Por José E. Bordon
LA NACION

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SANTA FE.- El denominado "efecto Villa Soldati" puede transformarse para el interior del país en el "efecto Rosario". Antecedentes de conflictos sociales sobran en la ciudad del sur santafecino: aquella imagen de televisión, en 1996, donde se podía observar a grupos de pobres asando gatos para comer y la revuelta popular de diciembre de 2001, que dejó una decena de víctimas mortales, volvieron ayer a la memoria de muchos.

Fue cuando 26 familias residentes en el humilde barrio Molino Blanco se decidieron y ocuparon terrenos en la avenida de Circunvalación y Ayacucho, en el extremo sudeste del ejido urbano, y próximo a Villa Gobernador Gálvez, otro foco de conflicto reciente.

En sus primeras manifestaciones afirmaron que disponen de materiales para construir viviendas y que no los moviliza ninguna intención política. Cuando caía la tarde, los fogones improvisados confirmaban la intención.

"Estamos cansados de vivir en la miseria total. Les pedimos a las autoridades que nos escuchen, que nos atiendan. Cientos de veces hemos ido a golpear puertas y lo único que recibimos fueron promesas que jamás cumplieron", indicó Antonio, un hombre de unos 50 años que intentaba armar un cuarto con lonas plásticas, para compartir con su mujer y tres chicos.

La otra campana se escuchó más tarde, cuando en el municipio, que encabeza el socialista Miguel Lifschitz, se lanzó un llamado a la cordura y se convocó a una representación de esos vecinos para un encuentro hoy, a las 13.

Los ocupantes movilizados aceptaron la invitación y como contrapartida se comprometieron a no iniciar la construcción de viviendas hasta conocer el resultado de la reunión.

Tratando de otorgar seguridad y evitar situaciones de riesgo para el resto de la población, la Guardia Urbana Municipal y la policía provincial se hicieron cargo de la custodia de la zona.

Anoche, la tensa calma comenzaba a encontrar algo de distensión en el lugar. Fuentes policiales confirmaron que no se registraron incidentes.

El director de Control Urbano de la ciudad de Rosario, David Sánchez, tiene claro que la demanda no tiene una respuesta inmediata. "De un momento para otro no podemos dar una solución. Mañana [por hoy] esperamos que los representantes de las áreas sociales puedan dar solución en el encuentro con los vecinos", explicó.

Anoche, la versión sobre otros intentos de usurpación de terrenos era moneda corriente, lo que obligó al gobierno a evaluar estrategias para evitar incidentes.

Al iniciarse la semana, 50 familias de Villa Gobernador Gálvez, 22 km al sur de Rosario, habían usurpado un terreno con el propósito de generar un asentamiento, pero pasado el mediodía de ayer la ocupación cesó tras un acuerdo con la municipalidad, que se comprometió a adquirir el terreno y subsidiar la construcción de viviendas.

Durante la protesta hubo un corte total de la circulación vehicular por la ruta 21 (ex nacional 9), en el acceso a la planta de Cargill, donde los camiones no pudieron realizar tareas de carga ni de descarga, provocando largas filas.

Al cierre de esta edición se mantenían reunidos intendentes de varios municipios con funcionarios del gobierno provincial para buscar una solución pacífica al complejo tema.

A su vez, según pudo saber La Nacion, en el predio tomado en Rosario, como en los futuras usurpaciones que pudieran ocurrir, se acordó que las autoridades comunales realicen de inmediato un censo de la población de ocupantes a fin de determinar las reales necesidades de cada una de las familias.

Desde la gobernación se insistió en recordar a los intendentes las indicaciones del Poder Ejecutivo nacional, que advirtió que a aquellas personas que usurpen terrenos públicos se les quitarán los beneficios sociales con los que cuenten.