Mientras 17 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunciaban por desconocer la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro tras considerarla ilegal; el grupo integrado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) salió en su defensa al rechazar las sanciones internacionales impuestas principalmente por Estados Unidos y apoyadas por la comunidad internacional.

Tras una reunión de seis horas en Palacio de Torre Tagle en Lima, Perú, los cancilleres de Chile, México, Canadá, Argentina, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Paraguay firmaron un acuerdo de 16 puntos al que se denominó Declaración de Lima. Entre sus postulados figuran la ruptura del orden democrático en Venezuela y el rechazo a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por Nicolás Maduro y el movimiento chavista.

La contraparte reunida en Caracas dejó en claro que con acciones condenatorias no se lograría superar la crisis que afecta a Venezuela. Por el contrario, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador denunciaron que las sanciones a Venezuela sólo “tienen como objetivo generar más inestabilidad y alentar a los sectores más violentos de la oposición», según un comunicado emitido por el ALBA.

Estados Unidos ya había advertido que impondría medidas restrictivas contra los miembros de la Constituyente que sean habilitados. Esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a “ocho personas que están implicadas en organizar o apoyar de otro modo la creación de la Asamblea Constituyente (AC) de Venezuela y que han participado en acciones antidemocráticas a tenor de la Orden Ejecutiva (Decreto) 13692”, entre éstas a Francisco José Ameliach Orta, miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea; Adán Coromoto Chávez Frías, secretario de la Comisión Presidencial y hermano del ya fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, así como a Erika del Valle Farías Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco y Hermann Eduardo Escarrá Malavé.

La crisis venezolana parece entrar en una nueva fase luego que el presidente Nicolás Maduro aprobara un decreto con el que podría controlar todos los poderes públicos del país. Esto significa que el mandatario venezolano ahora tendría poderes extraordinarios para que, a través de su Asamblea Nacional, pueda decretar “medidas sobre competencia, funcionamiento y organización de poderes públicos de modo inmediato, para el adecuado funcionamiento de las instituciones y preservar la estabilidad”.

Por su parte, la Asamblea Nacional, electa en 2016 y de mayoría opositora, aseguró que desconocerá las decisiones de los constituyentes que la han suplantado. La Asamblea Nacional opositora es el único de los cinco poderes que no está bajo control del régimen de Maduro, el cual mantiene bajo su égida al Ejecutivo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano —conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Contraloría General. Para Rafael Soler, catedrático de la Universidad La Salle, la visión de Maduro no permite una solución viable al conflicto porque su estilo de gobierno es abiertamente autoritario. Esta es la entrevista que concedió a Siempre! vía correo electrónico.

Asamblea Nacional: Golpe de estado

¿Cuál es la perspectiva personal que tiene sobre la crisis venezolana?

Venezuela es una dictadura. No tiene ningún sentido utilizar eufemismos para referir la situación actual de aquel país. Hugo Chávez, a través del populismo y la propaganda, comenzó a desarticular los mecanismos de equilibrio en el ejercicio del poder. Nicolás Maduro, quien no tiene el carisma de su antecesor ni los beneficios de la renta petrolera, ha concluido el proceso por la vía autoritaria.

La imposición de una Asamblea Constituyente, que ni siquiera es tal, porque de hecho gobierna, extremo al que nunca debería llegar, constituye un golpe de Estado en contra de la Constitución de 1999. En Venezuela se encuentran todas las características teóricas de las dictaduras, solo por mencionar algunas: No hay un mínimo sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder; lo que atenta en forma directa contra la libertad.

En Venezuela salta a la vista uno de los grandes problemas históricos de la región: el caudillismo. Los resultados electorales encumbran figuras que en mayor o menor medida, a partir del respaldo electoral, se sienten autorizadas para modificar prácticamente cualquier cosa. México, distancias guardadas, no escapa desde luego de esta tendencia. Como todo dictador que se respete, y a partir de su muy escasa instrucción, Maduro se confunde frecuentemente a sí mismo con el Estado venezolano. En su distorsión mental no hay dudas: ser jefe de Estado es algo así como ser el propietario del país.

Presión internacional insuficiente

El régimen de Nicolás Maduro ya entró en una fase de aislacionismo, en la cual más de 40 países le piden que desista de habilitar una Asamblea que consideran ilegal, ¿qué consecuencias trae para su gobierno?

Es un tema difícil de prever. La dictadura y sus escasos aliados, aglutinados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, han logrado bloquear las resoluciones de la OEA. Los países más importantes de la región, sin embargo, se han organizado en forma paralela para tomar decisiones respecto del evidente rompimiento del orden constitucional. El Mercosur decidió suspender indefinidamente a Venezuela con base en el artículo 5 del Protocolo de Ushuaia. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, desconocen a la Asamblea Constituyente.

La consecuencia primera será el aislamiento internacional. Pueden seguir sanciones económicas, como las que ya tomó Estados Unidos, tal vez al punto extremo de no adquirir petróleo venezolano, casi lo único que exporta el país. Las sanciones, sin embargo, deben tener un cariz humanitario, pues quien las resentirá será el pueblo, que ha presenciado la destrucción total de su economía.

Sobre la posibilidad de un cambio político en Venezuela soy pesimista, aunque quisiera equivocarme. La presión internacional suele ser insuficiente para cambiar un régimen. La división de la clase gobernante, un relajamiento de la disciplina y la lealtad del ejército y de los cuerpos policiacos, o la existencia de un movimiento guerrillero que acumule ciertos éxitos, son situaciones que favorecerían una transición. De momento, para bien o para mal, no se advierten tales condiciones.

Un ejemplo económico a la vista

Muchos expertos ven en la crisis venezolana una clara derrota del sistema socialista y hasta la han tomado como ejemplo de lo que pudiera pasar en otros países con gobiernos de ese corte, ¿qué piensa al respecto?

En la historia encontramos, al menos desde el punto de vista económico, un caso similar al intento chavista de transitar, desde las instituciones, de un sistema de libre mercado a otro supuestamente socialista como el que gobernó Chile entre los años 1970 y 1973, con Salvador Allende. Desde su gobierno se impulsaron medidas tendientes a nacionalizar las áreas económicas estratégicas, acelerar la reforma agraria, establecer controles de precios e incrementar los salarios con financiamiento de emisión monetaria.

El déficit presupuestal alcanzó la cuarta parte del producto nacional bruto. El país experimentó, por la incertidumbre política, una fuerte caída en la inversión, y el exceso del medio circulante, que había producido inicialmente un crecimiento económico artificial, se transformó en una severa crisis inflacionaria. Los controles de precios originaron, por lógica económica elemental, escasez de productos básicos, mercado negro y mayor inflación. Las protestas en las calles se hicieron cotidianas.

En este escenario, agravado por su duración, las cifras del régimen de Maduro son mucho peores, es sustancialmente idéntico al que vive Venezuela hoy en día. La conclusión es obvia, en materia económica la alteración de los principios básicos, que son científicos y no meras opiniones políticas, conducen al desastre.