El virtual presidente electo de México declaró que esa decisión es una muestra de su política de austeridad.
El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al salir de una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el lunes 9 de julio de 2018.
Moises Castillo / AP
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Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció este miércoles que cancelará el contrato de compra de los ocho helicópteros MH60R de combate, de la empresa Lockheed Martin, que el actual gobierno pretendía adquirir de Estados Unidos.
A pesar de que la venta de las aeronaves ya fue autorizado por la administración de Donald Trump, López Obrador dijo que la anulación del acuerdo es una muestra de la política de austeridad que pondrá en marcha cuando inicie su gobierno, ya que la adquisición representaría un gasto de 1.200 millones dólares.
En una conferencia de prensa, el político tabasqueño señaló: "Esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto", informó AP.
El Departamento de Estado estadounidense aprobó en abril pasado la venta de los ocho helicópteros de combate, que tendrían por objetivo combatir al crimen organizado y ayudarían a mejorar la seguridad del país vecino.
Las declaraciones de López Obrador ocurren a días de que se reúna en su casa de campaña, en la Ciudad de México, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, Jared Kushner.
Durante su campaña electoral, López Obrador criticó la compra de equipo militar, al tiempo que insistió en que la postura que se precisa no es la carrera armamentística sino la paz.
Se constituye el primer Congreso de "izquierda" en la historia reciente de México
Publicado: 1 sep 2018 14:21 GMT
El 1 de septiembre se instala formalmente la LXIV Legislatura, en la cual, el arrollador triunfo electoral del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dará mayoría a la izquierda en las dos cámaras por primera vez.
Sesión constitutiva del Congreso mexicano, previo a la instalación formal de la Legislatura. Ciudad de México, 29 de agosto de 2018.
RODRIGO ARANGUA / Reuters
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México contará a partir de este 1 de septiembre con un Congreso con mayoría de izquierda por primera vez en su historia reciente, desde la llamada transición democrática. Esto como consecuencia del arrollador triunfo electoral del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Una situación que, más que un simple cambio de presidente, evidencia la reconfiguración del régimen político en México.
Un poco de historia
Desde el año de 1968, en que los estudiantes y otros sectores sociales comenzaron a movilizarse para democratizar al país, México nunca había tenido mayoría de un partido de izquierda en las dos cámaras.
Y para que eso ocurriera tuvieron que pasar muchos años y muchas cosas.
Con la reforma política de 1977, dos de los primeros partidos de izquierda –el Partido Comunista de México y el Partido Socialista de los Trabajadores–, lograron ganar algunos espacios en un Congreso dominado por el PRI, entonces partido hegemónico.
Una imagen ilustrativa de la Cámara de Diputados. / RODRIGO ARANGUA / AFP
Sin embargo, no fue sino a partir de las elecciones de 1988 que la izquierda electoral comenzaría a ganar algunos espacios tras la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Desde entonces, la izquierda partidista en México se constituyó como una fuerza política importante que, sin embargo, se vio rebasada durante 30 años por un bipartidismo de derecha encabezado por el PRI y el PAN, impulsores de las políticas neoliberales que el país mantuvo por décadas.
Tras dos cuestionadas elecciones presidenciales en 2006 y 2012, López Obrador decide dejar el PRD y formar un nuevo partido, Morena, el cual compitió por primera vez en las elecciones de 2015 y que hoy, en 2018, se convirtió en la primera fuerza política en obtener mayoría en las dos cámaras en lo que va del siglo XXI, tiempo en que se dio en el país el proceso de la "alternancia" en el poder.
Conformación de un Congreso "lopezobradorista"
En la Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores, la bancada de Morena para la LXIV Legislatura quedó integrada por 247 diputados, que junto a sus aliados PT, con 29, y PES, con 31, logra un total de 307 legisladores.
El derechista PAN quedó con 80, y el PRI, partido del actual presidente Enrique Peña Nieto, alcanzó apenas 47 diputados en una derrota electoral sin precedentes para el partido tricolor.
Otros partidos minoritarios como el MC quedaron con 28 diputados, PRD con 20, PVEM con 16 y dos sin partido, según informó el Secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara.
Durante la sesión constituyente de la nueva Legislatura, se definió que será el veterano legislador Porfirio Muñoz Ledo, uno de los protagonistas de la transición democrática, quien presida la Cámara de Diputados y quien ponga la banda presidencial a López Obrador.
Un tema que desató controversia, luego de que los diputados morenistas iniciaran los trabajos previos entre gritos: "¡Es un honor, estar con Obrador!". El episodio también sirvió de pretexto para que los simpatizantes del político tabasqueño recordaran las palabras que dijo López Obrador en 2005 cuando compareció en la Cámara de Diputados, cuando sus adversarios políticos intentaron cerrarle el paso para las elecciones presidenciales de 2006.
Hace 13 años, en la Cámara de Diputados, AMLO advirtió a legisladores del PRI y PAN: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mi nos juzgue la historia”.
