El 12 de junio de 2006, el Consejo de la Unión Europea se reunió en Luxemburgo para decidir sobre el caso de Cuba. Haciendo prueba de un flagrante delito de injerencia, afirmó claramente su intención de derrocar al gobierno de La Habana. “Mediante el abanico completo de recursos de que dispone, la UE seguirá ofreciendo a todos los componentes de la sociedad un apoyo concreto al cambio pacífico en Cuba”, subraya el comunicado oficial.1

Desde el 5 de junio de 2003, la Unión Europea (UE) impone sanciones políticas y diplomáticas a Cuba por la “situación de los derechos humanos”. En 2004, esas sanciones fueron suspendidas por un año y se revalúan regularmente. La suspensión de estas medidas coercitivas se ha prolongado hasta junio de 2007, a pesar de la fuerte insistencia de la República Checa, los Países Bajos, Polonia y Suecia, a favor de una línea más dura contra el Gobierno cubano.2

“El Consejo deplora que la situación de los derechos humanos en Cuba se haya deteriorado aún más desde la última evaluación en junio de 2005”. No obstante, la toma de posición de la Unión Europea sigue siendo incomprensible y carente de crédito, pues no explica por qué Cuba es el único país del mundo víctima de estas medidas discriminatorias. En efecto, ninguna otra nación interesa a la Europa de los 25 salvo el pequeño archipiélago del Caribe, lo que lleva a pensar que las motivaciones de la UE son más bien de orden político e ideológico. Después de ganarse las iras de Washington por su posición con respecto a la invasión de Iraq, incapaz de adoptar una política extranjera independiente y racional, la Unión Europea ha decidido bajar el tono y reconciliarse con la administración Bush adoptando su política represiva para con Cuba.3

El Consejo de la UE no lo niega en la medida en que enumera formalmente lo que entiende por “violaciones de los derechos humanos”. Después de algunas generalidades sobre la importancia del respeto de las convenciones internacionales, afirma estar sobre todo “preocupado por el hecho de que el gobierno cubano haya dado marcha atrás sobre algunas reformas que llevan a una tímida apertura económica. El Consejo deploró que estas restricciones hayan reducido otra vez el ámbito de las iniciativas privadas”. En una palabra, Europa utiliza la excusa de los derechos humanos, pero en realidad busca el regreso a un capitalismo de empresa privada y la implantación de una economía de mercado en Cuba.4

La UE se permite hacer gala de su buena voluntad y “reanudaría con placer un diálogo político con las autoridades cubanas”. Este diálogo tendría que ver particularmente con la cuestión de los derechos humanos y tendría lugar sobre una base recíproca y no discriminatoria”. La “base no discriminatoria” es imposible ya que Europa estigmatiza únicamente a Cuba. En cuanto a la reciprocidad, el último informe de Amnistía Internacional (AI) permite aclarar este tema efectuando una comparación de la situación de los derechos humanos en el seno de la Comunidad Europea -que pretende dar lecciones-, y Cuba.5

***

Hablando de Alemania, Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos humanos: el 14 de junio de 2005, el tribunal regional superior de Hamburgo estimó aceptables elementos de pruebas conseguidos después de “tratos crueles, inhumanos o degradantes [...] mofándose del derecho internacional relativo a los derechos humanos”. Durante el proceso a Mounir al Motassateg, acusado de terrorismo, el tribunal comprobó que el prisionero declaró durante sesiones de tortura. De la misma forma, tres Estados regionales (L채nder), Baja-Saxa, Saxa y Saxa-Anhalt, se negaron a ratificar la convención de las Naciones Unidas contra la tortura, considerándola necesaria para la lucha contra el terrorismo.

