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Human Rights Watch, una de las mayores ONG defensoras de los derechos humanos a nivel global, les envió una carta a la presidenta Cristina Kirchner y a sus pares de los otros países del Mercosur para alertarlos sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela, nuevo miembro del bloque.
En ese texto, insta a los presidentes a colaborar para que el gobierno de Hugo Chávez garantice plenamente los derechos humanos y las libertades individuales, y cumpla los compromisos internacionales asumidos por el país.
La carta está firmada por el director para las Américas de la ONG, José Miguel Vivanco, y le llegó a Cristina Kirchner, con copia al canciller Héctor Timerman. Lo mismo recibieron Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay). Los tres presidentes habían acordado el martes pasado la incorporación de Venezuela al Mercosur.
"[Chávez] ha concentrado el poder en el Ejecutivo, socavando deliberadamente la independencia de las demás instituciones democráticas y eliminando controles esenciales al uso arbitrario y abusivo del poder estatal", dice el texto. Además, denuncia que existe en Venezuela "vía libre para intimidar, censurar e investigar" a quienes critican al gobierno. Y que "se ha debilitado" la libertad de expresión.
"El presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional efectuaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004, cuando aumentaron el número de magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32, y designaron a aliados políticos para cubrir las nuevas vacantes", añade el texto.
El Tribunal Supremo, añade, "ha dejado de actuar como contralor del poder abusivo del Estado y como garante de los derechos fundamentales".
Entre los ejemplos "preocupantes" que cita la carta, se destaca la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, luego de que, en diciembre de 2009, dispusiera la libertad condicional de un crítico del gobierno que había permanecido en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción.
"El presidente Chávez -dice el texto- calificó a Afiuni de «bandida» y pidió que recibiera una pena de 30 años de prisión. Afiuni estuvo más de un año en prisión preventiva en un penal de mujeres junto con otras reclusas violentas, y al día de hoy permanece sujeta a un arresto domiciliario arbitrario."
Cuestionó, además, las "diversas leyes y políticas que apuntan a redefinir el contenido de los medios y su control". Y menciona las leyes que amplían el alcance de las disposiciones sobre desacato que penalizan las expresiones ofensivas contra funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que "fomenten la zozobra en la ciudadanía" y permiten que el gobierno suspenda o cierre canales de televisión y radios cuando lo considere "conveniente".
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