Hoy, en esa misma Cámara, los diputados de la coalición de MORENA son mayoría absoluta. pic.twitter.com/U57zsBaZFN
Lo cual también desató algunas críticas en torno al poder que concentrará López Obrador como el próximo presidente de México, en buena parte, por lo que el politólogo José Woldemberg señaló como una "sobrerrepresentación" de la bancada morenista debido a los términos en que están escritas las leyes mexicanas.
De este modo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados quedará conformada del siguiente modo: presidente, Porfirio Muñoz Ledo (Morena); y vicepresidentes, Dolores Padierna Luna (Morena), Marco Antonio Adame Castillo (PAN) y Dulce María Sauri Riancho (PRI).
Prioridades legislativas en el Senado
En el Senado, el panorama no es distinto, ya que el partido de López Obrador tendrá mayoría.
Una imagen ilustrativa del Senado de México. / senado.gob.mx
De 128 senadores, Morena contará con 58 legisladores, más 6 de su aliado PT y 5 del PES, para un total de 69 senadores afines al próximo presidente electo.
Mientras tanto, el PAN quedará con 24 senadores, el PRI con 14, MC con 7, PRD con 6, PVEM con 6, NA con uno y un senador más que trabajará sin bancada como independiente.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que serán seis las prioridades legislativas de su partido, una vez que inicie el nuevo periodo de sesiones en la Cámara Alta:
Revocación de mandato
Eliminación del fuero presidencial y de funcionarios
Salario mínimo
Derogación de la reforma educativa
Restitución de la Secretaría de Seguridad Pública
Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública
La Mesa Directiva del Senado será presidida por Martí Batres Guadarrama (Morena) y los vicepresidentes Mónica Fernández Balboa (Morena), Rafael Moreno Valle (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI).
Un hecho que dará al próximo presidente de México posibilidades de sacar muchas de las iniciativas de ley que se proponga, sin necesidad de construir grandes acuerdos con otros partidos políticos.
Algo que no ocurría en lo que va del siglo XXI, y que dará un poder sin precedentes al presidente, desde el año 2000, año en que comenzó la alternancia en el poder.
Entre los líderes latinoamericanos que también asistirán a la ceremonia se encuentran los de Colombia y Paraguay.
El presidente de Bolivia, Evo Morales y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Miraflores Palace / Handout / Reuters
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha sumado a los 15 jefes de Estado invitados a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, ha informado este viernes Marcelo Ebrard, el futuro ministro de Relaciones Exteriores mexicano, en su cuenta de Twitter.
Entre los líderes latinoamericanos confirmados que asistirán en la ceremonia se encuentran también el presidente de Bolivia, Evo Morales; el de Colombia, Iván Duque, y Mario Abdo Benítez de Paraguay. También estarán presentes la vicepresidenta de la República de Costa Rica, Epsy Campbell, y la vicepresidenta de Uruguay, Lucia Topolansky.
El rey Felipe VI encabezará la delegación española, según confirmó semanas atrás el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación español, Josep Borrell.
El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, confirmó previamente su asistencia, al igual que Jeremy Corbyn, el líder obrero de la oposición del Reino Unido, cuya esposa es mexicana.
López Obrador revela su plan de seguridad para pacificar México (3 claves)
Publicado: 14 nov 2018 23:33 GMT | Última actualización: 15 nov 2018 01:42 GMT
El mandatario, junto al próximo equipo de gobierno, ofreció detalles del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. 14 de noviembre de 2018.
Henry Romero / Reuters
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El plan tiene el objetivo de reducir las cifras de violencia actuales. El año pasado, México vivió el año más violento en la historia reciente, con más de 28.000 homicidios dolosos.
"El plan parte de la concepción de atender antes que nada lo económico y social, las necesidades de los mexicanos. En la idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", añadió el presidente electo.
Previo a la intervención del López Obrador, el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, prometió que la próxima administración investigará a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que incurran en violaciones a Derechos Humanos y recalcó que es "imposible" la superación de la violencia "mediante soluciones unidimensionales, como la estrategia militar en el sexenio anterior y en el que está por concluir".
Los valores familiares en la agenda
Durante el discurso de este miércoles, López Obrador remarcó la importancia de los valores: "¿Dónde hay más delincuencia? Donde se rompe el tejido social, se rompen los valores y hay desintegración familiar", recalcó el presidente electo de México.
"Se necesita acabar con la corrupción, combatir la pobreza, fortalecer nuestros valores", enfatizó. Por esa razón, el presidente electo anunció su intención de garantizar el empleo, la salud, el bienestar y la educación a los ciudadanos mexicanos, como una medida para atacar las causas profundas del auge delictivo y reducir "la base social que haya podido generar la criminalidad".
"Le hemos dado la espalda a los jóvenes, lo único que se ha hecho es etiquetarlos, llamarles 'ninis' (porque no estudian ni trabajan). Ahora se va a garantizar el derecho a la educación y al trabajo de los jóvenes", dijo López Obrador.
Amnistía y justicia transicional
El gobierno electo de México propone leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de infractores, ofreciendo reducciones de pena y amnistía a colectividades que hayan sido afectadas.
Alfonso Durazo reconoció además que, ante la imposibilidad de derrotar a las organizaciones criminales solo por medios policiales, "resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir emprender una proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y adoptar un modelo de justicia transicional".
