El peor de los escenarios posibles se cumplió ayer en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, considerado ilegal por el Estado español. La jornada electoral nos dejó dos imágenes difíciles de asimilar en una sociedad democrática. En primer lugar, el excesivo uso de la fuerza policialcontra ciudadanos que querían votar en los colegios electorales, que se saldó con casi 900 heridos, según cifras de la Generalitat. Y en segundo, unos resultados que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía o legitimidad - incluso hubo ciudadanos que votaron varias veces -, pero que podrían acabar en una declaración unilateral de independencia.
El diálogo entre el Gobierno central y las autoridades catalanas para alcanzar una solución parece ya imposible. En los últimos años, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a pactar ningún tipo de consulta legal e, incluso, a mantener un diálogo abierto con los independentistas para poner fin a la crisis territorial. Por su parte, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, parece decidido a seguir adelante con el 'procès' y llevar unos resultados, que no tienen ninguna validez, ante el Parlamento catalán, para que decida si proclama la separación de España.
Para afrontar esta situación, Rajoy, se ha reunido este lunes en la Moncloa con el secretario general del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque de forma separada. Entre otros, Rajoy busca el apoyo de las denominadas fuerzas constitucionalistas para hacer frente a una posible declaración unilateral de independencia en las próximas horas. En este caso, el Gobierno español podría barajar la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que permitiría al Ejecutivo central controlar algunas competencias autonómicas de Cataluña.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Así, mientras Rivera ha pedido que el Ejecutivo aplique este artículo para convocar elecciones autonómicas en Cataluña, Sánchez ha reclamado a Rajoy que "abra una negociación de forma inmediata" con el presidente de la Generalitat y que entable un dialogo "sin exclusiones" con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. De momento, nunca se ha aplicado el 155 en España, por lo que es difícil prever cuáles serían las consecuencias de su puesta en marcha y cómo recibiría la sociedad catalana esta decisión.
¿En qué consiste el artículo 155?
"El artículo 155 lo que nos dice es que si una comunidad autónoma está llevando a cabo actitudes, actividades o legislación que sean contrarias a la Constitución o al bien de España, el Gobierno primero tendrá que decirle al presidente de la Comunidad Autónoma que, por favor, reconsidere estas posturas y vuelva al orden constitucional", ha explicado Rafael Murillo, profesor de derecho constitucional de la Universidad CEU San Pablo, a RT.
En este sentido, Murillo aclara que la Carta Magna no establece cuánto tiempo tiene el presidente de la Comunidad Autónoma para responder a este requerimiento por parte del Ejecutivo español, pero si el presidente regional "contesta negativamente o no actúa en este sentido", el gobierno podrá presentar "un plan de medidas" que tendrán que ser aprobadas por el Senado "por mayoría absoluta", siguiendo el proceso de debate y enmiendas.
Edificio del Tribunal Constitucional de España, en Madrid / Juan Medina / Reuters
Así, las medidas que proponga el Ejecutivo español no necesitarían el visto bueno del Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) no tiene la mayoría absoluta, como sí sucede en la Cámara Alta. No obstante, el profesor de derecho constitucional considera que, llegados a este punto, el PP no activará el 155 sin contar con el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Esas medidas que se pueden tomar pueden ser o muy estrictas, en el sentido de que afecten a un ámbito de la competencia de una Comunidad Autónoma y, por tanto, pongan a disposición del Gobierno central los funcionarios que están efectuando esa competencia, o pueden ser mucho más amplias y que afecten, incluso, a todo el Gobierno", explica Murillo. Así, una de las medidas más extremas que podría presentar el Ejecutivo de Rajoy al Senado sería disolver el Gobierno catalán y solicitar al Parlamento que nombre otro Gobierno. "Lo que si veo difícil es la disolución por parte del Ejecutivo nacional o del Parlamento Nacional, en este caso el Senado, del Parlamento autonómico y convocar otras elecciones", aclara el experto.
Otros escenarios posibles
En cualquier caso, la jornada de ayer ha provocado una profunda brecha social e institucional, tanto dentro como fuera de Cataluña, y las críticas a la gestión de Rajoy en este tema han sido prácticamente unánimes en todos los partidos políticos.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, con otros miembros del Gobierno de la Generalitat, en una protesta organizada por grupos independentistas esta mañana /Juan Medina / Reuters
Por ello, si el Gobierno no obtiene el respaldo de los socialistas para afrontar lo que viene a partir de ahora en Cataluña, Rajoy podría optar por adelantar las elecciones generales que, en condiciones normales, deberían celebrarse en 2019. Además, tras las imágenes de ayer, el Ejecutivo español tiene muy difícil seguir contando con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pactaron para el 2017.
Por otro lado, Unidos Podemos condenó ayer la actuación policial en los colegios electorales de Cataluña y pidió la dimisión de Rajoy. Asimismo, ha vuelto a solicitar a los socialistas que dejen de apoyar al Gobierno del PP y se sumen a la izquierda. Por ello, tampoco hay que descartar que la formación dirigida por Pablo Iglesias presente una nueva moción de censura a Rajoy, aunque también necesitaría el apoyo del PSOE para conseguir su objetivo.
