El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
La agrupación estudiantil expresó su condena al encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán. Foto: Prensa Latina.
Cataluña vive una nueva jornada de movilizaciones en rechazo a la intervención de esa región por el gobierno de España y para exigir la excarcelación de numerosos líderes independentistas.
Piquetes, bloqueos en las principales carreteras y autopistas de acceso a grandes ciudades, incluida la capital de esa comunidad autónoma, Barcelona, protagonizaron el llamado a una huelga general de organizaciones sindicales y separatistas.
La movilización fue convocada por la Intersindical-CSC (Confederación Sindical Catalana) y respaldada por las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).
El operador nacional de ferrocarriles, Renfe, informó sobre demoras o desvíos de trenes en decenas de líneas, algunas de alta velocidad, porque los manifestantes sobrepasaron los controles policiales y ocuparon las vías.
En apoyo a la medida de fuerza de la Intersindical-CSC, los centros de altos estudios de Cataluña permanecieron cerrados y los estudiantes no asistieron a clase, una acción que contó con la adhesión de la plataforma Universidades por la República.
Además, el SEPC realizó manifestaciones bajo el lema Libertad presos políticos. No al 155, y llamó a una semana de lucha contra lo que calificó de represión franquista (dictadura de Francisco Franco) del Partido Popular (PP), del presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
Con esas consignas, la agrupación estudiantil expresó su condena al encarcelamiento de ocho miembros del destituido gobierno catalán y de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, acusados por la justicia española de varios delitos vinculados con el proceso secesionista.
También impugnaron la toma de control de esa próspera región por el ejecutivo del conservador PP, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en casi cuatro décadas de democracia en este país europeo.
Al amparo de esa cláusula, las autoridades españolas cesaron al gobierno catalán de Carles Puigdemont, disolvieron el parlamento autonómico y convocaron a elecciones regionales anticipadas el próximo 21 de diciembre.
Rajoy activó ese controvertido precepto constitucional para frenar las aspiraciones separatistas de esa próspera región de 7,5 millones de habitantes, cuya asamblea legislativa aprobó el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia.
Ocho miembros de la defenestrada administración catalana están en prisión por los cargos de rebelión, sedición y malversación, tras la celebración del referendo del 1 de octubre, prohibido por el Tribunal Constitucional, y la posterior proclamación de la independencia.
Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores se encuentran en Bruselas, a la espera de su eventual extradición por la justicia de Bélgica.
Desde la capital belga, el líder independentista acusó a Rajoy de perpetrar un golpe de Estado contra Cataluña y sus legítimos representantes, elegidos de manera democrática en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ganadas por los partidos soberanistas.
El gobernante catalán cesado se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros de su equipo, todos pendientes de la decisión de la Justicia belga acerca de la orden de detención cursada contra ellos por una jueza española
Carles Puigdemont, Gobierno catalán.Autor: ReutersPublicado: 09/11/2017 | 10:05 pm
BRUSELAS, noviembre 9.— El Gobierno catalán cesado, encabezado por Carles Puigdemont, activó este jueves una «estructura estable» desde Bruselas, en su autodenominado «exilio», para «mantener la legitimidad».
ANSA reportó que Puigdemont hizo el anuncio en un texto titulado Carta desde Bélgica, publicado en varios medios, en el que habla del «Gobierno legítimo de Cataluña».
Horas después de que el pasado 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó la declaración de independencia, el Gobierno español de Mariano Rajoy cesó a Puigdemont y a todo su equipo y convocó elecciones regionales en Cataluña para el 21 de diciembre.
Puigdemont se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros de su equipo, todos pendientes de la decisión de la Justicia belga acerca de la orden de detención cursada contra ellos por una jueza española.
El resto de los miembros de su Gobierno, investigados por rebelión, sedición y malversación, están en prisión preventiva desde el jueves, en cárceles de Madrid.
«Lo diremos tantas veces como haga falta a todo el mundo: somos un Gobierno legítimo y tenemos un Parlamento legítimo», afirma Puigdemont en la carta.
«Desde Bruselas, apoyados por una estructura estable que hoy ponemos en marcha para coordinar las acciones del Gobierno, exigiremos este compromiso cada día y en cada ocasión a la comunidad internacional, denunciando la politización de la Justicia española, su falta de imparcialidad, su voluntad de perseguir las ideas, y reafirmando la apuesta firme del pueblo catalán por el derecho a la autodeterminación, el diálogo y una solución acordada», sostiene.
El cesado Presidente catalán demanda al Gobierno español un referendo pactado de independencia y llama en su ausencia a votar en las elecciones regionales convocadas por Madrid en Cataluña para el 21 de diciembre «como un reto para recuperar la plena democracia».