AI condena también las irregularidades cometidas contra numerosos refugiados (16.800 en 2004 y 5.897 en el primer trimestre de 2005) de Afganistán, Iraq y Kosovo, a los cuales se les retiró el estatus de manera arbitraria. Los expulsaron “hacia los países donde la situación en materia de derechos humanos seguía siendo sumamente precaria”, violando la legislación alemana. Por fin, el consejo federal (Bundesrat) se negó a adoptar una ley relativa a la lucha contra la discriminación.6

***

Austria presenta un triste panorama según AI. Seis policías, tres auxiliares médicos y un médico, responsables del asesinato de Cheibani Wague –un ciudadano mauritano golpeado de forma salvaje en agosto de 2004– fueron citados ante la justicia un año después. En noviembre de 2005, el tribunal dio su veredicto y condenó a uno de los policías y al médico a siete meses de cárcel y absolvió a los demás acusados. El comité de derechos humanos de las Naciones Unidas también concluyó que Austria violó los derechos de Paul Perterer, injustamente despedido y no indemnizado.

Austria también aceptó la extradición de Abd al Rahman Bilasi Ashri a Egipto, donde “se arriesgaría seriamente a sufrir graves violaciones de sus derechos fundamentales, en particular actos de tortura”, mientras que la Corte europea de derechos humanos instó a las autoridades austríacas a que no lo extraditaran.

En lo que se refiere a las condiciones de asilo, Austria adoptó nuevas disposiciones contrarias “a las normas internacionales sobre los refugiados y los derechos humanos”, según la organización internacional. Por otra parte, AI condena las terribles condiciones carcelarias “cada vez más difíciles, en un contexto marcado por la disminución del personal y el crecimiento de detenidos que padecen enfermedades mentales”. Por fin, Austria transfirió excedentes de armas a países violadores de los derechos humanos, según AI.7

***

Amnistía Internacional también señala con el dedo a Bélgica. Acusa al reino de imponer condiciones de detención no “conformes a las normas en materia de derechos humanos” con detenidos regularmente en aislamiento celular y a quienes no autoriza a leer o escribir. La situación es tan crítica que una delegación del comité europeo por la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (CTP), órgano del Consejo de Europa, efectuó en abril de 2005 su cuarta visita a Bélgica.

AI reprueba la generalización de prácticas racistas y discriminatorias contra las minorías étnicas, homosexuales y minusválidos “en materia de empleo, de integración en la sociedad y de acceso al servicio público”. La organización internacional se preocupa también por la multiplicación de las agresiones de carácter racista y por la indulgencia de la justicia. Cita el caso de tres hombres culpables de un ataque violento contra dos homosexuales en 2003 y condenados en 2005 únicamente a una multa de 100 euros.

La violencia contra las mujeres también es una plaga muy extendida en Bélgica, donde están afectados cerca de un tercio de los hogares. Por fin, en diciembre de 2005, el alto comisario de Naciones Unidas para los refugiados se conmovió con la suerte reservada a menores extranjeros refugiados cuyas condiciones de detención “consistían a menudo en un trato cruel, inhumano o degradante” 8.

***

En Chipre, AI subraya las numerosas detenciones y expulsiones irregulares de extranjeros que pedían asilo. Varios de ellos han sido víctimas de arrestos arbitrarios y de malos tratos en detención preventiva. Los funcionarios de la prisión central de Nicosia profirieron palabras racistas contra esos detenidos. Unos extranjeros fueron golpeados violentamente en la comisaría de policía de Limassol y “obligados a firmar declaraciones en las que renunciaban a pedir asilo”. Un iraní que pedía asilo, en situación legal, que acudió a la comisaría para hacer un cambio de dirección, fue detenido durante 3 meses en Limassol y luego enviado a Irán.

AI estigmatiza también la excesiva violencia policial contra manifestantes y periodistas durante huelgas de camioneros del 18 de julio de 2005. Por fin, AI lamenta que Chipre no hay elaborado un plan nacional de acción contra la violencia doméstica que asola el país y la ausencia de “protección jurídica [para] las lesbianas, gays y bisexuales”.9

***

El informe de Amnistía Internacional sobre España es abrumador. La violencia contra las mujeres sigue quedando impune y “sólo el 5% de las mujeres víctimas [...] presenta denuncias [pues] muchas de ellas tienen que enfrentarse a la indiferencia de las autoridades o a interrogatorios humillantes que les desaniman a ir más lejos”.

