Mucho se oye hablar por estos días de propiedad intelectual, de la española Ley Sinde, la francesa Ley Hadopi, del llamado Acuerdo Comercial Anti-falsificación (conocido por ACTA), de las declaraciones de funcionarios, artistas y empresarios, de las protestas de los usuarios acerca de estas disposiciones, sin dudas más restrictivas que las vigentes, en contra del intercambio de “contenidos”, léase música, películas, software, libros, u otras obras “protegidas” por el copyright. Pudiera parecer una batalla entre creadores y usuarios en los que unos trabajan y crean y otros quieren disponer de esos resultados de forma gratuita. El dilema no es tan sencillo.