Por Campo Elías Galindo A.  

Desde fines del año pasado, cuando Juan Manuel Santos anunció su intención reeleccionista y los diálogos de paz en La Habana debieron prorrogarse de nuevo, quedó claro en todos los análisis  que el asunto de la  negociación del conflicto armado iba a ser el  eje de los debates electorales del primer semestre de 2014 en Colombia. Ese vaticinio pareció desmentido por el mercado persa de los avales y las microempresas electorales para la elección del congreso el 11 de marzo. Sin embargo volvió a ser válido en la primera vuelta de las presidenciales que acaban de concluir, y para la segunda, ese tema de la guerra y la paz monopoliza como nunca antes la agenda política nacional.

Solo veinte días separan la primera de la segunda vuelta que disputarán Santos y Zuluaga. No es de esperar que la mediocridad del debate precedente cambie en esta recta final, y más bien la experiencia de situaciones similares nos anuncia nuevos codazos y zancadillas en la definición presidencial que se avecina.

El triunfo del uribismo en la primera vuelta se confunde de varias maneras con una derrota de la esperanza en un país moderno. En primer lugar, porque el candidato ganador no cree en la solución negociada del conflicto armado de más de medio siglo que ha marcado la historia colombiana, y en segundo lugar, porque es un aprendiz avanzado del “todo vale” en las luchas por el poder que practicó y sigue practicando su mentor Álvaro Uribe. Estamos ante una derrota transitoria de las negociaciones que avanzan en La Habana entre el estado y la insurgencia, a manos de una extrema derecha carente de escrúpulos éticos que apoya sus métodos en el miedo y en la calumnia a los contrincantes. Convertir esta derrota en definitiva es la apuesta del uribismo para la segunda vuelta de la elección presidencial, mientras las fuerzas que luchan por la pacificación, más diversas y dispersas, barajan estrategias que las conviertan en el actor político que incline hacia la paz la coyuntura nacional actual.

Como en todo episodio de segunda vuelta presidencial, las alianzas constituyen el juego determinante para las opciones en contienda. Una mirada a las cifras de la primera, hace pensar en un triunfo aunque no holgado de la política de paz el 15 de junio, que dependerá principalmente de la capacidad de movilizar a quienes se abstuvieron y quienes votaron en blanco el 25 de mayo.

El nuevo falso positivo del expresidente Uribe sobre dineros mafiosos en la campaña de su adversario y el espionaje ilegal contra la negociación de La Habana, convirtió en escandalosa la primera vuelta y le dio un ambiente de matoneo que favoreció a las huestes uribistas, redujo el nivel intelectual de la discusión programática y, arrojó una abstención del 60% que es de las mayores en la historia reciente del país, más alta incluso que la del 56% de las parlamentarias del pasado 11 de marzo.

El resultado electoral consolida una tendencia de estrechamiento del sistema político que podría agravarse con un próximo triunfo de Zuluaga. Ese sistema está sostenido por un tejido clientelista geográficamente distribuido en todas las regiones, que aprendió a aprovechar las olas de “prosperidad” para consolidarse y, por la manipulación de la ignorancia en los sectores más humildes para inducir miedos al cambio y a lo nuevo, incluída la paz. Gran parte del uribismo sobrevive por la necesidad subconsciente de un padre autoritario y severo, que muchos colombianos añoran para que los proteja del comunismo, del ateísmo, de los “terroristas vestidos de civil”, del “castrochavismo” y otras fábulas que la extrema derecha va inventando para alimentar los miedos de la gente. A ese ritmo el sistema político se va anclando con más fuerza al pasado, a la seguridad “democrática”, esa modalidad de guerra fría extemporánea que nos impuso a los colombianos durante ocho años un caudillo con aires de Mesías.

Esa parábola descendente del establecimiento político que se expresa en los altos índices de abstención y correlativamente en el triunfo de las derechas, produce un vaciamiento paulatino de opciones democráticas dentro de las instituciones, que las va convirtiendo en cascarones vacíos donde no se decide nada en favor de las mayorías ciudadanas. Esa es la percepción mayoritaria en la amplia masa abstencionista y la que ha votado en blanco en las recientes elecciones.

Lo que aparece claro es que la única opción que tiene el sistema político colombiano para oxigenarse, es decir, para recuperar legitimidad y hacer viable por lo menos una democracia liberal, es abrirse a la participación de sectores sociales y actores políticos nuevos en la construcción de un nuevo proyecto de país. Ese es el sentido fundamental de las negociaciones del conflicto armado en La Habana. El avance de los diálogos de paz significa hoy la posibilidad de entrar en una dinámica de reformulación de acuerdos nacionales que permitan pasar la página de la violencia y proyectar un futuro por fuera del círculo vicioso de los odios.

Las estrategias de la prolongación de la guerra, del recorte de garantías democráticas y del “todo vale” en el tratamiento a los contradictores, es decir, el cerramiento del sistema político a la oposición, es el camino suicida que la oligarquía uribista quiere imponerle al conjunto del estado. Ese es su norte y en esa perspectiva se apresta a patear la mesa de diálogos con las FARC. Esa fuerza social y política tiene una catadura premoderna que le impide concebir un proyecto de estado legitimado mediante la participación ciudadana y el estricto apego a las instituciones y a la ley.

Pero el fenómeno del abstencionismo en Colombia tiene otras facetas que son importantes de resaltar. Hasta ahora, la mayor participación ciudadana había ocurrido en los comicios presidenciales, lo que de alguna manera expresaba: primero, la prioridad que los votantes daban a la representación nacional respecto a la regional, segundo, la existencia de organizaciones partidistas nacionalmente definidas por opciones políticas de amplio espectro, y tercero, un imaginario sobre la política que alcanzaba a desbordar las relaciones sociales locales e inmediatas.

El mayor abstencionismo electoral en las presidenciales de 2014 respecto a las respectivas parlamentarias, expresa precisamente esa tendencia de crisis de proyectos, partidos y programas nacionales con capacidad de inclusión, en favor de un faccionalismo crónico que las clases dominantes del país habían empezado a superar hace más de ochenta años. El imaginario actual sobre la política en Colombia ya no abarca a la  nación; ahora es la microempresa regional y local su paradigma organizativo.

La microempresa electoral como paradigma organizativo, sin embargo, no es la causa sino el efecto de los protagonismos que recientemente se están barajando en la política. Es ante todo el  protagonismo de los poderes locales, adversos a un proyecto nacional moderno y unitario, los que vuelven al liderazgo político de la mano del uribismo. De esa organización que jactanciosamente se define como provinciana, pero agregarían quienes la han estudiado a fondo, provinciana insurrecta: algunos investigadores del fenómeno de la parapolítica, lo han señalado como expresión armada de la insubordinación histórica de nichos locales de poder, respecto a cualquier gobierno central que los quiera meter en cintura para adelantar un proyecto de unidad nacional moderno.

