México: Nación golpeada
Por Natalia Gontero, desde Ciudad de México | 9.10.2006

La violencia contra la mujer se multiplica a lo largo de México. La lista ya suma los casos de Chiapas, Juárez, Atenco y, recientemente, Coahuila. El gobierno está sumido en una crisis institucional mientras las organizaciones de derechos humanos locales y extranjeras denuncian la responsabilidad de la policía en torturas, golpes y abusos. Amnistía Internacional acaba de denunciar la inacción oficial.

En México, la violencia de Estado contra las mujeres no se detiene. Detrás de los fenómenos conocidos desde 1994 en Chiapas se han replicado situaciones alarmantes en los alrededores del Distrito Federal como en el poblado de San Salvador Atenco y de Coahuila. Cada caso refleja en el escenario público procesos de una violencia doméstica dramática que viven miles de mujeres de forma cotidiana y que parecen el resultado de cientos de años de subordinación.

En ese marco, y mientras el país atraviesa una de las crisis institucionales más graves por los efectos de la huelga docente en Oaxaca y la transición democrática, Amnistía Internacional acaba de denunciar la inmovilidad del gobierno de Vicente Fox para investigar los sucesos de violencia. Y no sólo denunció la falta de castigo a los policías que golpearon y abusaron sexualmente de 23 mujeres en Atenco. También llamó la atención por los constantes fallos de las autoridades del Estado para investigar eficazmente las denuncias de abuso.

A Ana la detuvieron en el poblado de San Salvador de Atenco en los alrededores del DF durante los primeros días de mayo. Tiene 27 años de edad. Fue una de las personas que capturó la policía local y federal en medio de la gran redada contra los civiles de Atenco. “Al ser subida al camión en el que me trasladaron al penal fui apilada sobre otras personas que estaban acostadas sobre el piso del camión –dijo ella--, me arrastraron hasta el asiento trasero y desgarraron la ropa interior, bajaron mis pantalones hasta los pies y la playera hasta la cabeza, golpearon mis glúteos con mucha fuerza mientras recibía amenazas de violación y muerte…”

Su relato no termina. Es solo uno de los muchos que se oyeron desde el 3 y 4 de mayo cuando un grupo de casi tres mil policías --municipales y federales-- llevó a cabo un operativo en el poblado para “restablecer el orden público”. Las detenciones fueron masivas y arbitrarias. La policía detuvo a más de 200 personas. Entre ellos había pobladores locales y miembros y simpatizantes del movimiento Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Y la redada terminó con 47 mujeres detenidas. Muchas terminaron violadas. A otras las tocaron, les lanzaron insultos y las amenazaron de violación. La mayoría de esas mujeres logró salir en libertad aunque quedaron sometidas a un proceso penal. Siete de ellas, además, no salieron de la cárcel y continuarán detenidas. Son jóvenes, estudiantes, amas de casa, extranjeras e indígenas. Las acusaron de atacar las vías federales y de delincuencia organizada.

Las agresiones sufridas por las mujeres durante la detención provocó en muchas de ellas consecuencias especialmente graves como alteraciones emocionales e infecciones vaginales.

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de México la situación de Atenco tiene las características semejantes a las situaciones de tortura: “La invasión y utilización del cuerpo de la mujer en condiciones de sometimiento físico y moral cuando son detenidas por las autoridades del Estado, bajo los códigos de poder masculino y Estatal, constituyen una discriminación real por género y un acto de tortura”, indica un informe publicado por el Centro de Derechos Humanos.

A criterio de los expertos, la acción del Estado con esas características “tiene toda la intencionalidad de denigrar, de causar daño contra ellas y contra el género al que pertenecen, contra la comunidad que representan y a la que apoyaban de manera solidaria.”

