MADRID-La Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) incorporará, antes del próximo día 7, a las diligencias que se siguen en el Tribunal Supremo sobre en el «caso Campeón», la transcripción de cientos de llamadas realizadas por los presuntos implicados, entre ellos el ex vicesecretario general del PSOE José Blanco, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. En total, según las citadas fuentes, son miles las llamadas analizadas.

Los agentes del UDEF trabajan en estos días contra reloj para concluir la transcripción de las referidas cintas, que recogen innumerables conversaciones entre las personas que están siendo sometidas a investigación. De hecho, esta unidad había solicitado una prórroga mayor del secreto del sumario, de 15 días, pero, al oponerse el Ministerio Fiscal, el magistrado optó por reducirla a 10 jornadas, «por la naturaleza del delito perseguido, el carácter de las diligencias que se están practicando y con el fin de no perjudicar las actividades investigadoras en marcha».

En cualquier caso, la decisión del Tribunal Supremo de prolongar el secreto hasta el 7 da idea de la importancia que para la investigación tiene el contenido de las conversaciones que se van a incorporar ahora a las diligencias, que se llevan con la máxima discreción para evitar que filtraciones puedan alertar a los presuntos implicados.

Tráfico de influencias
Uno de los asuntos que trata de esclarecer la investigación es si el socialista José Blanco incurrió en un delito de tráfico de influencias y otro de cohecho. Las escuchas telefónicas y otras pesquisas realizadas sobre el patrimonio de los implicados podrían aportar valiosos datos para llegar al fondo de este asunto, cuya tramitación se prolonga desde hace un año.
A partir del día 7, las partes personadas podrán acceder al contenido de las transcripciones de las referidas conversaciones, siempre que, a la vista del contenido de las mismas, el magistrado instructor, José Ramón Soriano, las declare de nuevo secretas, si entiende que debe realizar determinadas diligencias derivadas de las mismas.

En caso de que, tras la aportación de las nuevas investigaciones, el juez y el fiscal llegaran a la conclusión de que existen indicios suficientes como para acreditar que José Blanco ha podido cometer algún delito, la causa, al tratarse de un aforado, continuaría en el Tribunal Supremo. En caso contrario, las actuaciones volverían a los juzgados de Lugo.

El día 28 se cumplirá ese año en que las diligencias están en el Alto Tribunal. En el escrito que la jueza San José elevó, como exposición razonada, se subrayaba que el empresario y también imputado Jorge Dorribo había asegurado que José Blanco, cuando era ministro socialista, habría recibido en dos pagos, a través de su primo, 400.000 euros en comisiones, acusación que el ex vicesecretario general del PSOE niega de forma tajante. Según Dorribo, el ministro habría intervenido en la concesión de una licencia para la construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en favor del empresario José Antonio Orozco.
En una de las llamadas intervenidas al empresario, cuyo contenido se conoció en su día, el ministro llamó a Orozco el 17 de febrero para decirle «que en 15 días está resuelto lo de Cataluña y que el otro tema de Coruña también se resuelve».

Con el fin de aclarar aspectos relativos a la construcción de la mencionada nave, el juez del Supremo ha citado a declarar el 13 de este mes a un funcionario del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.

La Fiscalía, al informar a favor de la exposición razonada de la jueza San José, de la Audiencia de Lugo, aludía a los indicios relacionados con delito de tráfico de influencia vinculado a esta construcción.

Blanco, por su parte, en la declaración que prestó el pasado 26 de enero, negó de forma tajante cualquier irregularidad en su actuación en la concesión de la licencia necesaria para construir la nave. Sobre este extremo, la juez San José señalaba en su escrito que el empresario José Antonio Orozco, imputado en esta causa, remitió un SMS a José Blanco, el 10 de enero de 2011, en el que le decía textualmente: «Cuando puedas hablamos de Sant Boi del Llobregat...Un abrazo».

Dos días después, le remitió otro agradeciéndole –al menos eso se desprende del contenido del mismo– las gestiones que supuestamente habría realizado: «Gracias. Me llamó Isaías Taboas [persona del PSC y subordinado de Blanco en el Ministerio de Trabajo]. Se encarga de hablar con Jaume –alcalde de la citada localidad barcelonesa–. Ya te diré cómo queda el asunto. Apertas» (abrazos, en gallego).

Durante la investigación, el magistrado instructor del Tribunal Supremo no ha impuesto medida cautelar alguna a ninguno de los que han comparecido para declarar en calidad de imputados.