De manera que la crisis de la política dominante también se expresa en el faccionalismo que protagoniza la extrema derecha, el derrumbe del imaginario nacional y su reemplazo por la política al menudeo donde sus microempresarios se reparten la burocracia, el presupuesto público y los contratos con el estado.

Los días están contados para que este pueblo sumiso sea otra vez llevado al matadero, es decir, a la guerra interminable entre colombianos que promete continuar Zuluaga, el candidato de Álvaro Uribe. Pero aún es tiempo de reaccionar juntando las voluntades de paz que hay en todos los sectores de la sociedad y movilizando a aquellos abstencionistas dispuestos a votar por la convivencia y la solución dialogada de nuestros grandes conflictos. Hace doce años los ideólogos de la violencia les vendieron a los colombianos la idea de acabar con las FARC por la vía militar. Ocho años tuvieron para hacerlo y ahora quieren que les demos otros ocho, y así sucesivamente porque al fin de cuentas, su guerra la hacen con hijos ajenos, con los hijos de los pobres.

La solución negociada del conflicto armado es una  necesidad histórica de la sociedad colombiana. Cualquier “pero” encierra una mezquindad. Toda guerra es en sí misma una situación de impunidad descontrolada donde unos contrincantes se aplican mutuamente sus propias “justicias”; si fueran los jueces los que definieran el final de las guerras, o quienes las negociaran, ellas serían eternas; todas estarían vigentes. La única salida posible es la paz política y negociada, donde la justicia cumple un papel accesorio y se aplica en función de la convivencia misma. Los colombianos no nos podemos dejar confundir como hace doce años por los justicieros de ocasión, que repartieron impunidad mientras gobernaron y ahora que no lo hacen, posan como campeones de la severidad penal. Ellos permitieron que Mancuso, Báez y compañía intervinieran en el congreso de la República de Colombia, pero ahora niegan la misma posibilidad a insurgentes que hayan firmado la paz y abandonado las armas.

El debate para la segunda vuelta de las presidenciales está prendido. No está en juego el asunto de la ética pública y la corrupción, pues ambas campañas se han ensuciado lo suficiente en la contienda, sin mencionar sus cuestionadas trayectorias y sus aliados de dudosa reputación. Tampoco está en juego el modelo económico, ya que el libre comercio, los TLCs, el extractivismo, las privatizaciones y la “confianza inversionista” constituyen el credo de ambos candidatos. Lo que sí divide y tiene carácter decisorio en este certamen es el tema aún más crucial de la paz nacional. Después de sesenta años de violencia, un acuerdo de paz significa una línea divisoria de aguas, el final de muchos procesos y el inicio de otros, una luz al final del túnel que alumbrará sobre la economía, el ordenamiento territorial, la cultura y principalmente, sobre el orden político y la tramitación de los conflictos sociales.

No es desde luego, la primera vez que la presidencia en Colombia se juega alrededor de los asuntos de la guerra y la paz. Pero nunca las alternativas habían sido tan opuestas y polarizadas, ni habían tenido lugar en simultaneidad con una negociación. La ruptura de ella y ocho años más de seguridad “democrática” podrían ser un costo definitivo que paguemos como sociedad, si no frenamos a tiempo el avance de una extrema derecha que necesita un enemigo armado al cual amarrar su propio discurso. En otras palabras, el uribismo necesita a las FARC como al aire que respira, mientras los ciudadanos necesitamos desarmarlos a ambos mediante un diálogo nacional que nos permita a todos algún día amanecer en paz.

28 de mayo de 2014.

El copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara y senador electo por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, valoró la puesta en marcha del Consejo Nacional de Paz por parte del Gobierno Nacional y reiteró que se deben abrir más espacios alternativos para garantizar la participación de la sociedad civil en la construcción del fin del conflicto.
 

Cepeda dijo que el Consejo Nacional de Paz es una puerta que se abre para la participación de la sociedad en el proceso de negociación con las Farc y el eventual diálogo con el ELN, a través de sectores y líderes que puedan canalizar las propuestas de los colombianos.

 

“Muchos sectores sociales y políticos han reclamado tener un espacio de participación en la construcción de la paz. Es el escenario que se necesita para que los gremios económicos, junto a campesinos, trabajadores, grupos étnicos, y la academia puedan expresarse sobre el diseño de la posguerra, con qué condiciones debe proyectarse una transición de la violencia hacia paz”, dijo el congresista.


En cuanto a la actual coyuntura electoral, manifestó que es imposible que el proceso y la reapertura del Consejo Nacional de Paz se abstraigan de esa discusión. “Este órgano se reúne en medio de unas conversaciones que vienen siendo exitosas, que ha evacuado tres puntos de la agenda temática. El próximo 15 de junio los ciudadanos deben tomar con responsabilidad la  votación, porque de ella depende el proceso y que se eviten miles de muertos para el futuro de Colombia”, concluyó.
 

Cepeda reiteró la disposición de la Comisión de Paz de la Cámara para acompañar al Consejo Nacional de Paz en las labores que requieran, y afirmó que una de las primeras tareas del Consejo será hacer difusión de los resultados de la mesa y construir consensos con los sectores que lo requieran.

28 de mayo de 2014.

Por Ómar G. Ahumada Rojas / El Tiempo  

Presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá dice que el Ejecutivo ya decidió por ellos.

Sin confirmar si abandona la lucha por participar en la puja por el control de la generadora de energía Isagén, aunque todo parece indicarlo así, la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) siente un fuerte malestar por las decisiones que ha tomado el Gobierno, tanto en este caso como en la reciente adjudicación de seis proyectos de expansión eléctrica a su competidor Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) en forma directa.

La presidenta de la compañía, Sandra Fonseca, dice que las señales de las entidades estatales muestran que la puja está dirigida a un inversionista extranjero.

¿Es cierto que se retiran de la puja por Isagén?

Más que eso, estamos muy tristes porque el Gobierno Nacional nos limitó el crecimiento con los condicionamientos que el Superintendente de Industria y Comercio ad hoc confirmó. Aunque estamos precalificados, entendemos que la intención del Gobierno es limitar el crecimiento de la EEB.

¿Se sienten discriminados?

Estamos esperando a ver cómo salen los condicionamientos de EPM, pero entendemos que la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) nos permitiría comprar Isagén. Así que consideramos, por decir lo menos, injusta la decisión del Gobierno sobre la participación de la EEB en Isagén. Los bogotanos deben entender que la EEB debe crecer y nos están limitando el crecimiento en Colombia.