El Gobierno central contestó a la carta de Puigdemont por medio de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien afirmó que «cuando una mentira se repite mil veces, no se convierte en realidad» y añadió que «en España no se detiene a nadie por pensar distinto; nadie va a la cárcel por ser independentista».
Puigdemont a RT: "Debemos tener confianza y ser fuertes, porque ganaremos"
Publicado: 16 nov 2017 10:31 GMT | Última actualización: 16 nov 2017 10:35 GMT
En un nuevo programa estrenado por RT, el expresidente catalán se entrevistó con Alex Salmond, exlíder del Partido Nacional Escocés.
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Preguntado por Salmond sobre la represión policial ejercida ese día contra los votantes, el expresidente catalán señaló que hubo "muchas lesiones" y se refirió en concreto a una escuela en Girona, su propia ciudad natal, a la que puso como ejemplo de cómo los colegios electorales fueron intervenidos por las fuerzas de seguridad del Estado, en ocasiones de manera muy violenta. "Fue un día trágico porque vi directamente la violencia ante mi cara, en el colegio, en mi ciudad natal. Hubo un montón de heridos", dijo.
Puigdemont, que afronta un futuro político es incierto debido a su situación legal, se mostró confiado con respecto al futuro de la causa independentista en Cataluña: "Debemos tener confianza, ser fuertes porque ganaremos", le dijo expresidente a su entrevistador. "Tendremos éxito. Finalmente, la democracia va a prevalecer", añadió.
¿Por qué se fue Puigdemont a Bruselas?: Así funciona la euroorden de detención en Bélgica
Publicado: 13 nov 2017 16:41 GMT
Cuando el 28 de octubre el expresidente catalán se marchó a Bélgica comenzaron las especulaciones sobre si había razones de naturaleza jurídica en su elección.
Carles Puigdemont gesticula durante un discurso ante alcaldes catalanes en Bruselas, el 7 de noviembre.
Pascal Rossignol
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En España, se encuentran abiertos dos procedimientos penales por el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El que afecta a los exmiembros del Gobierno catalán, cesados en función del artículo 155 de la Constitución española, cuenta con ocho personas, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras, en prisión provisional.
Por su parte, el expresidente Puigdemont y el resto de los consejeros –cuatro– se marcharon a Bruselas el mismo día que la Fiscalía presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra todos los miembros del Gobierno de Cataluña, que previsiblemente habría acabado también con la aplicación de la prisión provisional. El viernes 17 de noviembre deberán declarar ante un juez belga, que deberá decidir la ejecución o denegación de la orden de detención y entrega.
Desde que se supo el nuevo paradero de Puigdemont y los cuatro 'consellers' que lo acompañan, se han buscados los motivos que habrían sido causa de la elección de Bruselas, y en muchas ocasiones se ha aducido el carácter ultragarantista de la transposición de la Decisión Marco sobre la Orden Europea de Detención y Entrega al ordenamiento interno belga.
Audiencia Nacional en Madrid, donde se juzga a los ex miembros del Gobierno de la Generalitat / Sergio Perez / Reuters
En realidad, la aplicación de esta normativa europea solo tiene una pequeña particularidad en Bélgica con respecto a otros países de la UE. Entre las declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión Marco, Bélgica incluyó una: "El consentimiento de la propia persona a su entrega puede revocarse hasta el momento de la entrega".
Este supuesto no parece de aplicación a Carles Puigdemont, puesto que en ningún momento ha sopesado la posibilidad de prestar su consentimiento a su entrega a las autoridades judiciales españolas.
Quizá, en lo que destaca también Bélgica es en el bajo porcentaje de resolución positiva de las órdenes europeas de detención y entrega que ejecuta: tan solo el 8% son positivas. Los motivos pueden ser muy diversos, como la fuga a otro país de la persona buscada. Pero los porcentajes de los otros países no suelen superar el 20%, y en el caso de Francia se encuentra alrededor de un 14%, cuenta a RT el abogado David Querol, del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona.
¿Qué es la Orden Europea de Detención y Entrega o 'euroorden'?
Se trata de un mecanismo que sustituye a la anterior extradición y que se utiliza en todos los países de la Unión Europea (UE) desde el 1 de enero de 2004. Es el primer instrumento jurídico de la UE que contiene el principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales en el ámbito penal.
Con ella se ha pretendido agilizar los trámites y abreviar los plazos a través de la cooperación directa entre las autoridades judiciales de los países emisor y receptor de la Orden Europea de Detención y Entrega.
Entre sus principales novedades se encuentra la simplificación de la documentación a remitir con la creación de un único formulario que debe rellenar el juez emisor, reduce los motivos de denegación de la ejecución de la Orden y elimina el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias.