En agosto de 2005, 13 africanos cayeron bajo las balas de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta y Melilla, mientras intentaban atravesar la alambrada para alcanzar territorio español, en compañía de varios centenares de candidatos a la emigración.

Hubo varias decenas de heridos. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna investigación a pesar de las promesas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos fueron asesinados, como Ayukabang Joseph Abunaw a quien los guardias civiles golpearon con las culatas de sus armas y luego lo arrastraron hasta el otro lado de la frontera, a territorio marroquí. Falleció algunas horas más tarde por una hemorragia interna el 29 de agosto de 2005.

AI denuncia también la situación de “extranjeros que lograron introducirse en las Canarias o en enclaves españoles en África del Norte [que] no recibieron ninguna asistencia cuando pidieron asilo. Muchos de ellos fueron expulsados ilegalmente”.

Además la violencia policial ocasionó al menos un muerto, Juan Martínez Galdeano, que falleció en detención preventiva en los locales de la Guardia Civil en Roquetas del Mar (Almería), después de haber sido golpeado a muerte y ahogado.

En abril de 2005, el mediador de la Comunidad Autónoma de Canarias condenó los “malos tratos infligidos a los menores detenidos en Canarias”. Las condiciones de detención son tan insalubres en Gáldar que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa pidió el cierre de este centro.10

***

En Estonia, el comité Europeo para la prevención de la tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes (CTP) señala que las condiciones de detención en los centros de Kohtla-J채rve y de Narva siguen siendo inhumanas, con detenidos “encerrados las veinticuatro horas en celdas generalmente superpobladas, sucias, débilmente iluminadas y poco ventiladas”.

El CTP denuncia también detenciones secretas, la situación de los menores encarcelados con prisioneros adultos y la falta de atención médica en las cárceles. Las minorías étnicas estonias también son víctimas de graves discriminaciones en los campos de la educación y el trabajo.11

***

En Finlandia, siete objetores de conciencia están encarcelados en diferentes centros penitenciarios por haberse negado a hacer el servicio civil de reemplazo, contrario a las normas internacionales, y tienen la consideración de presos políticos.

La situación de las mujeres es trágica en este país escandinavo. Cerca del 40% han sido víctimas de violencia física o amenazas de violencia por hombres. “No se ha emprendido ninguna acción coordinada para luchar contra la violencia para con las mujeres, muy extendida”, según AI que denunció la falta de voluntad política y la incompetencia de las autoridades.12

***

En lo que concierne a Francia, “patria de los derechos humanos”, las conclusiones de Amnistía Internacional son poco gloriosas. El 9 de noviembre de 2005, el gobierno de Dominique de Villepin decretó el estado de emergencia en todo el territorio metropolitano, que se prolongó hasta el 21 de febrero de 2006. Recurrió a una ley, aplicada una sola vez (durante la guerra de Argelia) desde su promulgación en 1955, después de los motines de jóvenes de barrios desfavorecidos. La instauración del estado de emergencia supone automáticamente la suspensión de algunas garantías constitucionales. Además, el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy ordenó a prefectos que “procedieran a la expulsión inmediata de extranjeros condenados por infracciones cometidas en el marco de los motines, estuvieran o no en situación irregular”, lo que constituye una grave violación de la ley francesa.

Según AI todavía:

“Los malos tratos y los homicidios racistas imputables a los policías desde hace diez años no eran casos aislados [...]. El racismo de los policías y de otros agentes del Estado apuntaba a las personas de confesión musulmana o procedentes de una minoría étnica. Los presuntos autores de tales actos todavía no han tenido que rendirle cuentas a la justicia [...]. El sistema judicial no logra que se imponga la obligación a los presuntos responsables de rendir cuentas de sus actos, ni el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación. El hecho de que el gobierno siga sin responder a estas violaciones ha creado un clima de impunidad para las fuerzas del orden [...]. El resultado es una justicia a dos velocidades en la medida en que las denuncias que presentan los policías se instruyen más rápidamente que las de las víctimas de la violencia policial”.13

La organización internacional subraya también que las denuncias presentadas por violencia policial han aumentado un 38%. Por otra parte, el proyecto de ley relativo a la lucha contra el terrorismo, aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado en diciembre de 2005, suprime las garantías existentes contra la tortura y los malos tratos y extiende el período de detención preventiva a seis días sin la presencia de un abogado durante las primeras 72 horas. A ello, se agrega a veces la ausencia de una cámara vídeo durante los interrogatorios, lo que asegura la impunidad de las fuerzas del orden que han sometido a detenidos a actos de tortura.

