EL UNIVERSAL
viernes 27 de mayo de 2011 06:17 AM
Washington.- El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves una extensión por cuatro años de poderes otorgados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 para investigar registros e intervenir llamadas telefónicas aleatorias en busca de terroristas.
Las votaciones realizadas en rápida sucesión en el Senado y la Cámara de Representantes se dieron luego de que los legisladores rechazaron los intentos por atenuar el poder de las fuerzas policiacas para evitar una violación a las garantías individuales, indicó AP.
Después del resultado de 250-153 en la votación vespertina en la Cámara Baja, el proyecto de ley para renovar tres autoridades de la lucha contra el terrorismo fue enviado para que lo firmara el presidente estadounidense a pocas horas de que las disposiciones expiraran el jueves a la medianoche.
Dado que el presidente Barack Obama se encontraba en Francia, la Casa Blanca dijo que Obama podía usar una máquina que sostiene una pluma y realiza su firma real. Dicha máquina sólo se utiliza bajo la debida autorización del presidente. Minutos antes de la medianoche, la Casa Blanca dijo que Obama había firmado la ley.
Una expiración de corto plazo no habría interrumpido las operaciones en curso, pero habría impedido que el gobierno obtuviera órdenes judiciales para nuevas investigaciones.
El Congreso llegó a la fecha límite a causa, principalmente, a la tenaz resistencia de un solo senador, Rand Paul, republicano de Kentucky, que considera que los poderes para la caza de terroristas son una violación de los derechos de privacidad. Paul mantuvo el voto final durante varios días mientras exigía una oportunidad para cambiar el proyecto de ley y disminuir la capacidad del gobierno para supervisar acciones individuales. El proyecto de ley fue aprobado 72-23 por el Senado.
La medida podría darle cuatro años más de vida legal a la intervención de llamadas telefónicas -aquellas autorizadas por una persona en lugar de una línea de comunicaciones o un aparato- de búsquedas de registros de negocios otorgadas por un juez y la vigilancia de individuos no estadounidenses sospechosos sin lazos comprobados con grupos terroristas.
La intervención de llamadas telefónicas y el acceso a registro de negocios forman una pequeña parte de la Ley Patriota promulgada luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de la ley, que es permanente, esas disposiciones deben ser renovadas periódicamente ante el temor de que sean usadas para violar derechos de privacidad. Lo mismo aplica para los sospechosos individuales, que fue parte de la ley de inteligencia de 2004