El formulario de la euroorden no está bien rellenado por la juez Lamela
No es necesario que el delito perseguido sea delito en el ordenamiento interno del país, que debe ejecutar la orden si figura en un listado de 32 delitos ya definidos en la propia normativa europea. Ni el delito de rebelión, ni el de sedición, por el que se busca a Puigdemont y los cuatro consejeros, se encuentran en el listado. Sí incluye, en cambio, delitos como terrorismo, trata de blancas o narcotráfico.
Según los documentos a los que tuvo acceso eldiario.es, en el formulario de la Orden Europea de detención, la juez Lamela les atribuye también los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia. Ninguno de ellos figura en el listado de 32 delitos, por lo que están sujetos a la comprobación de la doble incriminación. Aún así, la juez Lamela marcó la casilla del listado correspondiente a corrupción. "No está bien rellenado", opina el abogado David Querol.
Puigdemont podría aducir que sus Derechos Fundamentales pueden ser violados
La Decisión Marco 22/584 establece en su artículo 1.3 que "no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea".
El Tribunal de Justicia de la UE ya se ha pronunciado en diversas sentencias. Una de las más importantes es la 5-4-16 (asuntos acumulados, C-404/15 y C-659/15, Aranyosi y Caldararu) -EDJ 2016/26417-, como apunta José Miguel García Moreno, Letrado Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo Superior del Poder Judicial en un artículo en la web Derecho.com.
La sentencia reconoce que el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales puede ser motivo de denegación de la ejecución de la Orden Europea de Detención y Entrega. La autoridad judicial competente del país receptor de la Orden puede pedir a la autoridad judicial del país receptor garantías o informes para comprobar que los derechos fundamentales de la persona buscada no se encuentran en riesgo.
El abogado de Carles Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, habla en su oficina el 2 de noviembre. / Yves Herman
En este sentido, según recogía el diario español El Mundo, el abogado defensor de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, se ha manifestado recientemente indicando que las penas a las que se enfrenta su defendido podrían ser desproporcionadas para los delitos que se le imputan. En el caso de la rebelión se prevén penas de 25 a 30 años en el supuesto más grave, según el artículo 473 del Código Penal español. Penas que contrastan con el hecho de que en Bélgica ni siquiera exista esta tipificación delictiva.
Pero, como se apuntaba anteriormente, no se trata de una particularidad belga, sino que en todos los países se contempla la posibilidad de denegar la ejecución de la Orden si se pueden vulnerar los derechos fundamentales de la persona buscada.
El próximo viernes 17 de noviembre se encuentran citados para declarar tanto Puigdemont como los cuatro consejeros ante el juez belga, que decidirá sobre la ejecución de la Orden de Detención y Entrega.
Bélgica ofrece a Puigdemont algunas ventajas. La cercanía con Cataluña, la posibilidad de comunicarse (pues el 'expresident' habla inglés y francés), además de la baja tasa de resolución afirmativa de la ejecución de una Orden Europea de Detención.
Aunque una de las principales puede ser el estar situado en el corazón de Europa, cuando se persigue la internacionalización del conflicto, sobre todo en el ámbito europeo, como descubren las numerosas llamadas a Europa para intervenir en el conflicto o actuar como mediador.
Puigdemont, sobre el 21-D: “Son las elecciones más trascendentes de nuestra historia”
El president cesado ha defendido que los comicios “van de Catalunya, no de partidos”
“Estas elecciones marcarán el próximo siglo de nuestra historia, debemos ser conscientes de ello”, ha proseguido el president destituido desde la capital belga. Unos comicios que, a su juicio, dirimen “si el señor Rajoy gana o pierde, de si el bloque del 155 gana o pierde”.
Puigdemont sitúa a Cs, PSC y PP en “el tripartito del 155” con el mensaje “del miedo y la resignación”
De hecho, el president depuesto ha trazado en todo momento la línea conjunta que según su punto de vista dibujan “el tripartito del 155”, en alusión a Cs, PSC y PP. Un bloque que Puigdemont ha situado en el bando de la represión y el miedo.
En este sentido, Puigdemont ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de intentar implementar el lenguaje de la violencia, la fractura y la división en Catalunya. “Pero el 21-D responderemos a la represión con más democracia”. Así, Carles Puigdemont ha recordado que el PP cuenta con el 9% de los votos en Catalunya, “por lo que no representa la sociedad catalana”. “A partir del 21-D, quitemos sus zarpas untadas de autoritarismo de sobre de Catalunya”.
Es por ello que el 130.º president de la Generalitat ha interpelado directamente al Ejecutivo español a asumir el resultado que otorguen las urnas: “Si ganamos la elecciones y hay una mayoría parlamentaria, ¿aceptarán o no el resultado de la voluntad de los catalanes?”.
