Hace veinticinco años que el aborto es la principal causa de mortalidad materna en la Argentina. El problema, sin embargo, para la nueva ministra de Salud, Graciela Ocaña, “es un tema de política criminal” y “no es materia del ministerio” que encabeza desde el 10 de diciembre, según sus propias palabras, dichas en un reportaje con Página/12. Su posicionamiento ante una problemática tan sensible generó polémica. Consultados por este diario, abogados por un lado y médicos por el otro, discreparon con Ocaña. Todos coinciden en que, aunque el aborto tiene aspectos de política criminal –dado que es una práctica prohibida y penalizada por el Código Penal–, en la Argentina es un gran problema de salud pública. Aquí los argumentos y fundamentos de sus opiniones.

El último registro oficial de la tasa de mortalidad materna –de 2006– muestra un incremento en relación con el año anterior: trepó a 48 muertes de mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio cada 100 mil nacidos vivos. En 2005 habían sido 39 las muertes cada 100 mil (ver cuadro aparte). “Las complicaciones por aborto son la primera causa de muerte materna desde 1980 en el país”, apuntó la médica Mariana Romero, investigadora del Conicet en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Romero tuvo a cargo la coordinación técnica del equipo que redactó la Guía Integral para la Atención Integral de los Abortos, que empezó a distribuir en hospitales el ex ministro de Salud Ginés González García antes de finalizar su gestión.

“El impacto de las complicaciones por aborto en la mortalidad materna es muy alto en la Argentina”, señaló Romero. Entre el 29 y el 32 por ciento del total de muertes vinculadas con la reproducción se producen por causas vinculadas con abortos. En la mayoría de los casos es muy probable que se trate de intervenciones clandestinas, con falta de asepsia, y métodos inseguros, como la introducción de agujas, perejil, sondas, a los que se sigue recurriendo en el país en los sectores más empobrecidos y de menor nivel de instrucción. En los últimos seis años –entre 2000 y 2006– murieron 613 mujeres por complicaciones de abortos, según las estadísticas oficiales: alrededor de un centenar de muertes por año, en promedio (ver cuadro aparte). “Son muertes evitables”, destacó la epidemióloga Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). En apenas un año, entre 2005 y 2006, esas muertes aumentaron un 17 por ciento, de acuerdo con los registros del Ministerio de Salud.

“Si bien en el mundo el 13 por ciento de las muertes maternas son atribuibles al aborto, en Sudamérica en promedio llegan a 19 por ciento. Es la región del mundo con mayor proporción de mortalidad materna por aborto”, observa Romero. En Argentina es, incluso, mayor que el promedio regional. En todos los países del Cono Sur, el aborto es una intervención médica penalizada, salvo algunas excepciones.

El aborto en sí mismo no es un procedimiento riesgoso si se realiza en condiciones de seguridad médica. Su prohibición y criminalización prevista en el Código Penal empuja a las mujeres con embarazos no deseados a la clandestinidad. La cantidad de mujeres que abortan en Argentina es inmensa: un estudio con métodos científicos validados en el mundo, encargada este año por el Ministerio de Salud, determinó que en la Argentina se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento. En España, donde el aborto es legal y la población del país supera a la de Argentina, las intervenciones rondan las 90 mil al año, según datos oficiales.

“Al contrario de lo que plantea la ministra Ocaña, este no es un problema de política criminal”, consideró el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. “Quedó probado que el derecho penal no sirve para nada ni a nadie. No les sirve a los que están en contra de que se hagan abortos, porque a pesar de que está penalizado se produce alrededor de medio millón de abortos. No les sirve a los que están a favor de que sea legal, porque la criminalización implica que se generen daños en la salud de las mujeres y que, incluso, muchas mueran”, afirmó. “En el Ministerio de Salud es donde se deben discutir estas cuestiones. Sería lógico y deseable que la ministra Ocaña siguiera con la línea planteada por Ginés González García, dado que el modelo planteado por el ex ministro, a favor de la despenalización, ha dado mejores resultados que la discusión en términos estrictamente penales”, agregó Gil Domínguez, cuya tesis de posgrado fue precisamente la problemática jurídica del aborto.

El aborto “es un problema de salud pública: es el principal factor que está manteniendo la tasa de mortalidad materna en los niveles que tenemos”, coincide la epidemióloga Mabel Bianco. “En las reuniones preparatorias de la Cumbre de Población de El Cairo, a comienzos de los ’90, todos los países latinoamericanos, incluida la Argentina, acordaron un documento que ya en ese momento aseguraba que el aborto es un problema de salud pública, por su impacto en las muertes y enfermedades maternas”, recordó Bianco. Romero, investigadora del Cedes, aporta un dato más: antes incluso, en 1967, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la resolución WHO 20.41, declaró que “el aborto constituye un problema serio de salud pública en muchos países”. “Como bien dijo la ministra Ocaña, nadie quiere el aborto, lo que queremos es que disminuya su impacto en la mortalidad materna”, subrayó Bianco.

Para el obstetra Guillermo Carroli, la problemática debe ser abordada desde “la política sanitaria”, porque el aborto “toca a la salud de la gente”. Carroli trabaja en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP), centro colaborador de la OMS, donde investiga las causas de muertes maternas.

El criminólogo Elías Neuman aportó también su punto de vista sobre la discusión abierta por la ministra Ocaña: “Es un problema de salud pública que merece un plan de política criminal”, sostuvo Neuman, profesor de posgrado de la UBA, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Penales del Distrito Federal. Neuman es partidario de la legalización del aborto, porque considera que las mujeres deben decidir sobre su propio cuerpo y además para evitar las muertes maternas vinculadas con esa práctica médica insegura. “Debería hacerse en hospitales públicos con asepsia”, aclaró. Y consideró que en este tema el Estado no puede tomar en cuenta las posiciones de la Iglesia Católica, contraria a la despenalización del aborto, porque se trata de un país laico.

Para el diputado del ARI Emilio García Méndez, abogado, especialista en políticas de infancia y consultor de Unicef, la pregunta no debe ser si se trata de un problema de política criminal o de política sanitaria. “Se trata de un problema político. Quien tiene el poder político no puede plantear esas dos alternativas. Si lo hace, o es hipócrita o es ingenuo. No me parece serio que los responsables de salud se escuden en esa falsa disyuntiva para desligarse del problema. Desde el Gobierno se debería articular la política criminal con la política sanitaria para enfrentar la problemática”, concluyó García Méndez.

Argentina acordó con la OMS para los Objetivos del Milenio reducir un tercio la mortalidad materna, es decir, llegar al 2015 con una tasa de 13 por 100 mil niños y niñas nacidos vivos. En la mitad del camino, alcanzar esa meta parece hoy muy lejano.

                                         SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                        (Gran Papiyo)