Por su parte, Puigdemont volvió a insistir este lunes en que el referéndum "es absolutamente válido". Sin renunciar a la independencia, el presidente catalán ha pedido hoy la mediación internacional para alcanzar una solución. Para que esta situación se de, sin embargo, Rajoy tendría que estar dispuesto a dialogar, aunque sea, como en este caso, a través de especialistas internacionales en la resolución de conflictos.
Mientras tanto, el independentismo a pie de calle se muestra especialmente agitado y combativo, y tanto sus acciones como la gestión de las fuerzas de seguridad que se lleva a cabo desde la Generalitat para contenerlas están siendo objeto de polémica.
Este fin de semana, varios activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
En los días previos, varios disturbios registrados en Gerona y Tarrassa entre independentistas y partidarios de la Constitución se saldaron con una polémica intervención de los Mossos d'Escuadra [Policía autonómica catalana].
Una de las quejas principales que se dirige estos días desde el Ejecutivo español contra la Generalitat es la supuesta inacción de los Mossos contra los CDR que bloquearon la autopista. La portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá, criticó que los agentes de la Policía autonómica estuvieran "parados" y afirmó que parecían estar alineándose con "objetivos partidistas".
Por otra parte, el hecho de que Quim Torra y el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se reunieran posteriormente para analizar las cargas de los Mossos contra los independentistas y amenazaran a la cúpula de la fuerza policial con destituciones también ha sido objeto de controversia.
Los principales partidos de la oposición se han mostrado gravemente indignados al respecto. La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos en la asamblea catalana, Inés Arrimadas, dijo que la gestión la Generalitat al frente de las fuerzas de seguridad autonómicas había sido "inadmisible", y cargó contra el Gobierno de Sánchez, al considerar que "deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra".
Inadmisible. Después de las tremendas imágenes de ayer de los violentos CDR a los que anima a “apretar”, a Torra solo se le ocurre criminalizar e impedir a los Mossos que realicen su trabajo en condiciones. Sánchez deja que Cataluña sea un territorio sin ley en manos de Torra
Por su parte, el Partido Popular –que insiste desde hace tiempo en volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña– presentó este lunes una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a hacerse con el control de la Policía catalana, mediante la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Dura advertencia del Gobierno central
El Ejecutivo español ha enviado este martes tres cartas a las autoridades catalanas referidas al control de las fuerzas de seguridad. La vicepresidenta, Carmen Calvo, escribió a su homólogo Pere Aragonés para reprocharle que "aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública", y advertirle que es obligación del Gobierno central "evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido".
Disturbios en Gerona (España) entre manifestantes de extrema derecha y antifascistas. 6 de diciembre de 2018. / Josep Lago / AFP
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también envió una misiva a la Generalitat sobre el asunto. Sin embargo, la más contundente ha sido la remitida desde el Ministerio del Interior, por el titular Fernando Grande-Marlaska, en la que detalla un artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permite al Ejecutivo enviar la Policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad.
La 'vía eslovena'
Al actual clima de tensión también han contribuido unas declaraciones realizadas el sábado por el presidente Torra, que tuvieron un efecto incendiario en un panorama ya de por sí inflamable.
Se hallaba en el acto de presentación del 'Consell per la República' (El Consejo por la República) celebrado en Bruselas, y dijo que los eslovenos "decidieron determinarse y tirar hacia delante en el camino de la libertad con todas sus consecuencias hasta conseguirlo". "Hagamos como ellos", propuso entonces Torra.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña. Barcelona (España) 2 de Octubre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esta referencia al enfrentamiento armado con el que Eslovenia se independizó de Yugoslavia, y que se saldó con 74 muertos y varios cientos de heridos, ha contribuido considerablemente a elevar la tensión del conflicto entre el Ejecutivo catalán y el Gobierno central, y a agitar la polémica en torno a su validez como figura política en un contexto democrático.
La portavoz Isabel Celaá ha calificado las palabras de Torra como "lamentables e insensatas", y práctimente la totalidad del espectro político español ha condenado su mención a la vía eslovena.
Huelga de hambre
Al mismo tiempo, en el ámbito jurídico, corre la cuenta atrás hacia la celebración del juicio a los líderes independentistas que llegaron a proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento autonómico el 27 de octubre de 2017, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y varios exconsejeros del Ejecutivo regional, que aguardan el juicio en régimen de prisión preventiva.
Cuatro de los acusados en el juicio, Jordi Sánchez, Jordi Turull,Joaquim Forn y Josep Rull,han iniciado una huelga de hambre con la intención de incrementar la presión en su reivindicación de libertad. Como gesto simbólico, el presidente Torra se ha solidarizado con ellos llevando a cabo un ayuno de 48 horas que terminará este martes.
MADRID (Sputnik) — La defensa de los 18 procesados en la causa donde se investigan los posibles delitos del independentismo catalán pidieron en el Tribunal Supremo (TS) —con sede en Madrid— que su juicio sea trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Durante la vista de cuestiones previas que se desarrolla en el TS, la defensa de los procesados argumentó que, en caso de haberse producido los delitos que se les atribuyen a los líderes independentistas, estos fueron cometidos en Cataluña, por lo que el juicio debería ser trasladado allí.