Territorio y Guardia Nacional
Para lograr una mejor coodinación entre las instancias de seguridad, Durazo anunció que dividirán el territoriomexicano en 150 coordinaciones para el próximo año, 200 para el siguiente y 266 en 2021, fecha en la que se estima concluir el reclutamiento de los 50.000 nuevos elementos anunciados que conformarán la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional y será conformada por policías naval y militar con adiestramiento de las Fuerzas Armadas, según anunció el equipo del gobierno electo.
"Con el propósito de apoyar el fin de la seguridad pública, se constituirá la Guardia Nacional como una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes, y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)", dijo el próximo secretario de Defensa, el general Luis Sandoval.
Las críticas
Sin embargo, no todos recibieron de buena manera el Plan Nacional de López Obrador. Algunos especialistas y académicos criticaron especialmente la propuesta de Guardia Nacional, por considerarla una perpetuación de la militarización en labores de seguridad pública.
Activistas piden que Obrador no obedezca a Trump sobre los migrantes
Publicado: 7 dic 2018 23:48 GMT
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordena mejorar las condiciones en las que vive el grupo de centroamericanos que espera en la frontera con EE.UU. Mientras, organizaciones civiles solicitan al mandatario que no acepte la petición de Washington para que los centroamericanos que se encuentran en la frontera esperen en México la respuesta sobre sus trámites de asilo.
Activistas piden que Obrador no obedezca a Trump sobre los migrantes
Los funcionarios públicos y los magistrados si podrán ganar más que el presidente. ¿Qué sigue ahora? Una pelea interna entre dos poderes: el legislativo y judicial.
Debo decir que en ocasiones soy un crítico de las declaraciones y acciones que ha estado tomando Andrés Manuel durante su campaña presidencial, como presidente electo y presidente constitucional de México. Sin duda es una persona que tiene el respaldo de más de 30 millones de mexicanos y representa un cambio que ha polarizado al país en todo su esplendor. Crítico del neoliberalismo que ha sacudido al país por más de 30 años, de la corrupción y los altos salarios que ganan los burócratas de la clase élite en nuestro servicio público. Es amado y odiado, pero jamás habíamos visto que tanta gente respaldará a un presidente de la manera que se está viendo hoy; un claro ejemplo es todo lo que se percibió durante su toma de posesión.
Es muy interesante lo que había planteado AMLO en campaña sobre bajar el sueldo a los burócratas y que nadie ganara más que el presidente. Creo en mi humilde opinión, más del 80% de los mexicanos estaban de acuerdo con tal pensamiento. Por primera vez un presidente había decidido enfrentarse a los burócratas élite de México y desafiarlos para imponer un respeto al servicio público y de verdad "servir" al pueblo, no servirse a ellos.
López Obrador sabía que iba a ser difícil aplicar la Ley Federal de Remuneraciones, la cual establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Era obvio que un gran porcentaje de los altos burócratas no iban a querer dejar de ganar menos de 500 mil o 600 mil pesos por mes (24.000 o 29.000 dólares), pues es a lo que han estado acostumbrados desde el priismo de los años 80.
Con la mayoría del Congreso pensó que iba a ganar la batalla, no pasó y esta decisión se fue directamente al poder judicial: La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dentro de tantas declaraciones por parte de magistrados, políticos, servidores públicos y otros; se hizo un dilema nacional que causó mucho furor en redes sociales y en la prensa. Algunos argumentaban que habían estudiado mucho y que tenían una carrera en el Gobierno que les daba la razón de ganar lo que ellos ya estaban recibiendo.
No se tardaron mucho, pues fue rápido el fallo (menos de una semana) de la Suprema Corte de Justicia, la cual había ordenado suspender la aplicación de la ley que había propuesto el presidente. Se tenía ya planteado un Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 con la disyuntiva de que nadie ganaría más que el líder del ejecutivo federal, pero con el fallo de la corte, será necesario volver a elaborarlo.
En consecuencia, los diputados deberán seguir las reglas establecidas en la Constitución y observar que los salarios de jueces, magistrados y ministros no podrán ser reducidos mientras sigan en funciones de su puesto.
Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso ya tronó y aseguró que habrá reducciones en los salarios.
El problema aquí es que sería inconstitucional cambiar los salarios sin haber pasado por la corte, lo cual traería una crisis política entre el poder legislativo y el judicial.
La austeridad y la rebaja de salarios han perdido la primera batalla en el Gobierno que acaba de arrancar, no será fácil dominar y "aplacar" a todo un sistema que está acostumbrado a ganar mucho y servirle poco al pueblo.
Andrés Manuel López Obrador fue enfático al decir que iba a respetar la decisión de los magistrados, pero con esto que acaba de pasar, puede que veamos uno de los primeros "jaloneos" dentro de un sistema que tiene oposiciones, bandos e intereses que cumplir.
El pueblo mexicano reaccionó de manera negativa a la postura del fallo de la Suprema Corte, pero era de reconocerse que pelear y querer aplicar una ley de ese tamaño, sería un paso muy complicado al iniciar un nuevo Gobierno.