“En Catalunya, la democracia no se vota, ni se encarcela ni se golpea con porras de la policía. Nunca más”, ha defendido el president cesado, quien ha sostenido la vigencia de su Govern: “La legitimidad del 27 de septiembre de 2015 sigue intacta, no dudamos de ello, estamos haciendo lo correcto, lo que la gente votó”.
Consumadas las elecciones catalanas de este 21-D, la primera y, sin duda, la más importante conclusión de lo acontecido en los comicios, es la milimétrica exactitud entre el número de votos que han conseguido las formaciones independentistas y el resultado del referéndum del 1-O: 2.063.361 votantes a favor de la separación de España en estas elecciones por 2.044.038 papeletas independentistas en el referéndum.
Una luminiscente y tozuda precisión emanada de un bloque monolítico contra el que se han estampado, a gran velocidad y con enorme temeridad, todas las carencias democráticas y las más trapaceras maniobras del Estado español. Un impacto que ha provocado que el lugar del siniestro se encuentre hoy salpicado con los restos de la credibilidad de los medios de comunicación, las 'injerencias rusas', la independencia judicial, el prestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la autoridad de la Casa Real, la imagen internacional, el Partido Popular y los pedazos de un país que difícilmente podrá ser reconstruido.
Resulta inconcebible que todos los males se achacasen y se achaquen a una suerte de robots rusos que controlan y dirigen nuestra opinión. Existen delirios oníricos con argumentos más sólidos.Luis Gonzalo Segura
Para empezar, este resultado pone en evidencia todas aquellas informaciones que denunciaban injerencias, desinformación o 'fake news' y que fueron esgrimidas una y otra vez por el Régimen (Casa Real-PP-PSOE-C's) y sus acólitos (los medios de comunicación que les sirven fielmente). A la vista está, pues, que muchos periodistas e intelectuales no pasan hoy por ser mucho más que iluminados, predicadores o vendedores de crecepelo. No hay más, por mucha desazón que nos ocasione. De lo contrario resulta inconcebible que todos los males se achacasen y se achaquen a una suerte de robots rusos que controlan y dirigen nuestra opinión. Sinceramente, existen delirios oníricos con argumentos más sólidos.
El escrutinio tampoco deja en mejor lugar todas aquellas denuncias de 'pucherazo' o irregularidades durante el referéndum, pues de existir fueron, a tenor de los resultados, absolutamente insignificantes. A estas alturas ya todos sabemos lo que hay sin necesidad de tanta parafernalia, pues los datos son tan exasperantemente idénticos que no dejan margen a la tergiversación ni a ninguna de las maquiavélicas maniobras a las que nos tiene acostumbrado el 'Establishment'. Ni siquiera puede asomar la 'Verdad' y su batallón de intelectuales que marchan tras ella, emulando a la Santa Inquisición, al tiempo que intimidan y torturan cualquier opinión discordante al grito de herejía(posverdad).
Solo existe una solución al mal que nos desangra y empequeñece: democracia y regeneración.Luis Gonzalo Segura
Por otro lado, el recuento electoral supone el colapso absoluto de la campaña, casi bélica, que pretendía 'devolver a la legalidad' a la ciudadanía catalana. Esta vez ni el constante bombardeo mediático pudo derrumbar la realidad. Y el parte de daños que arroja la maciza derrota, porque la desconexión de dos millones de ciudadanos no puede considerarse de otra manera, es ilegible este día después, aunque Inés Arrimadas no pudiera contener su alegría 'patriótica'. Una candidata que queda absolutamente retratada en el júbilo de una 'victoria' que, a poco que se sepa contar, ni siquiera pasa por pírrica, sino que se trata de un nuevo descalabro. Por mucho que la recolocación de fuerzas la haya favorecido circunstancialmente. Tanto patriotismo, tanta bandera y en cuanto se obtiene un rédito personal la sangría de la patria queda en el olvido. Por eso estaba ella ahí, exhibiendo un regocijo que demuestra que esto, al final, va sobre todo de intereses particulares, porque el 'malvadísimo independentismo' aumentó el número de papeletas. Ya son 20.000 más que el 1-O. Dos millones de catalanes parapetados en el 'No a España'.
Fracasada la ofensiva, como era de prever, derrotados los Tercios otra vez, como suele ser habitual en los últimos trescientos años, queda por ver cómo afrontará España este nuevo desastre. Una vez más, solo existe una solución al mal que nos desangra y empequeñece: democracia y regeneración. Pero los españoles se reconfortan de la destrucción, propia y ajena, así que apuesten por la negación, la involución y el porrazo. Ojalá me equivoque.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bruselas GTRESONLINE / ALAIN ROLLAND
Entre las 12:30 y las 13:00 horas del 29 de octubre pasado, un Skoda Octavia con los cristales tintados entra en la urbanización Golf de Girona, en Sant Julià de Ramis. Al volante del coche oficial va el mosso d’Esquadra 2684. Nadie le acompaña. La escena no es extraña para los residentes. El destituido Carles Puigdemont y su familia han regresado al chalet que dejaron en 2007, cuando se convirtió en el aspirante de CiU a la alcaldía de la capital gerundense.
