NINGUNA DISCRIMINACION,BUSH ELIGE "LATINOS" - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

Bush nomina a un latino "arquitecto de una política
ilegal e inmoral"
Jim Cason / David Brooks
La Jornada - México

El presidente George W. Bush nominó hoy como su
próximo procurador general al consejero legal de la
Casa Blanca que elaboró la justificación legal para
emplear la tortura contra detenidos y descartó la
aplicación de la Convención de Ginebra en la "guerra
contra el terrorismo". Alberto Gonzales será el primer
latino -mexicanoestadunidense- en ocupar el puesto al
frente del Departamento de Justicia.

"Siempre me ha brindado con su opinión franca",
declaró Bush al anunciar su selección para sustituir a
John Ashcroft. "Es una voz calmada y firme en tiempos
de crisis", subrayó.

Sin embargo, el nombramiento probablemente dividirá a
las organizaciones latinas en este país, algunas de
las cuales elogiaron la selección. De inmediato,
grupos de defensa de libertades y derechos civiles
cuestionaron el nombramiento como procurador general
de alguien que calificó las protecciones de la
Convención de Ginebra para participantes en conflictos
armados como algo "pintoresco" y "obsoleto".

El procurador general John Ashcroft, ultra conservador
y ex senador de Missouri, que por su religión no fuma,
no toma ni baila -se dice que ordenó vestir a las
estatuas desnudas del Departamento de Justicia-
renunció el martes. Es casi seguro que la mayoría
republicana en el Senado ratifique el nombramiento de
Gonzales como el primer procurador general latino en
la historia de Estados Unidos.

El ex juez texano y colaborador del presidente fue
considerado inicialmente -según los rumores
extraoficiales- como candidato principal de Bush a la
Suprema Corte, para llenar el hueco que dejará en los
próximos meses William Rehnquist, quien recientemente
anunció que padece cáncer. Bush aún podría nombrar a
Gonzales a ese tribunal supremo, pero algunos
analistas interpretan el anuncio de hoy como señal de
que se está considerando a otros para la Suprema
Corte.

A pesar de que todos esperan que el Senado finalmente
aprobará el nombramiento de Gonzales, se espera que
provocará un intenso debate y podría convertirse en la
primera prueba de qué tanto está dispuesta la minoría
demócrata a enfrentarse con la Casa Blanca. Como
abogado en Houston, Gonzales fue socio de un bufete
que tenía entre sus clientes a la empresa Enron, y ha
sido considerado como un aliado cercano a Bush desde
hace más de 10 años.

Pero aún más controvertido ha sido su papel como
consejero legal de la Casa Blanca. Gonzales encabezó
el desarrollo de las justificaciones legales para la
práctica del gobierno de Bush de detener a
"sospechosos" en la guerra contra el terrorismo sin
cargos formales, sin acceso a abogados y sin cumplir
con las obligaciones de la Convención de Ginebra.

Recientemente la Suprema Corte determinó que estas
detenciones son ilegales, pero el gobierno de Bush
continúa desafiando las órdenes judiciales en los
tribunales inferiores.

Esta semana un juez federal ordenó congelar los
primeros juicios militares en Guantánamo, argumentando
que las llamadas "comisiones militares" nombradas por
el presidente para realizar estos juicios no cumplían
con requisitos legales para un proceso imparcial y
violaban la Convención de Ginebra.

Fue el equipo de abogados al mando de Gonzales el que
desarrolló una serie de justificaciones legales
argumentando que ciertas categorías de detenidos en
conflictos fuera del contexto de una guerra
tradicional, no eran sujetos de la Convención de
Ginebra, señalando que están acusados de trabajar con
Al Qaeda y otras organizaciones terroristas que no son
consideradas como una fuerza armada estatal
tradicional.

Gonzales también caracterizó las prohibiciones contra
la tortura en la Convención de Ginebra como
"pintorescas" y sostuvo que el presidente como
comandante en jefe de las fuerzas armadas de Estados
Unidos no necesitaba cumplir con las convenciones, por
otras prohibiciones internacionales contra la tortura,
ni con las propias leyes estadunidenses contra la
tortura, ya que esta no era una guerra tradicional y
que los detenidos no estaban en territorio nacional.

En un detallado documento de más de 50 páginas, el
consejero legal también ofreció lo que en efecto es un
mapa para funcionarios estadunidenses que deseaban
evadir las prohibiciones legales contra la tortura y
el empleo de fuerza para extraer confesiones de los
detenidos.

Algunos abogados militares estadunidenses estaban tan
indignados por estas justificaciones legales que las
filtraron a los medios y la Casa Blanca fue obligada a
insistir en que ha abandonado estas prácticas. Pero
persisten versiones de que se siguen empleando
prácticas posiblemente ilegales contra los detenidos
por Estados Unidos, y a pesar de varios fallos de la
Suprema Corte (y su mayoría conservadora) condenando
el tratamiento de los prisioneros por las fuerzas
estadunidenses, el gobierno de Bush continúa
batallando contra estos impedimentos judiciales.

El Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en Nueva
York denunció hoy el nombramiento. "Convertir a
Alberto Gonzales en procurador general de Estados
Unidos sería una farsa. Implicaría tomar uno de los
arquitectos legales de una política ilegal e inmoral e
instalarlo como el funcionario encargado de proteger
nuestros derechos constitucionales", afirmó el abogado
Michael Ratner, presidente de CCR. Señaló que los
documentos desarrollados por Gonzales justificando la
tortura "pavimentaron el camino a Abu Ghraib".

Pero el Consejo Nacional de La Raza -la organización
latina más antigua y una de las más influyentes del
país- elogió el nombramiento. "Gonzales es un servidor
público pensante y razonable, un hombre de palabra, y
tenemos toda expectativa de que su nombramiento será
bien recibido en la comunidad latina". La
ultraconservadora Coalición Cristiana también elogió
la designación.

El nominado deberá responder a preguntas sobre su
participación y autoría en el desarrollo de estas
controvertidas justificaciones legales, y las
audiencias en el Senado sobre su nombramiento podrían
convertirse en un foro para el debate más amplio sobre
las violaciones de las libertades y garantías civiles
domésticas e internacionales bajo la presidencia de
Bush. Pero los republicanos, ahora con ampliada
mayoría en el Senado, intentarán limitar este debate y
acelerar el voto de ratificación.

Antes de aceptar su cargo actual en la Casa Blanca,
Gonzales fue juez en la Suprema Corte estatal de
Texas. Antes de integrarse a esa corte, fue secretario
de Estado de Texas y, según su biografía oficial de la
Casa Blanca, es "el enlace principal sobre México y
asuntos fronterizos" para el gobierno de Bush.