Fuera la corte federal de Puerto Rico

Fuera la corte federal de Puerto Rico

29 de noviembre de 2004
Hiram Lozada
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano

Desde que se estableció en 1899, por órdenes del gobierno militar de Estados Unidos en Puerto Rico, un año después de la invasión, la Corte Federal ha sido
enemiga de Puerto Rico, de la puertorriqueñidad y de los mejores intereses del país. Y conviene decirlo así, sin rodeos, ni aderezos, de suerte que se
entienda por qué en estos días un juez federal, a guisa de su jurisdicción omnipotente, intenta suprimir la voluntad electoral de los puertorriqueños -expresada en las pasadas elecciones generales de noviembre - y eliminar miles de votos mixtos, auténticos y válidos.

No se trata de legalismos, ni de doctrinas judiciales, lo que mueve al juez federal. Se trata de la intención política, inequívoca, de señalar y demostrar quien manda en el país y quienes gozan de su bendición. Y tan evidente es el designio que obligó a la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico a adoptar la base jurisdiccional de la "incertidumbre" para detener el
asalto. En efecto, en Suárez v. CEE, 2002 TSPR 179, el Tribunal Supremo expresó su obligación de "aclarar la incertidumbre con relación a los derechos de los electores que corren el riesgo de que sus votos no sean contados." A pesar de que, a raíz de la decisión del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), no había tal riesgo. El riesgo y la amenaza, así como el desden manifiesto, procedían del tribunal federal.

No se confunda nadie. No es cuestión de meros asuntos juridiccionales, de esferas de acción judicial o de áreas del Derecho. Si así fuera, el juez federal se hubiera abstenido de entrada, se hubiera negado a intervenir en la decisión administrativa de la CEE, amparada en la Ley Electoral y su aplicación. Y nuestro Tribunal Supremo no hubiera tenido que acudir a una base jurisdiccional vulnerable, ante la ausencia de controversia entre los peticionarios y la CEE. Estamos ante un dilema de alta política, ni más, ni menos, ante un escenario de contradicción y
conflicto entre Estados Unidos y su posesión en el Caribe.

Pero no es la primera vez que la Corte Federal es protagonista de ataques y asaltos a la cultura política de Puerto Rico y a sus líderes. Se creó en 1899 con el objetivo de americanizarnos, según admitió el gobernador militar Davis. Llegó para suprimir tres siglos de tradición jurídica hispana. Y se estableció a pesar de la firme oposición de la inmensa mayoría de los abogados y jueces puertorriqueños.

En 1909 la Cámara de Delegados, por voz de Luis Muñoz Rivera, solicitó al Congreso la supresión de la corte federal o, en la alternativa, disminuir sus
facultades. Los mediocres jueces federales obstaculizaban la obra de gobierno del Partido Unionista. Muñoz Rivera, quien no era independentista, denunció la "tendencia imperialista" de dicho tribunal. En la Resolución de la Cámara de
Delegados se indica que la corte federal “ha creado en el país un sentimiento de hostilidad y desconfianza, debido a que sus jueces por ser desconocedores en absoluto de nuestro Derecho histórico interpretan nuestras leyes del modo más
opresor o injusto para los litigantes de buena fe.” A la resolución de 1909 se unió la decisión de los delegados de no aprobar el presupuesto del país y así
boicotear el salario de algunos de los funcionarios de la corte federal. El presidente Taft, indignado por la osadía de los criollos, recomendó al Congreso
que enmendara la Ley Foraker de 1900 para que no fuera necesaria la aprobación del presupuesto insular por la legislatura boricua.

Luego, en 1916, la Cámara de Delegados aprobó otra resolución, con el voto de republicanos y unionistas, "para solicitar la supresión de la Corte de Distrito de EE. UU. para Puerto Rico y para que se delegaran sus facultades a la Corte Suprema de la Isla."

En 1916 la Asociación de Abogados de Puerto Rico y en 1973 y 1975 el Colegio de Abogados, solicitaron la supresión de la Corte federal por ser un foro
judicial extraño, exótico y ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. (En el caso de los letrados, hay que destacar y privilegiar la labor ingente y fecunda del profesor Carmelo Delgado Cintrón, quien, en diversos artículos jurídicos, ha denunciado y documentado el rol nefasto del tribunal federal.) Así lo reclamaron también el Ateneo Puertorriqueño en 1973 y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en 1986. Esta entidad expresó que "sólo se justificaría la presencia y funcionamiento del Tribunal Federal en Puerto Rico si la Isla escogiera ser un Estado Norteamericano." El Ateneo, por su lado, expresó que dicha corte "tiende a ser un factor de erosión y suplantación de las esferas de poder de los tribunales y otros organismos gubernamentales
puertorriqueños."

En 1983 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Severo Colberg, llamó al País a organizar un movimiento para lograr la expulsión del tribunal federal. En 1986 hizo igual pedido el Lcdo. Carlos Vizcarrondo, como presidente de PROELA. Vizcarrondo dijo que los tribunales puertorriqueños
están capacitados para dilucidar todos los asuntos legales.

Pero no es solamente la corte federal un agente de transculturación en Puerto Rico, aunque la sólida y rebelde cultura puertorriqueña ha resistido el asedio.
Estamos ante la corte que en 1937 encarceló, sin causa y sin debido proceso, a Don Pedro Albizu Campos y otros nacionalistas y cortó así el proceso histórico hacia la independencia. Es la corte que impuso sentencias injustas de cárcel a cientos de defensores de la causa por la Paz de Vieques, mientras luego trataba con mano benévola a los corruptos. Y no olvidemos que en la década del 70, esa corte, sus alguaciles y fiscales, su policía federal (FBI) y su Gran Jurado, perseguían y encarcelaban a los que objetaban el servicio militar obligatorio y se oponían a la guerra de Vietnam. Es también el foro que protege a los monopolios y megatiendas estadounidenses y aplica las leyes federales antiobreras.

Es la corte del imperio, sin duda, aunque el título les parezca a algunos imprudente. Se trata de un virus, un agente extraño en nuestro organismo vital, que debemos extirpar, como se hizo con la Marina en Vieques. La consigna "Fuera la Corte Federal de Puerto Rico" se impone hoy como tarea perentoria. Es, junto a otras, una tarea inconclusa, pero necesaria y posible, si la asumen la sociedad civil y los políticos de la estirpe de Muñoz Rivera, José de Diego, Cayetano Coll y Cuchí, Antonio R. Barceló, Vicente Géigel Polanco y Severo Colberg, entre muchos otros. El pueblo, indignado por la intromisión y los desafíos a sus instituciones democráticas, aguarda por el llamado a la acción justa y oportuna.