Lo que no pueden imaginar sus vecinos es que la próxima vez que vean al expresident de la Generalitat será en televisión, a 1.200 kilómetros de allí. En las 48 horas que van de ese momento a la reaparición de Puigdemont en Bruselas resultan clave dos agentes de su escolta, otros dos mossos que son pareja, la esposa del expresident y un todoterreno que cruza la frontera con Francia sin papeles en la guantera.
El día de la fuga de Puigdemont es domingo. Dos días antes, un Consejo de Ministros extraordinario ha resuelto aplicar el artículo 155 en Catalunya y cesar a todo el Govern. La Fiscalía ya ha anunciado que presentará una querella contra Puigdemont y los consellers por rebelión en la Audiencia Nacional. Encima de la mesa está que la Fiscalía pida prisión para todos ellos y la jueza Carmen Lamela acuerde encarcelar a los miembros del Gobierno cesado por la vía del artículo 155.
Al mediodía de ese domingo, el sargento 2684 entra y sale varias veces del domicilio que Puigdemont comparte con su esposa, la periodista Marcela Topor, y sus dos hijas. El cabo al frente del dispositivo de escolta en ese momento, agente 5431, asegura después a Asuntos Internos que vio por última vez al expresident entre las 13:00 y las 14:00 horas, un rato después de que entrara a la vivienda por primera vez el sargento.
A 50 kilómetros de allí, en la localidad de Llinars del Valles, vive el matrimonio formado por un cabo de la Brigada Móvil y una subinspectora de Tráfico. Ese domingo ha ido a visitarles un amigo, agente destinado en la escolta de Puigdemont. El sargento 2684, el que luego llevaría al expresident a Bruselas, aparece en la vivienda en plena visita a la pareja de su compañero de escoltas. Son casi las seis de la tarde. El sargento pide al matrimonio que le presten un coche discreto para un asunto relacionado con el trabajo. Así lo han contado con posterioridad a la División de Asuntos Internos.
El sargento no da más explicaciones, pero pide a los dos hombres que vayan con él. A su compañero del equipo de escoltas le indica que se ponga al volante del coche oficial de Puigdemont. Al cabo de la Brigada Movil le solicita que les siga con el vehículo familiar, un todoterreno de la marca Mazda de color blanco. Van a dirigirse al domicilio de Puigdemont. Nadie hace preguntas, según la declaración del agente de su escolta a los agentes de Asuntos Internos.
Cambio de coche en el punto acordado
A dos kilómetros de la urbanización Golf de Girona los vehículos se detienen. El sargento cambia de coche, se monta en el vehículo oficial y pide a sus dos compañeros que esperen en el todoterreno. Cuando quedan pocos minutos para las ocho de la tarde, el sargento dice a los agentes que custodian el domicilio que tiene que entrar con el coche oficial al garaje para dejar unos paquetes.
En ese momento, sale en otro coche la mujer de Puigdemont. Entra entonces el sargento con el Skoda. A los cinco minutos, el mosso vuelve a salir del garaje con el coche oficial. Los agentes del dispositivo no ven que nadie le acompañe, pero al poco, el sargento llega al punto de encuentro con sus dos compañeros. Del vehículo oficial desciende el expresident.
La mujer de Puigdemont había regresado a casa enseguida. Los investigadores sospechan que Puigdemont salió oculto en el vehículo de su esposa por si había en la zona presencia de los servicios de Información del Estado. Puigdemont cambió el coche de su mujer por el Skoda oficial en un punto acordado. De ahí fue a encontrarse con los dos mossos que esperaban en el todoterreno.
Antes de desaparecer con el president en el 4X4, el sargento 2684 pide a sus compañeros una última cosa, que devuelvan el vehículo oficial al Complejo Central de los Mossos, en Sabadell. Lo pueden hacer esa misma tarde o al día siguiente. Cuentan a Asuntos Internos que deciden hacerlo al día siguiente, así que regresan con el Skoda Oficial a casa del agente de la Brigada Movil, en Llinars del Valles.
Estación de servicio en Francia, 23:20 horas
Una vez en su casa, el cabo recibe una llamada del sargento. El todoterreno no lleva la documentación y le pide que se la acerque a la primera área de servicio que se encuentre en Francia, una vez superado el paso fronterizo de La Jonquera. En el mismo coche oficial de Puigdemont, los dos mossos emprenden camino y llegan al lugar acordado a las 23:20.