"Lo único relevante para atribuir la competencia es el lugar donde se hayan cometido los hechos que constituyen el elemento del tipo penal", argumentó Marina Roig, abogada del líder social Jordi Cuixart, uno de los procesados.
En total, el Tribunal Supremo mantiene encausadas a 18 personas, a los que se les atribuyen delitos de rebelión, sedición, desobediencia o malversación por su participación en el proceso que llevó al referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y a la adopción de una declaración de independencia por parte del Parlamento de Cataluña el día 27 de ese mismo mes.
Entre los 18 encausados están 9 destacados líderes sociales y políticos que se encuentran hace más de un año en prisión preventiva, a la espera de que se celebre el juicio.
Entre ellos destacan figuras como el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, o la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
Pedro Sánchez reunirá a su Ejecutivo en la capital catalana en el aniversario de las últimas elecciones autonómicas mientras las fuerzas independentistas se esfuerzan en boicotear la visita.
Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y otras organizaciones separatistas pretenden así "parar completamente el país", provocando una 'gran aturada' ('gran parada' en catalán) mediante distintas formas de sabotaje de la circulación.
En sus redes sociales han llamado a "maximizar la movilización independentista", y han señalado a la movilización de los 'chalecos amarillos' franceses como una fuente de inspiración.
No serán, en cualquier caso, las primeras acciones que se produzcan en el espacio público como reacción a la visita del Consejo de Ministros. Durante las últimas semanas, el independentismo a pie de calle se ha mostrado especialmente agitado y combativo.
Ya durante el segundo fin de semana de diciembre –muy cerca de la fecha en la que se celebraba, precisamente, el día de la Constitución Española–, varios miembros de los CDR mantuvieron cortada durante 15 horas la AP-7, una autopista de vital importancia, al grito de "el pueblo manda, el Gobierno obedece".
Esta última consigna apunta a un aspecto importante del momento político en Cataluña: la insatisfacción de los sectores más radicales del separatismo con respecto al gobierno regional, encabezado por el independentista Quim Torra. Para estos sectores, todo lo que no sea proclamar la república constituye una dilación inadmisible de los objetivos de la Generalitat.
Una decisión controvertida
La decisión de celebrar una reunión ordinaria del gabinete ministerial en Cataluña fue anunciada el pasado 12 de noviembre por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que consideró la visita del Ejecutivo a Barcelona como un acto normal del que ya existen precedentes. En efecto, el Consejo de Ministros ya se reunió en Sevilla a finales de octubre y desde Moncloa no descartan una agenda itinerante que contenga visitas a todas las Comunidades Autónomas del país.
Sin embargo, la fecha de la visita a Cataluña es especial y ciertamente controvertida. La reunión de los ministros en Barcelona está prevista –y ha sido recientemente confirmada– para el día 21 de diciembre, cuando se cumple exactamente un año de las últimas elecciones autonómicas catalanas, convocadas por el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que suspendía la autonomía de Cataluña.
En un momento en el que otra intervención de la autonomía catalana se perfila como una posibilidad, esta visita del Consejo de Ministros adquiere matices perturbadores para las fuerzas independentistas que gobiernan la Generalitat. De hecho, el Ejecutivo catalán, a través de su portavoz, Elsa Artadi, declaró que percibía "un punto de provocación" en la presencia del Gobierno español precisamente en esa fecha, y se apresuró a afirmar que garantizarían la seguridad de la visita, pero también el derecho a la protesta.
"Los nacionalistas son expertos en propaganda"
En opinión de la periodista y analista política catalana Laura Fábregas, la visita del Consejo de Ministros a Barcelona, en su planteamiento inicial, fue articulada desde el Gobierno de Pedro Sánchez como "un gesto de acercamiento" para, entre otras cosas, "demostrar que España no es solo Madrid, que es un país descentralizado y que, como tal, puede celebrar los Consejos de Ministros en distintas ciudades, como ya ocurrió en Sevilla".
Manifestación a favor de la liberación de los líderes independentistas presos. Barcelona, 16 Octubre de 2018 / Albert Gea / Reuters
Con respecto al "punto de provocación" percibido desde la Generalitat, Fábregas comenta que "el nacionalismo siempre verá una provocación en cualquier cosa que implique rebajar la tensión".
Esta analista comenta la situación interna de las fuerzas soberanistas en Cataluña y la intensidad de sus reivindicaciones señalando que "hay frustración porque el proceso independentista no ha cumplido aún su finalidad de proclamar la república". Asimismo también ha querido precisar que "a veces, desde la prensa española, se exagera un poco lo que son los CDR", y explica que la mayoría ellos "no son violentos, no hacen cosas preocupantes, salvo un grupúsculo que si lleva a cabo cortes de carreteras, etcétera".
"Los CDR –explica la periodista– no son una organización vertical, sino completamente horizontal, anónima, con mucha coordinación. Y en ellos hay de todo, hay incluso madres". Fábregas subraya que los integrantes de estos grupos "son en su mayoría de personas normales y pacíficas", aunque sí existe una minoría de "elementos violentos que aprovechan cualquier excusa para generar altercados".
