (el presunto plagio) y mucho menos su carácter delictivo”.

Por su parte, la misma Universidad Complutense investigó la posible comisión de algún plagio, no encontrando mérito alguno para afectar mi título, el que se encuentra plenamente vigente, como así tuvo oportunidad de reafirmarlo mi director de tesis y los integrantes del Tribunal que tuvo a su cargo el estudio y examen del trabajo de tesis doctoral. Valga la pena acotar que hoy ese trabajo doctoral es uno de los más consultados en Europa y América Latina y del Norte, como así lo demuestra el examen de consultas que a mi trabajo de grado se ha hecho desde su publicación.

De la misma manera, se me acusó de incurrir en dos de mis libros publicados en los años 2006 y 2010 en sendos plagios, al haber omitido la referencia al autor en el capítulo de la historia de la Organización Electoral, del texto copiado en el libro, lo que igualmente se demostró no ocurrió, pues si bien en mis obras se cita el origen de la fuente, que lo fue la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se indica el autor por cuanto no existían derechos de autor ni tampoco dicha entidad los reconoció, todo lo cual desvirtúa todas las calumnias y acusaciones injustas que me fueron endilgadas para torpedear como lo lograron mi legítima y justa aspiración.

De igual manera, hubo acusaciones sobre la supuesta inscripción irregular de mi hijo como nacional norteamericano cuando fungí como diplomático ante las Naciones Unidas, lo que también fue desvirtuado por la propia Cancillería en la investigación adelantada y archivada, no encontrando irregularidad alguna en mi proceder, más cuando mi hijo es colombiano de nacimiento y portador de visa norteamericana. De esa manera, todas esas calumnias fueron desvirtuadas y archivadas por la justicia colombiana.

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