¿Acudirán al Consejo de Estado por la decisión del Superintendente ‘ad hoc’?

Estamos analizando todas las opciones. Lo que pasa es que la defensa de los intereses de la empresa nos toca hacerla a largo plazo. Cualquier acción solo tendría resultado a largo plazo. Estamos mirando qué vamos a hacer.

¿Le manifestarán al mercado y al Gobierno que ya no van en el proceso?

Entiendo que el Gobierno Nacional tomó esta decisión por nosotros, con la decisión del Superintendente ad hoc.

¿EPM tiene un régimen especial o se aplica el mismo que a ustedes?

No creo que tengan un régimen especial. Todas las empresas de servicios públicos estamos vigiladas por las comisiones de regulación, sin importar si son públicas o privadas. La ley dice que la regulación se aplica a todos de manera igualitaria. No veo por qué EPM o ninguna otra empresa deba tener un régimen especial.

¿Van a esperar las decisiones sobre EPM y Gas Natural para decidir?

El Gobierno había dicho que iba a resolver todas las solicitudes y los recursos al mismo tiempo. Y lo que hizo fue resolver nuestro recurso y reactivar el proceso. Nos toca esperar a ver qué decisiones van a tomar respecto a las otras empresas que están solicitando el concepto de integración.

¿La misma lógica aplicada a la EEB cobijaría a EPM, al tener exposición en el mercado de generación y en negocios de gas?

Así es. Realmente estamos muy tristes.

¿En la junta directiva hay un lineamiento definitivo?

Tendremos que ver qué definen en la próxima reunión, pero los condicionamientos son inaceptables.

¿A que tendrían que renunciar concretamente?

A una empresa más grande, como Emgesa, para comprar una más pequeña como es Isagén y eso no tiene sentido. La decisión de la Superintendencia desconoce que no controlamos Emgesa.

¿Sienten que el proceso se está gestando para un inversionista extranjero?

Sí. Al limitar nuestra participación, el Gobierno está dando una señal para que sea una inversión extranjera la que vaya por Isagén.

Si interponen una acción ante el Consejo de Estado, ¿el proceso se frena?

Tendríamos que tomar acciones legales, pero por ahora no sabemos qué pasará. Lo cierto es que el Gobierno Nacional ya tomó la decisión.

¿La adjudicación directa de proyectos a ISA también los discrimina?

Sí. La decisión del Ministro de Minas respecto a asignarle directamente las líneas a ISA también es una decisión contraria a la competencia del mercado. Hemos ganado todas las líneas en competencia y no entendemos por qué ahora se las dan a ISA. Si fuera realmente un asunto de emergencia, hubieran adjudicado unas a ISA y otras a la EEB, para que puedan hacerlo más rápido. Esa es otra decisión que muestra que el Gobierno Nacional no tiene consideración con la Empresa de Energía de Bogotá.

Asignación directa a ISA de proyectos es ‘ineficiente’

Junto a Isagén, el otro golpe recibido por la EEB fue la adjudicación directa a la estatal Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) de la construcción de seis proyectos de nuevas redes de transmisión de energía en la Costa Atlántica por los que aspiraba a concursar.

La presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Sandra Fonseca, envió una carta al ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, en la que manifiesta su inconformidad, ya que se estarían incumpliendo varios preceptos de la Ley de Servicios Públicos.

“Recibimos con una gran preocupación por el futuro de la expansión eficiente del Sistema de Transmisión Nacional, y de la participación competitiva de los inversionistas, la Resolución 9 0506 del 2014, donde se asigna de manera directa e ineficiente, proyectos a ISA por más de 400 millones de dólares, sin restricciones de Capex (capital), a una tasa mayor que la derivada de los procesos de competencia y con un período de recuperación de la inversión inferior al de las convocatorias de la Upme”, señala la comunicación.

Fuentes oficiales explicaron que luego de que el año pasado la Upme hizo una promoción con inversionistas nacionales y extranjeros, a la que asistieron firmas de España, Corea, Canadá y Portugal, entre otras, algunas compraron los pliegos, para estructurar posibles propuestas.

A uno de los procesos ya asignados por convocatoria se presentó la compañía española Abengoa, firma sevillana especializada en energía y medio ambiente, aunque durante la audiencia no presentó la oferta.

El ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, dijo que esta solicitud será analizada, así como un decreto que se tramita en Presidencia, que modifica la metodología para establecer el cargo por red, pues el objetivo es que el ritmo de las obras se pueda acelerar.
"Ambas cosas están en discusión", indicó el funcionario.

El Tiempo, Bogotá, 26 de mayo de 2014.

Pulzo.com  

Nuevas evaluaciones realizadas por los economistas Juliana Londoño y Facundo Alvaredo —que trabajan bajo la supervisión del economista francés Thomas Piketty, reconocido autor del libro El capital en el siglo XXI —, encontraron que la dimensión del fenómeno de desigualdad en Colombia realmente supera el dato oficial, publica El Tiempo.

El dato sale de las encuestas de hogares que publica el DANE. Alvaredo y Londoño revisaron las declaraciones de renta y encontraron que en los niveles más altos de la población colombiana los ingresos son superiores a los que revela la encuesta del Dane, agrega el mismo medio.

Si en el año 2010 la medida de desigualdad (el coeficiente de Gini) era de 55,4, su corrección con base en el pago de impuestos da 58,7. Este hallazgo podría motivar a que “los ricos estén menos dispuestos a revelar el total de sus ingresos ante un encuestador del Dane que frente a una autoridad como la Dian”, indicó Londoño a El Tiempo.

Pero ya desde 2008 este índice había alcanzado un techo enorme, ubicándose en 59 y siendo uno de los más altos del mundo, “si no el más alto del planeta y de América Latina, la región más desigual del mundo”, indicó Jairo Nuñez, de Fedesarrollo, a Semana, según artículo que reproduce Conexión Colombia.

Entre más cercano a 100, hay más desigualdad, y entre más cercano a cero, significa mayor equidad. Colombia con ese 58,7 está muy lejos de alcanzar dicha equidad.

Un ejemplo que demuestra la brecha económica en el país o donde queda evidenciada la desigualdad, se ve reflejada en que el ingreso de un chocoano promedio apenas alcanza la sexta parte del de un bogotano, señala Conexión Colombia.

Y también está que el desarrollo económico del país se concentra solo en sus diez principales ciudades, que crecen y son polos de desarrollo, mientras 800 municipios de un total de 1101 – más de la tercera parte del país— luchan por sobrevivir a niveles de pobreza superiores al 66 por ciento, adiciona el mismo portal.

El mismo artículo presenta otro dato que sorprende: el 35% de los subsidios que desembolsan las entidades públicas va al 20% más rico de la población. Esto evidenciaría a la debilidad institucional como una de las generadoras de desigualdad en el país.