Al llegar se acercan al todoterreno, pero el sargento no está acompañado de Puigdemont sino de un hombre al que identifican como un amigo del expresidente al que han visto en otras ocasiones. Los agentes aseguran no saber cómo se llama. El empresario Josep Maria Matamala aparece recurrentemente en las imágenes que luego captan a Puigdemont en la capital belga durante los primeros días.
"Me voy a Bruselas", han asegurado después los mossos que les dijo el sargento. Al anuncio, el agente 2684 añade otra petición para su compañero de escoltas: "Llama mañana al jefe y pídele unos días de permiso para mi". Su compañero le pregunta si el inspector jefe de Area d’Escortes (Área de Escoltas) sabe que se va a Bruselas. El sargento que protagonizó la fuga de Puigdemont responde que su superior sabe a dónde va. Este mando ha negado esa versión ante Asuntos Internos, según las fuentes consultadas.
El mando y su subordinado aseguran que éste le telefoneó a las 7 de la mañana para que se vieran cuanto antes y que el inspector no se paró a preguntar qué quería. Fue después durante el encuentro en persona, cuando el jefe del área de escoltas se enteró de lo que había ocurrido, según ha declarado.
"El president no está en casa"
El jefe de escoltas llama entonces a los agentes que vigilaban el domicilio de Puigdemont para preguntarles si el presidente está allí. Le contestan que creen que sí, que no le han visto salir, pero que lo van a comprobar. Tocan el timbre y abre Marcela Topor. “El president está bien, pero no está en casa”, les comenta escuetamente. El jefe de escoltas avisa al comisario Joan Carles Molinero i Juncà, jefe de Coordinación Central, quien informa de inmediato a Ferran López, el nuevo ‘major’ de los Mossos. Éste ordena de inmediato la apertura de una información reservada a la División de Asuntos Internos (DAI).
Ese mismo día, 30 de octubre, cuando se cumplen 24 horas de la fuga de Puigdemont, la Fiscalía presenta una querella por rebelión contra el expresidente y todos sus consellers. Cinco de éstos ya están en Bélgica con el destituido presidente de la Generalitat. El 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordena la detención de los seis.
Entre tanto, los agentes de Asuntos Internos de los Mossos han arrancado su investigación. Interrogan a cuatro compañeros y realizan las primeras comprobaciones. De forma provisional, pero inmediata, el ‘major’ López resuelve apartar de sus funciones al sargento con número de identificación 2684. Todos los agentes destinados a la escolta de Carles Puigdemont son relevados de sus funciones.
Puigdemont logra acuerdo para volver a presidir la Generalitat de Cataluña
El expresidente regional de Cataluña, llegó este martes a un acuerdo con la Izquierda Republicana de Cataluña para intentar ser investido nuevamente como presidente de la Generalidad de esa región autónoma española
Foto:telesurtv.net
El expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, llegó este martes a un acuerdo con la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), uno de los partidos independentistas del Parlamento regional, para intentar ser investido nuevamente como presidente de la Generalidad de esa región autónoma española, destaca la información de la cadena multiestatal Telesur.
El consentimiento se logró tras una reunión celebrada entre Marta Rovira, una de las líderes del ERC, y el propio Puigdemont, en nombre de Juntos por Cataluña (Junts per Cataluny).
La reunión entre ambos partidos, que están entre los tres más votados en las últimas elecciones regionales catalanas de diciembre, se produjo en Bruselas, capital de Bélgica, donde Puigdemont se encuentra lejos de la justicia española.
Fuentes de ERC informaron que Puigdemont propone una investidura vía Skype o con un discurso leído por otra persona. La constitución de la Mesa del Parlamento está fijada para el próximo miércoles 17 de enero.
Insiste en su empeño de dirigir una República desde Bruselas y antes de que exista la focaliza en el mundo virtual. Puigdemont crea y también cree. Sólo vislumbra una vía: revalidar el cargo telemáticamente. Una tesitura compleja, pero desde la perspectiva-Puigdemont posible. No tanto desde la perspectiva legal, porque aunque lograra la mayoría en la votación no tendría reconocimiento ni por parte del Estado ni tampoco por la oposición parlamentaria. Algo que parece no importar al expresidente de la Generalitat. Huído en Bélgica ha creado su particular oficina política, su fuga no le impide convocar reunione con un equipo decidido a investirlo presidente. Junts per Cataluña en intentos de negociaciones con Esquerra para la constitución de la mesa del Parlament, de momento sin el PDeCat.Difícil el acercamiento, pero todo indica que están destinados a dejar de lado las diferencias para aunar fuerzas. Puigdemont concede entrevistas, envía mensajes y continúa firme en su convencimiento, mientras el mapa político catalán aún está sin esbozar.
