A la pandemia, la crisis económica y las convulsiones sociales de este 2020 le acompañarán, durante su último trimestre, varios procesos electorales que son verdaderas encrucijadas en algunos de los países del continente.

Bolivia celebrará sus comicios presidenciales el 18 de octubre, luego de las conflictivas elecciones de 2019, en las que el presidente en ejercicio Evo Morales fue declarado triunfador, aunque después fue desalojado del poder y enviado al exilio. Casi un año después, se pone término al interinato que nació durante ese evento, alentado por policías y militares.

Luego, el 25 de octubre, le toca a Chile realizar el plebiscito para decidir si se deroga la actual Constitución, diseñada por el pinochetismo, y también los medios para hacer la nueva: si será por una Constituyente general o en conjunción con el Parlamento.

Después será el turno de EE.UU. El 3 de noviembre habrá una pelea presidencial que algunos vaticinan que podría prolongarse varios días antes de tener el resultado definitivo, en medio del auge de manifestaciones antirracistas y supremacistas. Finalmente, Venezuela realizará el 6 de diciembre sus parlamentarias, en medio de un llamado a la abstención de los sectores radicales que han boicoteado los últimos procesos electorales.

Final de año convulso

Todos estas naciones sufrirán procesos electorales marcados de manera tajante por choques ideo-políticos, cuajados por corrientes históricas.

Fuertes tensiones acompañan todos estos momentos que se vislumbran como verdaderas crisis societales, que han llegado a los altos niveles de violencia social o política desde el estallido chileno y el golpe y exilio de Evo Morales en el último trimestre de 2019.

Este 2020 ya se produjo en EE.UU. un levantamiento antirracista de larga duración, que ha tenido varios meses en vilo a la nación norteamericana y aún la mantiene así.

Este 3 de noviembre, en un escenario que se espera muy cerrado, con probabilidades de alargarse y con cantos de fraude a flor de boca, un Donald Trump pendenciero buscará aplanar a Joe Biden si no es por la vía del voto popular, por medio de los colegios electorales. Y si no, por el atajo de la Corte Suprema, en caso que los comicios se alarguen y se dificulte el nombramiento de un ganador definitivo. Todo esto en medio de disturbios raciales y supremacistas blancos armados y movilizados. Un verdadero polvorín.

Bolivia no está muy lejos de una situación similar. Ya se vivió a finales de 2019 que sectores de derecha, que hoy están en la competencia electoral, desconocieron los resultados con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se lanzaron a la calle despojando del poder, con cierta facilidad, a quien había sido vencedor según el Tribunal Electoral.

Si bien las actuales encuestas tienen de primero a Luis Arce (un miembro del partido de Evo Morales), el candidato presidencial necesitaría ganar en la primera vuelta para asegurar el triunfo y eso es algo que aún esta en duda debido a los resultados cerrados que se esperan. Además, los requerimientos legales para triunfar sin ir a balotaje complican la jugada.

En Bolivia, el vencedor en primera vuelta debe obtener más del 50 % de los votos o sacar 10 puntos de ventaja al segundo, ambos requisitos que, en el caso de Evo Morales, no logró de manera contundente. La segunda vuelta puede unificar muchos sectores en contra de la corriente progresista. El desconocimiento del resultado podría incendiar las calles, especialmente si gana el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque también si hay una descarada intervención de los sectores de derecha en el resultado.

En Chile se vive el punto culminante de un radical proceso político, llamado el 'estallido chileno'. Por medio de un plebiscito, los ciudadanos podrán poner fin a la Constitución que diseñó Pinochet, una Carta Magna con la que sucesivos gobiernos han tenido que convivir y aceptar, de manera sumisa, a pesar de su naturaleza antidemocrática. No obstante, también habrá que esperar el resultado que obtengan los poderosos sectores de derecha -que acumulan varios triunfos electorales en su haber-, y que han convocado a votar por el 'No apruebo' y así impedir el cambio constitucional.