Londoño señala, además, que una de las razones de la desigualdad está en una “política tributaria débil” caracterizada por “los recortes de impuestos”. Colombia brinda exenciones tributarias a las empresas para estimular el empleo, pero estaría sucediendo lo contrario. La investigadora explicó a El Tiempo que estos recortes motivaron a los gerentes “hacia el aumento de sus propios sueldos, en detrimento de la expansión empresarial y del empleo”.

En últimas, de la misma forma como sucede en Estados Unidos, en Colombia los tributos realmente estarían aumentando las cifras de desigualdad económica, como lo encontró Thomas Piketty. “En la medida en que han aumentado las tajadas del ingreso de los más ricos, a ellos les han bajado las tarifas de impuestos”, registra el diario capitalino.

Esa idea es reforzada por una investigación realizada por un equipo de la OCDE, que concluyó que “el sistema de impuestos colombiano poco sirve para redistribuir el ingreso y que los impuestos, como porcentaje de todo lo que produce la economía, son muy bajos en comparación con países desarrollados”.

Londoño “pudo ver que en Colombia el ingreso después de impuestos en los niveles superiores es casi tan alto como el ingreso antes de impuestos”, señala el diario.

Ante esos análisis, la misma Ocde y la Cepal vienen reclamando mayores impuestos para los más ricos. Sin embargo, pese a esas recomendaciones de organismos internacionales, la estructura tributaria en Colombia parece que continuará igual y manteniendo el mismo nivel de desigualdad, pues la mayoría de los actuales candidatos a la presidencia defienden los beneficios tributarios para las empresas con la excusa de estimular el cuestionado empleo y, en cambio, promueven impuestos a las rentas, de los que no se deja claro qué tanto aportarán los más ricos o si los de clase media alta hacia abajo seguirán pagando más impuestos o serán tratados al mismo nivel de los más ricos. En Colombia, se considera rico a quien gana más de 3.131.000 pesos y está obligado a declarar renta.

De hecho, la discusión ciudadana sobre los cambios que necesita Colombia hacia una reducción de su desigualdad también divide a ricos y pobres: el 5 % acepta la inequidad extrema que se presenta en nuestro país,  mientras el 78 % de los colombianos quiere absoluta equidad en la distribución del ingreso, según una encuesta de Comunicación y Participación Política 2012, realizada por el Centro de Investigación en Comunicación Política (CICP) de la Universidad Externado de Colombia y publicada en un artículo de opinión de la revista Semana.

Pulzo.com, 26 de mayo de 2014.

Revista Semana  

Según el Índice Global de Derechos, el país está a la par de China y peor que Haití.

En Colombia no se respetan los derechos de los trabajadores y, aunque existen leyes, en la práctica no se cumplen, por lo cual los empleados están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas. A esa conclusión llegó la Confederación Sindical Internacional (CSI o ITUC, por su sigla en inglés), una alianza de las confederaciones regionales de comercio que aboga por los derechos laborales en todo el mundo. La CSI presentó esta semana su Índice Global de Derechos con información de 139 países, publicado en el diario The Washington Post. La calificación mide cuánto se protegen los derechos de los trabajadores de 1 (el mejor) a 5 (el peor).

La organización utiliza 97 indicadores diferentes para compilar el índice en relación a la capacidad de los trabajadores para afiliarse a sindicatos, ganar derechos en negociaciones colectivas y tener acceso al debido proceso y al amparo legal. Los países en tonos de rojo más oscuros son los que menos respetan o protegen esas normas internacionales.

Colombia es el único en Suramérica con una calificación de 5, mientras que en América Latina lo acompaña Guatemala. Haití y Angola, que han clasificado como de los pocos países con más desigualdad social que Colombia, obtuvieron 4 y 2, respectivamente.

En los países con una puntuación de 5, reza el informe, "no se garantizan los derechos y son los peores en el mundo para trabajar. Aunque la legislación especifique ciertos derechos, los trabajadores, en la realidad, no tienen acceso a ellos y están expuestos a regímenes autocráticos y labores injustas".

El reporte señala que esta calificación predomina en naciones grandes como India y China, que tienen una regulación laboral pobre y desigual.

A países cuyo orden interno ha sido minado por el conflicto –como República Centroafricana, Libia o Siria–, la CSI los calificó con un 5+, es decir, peor que 5.

Revista Semana, Bogotá, 22 de mayo de 2014.

Agencia EFE   

El eurodiputado alemán de la Izquierda Unitaria (GUE) Jürgen Klute advirtió que los intereses empresariales están menoscabando los derechos humanos en Colombia y alertó de que el gobierno del país suramericano debe "cumplir mejor" con sus compromisos humanitarios, laborales y medioambientales.

Klute sacó esta conclusión en una rueda de prensa que concedió después de una visita de diez días por Colombia en la que recorrió la ciudad más violenta del país, Buenaventura, así como la mina carbonífera de Cerrejón en La Guajira, la ciudad de Valledupar y Bogotá, donde también se reunió con representantes del Gobierno.

 

"El Gobierno de Colombia a través del acuerdo comercial con la Unión Europea se comprometió a mejorar los derechos humanos, laborales, la situación medioambiental y en últimas la democracia. Hago un llamado a que lo haga mejor que hasta ahora", afirmó Klute.

El eurodiputado ha sido uno de los grandes críticos del acuerdo comercial de la UE que entró en vigor en agosto de 2013 con Perú y Colombia, porque a su juicio "no hay simetría" entre las partes, y precisamente para verificar los efectos del tratado en la sociedad planeó este viaje.

Acompañado por el representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo (PDA) Wilson Arias, Klute visitó la zona de Puente Nayero de Buenaventura, donde verificó que la comunidad afrodescendiente vive "en condiciones sociales y pobreza inaceptables" y bajo presión paramilitar.

Asimismo, criticó que se está en marcha un proyecto urbanístico que podría motivar la expulsión de unas 110.000 personas de la zona y que ni la constructora ni las autoridades locales han cumplido con la obligación de la consulta previa a los afectados, lo que supone un derecho por ley de los pueblos étnicos colombianos.

Después se dirigió a Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, donde constató que la empresa "no corresponde a las necesidades de las comunidades de los alrededores, ni respeta sus tradiciones económicas y ancestrales".

Klute denunció también que "el acuerdo comercial con la UE va a incrementar la presión sobre terrenos de campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos, pues hay minerales necesarios en Europa", lo que contribuirá a agrandar el problema de "acaparamiento de tierras" que sólo está investigando la Contraloría.