Roger Torrent, nuevo presidente del Parlament. Foto: Europa Press.
Las fuerzas políticas Junts per Catalunya (por la que se ha presentado el expresidente catalán Carles Puigdemont) y ERC (candidatura del exvicepresidente Oriol Junqueras), principales partidos independentistas de la región, apoyaron este 17 de enero la conformación de la nueva Mesa del Parlament, con el diputado independentista Roger Torrent, de ERC, como presidente.
Ha sido el primer cargo elegido en esta sesión y se ha impuesto por mayoría simple en una segunda ronda al candidato de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, obteniendo el voto de 65 diputados independentistas. Se convierte en el presidente del Parlamento catalán más joven desde el restablecimiento de la democracia en España tras el franquismo.
En ese acuerdo se preveía que estaría presidida por un miembro de ERC, mientras que el candidato a la investidura sería el líder de JuntsxCat, Carles Puigdemont.
En la segunda elección del Pleno se han escogido los dos vicepresidentes del Parlament. Josep Costa, de JuntsxCat, y José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, formarán parte de la mesa en calidad de vicepresidentes, con 65 y 57 votos respectivamente. Las secretarías de la Mesa son para Eusebio Campdepedrós (JuntsxCat), David Pérez (PSC), Joan García (Ciutadans) y Alba Vergès (ERC).
Tras la elección de todos los miembros de la Mesa, Elisenda Alamany, de Catalunya en Comú, ha denunciado que su composición no respeta la ley de igualdad, al contar tan solo con una mujer en un órgano que tiene siete miembros, precisamente en la legislatura que cuenta con un mayor número de diputados mujeres según ha afirmado la propia Alamany.
La importancia de estos siete puestos radica en que, finalmente, estas personas decidirán cómo se celebrará la futura sesión de investidura y, más en concreto, si el candidato presidenciable puede comparecer de forma telemática, como pretende hacer el expresidente Carles Puigdemont desde Bruselas.
Constitución del Parlamento tras las elecciones anticipadas
Hoy se ha celebrado en el Parlamento de Cataluña la sesión de constitución de la nueva legislatura tras las elecciones del 21 de diciembre. Ciudadanos, partido constitucionalista y contrario al ‘proces’, fue el más votado, aunque la suma de escaños ofrece una mayoría independentista en el hemiciclo.
Esta primera sesión de la cámara catalana ha contado con la ausencia de ocho diputados independentistas. Siete de ellos pertenecen a la candidatura del expresidente catalán Junts per Catalunya. Se trata del propio Carles Puigdemont y otros cuatro diputados electos que le acompañan en Bruselas. Los cinco se encuentran acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Además, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y Jordi Sánchez (número 2 de JuntsxCat) se encuentran en prisión acusados de los mismos delitos. El octavo diputado que no ha podido asistir a la constitución del Parlament es el ex vicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, que también se encuentra en la cárcel por la misma causa.
Los tres diputados en prisión han solicitado el voto delegado, que ha sido ejercido en su nombre por otro diputado presente en el hemiciclo. La Mesa de Edad del Parlamento ha aceptado su solicitud, ya que el informe de los letrados del Parlament les ofrecía esta potestad. Los diputados que están en la capital belga no han solicitado este tipo de voto, por lo que no han podido ejercerlo de ninguna manera en el día de hoy.
El pleno se ha desarrollado sin apenas incidentes. Tan solo se pueden reseñar la llamada a la reconsideración de la Mesa de Edad de la aceptación de la delegación del voto de los tres diputados encarcelados, hecha tanto por Ciudadanos, como por el Partido Popular. Además, se han producido sonoros aplausos por parte de los diputados independentistas cada una de las veces que durante los llamamientos a los diputados a votar, se ha pronunciado el nombre de aquellos que se encuentran ausentes, por estar en Bruselas o en prisión.
Tras la constitución de la Mesa del Parlamento en esta primera sesión de la legislatura, el próximo reto de la cámara catalana será la investidura de un Presidente del Govern. El candidato de los independentistas para la investidura es el expresidente cesado Carles Puigdemont.
El presidente del Parlament puede proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat, tras reunirse con los miembros de los partidos con representación en la Cámara. Cuenta para ello con un plazo máximo de 10 días hábiles, por lo que la primera sesión del debate de investidura tendrá que ser el 31 de enero como muy tarde.
La principal duda se cierne, pues, sobre la posibilidad de que Puigdemont sea investido presidente. Hay que tener en cuenta que pesa sobre él una orden de detención que se haría efectiva en cuanto regresara a España.