Hablando desde la presa de Chicoasén, López Obrador señaló que uno de sus objetivos centrales para el sexenio que inicia es devolver la autosuficiencia al sector energético, de forma que ya no sea necesario adquirir de manos privadas el 50 % de la energía eléctrica que se consume en el país.
El mandatario descartó construir más plantas hidroeléctricas, pero calificó de "extraordinario" que previo al arranque de su Gobierno "no hayan podido privatizar las sesenta" ya existentes. Asimismo, vio positivo el hecho de que cerca del 80 % del potencial petrolero del país no figure al día de hoy en contratos privados.
Según trascendió, la nueva Administración pretende complementar el ahorro previsto en estos pasos de "austeridad" con 20.000 millones de pesos (cerca de 990 millones de dólares) adicionales al presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad que
Lograr la autosuficiencia en la producción de petróleo y electricidad, así como la refinación de combustibles, serán los puntos prioritarios del nuevo Gobierno de México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el anuncio del plan de refinación de petróleo, Tabasco, México, 9 de diciembre de 2018.
Alexandre Meneghini / Reuters
Rescatar al sector energético y recuperar la autosuficiencia en la producción de petróleo y electricidad. Estos son los puntos clave del plan presentado por el nuevo Gobierno de México para enfrentar la "grave crisis" que sufre el sector, según explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Tenemos que extraer petróleo, refinar el petróleo y producir energía eléctrica, esas son las tres demandas principales", dijo el mandatario.
Rescatar la industria petrolera
Dentro de estas prioridades del nuevo Gobierno de México se incluye "rescatar" a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Andrés Manuel López Obrador, habla sobre su plan de seguridad en Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2018. / Henry Romero / Reuters
"No es un asunto ideológico. Es juicio práctico. Son datos duros. Lo expresé en mi acto de toma de posesión, estamos produciendo menos de 1.800.000 barriles diarios. Se están iniciando las compras de petróleo crudo al extranjero, es decir, importando petróleo. Eso nunca se había visto en la historia del petróleo en nuestro país", dijo López Obrador.
"Se desplomó la producción de petróleo y necesitamos con urgencia enfrentar, parar, frenar esta crisis y comenzar la recuperación en la producción de petróleo", sostuvo el presidente mexicano el domingo 9 de diciembre, durante la presentación del Programa Nacional de Refinación.
Indicó que la inversión para Pemex, en 2019, aumentará en 75.000 millones de pesos (3.702 millones de dólares) adicionales al presupuesto que se otorgó el año previo.
Tanques de combustible en una instalación de Pemex, en Ciudad Juárez, México, 4 de octubre de 2017. / Jose Luis Gonzalez / Reuters
"Y estoy seguro que nos va alcanzar, porque no es que haya faltado dinero, es que ha sobrado corrupción", dijo López Obrador.
Puso como ejemplo el caso de la reconfiguación de tres refinerías –Minatitlán, Cadereyta y Madero–, para las que los gobiernos anteriores gastaron 8.000 millones de dólares, a pesar de que dichas refinerías siguen sin funcionar.
"¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Cómo entregaron esos contratos, si no hubo resultados?", cuestionó el presidente.
En este sentido, afirmó que la licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, podría comenzar en marzo próximo.
"El plan es que podamos ser autosuficientes en gasolinas. Metieron el discurso, la idea, fueron manipulando, diciendo que para qué se hacían las refinerías, que era mejor comprar la gasolina en el extranjero. Eso lo machacaron", dijo.
La primera estación de servicio Mobil se encuentra en Querétaro, México, el 8 de diciembre de 2017. / arlos Jasso / Reuters
Apuntó que mientras países como China, EE.UU. y Colombia producen sus propios combustibles, países como Japón y España refinan también sus gasolinas pese a no producir petróleo crudo.
"Nosotros tenemos petróleo crudo y estamos comprando el 75% de las gasolinas que consumimos. Solo producimos el 25%", señaló.
El sector eléctrico
La prioridad del sector eléctrico será que la empresa estatal eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), produzca su propia energía y se acabe con la corrupción, por lo cual, se revisarán a fondo los contratos con particulares.
"El neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la CFE, de cerrar las plantas públicas, para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica a la CFE", dijo López Obrador el pasado 8 de diciembre, al presentar el Programa Nacional de Electricidad.
"Ese es el meollo de todo el asunto: quedarse con el mercado", señaló el presidente, quien indicó que en 1992 se empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares.
Oficinas de la CFE en Ciudad de México, el 27 de agosto de 2014. / Edgard Garrido / Reuters
"Éramos entonces autosuficientes. Y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume, a precios elevadísimos, que todo esto lo tenemos que revisar", dijo.
En este sentido, aseguró que se realizarán auditorías a fondo para revisar los contratos y los mecanismos mediante los que la empresa estatal de electricidad compra energía a particulares.
Esto, debido a que el Gobierno de López Obrador buscará eliminar los subsidios que se entregan actualmente a las empresas privadas del sector eléctrico.
"Muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, de que el subsidio es para el consumidor. No. Se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles energía y otra cosa es que, además, de comprarles energía, a precio de mercado, se les dé un subsidio. Eso no. Eso se va a terminar", afirmó.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presentó en foro de la ONU, avances del plan construido de manera conjunta con sus homólogos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El canciller Marcelo Ebrard, en Marrakech, Marruecos. 10 de diciembre de 2018.
Fadel Senna / AFP
El Gobierno de México anunció este lunes un cambio de enfoque en su política migratoria y presentó el nuevo Plan de Desarrollo Integral, que llevará a cabo de manera conjunta con El Salvador, Guatemala y Honduras, para reducir la migración.
Durante su intervención en la conferencia de Naciones Unidas (ONU) para un Pacto Global para una migración regular, ordenada y segura, realizado en Marrakech, Marruecos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que la política migratoria de su país cambiará el enfoque que predomina en el mundo.
"México va a cambiar su política migratoria, va a hacerlos sentir a ustedes orgullosos del pacto que hemos adoptado par a una migración segura, ordenada y regular. Vamos a cambiar las cosas", dijo Ebrard.
Al respecto, señaló que México promoverá una política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos, más que cerrar el paso a los migrantes centroamericanos.
"Buena parte de la narrativa política en el mundo va en contra de lo que estamos firmando el día de hoy, en esta sala", agregó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
"Coincidimos en una idea por regular la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Pero allá afuera, muchos países y formaciones políticas sostienen lo contrario: que la migración es un peligro, que hay que evitarlo y que la frontera hay que defenderla. Son dos ideas distintas del futuro", afirmó Ebrard.
De acuerdo con el canciller mexicano, el documento presentado está dividido en cuatro capítulos, en los que se detallan puntos como el origen de la migración (las causas), cómo se desarrolla el tránsito de los migrantes, cómo recibir a los migrantes y cómo apoyarlos cuando decidan regresar a sus países.
Ebrard también sostuvo que en México "debe reducirse el número de deportaciones" practicadas hacia migrantes centroamericanos, y que, según Amnistía Internacional superaron las 80.000 personas en 2017.
Migrantes intentan cruzar ilegalmente desde México hasta los EE. UU. 9 de diciembre de 2018. / Mohammed Salem / Reuters
Durante la celebración de toma de protesta del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario firmó junto a su homólogos centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, un documento en el que dichos países se comprometieron a desarrollar un plan regional para frenar la migración.
En esa reunión también se acordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apoye el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Integral para la región.
Hace once días que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y, desde el primer momento, marcó una amplia distancia con las formas de gobernar de los últimos tiempos.
En su discurso de toma posesión ante el Congreso, en el que históricamente suelen lanzarse las grandes líneas que siguen los presidentes en su mandato, López Obrador fue contundente al afirmar que en el plano estructural, el modelo neoliberal no ha funcionado y debe dejarse atrás. En cuanto a la clase política, insistió en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores. Con un planteamiento lleno de cifras, el mandatario mostró el fracaso del modelo e hizo referencias a los principales escándalos políticos de los gobiernos previos, mientras que Enrique Peña Nieto solo lo escuchaba nervioso y cabizbajo.
La llegada al Congreso de López Obrador en su auto compacto de siempre contrastó con el arribo de Peña Nieto quién, aún en su último día como mandatario, hizo uso de la camioneta blindada y los escoltas que lo mantuvieron en una burbuja en todo su sexenio. La imagen mostró dos realidades opuestas: la austeridad republicana y los derroches del privilegio.
"Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
En el Congreso, López Obrador recalcó que no buscará, bajo ninguna circunstancia, reelegirse en el cargo. En cambio, prometió trabajar 16 horas diarias para hacer dos mandatos en uno y aprovechar el tiempo. Quien lo conoce sabe que esto va en serio, ya que tuvo jornadas similares durante su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Desde el primer día como mandatario, comenzó a cumplir algunas de sus promesas: se deshizo del avión presidencial y lo envío a EE.UU. para que se ponga a la venta allá, mientras que realiza sus giras en territorio nacional en vuelos comerciales; anunció el Plan Energético para rescatar la industria petrolera y eléctrica, que fueron abandonadas por años en el terreno de las inversiones para poder justificar su privatización; y rubricó, junto a sus homólogos regionales, un Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica.
Informó también sobre la creación de una Guardia Nacional, conformada por 60.000 elementos —en un inicio 20.000 miembros de la Policía Federal y 40.000 de las Fuerzas Armadas—, para enfrentar la emergencia en seguridad que vive el país. Este punto ha sido controversial y criticado por varios especialistas con argumentos razonables. López Obrador, lejos de esconderse en una burbuja o de ignorar a los críticos, reconoció lo polémico de la medida en la misma toma de posesión en el Congreso, pero sostuvo que ante la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, se hacía imposible un retiro abrupto del Ejército en tareas de seguridad. Con los especialistas en contra, pero con la gente que vive la problemática a favor (60% de la población aprueba la Guardia Nacional), la iniciativa ha empezado a echarse andar.