En los departamentos del Cesar y La Guajira se reunieron con trabajadores sindicalistas de la mina de Cerrejón (Sintracarbón), con los de la carbonífera estadounidense Drummond (Sintramienergética) y el Centro Unitario de Trabajadores (CUT), presionados todos ellos por grupos paramilitares.

Además criticó el "modelo cínico e increíble" que representa la figura de los "contratos sindicales, que externalizan servicios de la empresa a través de sindicatos de la propia empresa".

Por último, ante la iniciativa que se tramita en la Unión Europea para exonerar a colombianos y peruanos de la exigencia de visados para estancias de corta duración en la zona Schengen, Klute alertó del desequilibrio que puede presentarse porque empresas europeas acabarían lucrándose del negocio de los nuevos pasaportes biométricos.

Agencia EFE, 20 de mayo de 2014.

El Tiempo  

Habla la representante electa a la Cámara de Representantes por Bogotá Angélica Lozano.

La representante electa a la Cámara de Representantes por Bogotá Angélica Lozano, de la Alianza Verde, y quien fue una de las concejales del Movimiento Progresista, cuestiona fuertemente la decisión del alcalde Gustavo Petro de respaldar una alianza con el presidente Juan Manuel Santos, de cara a la reelección.

¿Qué piensa de la decisión del alcalde Gustavo Petro de apoyar una alianza con el Partido Liberal para unirse a favor de Juan Manuel Santos en la carrera por la reelección?

Me parece un profundo contrasentido, que aquel que gritaba que no se arrodillaba ante la oligarquía, que Vargas Lleras fue el jefe del complot y el aliado de las mafias contra Bogotá, el interés público y contra él, ahora pida votar por él. La actitud de Santos fue la misma del procurador Ordóñez, abusó del poder, y deja un pésimo sabor, no para esta coyuntura electoral sino para la confiabilidad a futuro. ¿Uno matiza posiciones por conveniencia o uno defiende convicciones?

¿Cómo se gestó esta alianza?

El Movimiento Progresistas iba a dar una discusión colectiva y a tomar una decisión colectiva, y me consta que fueron canceladas reiteradamente estos encuentros. Esa adhesión a Santos nunca fue discutida. Si la van a hacer, que sea de Petro, mas no del Movimiento Progresistas. El Alcalde puede ser el progresista con más votos e importancia, pero no es el único y en un régimen democrático, y menos en la centroizquierda, le podemos jugar al caudillismo.

Se ha dicho que la alianza es por la paz. ¿Qué piensa de eso?

Llevamos dos años celebrando el proceso de paz, estamos con el proceso desde siempre. Petro le gritaba a Santos que no estaba listo ni era legítimo para hacer un acuerdo de paz. Por eso, esa alianza es completamente innecesaria, porque Progresistas ya apoya al proceso de paz y la salida negociada al conflicto. De modo que a otro con ese cuento.

También dicen que la idea es reproducir algunos proyectos de la Bogotá Humana por todo el país...

Ese papel firmado es bastante regularcito. El gran sello del Plan de Desarrollo es el cambio climático y muchas políticas que para nada se ven ahí. Se habla es de muchos lugares comunes. Fue elaborado de afán. Usar el Movimiento Progresistas sin dar una discusión es un irrespeto a un colectivo gigante y a quienes pusimos la cara para expresar el rechazo frente al abuso del poder. Personalmente, no me sumo a gritar ‘no pasarán’ para después decir ‘siga, doctor’. Por eso, Progresistas debe aclarar si nos expulsa, si se extingue o si sigue solo con las personas de ser capaces de seguir a ojo cerrado y ciego al alcalde Petro.

El Tiempo, Bogotá, 19 de mayo de 2014.

Colombia, definitivamente es el país del realismo mágico, en donde cualquier cosa puede pasar. En materia electoral es paradójico que los candidatos neoliberales que marcan en las diferentes encuestas el mayor grado de desfavorabilidad en cuanto a su imagen, son al mismo tiempo los que están punteando las mismas.

Juan Manuel Santos con una imagen desfavorable del 56.2% y con una favorabilidad del 38.2%, según el último sondeo de opinión realizado por Gallup se encuentra empatado con el candidato del uribismo Óscar Iván

Las2orillas.co  

El sociólogo Alfredo Molano lleva toda su vida recorriendo el país rural. Conoce como nadie el mundo campesino y sus necesidades y posibilidades, pero también sus dificultades. Molano es uno de los conceptualizadores de la figura de las Zonas de Reserva Campesina y junto al antropólogo Darío Fajardo realizaron una propuesta a partir del análisis de las experiencias de comunidades de colonos campesinos cocaleros durante los paros de los años 90, que fue acogida por el ministro de Agricultura José Antonio Ocampo en el gobierno de César Gaviria e incorporada a la Ley 160. La Ley fue reglamentada en 1994 en el gobierno Samper con Cecilia López como ministra de Agricultura y busca garantizar la permanencia y la actividad económica de comunidades campesinas en tierras baldías donde han estado asentadas durante años.Se busca también evitar la acumulación de la propiedad en estas zonas de producción parcelaria.

La Ley 160 de 1994 dice textualmente: “Se crean las Zonas de reserva campesina con el propósito de regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer zonas para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial que se señalen”. Paralelamente, la ley definió la Unidad Agrícola Familiar, UAF como empresa básica de producción según las condiciones del territorio y con tecnología adecuada, favoreciendo el trabajo remunerado y la disposición de un excedente para construir patrimonio en el campo.

La figura de las ZRC fue apoyada por el Banco Mundial y recibió apoyo económico para su implementación en programas piloto fue en la zona del Pato-Guayabero en el Caquetá. Actualmente hay ocho zonas que ocupan una extensión de 800.000 hectáreas. Campesinos de distintos sectores del país han solicitado 10 millones de hectáreas nuevas y hay más de 1 millón en trámite, es decir que las comunidades interesadas presentaron los documentos exigidos y el Estado, a través del Incoder, ha aceptado su solicitud.

Durante el mandato de Álvaro Uribe, las ZRC fueron señaladas de ser refugios de la guerrilla de las FARC, razón por la cual le fue quitada la personería jurídica a la de Cimitarra, una de las más consolidadas, y se interrumpió el proceso de estudio de solicitudes. En el gobierno Santos el Incoder, con Juan Manuel Ospina como director y Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura se devolvió la personería jurídica y se desbloque el proceso de las solicitudes, aunque al final del gobierno y después del paro agrario del Catatumbo el gobierno frenó las adjudicaciones.

Con el nuevo intento por firmar la paz en Colombia que tiene lugar en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las FARC, se ha abierto la discusión sobre esta figura cuyas bondades aparecen en el Documento de Acuerdo sobre desarrollo rural en el que se plantea la posibilidad de aplicar la consulta previa; serían reconocidas como espacios de población vulnerable que requiere protección especial; y los ex combatientes regresarían al campo para ejercer sus derechos civiles en lugar de volver a empuñar las armas.