Fábregas no se atreve a hacer ningún pronostico sobre la probabilidad de que se aplique el artículo 155 de Cataluña, y se limita a señalar que, de momento, ni los nacionalistas parecen dispuestos a "transgredir el umbral legal volviendo a la vía de la unilateralidad", ni el Gobierno de Sánchez a aplicar el 155, por más presión que reciba diariamente desde una oposición parlamentaria en la que los partidos más conservadores (Ciudadanos y el Partido Popular) se lo reclaman con insistencia.
"Veo complicado aplicar el artículo 155 si no hay antes una vulneración de la legalidad muy flagrante", concluye Fábregas, que no obstante advierte que "la realidad catalana cambia cada día".
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ante el Parlamento británico, Londres, Reino Unido, 13 de diciembre de 2018.
Phil Noble / Reuters
La Crida Nacional per la República (Llamamiento Nacional para la República, en español), el nuevo instrumento político promovido por el expresidente catalán Carles Puigdemont, celebrará su congreso constituyente este 26 de enero en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (Cataluña, España).
Este movimiento, que tiene alrededor de 16.000 fundadores y al que se han adherido más de 50.000 personas, cuenta con el apoyo institucional del sustituto de Puigdemont, Quim Torra, y el favor del activista Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión.
Con la meta de lograr una 'República catalana', la intención de esta Crida es "definir unas nuevas estrategias, disponer de nuevos instrumentos y renovar alianzas" para lograr una "unidad soberanista y republicana" basada en "la radicalidad democrática, la transversalidad ideológica, la transparencia en la toma de decisiones y la buena gestión del bienestar público".
Los promotores de la Crida pretenden aglutinar tantas sensibilidades políticas y sociales como sea posible para participar en las citas electorales venideras y se comprometen a disolverse cuando alcancen su objetivo. De hecho, Carles Puigdemont apeló el pasado 24 de enero a "una gran generosidad por parte de todos" para "superar los marcos estrictos de las formaciones políticas".
Sin embargo, este proyecto parece lejos de ser la casa común del soberanismo y aglutinar a otros partidos que abogan por la autodeterminación y desde el principio cuenta con la oposición de Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) y de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que se han negado a incluirse en esta herramienta.
De hecho, el debate sobre si participar o no solo existe en el seno del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat) —las siglas con las que Puigdemont se presentó a las elecciones dentro de la plataforma Junts per Catalunya—, que es heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, la formación con la que Jordi Pujol y Artur Mas gobernaron esa región española durante 23 y seis años, respectivamente.
Puigdemont, líder de la acción política
La Crida reserva su liderazgo de la acción política a Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. A falta de que se vote durante el congreso de mañana, todo hace presagiar que la ejecutiva del partido estará liderada por Jordi Sánchez y Elsa Artadi, actual consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat.
Otra incógnita es repercusión de este instrumento en las elecciones europeas que se celebrarán en mayo, ya que varios partidos nacionalistas de España habían llegado a un acuerdo para concurrir juntos a esos comicios. Entre ellos se encuentra el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que parece receloso de compartir lista con la Crida.
Candidato a alcalde de Barcelona desde la cárcel
En este contexto, durante la semana se supo que el exconsejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, planea encabezar la lista de "una candidatura integradora, solvente y trasversal" a la Alcaldía de Barcelona. El protagonista de los hechos hizo pública su decisión a través de una carta abierta que colgó en su perfil de Twitter.
Forn afronta el reto desde la cárcel, pues es uno de presos preventivos por el proceso judicial fruto del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Está acusado de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos y se encuentra en prisión provisional desde el 2 de noviembre de ese año.
El traslado de los políticos presos ha comenzado. El Tribunal Supremo está ultimando los detalles del juicio por el 'procés', en el que se sentarán en el banquillo nueve exmiembros del Govern -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y líder de JxCat Jordi Sànchez y el presidente de òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Está previsto que en breve se comunique la fecha de inicio de la vista oral, que está previsto que arranque a principios de febrero.
Abrimos un hilo directo para informar de las últimas noticias sobre el juicio a los políticos catalanes.
El autobús que traslada a los políticos presos a Madrid, a su paso por Lleida. / LAURA CORTÉS (ACN)
Para las comunicaciones telefónicas, dispondrá de tarjeta con 10 números autorizados a los que pueden llamar semanalmente, con una duración máxima de la llamada de cinco minutos. Al igual que para el resto de los internos, las comunicaciones con sus abogados no tendrán límite de tiempo ni restricciones horarias, y se realizarán en locutorios especiales, en los que el funcionario solo tiene control visual. Por su parte, las comunicaciones institucionales tendrán lugar a petición de los internos y siempre que no entorpezcan las comunicaciones del resto de reclusos.