Por ese motivo, JuntsxCat y ERC están interesados en que la investidura se lleve a cabo sin que sea necesaria la presencia física de Carles Puigdemont en la cámara. El asunto es controvertido desde varios puntos de vista. De momento, los letrados del Parlament ya se han pronunciado, rechazando que se le pueda investir por vía telemática, ya que consideran “imprescindible” la asistencia de los protagonistas al debate. El reglamento de la cámara, que no contempla este escenario, tampoco contiene indicaciones explícitas al respecto.
Independentismo catalán asegura control de la Mesa del Parlament
El foco de atención se desplaza ahora al debate de investidura del presidente de la Generalitat catalana, y la Junts per Catalunya insiste en que solo puede asumir ese cargo Carles Puigdemont
BARCELONA, España, enero 17.— La nueva legislatura catalana tendrá una Mesa de dirección con mayoría independentista (cuatro de los siete puestos) garantizados por el voto de esas agrupaciones, que también constituyen mayoría en el Parlament. Será presidida por Roger Torrent, de la ERC (Esquerra Republicana de Cataluña).
Según El País, el foco de atención se desplaza ahora al debate de investidura del presidente de la Generalitat catalana, y la Junts per Catalunya insiste en que solo puede asumir ese cargo Carles Puigdemont, a pesar de que su líder permanece en Bruselas y el reglamento no permite la elección telemática, añade el diario español.
La investidura a distancia de Puigdemont abocaría a un nuevo choque con el Gobierno español que encabeza Mariano Rajoy, que ya ha advertido que la recurriría.
«Confiamos en que en dos semanas podremos traer al debate de investidura al president Puigdemont. Entendemos que es lo que refleja la voluntad de las urnas», afirmó al acabar la sesión de constitución del Parlament la diputada Elsa Artadi, quien fue directora de campaña de Junts per Catalunya.
La Vanguardia describió así el escenario en Barcelona: Con los sillones del Govern vacíos en el pleno de constitución del Parlament por primera vez y lazos amarillos en los escaños vacíos y las solapas arrancó la XII Legislatura. Y con el presidente de la Cámara más joven de la restauración, Roger Torrent, apuntalado por una mayoría soberanista mientras Ciutadans y el Partido Popular de Cataluña mostraban las garras, transportando a los presentes en el tiempo por un instante al ya lejano mes de septiembre. Pero solo fue un atisbo. Todo siguió con el guion previsto sin mayores altercados.
Antes de que todo eso aconteciera hubo un sentido discurso de Ernest Maragall, que hizo notar esa ausencia desde un primer momento y pronunció un alegato en favor de la libertad de los políticos que están encarcelados en Estremera y Soto del Real por el referéndum del pasado 1ro. de octubre, y reclamó que pudieran estar presentes en esa sesión constitutiva también los cinco diputados electos que están en Bruselas, con Carles Puigdemont a la cabeza.
A su vez, El País señala que el nuevo Presidente del Parlament dijo el pasado día 8 que el debate sobre la interpretación del reglamento era un aspecto técnico que correspondía resolver a los letrados. El empecinamiento de la Junts per Catalunya por investir a Puigdemont será, pues, una de las primeras pruebas de fuego a las que tendrá que enfrentarse Torrent, opinó El País.
El pleno de investidura debe celebrarse antes del 31 de enero.
Juan Ignacio Zoido admite que el Gobierno de España contempla la posibilidad de que el expresidente catalán reaparezca para ser investido en el Parlamento autonómico.
El ministro de Interior español Juan Ignacio Zoido junto a su homólogo francés en París. 23 de agosto de 2017.
Philippe Wojazer / Reuters
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El ministro de Interior español Juan Ignacio Zoido ha confirmado que las fuerzas de seguridad del Estado realizan seguimientos al expresidente catalán Carles Puigdemont desde que llegó a Bruselas. Su objetivo es evitar que el candidato a la presidencia de la Generalitat, al que la justicia española reclama, "pueda cruzar la frontera en helicóptero, en barco o en el maletero de un coche".
Al ser preguntado durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 sobre la posibilidad de que Puigdemont burlase los controles, Zoido ha respondido que están trabajando "para que eso no pueda ocurrir, en la frontera y dentro de la frontera, en todos los sitios", mientras confirmaba que los aeropuertos se encontraban incluidos en esa vigilancia, "aunque hay muchos caminos rurales y se puede entrar por barco, en helicóptero o por ultraligero". "Vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche", ha zanjado el ministro.
Zoido ha vuelto a descartar que el expresidente catalán pueda ser investido presidente de la Generalitat telemáticamente: "Al igual que con el 155, cualquier actitud ilegal será combatida con la ley en la mano". Además, ha calificado de "barbaridad" esa posibilidad, que supondría un recurso inmediato del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de España.
Puigdemont se encuentra en estos momentos en Copenhague, adonde llegó ayer procedente de Bruselas. Sobre el expresidente catalán pesa una orden de detención en España para ser juzgado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
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