Oxfam le solicitó a Alfredo Molano la elaboración de un documento sobre las Zonas de reserva campesina y su impacto en el campo colombiano cuyo resultado es éste trabajo.

Surgimiento

Para definir las ZRC es necesario describir primero cómo nacieron. Hay tres antecedentes que contribuyen a explicar la emergencia de la figura jurídica:

En 1972 entre los jefes políticos de los dos grandes partidos y los gremios agropecuarios, se firmó en Chicoral un pacto para reducir los alcances de la Ley de Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961) y debilitar el Incora. A su vez, el Partido Conservador acusó al movimiento campesino de terrorista y el Gobierno reprimió violentamente las movilizaciones y protestas de la ANUC. La Ley 4ª del 73 autorizó la calificación predial para determinar su productividad y sobre esa base echar abajo la posibilidad de expropiación. Creó la renta presuntiva de la tierra, una medida imposible de aplicar, y devolvió con la Ley 6 de 1975, llamada de Aparecería, los privilegios a los terratenientes. Por último, la Ley 5ª creó un sistema de financiación para los cultivos de mayor rendimiento. En pocas palabras, liquidó la Reforma Agraria.

A instancias de la ANUC se fortaleció la organización indígena en Cauca y en 1971 se creó el CRIC, que inició un movimiento de recuperación de los territorios ancestrales y de ampliación de los resguardos. A comienzos de la década del 80, y por iniciativa del CRIC, se creó la ONIC. La organización del movimiento indígena fue determinante para que la Constitución del 91 reconociera el carácter multicultural de la nación y la autoridad territorial indígena. Al mismo tiempo, con el artículo transitorio 55, abrió la posibilidad de crear los Consejos de Comunidades Negras ancestrales.

Desde mediados de los años 70 y casi como una respuesta a la liquidación de la reforma agraria, el cultivo comercial de la hoja de coca se comenzó expandir por algunas regiones del país y sustituyó el cultivo de marihuana, que entró en decadencia. La década del 80 será de grandes movilizaciones campesinas en el Magdalena Medio y en el piedemonte oriental de la cordillera oriental.

En el piedemonte llanero se había dado la confluencia de varios flujos de colonización desde los años 50, pero a raíz del Pacto de Chicoral y de la Ley 5ª, la gran empresa agropecuaria desplazó a los campesinos de sus mejoras y los empujó hacia el suroriente. Un sector importante invadió el Parque de La Macarena. La colonización campesina se encontraba en decadencia total cuando la mafia de las esmeraldas (Manteco Murcia y Rodríguez Gacha) introdujo el cultivo de la coca en el sur de Meta, Guaviare y Caquetá.

La crisis de la economía campesina de colonización es, llamémosla, una ley inexorable bajo dos condiciones: que el campesino entre a la colonización sin capital de trabajo y que se enfrente a tierra virgen. En otras condiciones esa crisis tendría desarrollos diferentes, que aquí no tocamos.

El colono es casi siempre un desplazado de otras regiones bien por efectos de la violencia, bien por la llamada explosión demográfica del minufundio, bien por el desempleo urbano. En ciertas coyunturas al Guaviare llegó gente de la cuidad a rebuscarse en el campo.
El colono entra, como se dice, “con lo del pasaje”, no trae sino unos pocos pesos que logró salvar del ”naufragio pasado”. Muchos son colonos profesionales que ya han hecho abiertos es otras zonas, y fracasado en ellos. Entra con su mera experiencia y empujado por fuerzas del mercado y contando sólo con las propias: su familia: una mujer, un par de hijos volantones, unas pocas herramientas, unos metros de paroid para “plantarse, levantar un par de paredes y decir: esto es mío…

Tumbar nuestras selvas –aun siendo como todas las que todavía quedan entresacas–, es una hazaña. Tumbar un árbol de tres abarca dudas, es una proeza, y tumbar 30 para hacer un derribe es un descomunal esfuerzo. Sobre ese derribe, en el verano, quema y sobre las cenizas, bota maíz, para que tenga comida en tres meses. Alrededor del cambuche –palma, paroid, costales, madera– hace un conuo para sembrar yuca, plátano, yerbas, cebolla. De eso tendrá que vivir. Tiene también un par d gallinas, un marrano. Así comienza. Varias de estas cosas son de entrada una deuda que le ha abierto un comerciante en el pueblo o en la trocha. En un año puede estar sembrando maíz, arroz y unos bloques de madera fina para vender. Tienen que transportarla cosecha y la madera al mercado. Tiene un costo, que el épocas de cosecha se eleva, como se disminuye también el precio de venta de lo que saca porque todos los colonos sacan lo mismo y en la misma época. Total desplome de precios de compra y elevación de los costos de transporte. Esas constantes no se modificarán, se agravarán porque los nuevos colonos que llegan hacen bajar los precios de sus productos. El comprador es el rey: pone los precios, se asocia con otros para bajarlos al mínimo y además, le abre crédito al campesino para “ayudarle a vivir”: sal, aceite, ropa, herramientas, aguardiente, cigarrillos  y algún capricho para la mujer y un par de dulces para los niños. Esa deuda se acumula y se agranda. Cada año el colono ha abierto otras cinco hectáreas y después otras y así hasta llegar a 30 o más. Ha invertido todo su trabajo y ha abierto una deuda creciente con el comercio. La fertilidad natural de la tierra, sometida a la quema anual de rastrojo joven, va perdiendo su capacidad productiva, cada vez da menos porque, como es explicable, el colono no usa abonos, ni insecticidas, ni ayuda técnica alguna. Al final de los siete u ocho años, el comerciante –los comerciantes– le hace cuentas y le muestra que es impagable la deuda acumulada. Pero tiene cinco o 10 hectáreas desmontadas, con trocha y casa de madera. Se arreglan las cifras y el colono le pide un favor: ábrame otro crédito, para meterse más adentro, y quédese con la mejora. La mejora, con otras mejoras colindantes manejadas por el mismo comerciante, se convierte en poco tiempo en una hacienda ganadera; en muchas terminan trabajando los mismos colonos o sus hijos e hijas: El colono que no se queda porque es un aventurero, se vuelve a meter más adentro y vuelve a recorrer el mismo círculo. Conozco colonos que en 50 años han hecho siete fincas, todas vendidas en las mismas circunstancias.

El colono, sin ningún apoyo del Estado, vive en una bancarrota permanente. Su verdadera mercancía que produce es la mejora, no el maíz, ni el arroz, ni la marrana. Es la tierra desbrozada y lista para sembrarle pasto.