13:48
Como el resto de internos, dispondrán de locutorio dos veces a la semana con una duración de 20 minutos, si bien se pueden acumular en una sola de 40 minutos y puede haber hasta cuatro personas en el locutorio. Una vez al mes podrán tener un vis a vis, con una duración de entre una y tres horas, y podrán recibir la visita de sus familiares también una vez al mes con una duración de entre una y tres horas en un local adecuado. Si tienen pareja e hijos menores de 10 años, podrán tener derecho a estancia de convivencia una vez al trimestre, con una duración de tres a seis horas y puede haber hasta seis miembros de una familia.
13:45
En primer lugar, los presos serán llevados al módulo de ingresos, donde serán identificados, se tomarán sus huellas y se someterán al registro de sus bienes personales. Allí serán reconocidos por el equipo médico y se les hará entrega, como al resto de internos, de un lote de productos higiénicos, ropa de cama y cubiertos.
13:42
Instituciones Penitenciarias procurará que los presos independentistas estén en módulos de respeto en las cárceles de Soto del Real y de Alcalá Meco, donde llegarán hoy, igual que lo estuvieron antes de que fueran trasladados a Catalunya. No obstante, la última palabra la tienen los directores de estas dos prisiones.
13:37
"El Govern quiere una vez más demostrar su apoyo y solidaridad con las familias de los presos y las víctimas de la represión española", continúa Torra. "Nuestros derechos se han violado de un modo vergonzoso". Ahora Torra cambia al catalán para denunciar una "estrategia premeditada para eliminar la voluntad democrática de los catalanes". Y pide al Gobierno español "valentía y coraje" para hacer los cambios democráticos necesarios para homologarse al resto de democracias europeas. "Democracia, no violencia, justicia y libertad", acaba el 'president' su declaración institucional acompañado del resto de miembros del Ejecutivo catalán.
13:34
Comparece Torra: "Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará la historia de nuestro país. Ante un juicio contra el derecho de autodeterminación y la democracia", empieza. El 'president' lee una parte de la declaración en inglés para rechazar la, a su juicio, represión del Estado contra los líderes independentistas catalanes. "El problema para los demócratas catalanes el también el problema de los países democráticos y la Unión Europea"
13:25
En breve, está previsto que comparezca también el 'president' Quim Torra para leer una declaración institucional tras el Consell Executiu extraordinario que se ha celebrado este viernes en el Palau de la Generalitat.
13:20
El anuncio de la fecha del juicio se ha hecho público mientras los presos independentistas están siendo trasladados a Madrid, para acudir a las sesiones del juicio, que está previsto que dure entre dos meses y medio y tres meses.
13:13
El juicio del 'procés' comenzará el próximo 12 de febrero, según han confirmado fuentes jurídicas a este diario, informa Ángeles Vázquez.
13:11
En breve está previsto que arranque la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, en el que con toda probabilidad los periodistas interrogarán a la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, sobre los detalles del traslado de los presos independentistas a Madrid.
El conflicto catalán está entrando en un nuevo capítulo con la posible apertura de una mesa de diálogo como escenario para acercar posturas y con su mayor polémica hasta la fecha: la presencia de una figura que algunos califican de mediador, otros de relator y otros de coordinador.
La mesa abierta de partidos políticos para abordar el diálogo y la situación política en Cataluña se fraguó tras la cumbre de Pedralbes, en Barcelona, del pasado 20 de diciembre, en el encuentro que mantuvieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el responsable del Ejecutivo catalán, Quim Torra, así como en las dos entrevistas que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo en enero con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la consejera de la Presidencia catalana, Elsa Artadi.
¿Por qué ahora?
Queda una semana para que empiece a discutirse en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que Sánchez presentó hace pocos días y que, precisamente, necesita del apoyo de los partidos catalanes para salir adelante.
El presidente español, Sánchez, y el catalán, Torra, en el Palacio de Pedralbes. Barcelona, 20 de diciembre de 2018. / Albert Gea / Reuters
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, aunque todavía se muestra abierta a retirarla dependiendo de los gestos del Gobierno. Y el Partido Demócrata europeo de Cataluña (PDeCat), de Torra, aún muestra dudas sobre la postura que tomará.
Se trata de crear un canal alternativo para el diálogo político entre todos los partidos de ámbito catalán, y posiblemente con la participación de algunos de ámbito nacional, para abordar la situación política en Cataluña, su análisis y la búsqueda de soluciones.
¿Por qué?
Las conversaciones a nivel institucional entre los Gobiernos de España y de la Generalitat a través de la Comisión bilateral que recoge el Estatuto de Cataluña no se encuentran en el mejor momento y se está buscando una alternativa más flexible, que además incluya a otros actores.
¿Quién la ha propuesto?
Al parecer, habrían sido los partidos catalanes independentistas quienes habrían propuesto tanto la mesa de partidos como la presencia de una "figura notarial" en ella.
Así, el diputado de ERC, Joan Tardá, deja claro en un tuit cuáles han sido los requisitos de su formación para retirar la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado PGE: instar a la Fiscalía [para que actúe en relación a los políticos independentistas presos]; el establecimiento de una comisión bilateral de partidos; la figura del mediador; y poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación.
¿Quiénes participan en la mesa?