En cuanto a los demandantes de asilo, AI deplora la reducción, de 12 a 5 días, del plazo para pedir asilo. “En 2000, la Corte Europea de Derechos Humanos había condenado a Turquía por el uso de un procedimiento similar, juzgando que un plazo tan corto no permitía examinar correctamente las demandas de asilo”, recuerda AI. Además, para complicar la tarea a los eventuales candidatos, un decreto legalizó la práctica que consistía en negar los servicios gratuitos de un intérprete a los demandantes de asilo en los centros de detención.14

***

Las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado en Grecia. De nuevo, ha fallado en “sus obligaciones respecto al derecho internacional en cuanto al acceso a los procedimientos de asilo y la prohibición de toda medida de expulsión o de rechazo”, según Amnistía Internacional. El 1 de abril de 2005, 106 personas palestinas fueron expulsadas hacia Egipto sin haber podido presentar su demanda de asilo. Varias de ellas fueron maltratadas por los policías. El 4 de noviembre de 2005, otras 141 personas corrieron la misma suerte. Varios refugiados, entre ellos varios niños, fueron detenidos “en condiciones que constituyen de hecho un trato cruel, inhumano y degradante”. Habían sido encerrados varios días en contenedores metálicos próximos al puerto principal.

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó, el 13 de diciembre de 2005, que Grecia había “violado las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohibe la tortura y las otras formas de malos tratos, así como toda discriminación en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención”, en referencia al caso Belos y Koutropoulos, dos griegos de origen gitano arrestados y gravemente torturados por la policía de Missolonghi. Ninguno de los responsables de estos malos tratos ha sido requerido por la justicia que los declaró a todos no culpables. La policía es también responsable de la muerte de Vullnet Bytyci, un joven albanés de 18 años, asesinado en septiembre de 2003 mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera. El policía responsable fue condenado a una pena de dos años y tres meses con remisión condicional. La víctima también fue condenada post mortem a tres meses con remisión condicional y puesta a prueba durante tres años, así como a una multa.

Se señalaron varios casos de discriminaciones contra minorías gitanas. “Unas viviendas que pertenecían a gitanos estaban condenadas a la demolición en el marco de operaciones llevadas a cabo despreciando las normas internacionales”, según AI. Las autoridades provocaron varios incendios que destruyeron esas casas.

En octubre de 2005, las autoridades locales y educativas obligaron a padres de alumnos gitanos a retirar a sus hijos de la escuela elemental de Psari, en los suburbios de Atenas, como consecuencia de manifestaciones racistas de otros padres que no deseaban que sus hijos se mezclaran con jóvenes gitanos. Los obligaron a ir a una escuela situada muy lejos de su barrio y reservada a los gitanos. AI condenó severamente esta segregación racial.

En 2005, a miembros de la población musulmana de Thrasa occidental se les privó de su nacionalidad por ausentarse del territorio nacional siendo “no étnicamente griegos”. A estas personas no se les informó a tiempo de la decisión de la retirada de la nacionalidad y no pudieron apelar. Ahora ya no tienen acceso a las prestaciones sociales ni a las pensiones de jubilación.

Un objetor de conciencia fue condenado a tres años y medio de cárcel por negarse a cumplir su servicio militar. Por fin, AI ha denunciado la trata de seres humanos en Grecia así como la violencia y la discriminación contra las mujeres.15

***

En Hungría los propios representantes políticos mantienen un clima de odio y racismo contra las minorías. El primer ministro, Ferenc Gyurcsány declaró en febrero de 2005 que el equipo de fútbol de Arabia Saudí contaba con “muchos terroristas”. En el mismo mes, el vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos, Zsolt Semjén, pronunció palabras contra los homosexuales.