En esta tan dramática situación llega primero la marihuana y luego la coca. Con escepticismo van entrando poco a poco al negocio del cultivo. Las Farc lo prohíben al comienzo por considerarlo una estrategia diabólica del imperialismo para destruirlos, envenenarlos, enviciarlos. Pero unos meses después ven que ya yerba, y después la coca, si da: que les resuelve casi todos los problemas: el transporte de la coca es barato, inclusive si se cuenta la gasolina y otros insumos necesarios para producirla. Los compradores son además verdaderos agentes de crédito: adelantan al colono todo o que necesita para cultivar la hoja y sacar la merca. La diferencia es notable. Por primera vez en su vida, el colono percibe una ganancia por su trabajo; por primera vez todo lo consumido es inferior a lo que vende. El precio de la “merca” o de la base es siempre rentable, siempre hay además compradores dispuestos a comprar, la autoridad mira para otro lado y la Policía coopera. Más aún, la guerrilla poco a poco ve que sus bases –los campesinos– “encuentran el modo” y después de dos ventas, terminan por entrar en el negocio por la vía tributaria: cobrando como “gramaje” el 20% de  lo producido, que queda en sus manos. La ventaja es que existiendo guerrilla en la zona, el Ejército entra con mucho mayor costo y en general no sostiene su presencia.

En pocos años, aun pagando los créditos, contando aún con el declive de la fertilidad y el aumento del consumo familiar, el trabajo le da ganancias y así, el campesino puede comprar un motor, meterle “material” a la casa, emborracharse, llevar a la mujer a la peluquería y comprar un radio o un viejo televisor. ¿Quién le quita esa vida que logró? Difícil que vuelva atrás, a abrir montaña para hacerle ganadería al comerciante. En esa vía de progreso, de acumulación de un pequeño capital, la guerrilla es pieza clave: es la autoridad legítima que defiende sus intereses por razones política –es su gente– y por razones económicas –son sus tributarios–.

El Parque de la Macarena representó para los colonos cultivadores de coca un verdadero refugio aunque no conocieran las reglamentaciones legales. En toda la región el cultivo de la coca tomó una gran fuerza debido a la bancarrota de la economía campesina de colonización. El Gobierno reaccionó amenazándolos con sacarlos del parque.

Al mismo tiempo, de los acuerdos de la Uribe entre las FARC y el gobierno de Belisario surgió la UP. El piedemonte había sido colonizado en buena medida por campesinos desplazados de Tolima y de Huila que habían tenido nexos con el movimiento guerrillero anterior y posterior a la toma de Marquetalia y por esta razón el nuevo partido creció rápidamente y al mismo ritmo los asesinatos y las desapariciones de sus dirigentes. A fines del año 85, 20.000 campesinos se tomaron San José del Guaviare pidiendo títulos, créditos, caminos, escuelas, puestos de salud y, naturalmente, el respeto a la vida. El Gobierno firmó acuerdos sobre las demandas, que desconoció al día siguiente. Entonces en el 86 volvieron los colonos a movilizarse con idénticas banderas y fueron detenidos, pero el Gobierno accedió a firmar un compromiso que replanteó el manejo del área protegida, al sustraer miles de hectáreas de la zona intangible y crear los Distritos de Manejo Integrado.

En estas movilizaciones surgió la idea de pedirle al Estado algo parecido a un resguardo indígena o a un parque nacional que permitiera el trabajo y al mismo tiempo impidiera que una vez hechas las mejoras, ellas fueran concentradas en haciendas. En realidad lo que pedían era que les permitieran con las utilidades de la coca –o con programas del Gobierno– transformar las mejorasen fincas y a la vez impedir que una vez logrado este nivel de desarrollo y de acumulación, se impidiera, como en los resguardos, que comerciantes y terratenientes entraran a las buenas o a las malas –como venía sucediendo– a desalojar campesinos y apropiarse de su trabajo acumulado. La primera formulación de la figura fue publicada por la revista Ecológica en los mismos días en que se celebraba la cumbre en Río, y se llamaron Resguardos Campesinos.

La iniciativa se generalizó muy rápidamente gracias a que algunos sindicatos agrarios –Cabrera, Guaviare, Magdalena Medio, El Pato, Huila– y juntas de acción comunal hicieron de la figura una bandera.  En el fondo se trataba de una demanda de territorialidad campesina, lo que indirectamente sugería un replanteamiento del ordenamiento territorial.

Fueron los días en que el gobierno de Gaviria adoptó el Consenso de Washington con la llamada apertura económica. Algunos sectores de la academia vinculados a la política se dieron cuenta del grave impacto que esa política traía para el campo y de las consecuencias que un empobrecimiento campesino significaría para el desarrollo de las guerrillas. Planteó entonces el Gobierno, por boca de Carlos Ossa Escobar, como consejero de paz, la posibilidad de otorgar títulos de propiedad y programas de desarrollo en la región de la Julia, en el río Duda, a cambio de los cultivos de coca. Era una forma de aproximar la figura de Reserva Campesina como un programa de sustitución de cultivos ilícitos. El proyecto no prosperó, pero en los círculos gubernamentales quedó flotando la perspectiva.
En resumen, fue la crisis de la economía campesina de colonización que condujo al cultivo de la coca y a la figura de Reserva Campesina, que implicó de manera indirecta revivir el tema del ordenamiento territorial.

Fue en 1994, un día antes de terminar la administración Gaviria –y aprobado por Samper como sucesor– cuando se firmó la Ley 160. El artículo noveno define claramente las funciones de la ZRC: “Regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen”.

La ley creó paralelamente las Zonas de Desarrollo Empresarial, que serían áreas donde las iniciativas empresariales agropecuarias tendrían incentivos importantes. Se trataba de equilibrar, con esta carta, la jugada a favor de los colonos. Serían también, en principio, tierras baldías que al ser tituladas, el Estado entraría a financiar su actividades económicas y de pequeñas obras de infraestructura, a cambio del pago oportuno  de impuestos y con la condición de que si no se hacían estos pagos, las tierras volverían al Estado, es decir, serían expropiadas. El requisito de pagar impuestos para un empresario agrario es considerado un abuso autoritario. En el campo no se pagan impuestos. Por esta razón desde el 94, hace 20 años, rige la ley y ningún empresario ha ido a pedirle al Gobierno que apique la ley cree una zona de desarrollo empresarial. A lo que hay que agregar en su favor que esas zonas posibles están infiltradas por la guerrilla.

La ley definió también la Unidad Agrícola Familiar (UAF), pieza maestra que quedó definida como “empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Para ser explotada, la UAF no requerirá normalmente sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña si la naturaleza de la explotación así lo requiere”. Posteriormente, la Resolución 41 de 1996 del Incora definió los tamaños de las UAF, “según las características de la zona de ubicación y el uso predominante del suelo: agrícola, ganadero o mixto”.

