”Yo sabía que ella tenía que hacerse un aborto porque lo había escuchado en una charla, sabía que en casos como el de ella estaba permitido. Peleamos con el director del hospital, recorrí fiscalías, vi a jueces, no me quedé quieta nunca para salvar a mi hija y no la pude salvar”, dice Norma Cuevas, con la voz ahogada por el recuerdo. Su hija, Ana María Acevedo, tenía 20 años cuando un año atrás murió sin tratamiento para su cáncer porque en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe, le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba contraindicado para el embarazo. Hoy a partir de las 10, organizaciones de mujeres que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se concentrarán frente al hospital que la condenó a una muerte segura y marcharán por el centro de la ciudad, para recordar a Ana María y denunciar “el sistema autoritario y patriarcal que sigue matando mujeres en nombre de la vida”.

“No sé cómo voy a hacer para ir a ese hospital. Hace días que no puedo dormir bien pensando en que tengo que volver a ese lugar, donde pasé los últimos siete meses de vida de Ana María”, decía Norma a Página/12, en su casilla del barrio San Francisco Solano, en la localidad de Vera, a unos 300 kilómetros de la capital provincial. La rodeaban los tres hijitos de Ana María, de 5, 3 y 2 años, que ahora viven con ella, su marido Haroldo Acevedo y sus tres hijos de 12, 16 y 18 años.

El caso de Ana María Acevedo es emblemático y “pone en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres que son discriminadas en el sistema de salud pública, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y gratuito”, señalan desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, organizadora del acto de hoy, e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“A Ana María la mataron la intolerancia, el autoritarismo, la falta de respeto por la vida ajena; en definitiva, la suma de todos los fundamentalismos”, dice la abogada Lucila Puyol. Representa legalmente a la mamá y el papá de Ana María junto a otras letradas de la Multisectorial en la causa penal para determinar las responsabilidades de los médicos que la atendieron, las autoridades hospitalarias y los miembros del Comité de Bioética que rechazaron el aborto que pedía la familia. Varios de los profesionales fueron citados a indagatoria. El juez Eduardo Pocoví todavía no hizo ninguna imputación. “Creemos que se trata de un homicidio con dolo eventual, porque estaba prefigurado el desenlace de la muerte al negarle un tratamiento oncológico”, señaló Puyol a Página/12. A partir de la historia clínica y el testimonio de los padres de Ana María, las abogadas reconstruyeron el drama que vivió la joven en los últimos meses antes de morir.

La crónica de su dolor comienza a ser registrada en mayo de 2006, cuando Ana María recurrió al hospital de su localidad, Vera, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas de su cuello. La familia dice que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.

El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterpaia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.

El caso salió a la luz después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado pre morten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de abril.

En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.

Ana María apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a elegir el método anticonceptivo elegido y también el acceso a un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre son un emblema para el movimiento de mujeres argentino.

                                        SALUDOS REVOLUCIONARIOS

                                                         (Gran Papiyo)