Chiapas, a más de una década

Hace doce años la situación de violencia empezaba a sentirse con fuerza en el interior de Chiapas. Las fuerzas militares violaron a tres indígenas tzeltales menores de edad en un retén del Ejército en Altamirano. Las agresiones se denunciaron ante las autoridades mexicanas y organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, pero los casos siguieron impunes. No hubo detenidos ni procesados. Con el correr del tiempo, las hermanas tzeltales intentaron rearmar sus vidas escapando de la sociedad.

Como en muchos casos cercanos a las zonas indígenas de Guerrero y Chiapas, aquel lugar de las hermanas pertenece a un área de conflicto armado. En esos espacios, el Ejército actúa sistemáticamente de forma arbitraria: detiene a las mujeres indígenas y suelen violarlas durante el interrogatorio que inician a continuación. Muchas de esas mujeres no hablan español, y en esas condiciones se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Nadie habla de los abusos que se producen en situaciones como ésas. La mayoría de los abusos no se denuncian porque las mujeres no saben que son un delito y que pueden ser castigados. En este contexto de pobreza, aparecen las fuerzas estatales con todo su poder con el objetivo escénico de amedrentar a las comunidades.

Coahuila, la última implosión

Detrás de cada uno de los casos, el norte de México vivió un gran sacudón el último 11 de julio cuando trece trabajadoras sexuales fueron agredidas y violadas por un grupo de militares en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, de Coahuila.

Esa madrugada uno de los militares tuvo un altercado en el salón “El Pérsico” y fue detenido por la policía municipal. Inmediatamente se identificó como militar y quedó liberado. Sin embargo regresó más tarde en un vehículo oficial con otros veinte compañeros. Ingresaron al lugar vestidos de uniforme, portando armas largas y golpeando a las trabajadoras y hombres que estaban allí. Las mujeres fueron obligadas a desvestirse y bailar mientras los militares, quienes habían sido asignados para resguardar las urnas con las boletas electorales, abusaban sexualmente de ellas. Luego, los agresores se dirigieron al salón “Las Playas” donde también abusaron de las bailarinas.

Los agentes del Ejército estaban alcoholizados y según los testimonios de las víctimas, usaron armas para abrirles las piernas y asustarlas. Violaron sucesivamente a una de las mujeres. Otra perdió un bebé de tres meses de gestación. Mientras tanto, proferían amenazas, insultos, ultrajes y burlas. Ninguna de las mujeres abusadas recibió tratamiento de emergencia para prevenir un embarazo.

La Pastoral de derechos humanos diocesanos y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, demandaron justicia y protección para las trabajadoras sexuales. La diócesis de Saltillo emitió un comunicado en el que condena el abuso y la prepotencia de estos militares. “Ante estos hechos afirmamos y defendemos la inviolable dignidad que posee todo ser humano –explicaron--, especialmente la dignidad de nuestras hermanas ultrajadas, independientemente de raza, creencia, sexo o condición”. Actualmente, ocho militares están presos y cuatro continúan prófugos.

Fuera de estas situaciones puntuales, los casos de violencia contra las mujeres se extienden por todo México. Confluyen situaciones con cócteles de violación, secuestro y asesinato como los casos de femicidio de Ciudad Juárez donde desde hace más de una década la industria de la maquila --y la anomia institucional que se genera alrededor-- arroja los huesos de mujeres asesinadas al desierto. O el caso Lydia Cacho, la periodista amenazada y enjuiciada luego de publicar una investigación, donde documentaba y denunciaba las experiencias de abuso y explotación sexual sufridas por menores de edad en centros turísticos mexicanos, señalando, además, como esta red de pederastas actuaba con el apoyo de funcionarios de alto nivel del Estado de Puebla.

México, la violencia y la economía

En un informe que se presentó ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), organizaciones de la sociedad civil nacionales e internaciones destacaron que “las políticas de seguridad pública en el país tienen un franco rezago en la implementación de medidas para combatir la violencia que ejercen agentes de seguridad contra la población civil y en particular contra las mujeres. Al realizarse operativos policíacos, con la supuesta finalidad de restablecer el orden público, se hace uso excesivo de la fuerza pública en donde las mujeres son particularmente vulnerables.”