«Las comunidades gitana y judía siguen siendo el blanco de ataques y otras infracciones con motivaciones racistas», según AI. Varias familias gitanas fueron expulsadas de su vivienda en pleno invierno a pesar de que existe una moratoria sobre las expulsiones durante esta estación.

La segregación contra gitanos está presente en los campos de la educación, la salud y la vivienda. A más del 25% de los niños gitanos se les obliga a asistir a escuelas especiales. El Estado ha retirado un número desproporcionado de niños gitanos sin verdadera justificación. Más de la mitad de las unidades familiares gitanas no tienen acceso al agua caliente y un 17% vive en zonas donde no existe ninguna posibilidad de atención médica. Además, la policía tiene tendencia a desatender los crímenes cometidos contra los gitanos. Por fin, la violencia doméstica es uno de los numerosos problemas que afectan Hungría.16

***

AI acusa a Irlanda de no cuidar a las personas que sufren de una minusvalía mental y denuncia también “las decisiones de internamiento [...] violando las normas internacionales relativas a la privación de libertad”.

La violencia policial está muy extendida con “abusos de poder, malos tratos, racismo institucional y [una] ausencia de obligación de rendir cuentas”. AI deplora también la legislación contra el terrorismo adoptada en 2005 que atenta contra la libertad de asociación y de reunión pacíficas y la libertad de expresión.

Además el aeropuerto de Shannon sirvió de tránsito para el traslado de presuntos terroristas por Estados Unidos, quienes se arriesgaban a “ser torturados o padecer tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Por otra parte, el informe anual de la Inspección de las Prisiones denunció las condiciones contrarias a las normas internacionales. Algunos detenidos que padecen trastornos mentales todavía son enviados a prisiones y no a establecimientos especializados. Un informe del Servicio Social apuntó numerosas detenciones arbitrarias de personas sin techo o que sufren enfermedades mentales.

Los demandantes de asilo y los emigrados siguen padeciendo malos tratos de las autoridades. Los pueblos nómadas sufren todavía el racismo y las prácticas discriminatorias.

En cuanto a las mujeres, siguen siendo las principales víctimas de la violencia doméstica. Los responsables gozan de tal impunidad que el Comité por la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas está preocupado por “la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas, el mínimo porcentaje de autores de actos de violencia perseguidos y condenados, la alta tasa de retirada de las quejas y la insuficiencia de fondos entregados a las organizaciones que brindan servicios de apoyo a las víctimas”. El Comité critica también “la persistencia de los estereotipos tradicionales en cuanto a los papeles sociales y las responsabilidades sociales de las mujeres, los empleos que ocupan [y] su débil grado de participación en la vida política y pública”.

La situación de los niños no mejora, se sigue encarcelando a los menores en prisiones para adultos, violando la Convención relativa a los derechos del niño de las Naciones Unidas. Por fin, un informe publicado en octubre de 2005 condenó la impunidad de la que se benefician miembros del clero en la diócesis de Ferns, sospechosos de un centenar de actos de pedofilia.17

***

La Italia de Silvio Berlusconi fue escenario de muchas violaciones de los derechos humanos. AI lamenta “la ausencia de legislación específicamente destinada a proteger los demandantes de asilo”, mientras que Italia ratificó la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas. Las numerosas detenciones de los demandantes de asilo violan las normas internacionales de los derechos de los refugiados. Varios miles de personas fueron expulsadas hacia Libia, con gran preocupación del Alto Comisario por los Refugiados. Se relataron varias agresiones contra refugiados cometidas por las fuerzas del orden. A la insalubridad y la superpoblación de los centros de retención migratoria se agregaban la falta de atención médica y la ausencia de toda protección jurídica.

Las brutalidades policiales, que van de la violencia, la privación de sueño, de alimentación y de agua, pasando por la tortura y hasta el rapto de personas, se favorecen por el hecho de que Italia todavía no ha introducido en su Código Penal el crimen de tortura como lo define la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

La violencia contra la población penitenciaria condujo a “un gran número de suicidios y actos de automutilación”, según AI, mientras perduraban los problemas de enfermedades infecciosas y de salud mental.

