Enfrentamiento político por las causas pendientes de Garzón en el Supremo

En menos de un año, el futuro de Baltasar Garzón en la carrera judicial se ha complicado. La causa por prevaricación abierta por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo es sólo uno de los tres frentes abiertos que el juez de la Audiencia Nacional tiene en el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal investiga, además, al magistrado por prevaricación, cohecho y estafa en relación con el dinero que solicitó del Banco Santander para su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006. A esta causa se suma una tercera querella contra el juez por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, interpuesta por el abogado de uno de los imputados en el “caso Gürtel”.

Estas tres causas acercan cada vez más al juez al banquillo de los acusados. Si finalmente se llega al juicio oral, el juez de la Audiencia Nacional quedará, previsiblemente, suspendido de sus funciones. Una medida que ahora está estudiando el Consejo General del Poder Judicial.

El magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa, afirma que las querellas han sido admitidas a trámite, “algo que no significa que terminen en una sentencia y, además, condenatoria”. Por otra parte, Espinosa sí advierte de la gravedad de los hechos que se le acusan a Garzón: “Las acusaciones son gravísimas. Acusar a un juez de prevaricación o cohecho es lo máximo en el ejercicio de su cargo”.

Los enemigos y los amigos de Garzón

Fotografías de archivo del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa (i), y las vocales Gemma Gallego (c) y Margarita Robles (d), a quienes el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido hoy su abstención en un escrito de alegaciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ha solicitado que no le suspenda cautelarmente mientras el Tribunal Supremo tramita varias querellas contra él.- EFE/ARCHIVO

El CGPJ acordó el 9 de febrero comenzar los trámites para proceder a la suspensión de sus funciones jurisdiccionales mientras el Supremo tramita las tres querellas contra él. Para pedir que no se le suspenda, el magistrado ha presentado al órgano de gobierno de los jueces una serie de alegaciones entre las que se encuentra la abstención de tres vocales por “enemistad manifiesta contra él”.

Así, Garzón ha incidido en el “interés personal en el asunto” de Fernando De Rosa, al que atribuye “amistad íntima” con alguno de los querellantes -en referencia a Francisco Correa-; “enemistad manifiesta” de Gemma Gallego; y “coincidencia en funciones públicas” con Margarita Robles, subsecretaria del Ministerio de Justicia cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. Por el momento, Robles es la única que ya ha comunicado su decisión de apartarse de la tramitación de la suspensión de Garzón.

Mientras, los letrados que se querellaron contra el juez de la Audiencia Nacional por sus cobros en Nueva York piden la recusación de otros tres vocales del CGPJ por su “amistad estrecha” con Garzón. Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea reclaman que se abstengan los vocales José Manuel Gómez Benítez, Pío Aguirre y Miguel Carmona, y subsidiariamente solicitan su recusación. Aunque este órgano judicial estudiará la petición, es muy probable que la rechace al no ser los abogados parte en el expediente de suspensión.

“La cruel campaña” del PP y el apoyo de Zapatero

Todos los problemas a los que se enfrenta ahora Garzón han saltado al plano político y lo han hecho de la mano del Gobierno y del PP. El primero en abrir la veda fue el propio Garzón al acusar al principal partido de la oposición de estar detrás de una “cruel campaña” de acoso contra él desde que acordó encarcelar a los principales implicados en la trama “Gürtel”. El PP afirmó que el magistrado “deliró” al hacer esa acusación mientras miembros del Ejecutivo se posicionaron en defensa de Garzón, algo que ha levantado ampollas en lo que a la independencia judicial se refiere.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha salido en defensa del juez y ha destacado su “valentía” en la lucha contra Eta. La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha sido una de las voces más críticas respecto al apoyo del Gobierno al magistrado. “Hemos criticado las palabras del presidente del Gobierno y también el contexto en que las ha dicho, ya que puede ser interpretado por la opinión pública como una medida de presión hacia el Supremo para que adopte una medida determinada con respecto a las querellas de Garzón”, asevera su portavoz Marcelino Sexmero.

En este sentido, “lo que deben hacer políticos y gobernantes es guardar silencio mientras el caso esté en los tribunales y esperar a que las decisiones sean definitivas para hacer las criticas correspondientes para garantizar la independencia judicial”, afirma Sexmero.

Uno de los querellantes en el asunto de la memoria histórica es el sindicato Manos Limpias. Su presidente Miguel Bernad niega con rotundidad que haya una persecución contra el juez de la Audiencia Nacional: “Se lo ha buscado él con sus comportamientos delictivos. No asistimos a ninguna caza, ni persecución, ni venganza. Son distintas actuaciones en varios ámbitos que ha cometido Garzón en el ejercicio de su función y, en ningún caso, las querellas a las que han dado lugar responden a una persecución”.

¿Qué ocurrirá con el “caso Faisán”?
Si finalmente el juez fuera apartado de la carrera judicial hay un caso en sus manos revestido de una controversia especial. Se trata de la investigación del “chivatazo” a Eta en el bar Faisán, un asunto que ha pasado de estar al borde del archivo a uno de los que más encontronazos levanta cada miércoles en el Congreso de los Diputados.

Muchas voces apuntan a la connivencia del juez Garzón con el Gobierno para tapar asuntos tan turbios como el "caso Faisán" en los que tendrían que ver con sus miembros. Una de ellas es Manos Limpias y Miguel Bernad no titubea al expresar que “sería una oportunidad para la resolución final del caso que el juez Garzón fuera expulsado”.