A mediados de los años 90 volvieron a movilizarse los colonos campesinos, en esta ocasión como protesta contra la fumigación de cultivos de coca en Caquetá. No se trataba sólo de pedir la suspensión de los operativos, sino de exigir el cumplimiento de los programas de sustitución de los cultivos ilícitos, que, por lo demás, ya se habían generalizado a regiones centrales donde no existían baldíos, como en los frentes de colonización. Así, las ZRC se convirtieron en una figura aplicable en todo el territorio nacional. Se reglamentó también la fumigación y se excluyeron de ella a las medianas y pequeñas parcelas.

La ley también reglamentó la adjudicación de baldíos nacionales considerando que el acceso a la tierra por parte de los campesinos pobres es una condición de paz. Por tanto, determina “regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos”. Posteriormente la Corte Constitucional (C-595 de 1995) aclaró que en el caso de los baldíos la famosa función social de la propiedad debe beneficiar a la sociedad “dándole destinación o uso (a la propiedad) acorde con las necesidades colectivas y respetando el derecho de los demás”. Más claro (C- 536 del 97): prescribe limitar la adjudicación de baldíos… a una unidad de explotación económica denominada UAF. Más adelante es aún más explícita: “…prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de territorios inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF. Para rematar este título, en 2013 el Incoder, en Antioquia, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Amazonas, Norte de Santander y Santander, una vez revisados los títulos de adjudicación encontró una “verdadera defraudación a los bienes de la Nación” con la apropiación ilegal de tierras a través de la titulación de baldíos.

Durante el gobierno de Samper se aprobó la mayoría de las ZRC que existen hoy, que suman un total de 800.000 hectáreas; en trámite hay un poco más de un millón de hectáreas, pero solicitadas, un poco menos de 10 millones. En trámite significa que los colonos han presentado la mayoría de papeleos exigidos y el Estado ha aceptado dar curso al derecho que tienen según la ley. La solicitud de los 10 millones de que se habla es por tierras que el campesino ya ha instalado quiere que sean acogidas bajo la figura de ZRC, así no sean baldíos, como lo autoriza el desarrollo de la ley. En general la solicitud la hacen sindicatos, federaciones agrarias, juntas de acción comunal y hasta veredas. En el gobierno de Uribe fueron consideradas territorios de refugio estratégico de las FARC y el primer ministro de Agricultura de Santos las calificó tal como los militares las han llamado: “repúblicas independientes”. Uribe persiguió con inusitada saña la de Cimitarra, Antioquia. Canceló la personería jurídica a la Asociación de Campesinos, persiguió a sus dirigentes y resultaron muertos más de 15 de sus asociados, muchos en falsos positivos. Una de las primeras medidas en materia agraria tomadas por Santos fue devolverles la personería jurídica y permitir y financiar el primer encuentro de Zonas de Reserva Campesina en Barrancabermeja. Los militares temen que hoy existiendo guerrillas, las ZRC se conviertan en zonas vedadas de donde debe salir la fuerza pública, es decir, “despejadas” Es un miedo mítico que atormenta la paranoia militar. La fuerza pública, con autorización o sin ella, ha entrado donde quiere sin cortapisa legal alguna y lo ha hecho, o lo hace, sin que nadie se lo impida. Es una manera de atravesarse con un argumento militar a una demanda campesina legítima. La otra objeción civil, académica y real es que en las ZRC no actúa sino de manera limitada la ley de oferta y demanda de tierra. Todos los propietarios pueden vender sus fincas, pero ninguno de ellos puede comprarles a los vecinos cinco fincas o ningún comerciante puede llegar a comprar las cinco fincas que están regiones donde haya ZRC para hacer su ganadería. Esa ley de la acumulación de capital como concentración de tierras en algunas zonas sería imposible. Eso los irrita: no puede haber zonas vedadas a nuestros intereses, argumentan.

El tema de la negociación de La Habana ha agregado una nueva discusión sobre las reservas campesinas sobre tres puntos: 1) Pueden las ZRC ser consideradas territorios campesinos en donde es aplicable la Consulta Previa. Después del Paro Campesino del año pasado la expresión CULTURA CAMPESINA, un elemento necesario para ser considerada una colectividad objeto del Convenio 169, ha tomado gran fuerza. El paro que se desarrollará en mayo terminará destacando esta solicitud.2) El presidente Santos ha declarado que no les dará a las Farc circunscripciones electorales especiales, pero aceptó que su gobierno las daría a aquellas zonas particularmente golpeadas por la violencia. Esto significa que el Estado las reconocería como un entidad vulnerable que requiere de protección especial para acceder al poder en términos de igualdad. 3) Las ZRC son una de las más sólidas estrategias para contribuir a que la desmovilización de las guerrillas no equivalga a la desorganización anárquica y terminen los exguerrilleros desempleados utilizados como sicarios y dedicados a la extorsión, como ha sucedido con otras desmovilizaciones. Los guerrilleros son campesinos y deberían regresar al campo para mantener su poder de organización civilmente, como ciudadanos asociados. Ello permitiría una opción económica pero también política y social

Las2orillas.co, 15 de mayo de 2014.

La célula legislativa aprobó el pasado martes 13 de mayo la proposición presentada por el representante Iván Cepeda, para que Colombia le solicite al presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, una vez asuma su cargo, conceder la extradición de la exdirectora del DAS.
 

En efecto, el congresista por el Polo Democrático Alternativo y víctima de las interceptaciones ilegales del DAS, elevó la petición al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el cambio de gobierno en Panamá, donde se encuentra asilada María del Pilar Hurtado, exdirectora de ese organismo.

 

“Es el Legislativo el que hace esta solicitud a las autoridades competentes. El presidente electo de Panamá ha manifestado su intención de revisar la situación y esperamos que atienda este llamado de quienes sido víctimas de los actos criminales que perpetró el DAS en cabeza de la señora Hurtado”, afirmó Cepeda.
 

A continuación el texto completo de la proposición:
 

De conformidad con lo preceptuado por la Sección Quinta (5) de la Ley 5 de 1992, presento ante la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes la siguiente proposición:
 

Solicítese de manera respetuosa y urgente al Gobierno Nacional, la petición de extradición de la señora MARÍA DEL PILAR HURTADO, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al presidente electo de la República de Panamá Juan Carlos Varela, una vez tome posesión de su cargo.
 

Cabe recordar que nuestro gobierno ya había formulado sin éxito dicha petición al presidente Ricardo Martinelli.
 
 
Presentada por:

 
Iván Cepeda Castro.                                         
Representante a la Cámara PDA

14 de mayo de 2014.