La disputa con el poder judicial
El segundo punto controvertido en estos primeros diez días de gobierno ha sido la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que aprobó el Congreso en noviembre, y con la que se está diseñando el Presupuesto de Egresos de 2019. ¿En qué consiste la norma y a qué se debe la resistencia? Es bien sabido que una de las banderas de López Obrador es la austeridad gubernamental. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", ha repetido sin cesar por décadas. Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo medidas de austeridad como la reducción de salarios; la eliminación del pago de los seguros médicos privados y el mantenimiento de la seguridad social; la supresión del uso de autos y choferes en niveles medios; y el fin de otros privilegios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la toma de posesión, ciudad de México, 1 de diciembre de 2018. / Daniel Aguilar / Reuters
Todo esto lo hizo en el 2000, en la Ciudad de México, y lo prometió reiteradamente en su campaña electoral por la presidencia. Lo cumplió con la Ley de Salarios, que aprobó el Congreso, y que propone que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares), y pone un techo para que ningún servidor público devengue más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios se les han hecho pocos los 5.000 dólares como límite, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, sumando el salario y sus prestaciones laborales que, más que beneficios, se han construido como verdaderas fuentes de privilegios.
De ahí se hace tan necesaria la diferencia entre servidor público y funcionario. El primero debe tener un salario digno pero mantenerse en la justa medianía, eso le ayudará a recordar cuál es su trabajo: el servicio. Se argumenta que muchos funcionarios, por sus calificaciones, podrían ganar mucho más en la iniciativa privada. Está bien, es válido que alguien quiera un sueldo más alto si sus calificaciones se lo permiten, en ese caso, que vaya con gusto a al ámbito privado y que no se someta al escrutinio público. Como decía el presidente uruguayo Pepe Mujica, el político que quiera hacer plata, que se vaya al mundo del comercio.
Pero en México muchos funcionarios están lejos de querer ser servidores públicos. Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada.
"Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
Esto ha abierto una discusión política sobre la corrupción. Magistrados y jueces dicen que sus ingresos (que en algunos casos llegan hasta los 25.000 dólares brutos) son la garantía para su autonomía e independencia, confesando casi que su probidad tiene precio y está tasada en varios miles de dólares. Otras voces argumentan que es una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la autonomía del Judicial, por lo que todo el sistema democrático pende de un hilo y es el inicio del autoritarismo. Esta última afirmación es, por demás, exagerada y vale la pena preguntarnos si una democracia que está sustentada en salarios de miles de dólares es una verdadera democracia.
En el caso concreto de México, además, el sistema judicial es históricamente el más conservador y aristocrático, por tanto, es el más reacio a cambios democráticos. Si los buenos salarios significaran autonomía y probidad en automático, no se explica que sea un Poder con amplios índices de nepotismo y déficit meritocrático, como lo ha mostrado el politólogo Julio Ríos Figueroa. En esta disputa legal sobre los sueldos, el poder judicial ha recurrido al argumento que un Estado de Derecho se basa en la estricta obediencia a la ley, pero se les olvida lo que suele recordarnos constantemente el filósofo Enrique Dussel, que las leyes tienen su origen en las cuestiones que son legítimas o no lo son. La legitimidad deber ser la base de las leyes y del derecho.
En esta discusión son evidentes dos cosas. Primero, que con más de la mitad de la población sumida en la pobreza y con una clase trabajadora con uno de los peores salarios de Latinoamérica, tener remuneraciones y prestaciones entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales no es legítimo, aunque pudiera ser legal mediante amparos. Segundo, que el poder judicial, al estar tremendamente desprestigiado por sus propias actuaciones del pasado en materia sustantiva, y la corrupción en su interior que se manifiesta en sus redes de nepotismo no es, actualmente, un mecanismo de contrapesos democráticos sino que es uno de los bastiones del viejo régimen de corrupción e impunidad, por lo que se hace indispensable una renovación en el espíritu de sus funciones y hasta en el personal que lo encarna para poder avanzar hacia una consolidación democrática.
La ciudadanía, en su gran mayoría, se percibe esperanzada y favorable a las políticas de austeridad y combate a la corrupción del nuevo gobierno. El hecho que lo demuestra es que el índice de aprobación López Obrador está por encima del 70%, 17 puntos más que los obtuvo en la contienda presidencial. Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior. Paciencia, nadie pensó que esto sería fácil o que no habría inercias por cambiar u obstáculos en el camino. Roma no se construyó en un día y un nuevo sistema político mexicano también llevará tiempo, mucho tiempo y tenacidad. Pero algo se está moviendo ya.
Hace once días que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y, desde el primer momento, marcó una amplia distancia con las formas de gobernar de los últimos tiempos.
En su discurso de toma posesión ante el Congreso, en el que históricamente suelen lanzarse las grandes líneas que siguen los presidentes en su mandato, López Obrador fue contundente al afirmar que en el plano estructural, el modelo neoliberal no ha funcionado y debe dejarse atrás. En cuanto a la clase política, insistió en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores. Con un planteamiento lleno de cifras, el mandatario mostró el fracaso del modelo e hizo referencias a los principales escándalos políticos de los gobiernos previos, mientras que Enrique Peña Nieto solo lo escuchaba nervioso y cabizbajo.