Entonces, las actuaciones de los agentes del Estado cuando se producen en ciudades como Atenco, Chiapas y Coahuila estarían contradiciendo los compromisos internacionales suscriptos por el gobierno. Ivonne Acuña Murillo es socióloga y académica de la Universidad Iberoamericana de México y considera que hubo grandes avances en el papel de la mujer en México desde la década del setenta. Sin embargo, señala que con las crisis económicas aumentan los casos de violencia hacia las mujeres. “En 1974 hubo toda una serie de reformas jurídicas que incluyeron a la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Agraria para eliminar los casos de discriminación en contra de las mujeres y fue un trabajo muy importante que sentó las bases para modificaciones posteriores”, explica. Pero no obstante, sigue, “cuando hay crisis económicas aumenta la violencia en contra de las mujeres, hay estadísticas que señalan que por lo menos en 50 por ciento de las familias en México se ejerce violencia contra mujeres y niños. Otras estadísticas hablan de un 70 por ciento donde las mujeres son violentadas sea física, verbal, económica o moralmente”.

Para la especialista, este tipo de violencias como las violaciones, la tortura y el asesinato de mujeres se dan en un contexto de sociedades misóginas, donde las mujeres son construidas con una imagen negativa. “En la cultura en la que vivimos –continúa Acuña Murillo-- se asume que las mujeres somos un objeto para brindar placer, entre otros servicios, a los hombres: ser sirvientas, enfermeras, secretarias, todo lo que implique subordinación. Se explica, no se justifica, en ese sentido la violencia en contra de las mujeres: tiene que ver, desde el punto de vista sociológico, con el modo en que construyes al otro; si tú desde niño aprendes que las mujeres no sirven, no valen, son tontas, son seres inferiores, son despreciables, que están para brindarte placer, para servirte, lo terminas asumiendo así”.

Pero cuando las agencias del Estado se suman a esa la cadena de abusos la situación adquiere características distintas. “En estos casos –dice la especialista--, hay un agravante y es que son fuerzas públicas, que son individuos que supuestamente están para proteger a la ciudadanía. Utilizan el poder que les da las armas y cierta delegación de la autoridad para abusar de la parte más débil de la sociedad, aparte de los niños y los ancianos, que son las mujeres”.

El colectivo MujerArte está coordinado por Yan María Yaoyólotl Castro y se especializó en violencia porque, como dicen ellos, “es la forma de vida cotidiana de las mujeres”. En la zona, tienen “mucha producción artística: teatro, danza, literatura, artes visuales, música sobre el tema de violencia porque es la cotidianeidad –agrega--. Nosotras damos talleres a las artistas sobre violencia y descubrimos que todas son violentadas, en mayor o menor grado o de diferentes formas, pero todas viven una violencia intradoméstica brutal”. Yan María que es feminista explica que las violaciones por parte de las fuerzas de seguridad “son un reflejo” de lo que sucede con las mujeres en la sociedad. “Si todo esto pasa en la esfera pública con las mujeres –cuenta-- es porque pasa en la vida privada. Si el esposo las trata como basuras ¿cómo el verdugo no las va a tratar como basura? La violación está institucionalizada en el matrimonio entonces ¿por qué no se va a dar fuera de él?”.

Dentro de la familia mexicana, la mujer una y otra vez parece carecer de todo tipo de valor. Para Ivonne Acuña, la violación a mujeres se puede entender, así, en un contexto donde “las mujeres somos consideradas propiedad de la familia. Las mujeres somos las guardianas del honor familiar, del padre y de los hermanos, pero nosotras no tenemos honor. Entonces, si tú violas a una mujer lo que estás haciendo supuestamente es infligirle una ofensa al padre o a los hermanos, a la familia no a ella. Incluso hay dramatizaciones, donde violan a la mujer y luego ella va y le pide perdón a su padre porque fue violada, cuando no pudo evitarlo, porque fue violentada y no tuvo opción”.