Están convocados todos los partidos presentes en el Parlamento catalán: Ciudadanos (Cs), Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Socialista Catalán (PSC), En Comú-Podem, Partido Popular (PP) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
De momento, Cs ya ha anunciado que no participará, al igual que el PP y la CUP.
Queda pendiente por saber si finalmente se abrirá a otros actores de ámbito nacional. Los que tienen más posibilidades de participar son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y Podemos, liderado por Pablo Iglesias.
¿En qué consiste la figura del mediador?
Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: "No es un mediador, no hay un conflicto internacional. Hay una mesa donde se van a sentar los partidos en Cataluña que utilizará a una persona para ayudar a organizar y a negociar. No tiene más trascendencia. Nada más".
Información y privacidad de Twitter AdsLo cierto es que no está muy claro cuál será exactamente su papel, aunque los comentarios hechos por miembros del partido en el Gobierno dan a entender que sería alguien que facilitará el diálogo y el encuentro.¿Quién será?
De momento aún no se han barajado nombres concretos, pero desde los partidos independentistas catalanes se aboga porque sea una figura internacional. Por su parte, desde el Gobierno defienden que sea una persona española, preferentemente "del ámbito catalán", en palabras de la vicepresidenta.
¿Qué críticas está cosechando el Gobierno de España?
El Gobierno español ha sorprendido al aceptar la figura de esta especie de coordinador entre los partidos catalanes, aunque está siendo duramente criticado por ello.
El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) están convocando protestas en las calles contra lo que consideran una cesión del presidente del Gobierno a Cataluña.
Pablo Casado, líder del PP, incluso ha anunciado que no descarta presentar una moción de censura contra Sánchez si no rectifica, pues para el político popular, el presidente ha cometido "alta traición a España". "Han aceptado uno de los chantajes de los independentistas", ha argüido justo antes de anunciar que convocaba una concentración este domingo en Madrid "para pedir que se cumpla la ley y que no se siga humillando" a España.
Además, Casado afirma que la apertura de la mesa de partidos junto con la figura del relator es la "felonía más grave desde el 23F", fecha en la que se produjo un golpe de Estado en el país íbero.
Ciudadanos prefiere presionar para que Sánchez convoque elecciones y se ha apresurado a convocar una manifestación este domingo en Madrid, adelantándose por horas a Casado. "Hay que crear un frente cívico contra Sánchez", sostiene Albert Rivera. "Hay que frenar a Sánchez", ha insistido el político, que argumenta que no está "dispuesto a vender" el país y opina que todo lo que hace el presidente es por "seguir un cuarto de hora más en La Moncloa".
¿También en el partido del Gobierno?
También en la formación del presidente se han escuchado críticas. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del partido socialista, declaró en Onda Cero: "No lo entiendo. Le pido al Gobierno de España que se mantenga en su sitio en la defensa de la Constitución. Si se trata de tener a alguien de testigo porque no se fían unos de otros, que hablen en el Parlamento, que estamos todos de testigos".
Otro varón socialista, Javier Lambán, presidente de Aragón, ha opinado a través de Twitter que "aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el Estado de Derecho ni la decencia".
¿Por qué unas críticas tan contundentes?
El conflicto catalán es la cuestión más espinosa que el presidente español tiene entre manos. Por un lado, los partidos catalanes independentistas tienen las llaves para aprobar unas cuentas públicas que pueden ser claves para que pueda agotar la legislatura, pues se encuentra en una posición de debilidad al contar con tan solo 84 diputados de los 350 que componen el Hemiciclo.
Por el otro, cualquier cesión es fuertemente amplificada por los partidos de la oposición de la derecha del arco parlamentario, pues han tomado la bandera de la integridad del Estado como un arma arrojadiza, sobre todo después de la irrupción del partido ultraderechista Vox, a quien esta cuestión le está siendo rentable electoralmente, como se pudo constatar en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, donde consiguió 12 representantes.
De esta manera Sánchez se encuentra ante una paradoja. La inmovilidad no soluciona el conflicto, sino que lo agrava, como demostró la actitud del anterior presidente, Mariano Rajoy. Y si se mueve, tanto para propiciar un acercamiento, como para endurecer la relación con las fuerzas catalanas, corre graves riesgos políticos.
¿Y por qué está en el foco la figura del mediador?
La figura del mediador está en el centro de la polémica por varios motivos. Por un lado, para los partidos independentistas, una figura de este tipo de procedencia internacional haría más visible en el extranjero su conflicto y les otorgaría cierta entidad como interlocutor al mismo nivel que el Gobierno español.
Para los partidos contrarios a esta iniciativa, sobre todo los del ámbito conservador, es precisamente esa legitimidad internacional la que ven innecesaria y piden que el diálogo se circunscriba al ámbito de las instituciones. Opinan que su sola presencia ya pone en entredicho el principio de unidad de la nación española, pues mediaría entre dos partes que, a su juicio, no tienen el mismo nivel de interlocución.
Embajador en EE.UU. defiende la democracia española frente "al odio y las mentiras" de los "separatistas catalanes"
Publicado: 7 feb 2019 05:00 GMT
Santiago Cabanas argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación"
El presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Quim Torra, en Barcelona, 20 de diciembre de 2018.