La llegada al Congreso de López Obrador en su auto compacto de siempre contrastó con el arribo de Peña Nieto quién, aún en su último día como mandatario, hizo uso de la camioneta blindada y los escoltas que lo mantuvieron en una burbuja en todo su sexenio. La imagen mostró dos realidades opuestas: la austeridad republicana y los derroches del privilegio.
"Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
En el Congreso, López Obrador recalcó que no buscará, bajo ninguna circunstancia, reelegirse en el cargo. En cambio, prometió trabajar 16 horas diarias para hacer dos mandatos en uno y aprovechar el tiempo. Quien lo conoce sabe que esto va en serio, ya que tuvo jornadas similares durante su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Desde el primer día como mandatario, comenzó a cumplir algunas de sus promesas: se deshizo del avión presidencial y lo envío a EE.UU. para que se ponga a la venta allá, mientras que realiza sus giras en territorio nacional en vuelos comerciales; anunció el Plan Energético para rescatar la industria petrolera y eléctrica, que fueron abandonadas por años en el terreno de las inversiones para poder justificar su privatización; y rubricó, junto a sus homólogos regionales, un Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica.
Informó también sobre la creación de una Guardia Nacional, conformada por 60.000 elementos —en un inicio 20.000 miembros de la Policía Federal y 40.000 de las Fuerzas Armadas—, para enfrentar la emergencia en seguridad que vive el país. Este punto ha sido controversial y criticado por varios especialistas con argumentos razonables. López Obrador, lejos de esconderse en una burbuja o de ignorar a los críticos, reconoció lo polémico de la medida en la misma toma de posesión en el Congreso, pero sostuvo que ante la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, se hacía imposible un retiro abrupto del Ejército en tareas de seguridad. Con los especialistas en contra, pero con la gente que vive la problemática a favor (60% de la población aprueba la Guardia Nacional), la iniciativa ha empezado a echarse andar.
La disputa con el poder judicial
El segundo punto controvertido en estos primeros diez días de gobierno ha sido la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que aprobó el Congreso en noviembre, y con la que se está diseñando el Presupuesto de Egresos de 2019. ¿En qué consiste la norma y a qué se debe la resistencia? Es bien sabido que una de las banderas de López Obrador es la austeridad gubernamental. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", ha repetido sin cesar por décadas. Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo medidas de austeridad como la reducción de salarios; la eliminación del pago de los seguros médicos privados y el mantenimiento de la seguridad social; la supresión del uso de autos y choferes en niveles medios; y el fin de otros privilegios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la toma de posesión, ciudad de México, 1 de diciembre de 2018. / Daniel Aguilar / Reuters
Todo esto lo hizo en el 2000, en la Ciudad de México, y lo prometió reiteradamente en su campaña electoral por la presidencia. Lo cumplió con la Ley de Salarios, que aprobó el Congreso, y que propone que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares), y pone un techo para que ningún servidor público devengue más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios se les han hecho pocos los 5.000 dólares como límite, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, sumando el salario y sus prestaciones laborales que, más que beneficios, se han construido como verdaderas fuentes de privilegios.
De ahí se hace tan necesaria la diferencia entre servidor público y funcionario. El primero debe tener un salario digno pero mantenerse en la justa medianía, eso le ayudará a recordar cuál es su trabajo: el servicio. Se argumenta que muchos funcionarios, por sus calificaciones, podrían ganar mucho más en la iniciativa privada. Está bien, es válido que alguien quiera un sueldo más alto si sus calificaciones se lo permiten, en ese caso, que vaya con gusto a al ámbito privado y que no se someta al escrutinio público. Como decía el presidente uruguayo Pepe Mujica, el político que quiera hacer plata, que se vaya al mundo del comercio.
Pero en México muchos funcionarios están lejos de querer ser servidores públicos. Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada.
"Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior".Javier Buenrostro. Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México
Esto ha abierto una discusión política sobre la corrupción. Magistrados y jueces dicen que sus ingresos (que en algunos casos llegan hasta los 25.000 dólares brutos) son la garantía para su autonomía e independencia, confesando casi que su probidad tiene precio y está tasada en varios miles de dólares. Otras voces argumentan que es una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la autonomía del Judicial, por lo que todo el sistema democrático pende de un hilo y es el inicio del autoritarismo. Esta última afirmación es, por demás, exagerada y vale la pena preguntarnos si una democracia que está sustentada en salarios de miles de dólares es una verdadera democracia.
En el caso concreto de México, además, el sistema judicial es históricamente el más conservador y aristocrático, por tanto, es el más reacio a cambios democráticos. Si los buenos salarios significaran autonomía y probidad en automático, no se explica que sea un Poder con amplios índices de nepotismo y déficit meritocrático, como lo ha mostrado el politólogo Julio Ríos Figueroa. En esta disputa legal sobre los sueldos, el poder judicial ha recurrido al argumento que un Estado de Derecho se basa en la estricta obediencia a la ley, pero se les olvida lo que suele recordarnos constantemente el filósofo Enrique Dussel, que las leyes tienen su origen en las cuestiones que son legítimas o no lo son. La legitimidad deber ser la base de las leyes y del derecho.