Por fin, a semejanza de otros países europeos, la violencia doméstica y la discriminación de las mujeres, gangrenan Italia.18

***

En Letonia las autoridades prohiben los desfiles de gays y lesbianas. El Primer ministro, Aigars Kalv챦tis juzgó tales manifestaciones “inaceptables para la mayoría de nuestra sociedad”. Según el informe anual 2005 de la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, Letonia es el único país de la Unión Europea que no ha introducido en su legislación las exigencias de la directiva sobre la igualdad de trabajo. Además, la ley letona no prohibe explícitamente la discriminación fundada en la orientación sexual en materia de empleo.

Por otra parte, se notaron varios actos de torturas imputables a los órganos encargados de aplicar la ley. Entre estos malos tratos físicos se encuentran, según AI, “la asfixia mediante una bolsa de plástico, la estrangulación, golpes violentos, descargas eléctricas o la inmersión de la cabeza del sospechoso en el agua de un lago”.19

***

La vecina Lituania no está exenta de reproches. La violencia en el hogar no constituye una infracción según la ley y las mujeres y las niñas son las primeras víctimas.

La trata de seres humanos para explotación sexual ha aumentado enormemente desde la entrada de Lituania en la Unión Europea en 2004. “Alrededor de 2.000 mujeres y niñas fueron llevadas ilegalmente al extranjero. Cerca de un cuarto de estas personas se encuentran en el Reino Unido donde, según Interpol, una quincena de lituanas entre 18 y 25 años se vendían cada mes”, según AI, que nota también “un crecimiento del número de víctimas menores”. AI deplora la insuficiencia de los esfuerzos gubernamentales para poner fin a este tráfico.20

***

En Malta, “los demandantes de asilo seguían siendo detenidos, violando el derecho internacional”, según AI, que denuncia la política de encarcelación sistemática que puede llegar a los 18 meses. El 13 de enero de 2005, el gobierno lanzó una violenta represión sobre una manifestación de refugiados que protestaban contra sus deplorables condiciones de detención en Hal Safi. Veintiséis personas tuvieron que ser hospitalizadas.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes expresó su preocupación en cuanto a las condiciones de detención y a los “malos tratos infligidos de manera deliberada a extranjeros particularmente patadas, puñetazos y golpes de porra”.

Por fin, la violencia contra las mujeres constituye todavía un problema de gran envergadura en Malta.21

***

En los Países Bajos, AI señala con el dedo las condiciones de detención y el trato reservados a los demandantes de asilo. El 27 de octubre de 2005, 11 personas perdieron la vida durante el incendio que azotó el centro de retención del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, superpoblado con 350 personas. En el pasado, este centro se quemó en dos ocasiones en 2003 y 2004. A pesar de las recomendaciones que hicieron los servicios de prevención incendios, las autoridades no tomaron ninguna medida, provocando una nueva tragedia.22

***

Polonia forma parte de los países que han exigido con virulencia la imposición de sanciones contra Cuba por violaciones de los derechos humanos, partiendo desde luego del principio de que ella era intachable al respecto. Pero el informe de Amnistía Internacional es abrumador.

La primera medida que tomó el nuevo gobierno, electo en 2005, fue suprimir el Buró del plenipotenciario para la igualdad de los sexos, convirtiendo a Polonia en el único país de la Unión Europa que no está dotado de este organismo. “El racismo y la intolerancia contra las minorías se observan tanto en la esfera pública como privada”, según AI.

En efecto, el actual presidente, Lech Kaczynskie, había prohibido el desfile por la igualdad en junio de 2005 en Varsovia, calificando la marcha homosexual de “obscena”. Menos de una semana más tarde, autorizaba el desfile por la normalidad organizado por un grupo extremista homófobo. Varias ciudades del país limitan los derechos de los homosexuales a la libertad de expresión, como Poznan.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades polacas no abrían casi ninguna investigación por odio racial y permitían la venta libre de documentos antisemitas. Denunció la clemencia de la que gozaban los autores de violencia y crímenes racistas.23

***