Ya en el último mes del año, Venezuela vivirá unas legislativas que permitirán renovar la Asamblea Nacional, dominada actualmente por los partidos opositores, cuyos líderes más radicales han hecho un llamado a la abstención. La petición de no participar en las urnas los dejará fuera de la contienda por el Parlamento, aunque desde esos mismos sectores han convocado a sabotear el proceso comicial o incluso a intentar una 'Consulta' paralela.

En Venezuela también han sucedido eventos electorales conflictivos los últimos años, como la elección constituyente de 2017, en la que sectores opositores bloquearon centros electorales para impedir la celebración de las elecciones. En este país también se han vivido momentos de violencia política en épocas recientes, como el golpe del 30 de abril de 2019 y las 'guarimbas' de 2017.

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Pandemia y otros problemas

Todos los eventos electorales se llevarán a cabo en medio de la pandemia y con estrictas medidas de bioseguridad, y es probable que esto incremente la abstención en todos los países. Tanto en Chile como en Bolivia, los comicios se han pospuesto con anterioridad debido al coronavirus y ahora deberán afrontar una fecha definitiva.

Dondela pandemia parece marcar con mayor ahínco los riesgos políticos es en EE.UU. Trump ha mostrado desconfianza por el actual sistema electoral porque permite el voto por correo, una modalidad de sufragio que pareciera que va a aumentar debido al temor por el coronavirus en ese país, epicentro del mundo en tasa de contagios y muertes por covid-19. 

El problema es que el voto a distancia siempre supone ralentizar el proceso de conteo, lo que significa que se necesitarán varios días o incluso semanas para conocer el cómputo final y el ganador definitivo, lo que aumenta la presión y la ansiedad política. Trump exige que haya un vencedor el 3 de noviembre y denuncia posible fraude con las papeletas por correo. Para los demócratas, es vital este sistema a distancia. Allí podría producirse un cortocircuito que lleve al país a un nivel superior en la escalada de violencia, que ya está latente.

El tema étnico también cruza varios de estos procesos. En Bolivia, el golpe contra Evo Morales reveló las intenciones racistas y antiindigenistas de las fórmulas políticas de las derechas. En EE.UU., el tema racial ha sido central en los debates y el candidato presidente ha sido presionado públicamente para que rechace los llamados supremacistas de colectivos armados.

Mientras tanto, las calles de EE.UU. se levantaron durante todo el año contra el racismo de la Policía, que ha cometido varios asesinatos contra afroamericanos. En Chile, la cuestión mapuche ha venido ganando centralidad este 2020 con huelgas y movilizaciones, que colocan lo indígena como elemento simbólico de primer orden.

Quizá las principales dudas de los eventos se concentren en los árbitros electorales. En el caso de Bolivia, porque el Tribunal Electoral se ha reestructurado completamente desde la salida de Morales, y no se sabe cómo va a reaccionar si el Movimiento al Socialismo (MAS) gana las elecciones.

De la misma forma, en EE.UU. el árbitro final puede terminar siendo la Corte Suprema, que actualmente está controlada por los republicanos, y es posible que Trump promueva otra magistrada antes de las elecciones para tener mayoría aplastante.

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En el caso venezolano, las dudas giran en torno a los niveles de participación electoral. En caso de que la convocatoria a las urnas no sea masiva, el riesgo es que se intente desacreditar la legitimidad del proceso, tal como lo intenta inducir la oposición radical con su llamado a la abstención.

Sin embargo, en Venezuela no hay ninguna ley que considere improcedente un resultado electoral de alta abstención, así que, al menos que se convoquen actos violentos de sabotaje, las elecciones podrían transcurrir de manera tranquila. Especialmente debido a la ventaja oficial, si los opositores continúan desalentando la participación.

El Chile, algunos sectores radicalizados contra la institucionalidad podrían llamar a actos de desconocimiento del proceso. Aunque suena lógico que las mayorías decidan cambiar la Constitución y que las minorías radicales respeten el proceso de cambio institucional.