En esta discusión son evidentes dos cosas. Primero, que con más de la mitad de la población sumida en la pobreza y con una clase trabajadora con uno de los peores salarios de Latinoamérica, tener remuneraciones y prestaciones entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales no es legítimo, aunque pudiera ser legal mediante amparos. Segundo, que el poder judicial, al estar tremendamente desprestigiado por sus propias actuaciones del pasado en materia sustantiva, y la corrupción en su interior que se manifiesta en sus redes de nepotismo no es, actualmente, un mecanismo de contrapesos democráticos sino que es uno de los bastiones del viejo régimen de corrupción e impunidad, por lo que se hace indispensable una renovación en el espíritu de sus funciones y hasta en el personal que lo encarna para poder avanzar hacia una consolidación democrática.
La ciudadanía, en su gran mayoría, se percibe esperanzada y favorable a las políticas de austeridad y combate a la corrupción del nuevo gobierno. El hecho que lo demuestra es que el índice de aprobación López Obrador está por encima del 70%, 17 puntos más que los obtuvo en la contienda presidencial. Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior. Paciencia, nadie pensó que esto sería fácil o que no habría inercias por cambiar u obstáculos en el camino. Roma no se construyó en un día y un nuevo sistema político mexicano también llevará tiempo, mucho tiempo y tenacidad. Pero algo se está moviendo ya.
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan de "recuperación y rescate" de la industria petrolera nacional para elevarla de los 1,75 millones de barriles diarios actuales a 2,4 millones al día en 2024, rescatando antiguos yacimientos.
"Lo más importante es el plan para rescatar la industria petrolera, ver hacia adelante; y es un reto, un desafío, lo que tenemos que hacer entre todas y todos, porque de un millón 750.000 barriles diarios [actuales], tenemos que lograr una producción de más de dos millones 400.000 barriles diarios a finales del sexenio (2012-2024)", dijo el mandatario en un discurso pronunciado en la petrolera Ciudad del Carmen, en las costas del golfo de México.
Para lograr esa meta de producción, convocó a los trabajadores petroleros en activo, de planta, trabajadores transitorios, incluso dijo que "vamos a requerir de la experiencia de los trabajadores jubilados" de la compañía estatal, durante el acto celebrado en el puerto industrial Laguna Azul, de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Comparó su llamado con la popular nacionalización de la industria petrolera decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).
"Es un momento decisivo en la historia de nuestro país y en la historia de la explotación petrolera; no exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938", aseguró.
Los planes contemplan el intento de extraer más crudo de los yacimientos maduros que Pemex considera agotados, en tierra y en aguas próximas a las costas del golfo de México, en los estados costeros del este del país, Veracruz, Tabasco y Campeche.
López Obrador propuso hacer "un reconocimiento histórico" al yacimiento Cantarell, en aguas territoriales someras de Campeche (este), de menos de 500 metros de profundidad.
"Por más de 40 años Cantarell mantuvo al país produciendo, más de dos millones de barriles diarios llegó a producir, y ahora, agotado, produce alrededor de 200.000 barriles", la décima parte de su pico de producción alcanzado hace 14 años, en 2004, lamentó.
En ese punto lanzó "un desafío" para los ingenieros petroleros del Estado.
"Si logramos trabajar en la recuperación de Cantarell, podemos todavía sacar petróleo de este campo; si se trabaja en investigación, si se trabaja en la recuperación de Cantarell y de todos estos campos que fueron sobreexplotados, mal manejados", propuso.
El presidente considera que ese plan puede tardar tres o seis años, "pero les dejamos a los nuevos gobiernos una posibilidad de explotación a futuro", prometió.
Sostuvo que relanzar la producción del famoso yacimiento que México explotó desde los años 1980, descubierto por casualidad por el pescador que le dio nombre, Rudesindo Cantarell, "es algo que debe de plantearse, que lo de Cantarell es un fenómeno mundial", insistió.
López Obrador considera que se trata "del campo más productivo posiblemente del mundo", pero a la vez "el campo más mal explotado del mundo".
Dejó esa misión en manos de los técnicos y especialistas del estatal Instituto Mexicano del Petróleo "que podamos seguir beneficiándonos con Cantarell", enfatizó.
López Obrador añadió que en su proyecto "una variable muy importante para sacar adelante este plan es acabar con la corrupción en Pemex" y en todo el país.
En cuanto al plan nacional de refinación, "consiste en reparar, mejorar, modernizar las seis refinerías, construir la nueva refinería de Dos Bocas", un puerto petrolero de Tabasco (este).
"Pero si no tenemos la materia prima [petróleo crudo], no hacemos nada, por eso, qué bien que tenemos esta meta de producir, a finales del sexenio, 2,4 millones de barriles diarios, con eso es suficiente" puntualizó.
México exporta la mitad del crudo que produce y refina el resto, pero importó en 2017 el 70% de las gasolinas para consumo interno y el 80% del gas natural, sobre todo desde Texas, EEUU.
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