Albert Gea / Reuters
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El embajador de España ante EE.UU., Santiago Cabanas, ha escrito un artículo para el medio estadounidense The Hill en el que defiende que "España es una democracia, un país progresista, abierto al mundo, respetuoso con los derechos humanos" en contraposición a los "separatistas catalanes", que "están dispuestos a expandir activamente el odio y las mentiras" a la audiencia norteamericana.
Cabanas ha escrito este texto como respuesta al artículo escrito por Andrew Davis, exjefe de la delegación catalana en los EE.UU., en el mismo medio hace unas semanas. Según Cabanas, "Davis intentó, sin éxito, utilizar el dinero de los contribuyentes españoles para convencer al público estadounidense de que Cataluña es una región oprimidaen el corazón de Europa".
Así, el embajador argumenta que Cataluña disfruta del mayor nivel de autogobierno "en su economía, fuerza policial, empleo y educación", y que es posible gracias al marco común de la Constitución española de 1978 que le otorgó "un gran poder político". Además, reafirma la calidad de la democracia española con la referencia al último Índice de Democracia publicado por The Economist, en el que España se sitúa entre los 20 primeros países.
Cabanas considera que el artículo de Davis está plagado de "falsedades, verdades a medias y hechos distorsionados", como parte de una campaña que busca "desacreditar el carácter democrático de España". Como ejemplo, aduce el caso de los políticos presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que según él, "están ahí, no por sus opiniones, eso no es motivo de encarcelamiento en España, sino más bien porque violaron la ley, –continúa el diplomático– intentaron organizar un referéndum ilegal contra las leyes españolas y catalanas, y contra órdenes judiciales".
También sostiene que el Gobierno español no interferirá en el proceso judicial porque "no puede" y porque "está comprometido a enfrentar los desafíos con optimismo, diálogo y respeto por el pluralismo y el Estado de Derecho".
El artículo ha sido compartido en Twitter por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que lo acompañaba del siguiente comentario: "España es una democracia plena que respeta los Derechos Humanos. Cataluña nunca ha tenido tanta autonomía como ahora".
Cabo de los Mossos d’Esquadra: "El independentismo en Cataluña ya no es política sino religión"
Publicado: 4 mar 2019 11:45 GMT | Última actualización: 4 mar 2019 12:53 GMT
"En Cataluña no hay una convivencia normal, la han roto los políticos catalanes apoyados por los políticos españoles", lamenta Inma Alcolea, cabo de los Mossos d’Esquadra, que denuncia estar acosada por el independentismo durante los últimos dos años. ¿Cómo es la vida de una constitucionalista en una policía politizada? ¿Por qué, según ella, quien tiene total responsabilidad por la situación en Cataluña es el Gobierno central? Véalo en Entrevista, de RT.
La entrevista a Inma Alcolea comienza con una afirmación contundente: la vida de los Mossos d’Escuadra de ideología constitucionalista "siempre ha sido mala". "No era fácil vivir con personas de ideología totalmente contraria", detalla a continuación. Según recuerda con amargura, un subinspector independentista llegó a llamarla, delante de otras doce personas, "colona desagradecida e inadaptada". En un entorno en el que, según nuestra entrevistada, "hablar castellano es como un crimen", el desarrollo de sus funciones como agente policial "no ha sido fácil".
En un análisis de la historia reciente, Alcolea señala que la situación en Cataluña empieza a cambiar realmente en el año 2006, cuando el entonces presidente del Gobierno de España, Jose Luis Rodríguez Zapatero, otorga a Cataluña "una serie de competencias para realizar un Estatuto de Autonomía con unas libertades que estaban en contradicción con la Constitución". Más tarde, como señala esta cabo de los Mossos, el referéndum soberanista de noviembre de 2014 supondrá también "un punto de inflexión".
"Una persecución inaudita"
En la vida personal de Inma Alcolea también tiene lugar un desafortunado episodio que marca un punto de inflexión. Un día, su madre entra en su perfil de Facebook y, con el usuario de su hija, escribe un comentario insultante contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Lo escribió en mayúscula y en mi Facebook", recuerda Alcolea, que reconoce que "eso es lo que ha sido mi infierno". "A raíz de ahí tiene lugar una persecución inaudita por parte del cuerpo de los Mossos d’Esquadra", añade.
Agentes de los Mossos d'Esquadra en el exterior del Parlamento catalán. 10 de octubre de 2017. / Rafael Marchante / Reuters
Esta agente policial opina que "el problema del cuerpo de Mossos d’Escuadra es que actúa sin tener en cuenta la ley y en base a su ideología política". Con esta firmeza critica Alcolea al cuerpo policial al que pertenece, que tal como explica "está liderado por políticos independentistas". "Los Mossos constitucionalistas nos estamos viendo señalados y acosados", asegura.
Desde un punto de vista político nacional, Alcolea denuncia que Cataluña ha sido "moneda de cambio para el Partido Popular y para el Partido Socialista", que necesitaban "tener los votos" de los nacionalistas "para gobernar España". En una fase más avanzada de la conversación, la entrevistada asegura que la convivencia en la sociedad catalana "está rota" y culpa de ello a "los políticos catalanes", aunque también señala la responsabilidad de "los políticos españoles" en esta ruptura.
Les recomendamos que vean completa esta entrevista en el video, en la que nuestra invitada profundiza en éstos mismos aspectos y en otros temas de interés relacionados con su experiencia personal y profesional como parte de los Mossos d’Escuadra.
MADRID (Sputnik) — El exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, reveló que elaboró un plan para detener al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto de los integrantes de su Gobierno, en los días previos a que el Parlamento de Cataluña adoptara la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
"El 27-O me puse a disposición del fiscal y del presidente del Tribunal Superior de Justicia por si debíamos detener al presidente y a los consejeros", declaró Trapero ante el Tribunal Supremo, donde este 14 de marzo compareció como testigo en el juicio del "procés", en el que son juzgados doce líderes independentistas.
Según reveló el exjefe de la Policía catalana, el cuerpo tenía "un plan desde el día 25" para proceder a las detenciones de los dirigentes políticos en caso de que las autoridades judiciales lo encontraran necesario.
En su comparecencia, Trapero, que es investigado en la Audiencia Nacional por la actuación de los Mossos en el proceso soberanista, intentó descargar al cuerpo policial de cualquier responsabilidad en el mismo, trasladándola por completo al Gobierno independentista.
De hecho, el exjefe del cuerpo catalán aseguró que entre los Mossos existía "malestar" ante el Gobierno catalán por su decisión de "impulsar" un "acto ilegal" como el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
Además, Trapero intentó desmontar el relato de las acusaciones, que atribuyen a los Mossos un papel de pasividad que dificultó las órdenes judiciales existentes para detener la consulta, declarada ilegal por la justicia española.
Según su versión de los hechos, el operativo de los Mossos el 1 de octubre tenía la finalidad de "cumplir con los mandamientos judiciales", aunque admitió que existían limitaciones operativas que impidieron detener la consulta.
De hecho, Trapero reveló que la cúpula del cuerpo policial mantuvo dos reuniones con dirigentes del Gobierno catalán en los días 26 y 28 de septiembre, a las puertas del referéndum, para trasladar su disposición a cumplir las órdenes judiciales.
A la segunda de esas reuniones acudió el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, además del responsable de Interior, Joaquin Forn.
"En esa reunión reiteramos que el cuerpo debe cumplir las órdenes de la Fiscalía y les instamos al cumplimiento de la legalidad", explicó Trapero, que en todo momento se refirió a la consulta como "referéndum ilegal".
Trapero manifestó también el malestar del cuerpo policial por declaraciones de distintos integrantes Gobierno catalán, que difundieron el mensaje de que los Mossos permitirían la consulta.
Además, el exjefe de Mossos trasladó a Puigdemont en esa reunión su preocupación por el mantenimiento del orden público ante la perspectiva de que el encuentro entre 2 millones de votantes y más de 10.000 policías generase "alteraciones graves" para la seguridad ciudadana.
Ante la exposición de estas preocupaciones, Carles Puigdemont –siempre según la versión de Trapero– instó al cuerpo policial a "hacer el trabajo que tuvieran que hacer", lo que implicaría que no hubo órdenes políticas para facilitar un referéndum, cuya convocatoria se mantuvo pese a la oposición de los Mossos.
Desde el pasado 12 de febrero se celebra en el Tribunal Supremo el juicio contra doce líderes políticos y sociales del independentismo catalán, que afrontan distintas acusaciones por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
Entre los acusados destacan figuras como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán, para el que la Fiscalía pide 25 años de prisión por delitos de rebelión y malversación.
Para el resto de los acusados, las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del estado oscilan entre los 7 y los 17 años de prisión.
Por otro lado, la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, considera que el independentismo catalán funcionó como una "organización criminal" y por ello solicita penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para todos los acusados.
El Congreso español suspende a los 4 diputados independentistas catalanes presos
Publicado: 24 may 2019 11:50 GMT | Última actualización: 24 may 2019 12:34 GMT
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos, después de recibir un informe de los letrados del Congreso.
El acuerdo ha llegado 24 horas después de que la presidenta del órgano, la socialista Meritxell Batet, solicitase a los letrados de la Cámara un informe, que le ha sido entregado la mañana de este mismo viernes y en que se abogaba por una suspensión inmediata.
Según el reglamento de la Cámara y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los políticos electos que estén siendo procesados y que se encuentren en prisión preventiva deben ser suspendidos de derechos, sueldo y funciones, después de recibir un informe de los letrados de las Cortes.
Dos días antes de las elecciones y en la antesala de la investidura
Esta medida llega dos días antes de que se celebren en España las elecciones europeas, autonómicas y municipales. También se produce en los días previos a que comiencen las negociaciones de los partidos políticos y la ronda de consultas del rey Felipe VI con los portavoces de los grupos parlamentarios previa a la investidura del presidente del Gobierno.
La ausencia de estos cuatro diputados podría hacer variar la aritmética parlamentariay facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez, que fue el ganador de los comicios celebrados el 28 de abril, pero que necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para volver a dirigir el Ejecutivo.
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