Más tensión en las relaciones comerciales entre Europa y Argentina. La Unión Europea ha presentado hoy una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra las restricciones argentinas a las importaciones, como parte de un plan para presionar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por las políticas que ha puesto en marcha recientemente y que han desatado la ira de las mayores economías del mundo. Y de España: la decisión de Argentina el mes pasado de nacionalizar YPF, filial de la petrolera Repsol, ha provocado una ofensiva diplomática del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha desembocado en la queja de la Unión ante la OMC. España, Repsol y Argentina están librando su propia batalla legal bajo los términos de un acuerdo de inversión independiente entre los dos países. La Unión abre ahora otro frente legal contra la política comercial argentina.

La expropiación de YPF no figura en el pliego de cargos que presenta la reclamación de la UE ante el árbitro de las disputas comerciales internacionales, aunque ha tenido un peso fundamental en la decisión de Bruselas. “Con respecto a Repsol, la UE baraja aún todas las opciones disponibles, pero la reclamación ante la OMC no afecta a la nacionalización”, han indicado en fuentes de la Comisión. Sin embargo, las mismas fuentes han explicado que el caso YPF “es la expresión de una orientación política inquietante en materia de comercio”. Las exportaciones europeas a Argentina han caído en torno al 14% en el último año; las importaciones procedentes de Argentina han caído un 4%.

Las crisis económicas profundas suelen traer asociadas un resurgimiento del proteccionismo, de las guerras de guerrillas comerciales. Las relaciones entre la UE y Argentina no son la única expresión de esa tendencia: China denunció ayer a Estados Unidos por su política de subsidios en un total de 22 productos. Estados Unidos y China se han cruzado numerosas amenazas —y quejas ante la OMC— en los últimos meses.

La UE denuncia medidas restrictivas en Argentina que incluyen un régimen de licencias de importación y, sobre todo, los procedimientos para obtener esas licencias, que la Comisión considera “arbitrarias , poco transparentes y discrecionales”. Además, reclaman la abolición de un mecanismo que ha empezado a usar Argentina por el que los exportadores europeos se ven obligados a su vez a importar productos argentinos hacia Europa. “Las restricciones argentinas a la importación violan las normas comerciales internacionales y deben eliminarse”, ha asegurado el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht. “Las condiciones para el comercio y las inversiones en Argentina han empeorado. Eso nos obliga a impugnar el régimen proteccionista de importación argentino”.

Se inicia así un largo proceso en la OMC, que en casos como los relacionados con el grupo aeronáutico Airbus han durado muchos años. El primer paso es convocar a las dos partes a negociar, con un periodo de consultas de 30 días en el que Europa pretende que Buenos Aires levante las actuales restricciones a las importaciones. Posteriormente se abre un proceso de arbitraje de 60 días. Si después de esos dos meses no se llega a un acuerdo, la OMC designará un panel de jueces para que escuchen los argumentos de ambas partes. Tras la decisión de los jueces, aún existe la posibilidad de apelar. El proceso es interminable.

Pero las consecuencias pueden ser impactantes. Si la UE gana el caso, la OMC permitiría imponer aranceles a los bienes argentinos: los Veintisiete son el segundo mercado de las exportaciones argentinas, solo por detrás de Brasil, en una relación comercial en la que destacan las ventas de soja, de carnes y de otros productos agrícolas. Las exportaciones europeas suman más de 11.000 millones, pero las importaciones procedentes de la UE de bienes y servicios son aún mayores: 12.800 millones, por lo que cualquier tipo de medida disuasoria sería muy negativa para la balanza comercial argentina.

La Unión argumenta que Argentina mantiene bloqueos en el mercado de importaciones de algunos productos, que solo se pueden vender con una licencia expedida por el Gobierno y siempre que el importador se dé de alta en un registro, en un proceso que podría infringir las normas de la OMC. Las restricciones han provocado un impacto de unos 500 millones de euros para las empresas europeas, según fuentes europeas. En marzo, la UE, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y otros 10 países criticaron duramente ante la OMC las políticas de control de importaciones de Argentina. El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, ha denunciado en numerosas ocasiones esas trabas. El penúltimo capítulo de esa historia es el plan del Ejecutivo argentino para frenar las importaciones de jamón procedentes de España e Italia.

El cruce de denuncias entre España, Estados Unidos y otros países desarrollados, por un lado, y Argentina, por otro, no ha cesado en los últimos meses. En febrero, la comisión dijo que el sistema de licencias de importación de Argentina le costó algo más de 100 millones de euros a las empresas europeas entre enero y septiembre del año pasado. La Unión se ha planteado también la posibilidad de acelerar la salida de Argentina de un programa que permite aranceles más bajos a países en vías de desarrollo, siempre bajo la fuerte presión de España tras la nacionalización de YPF. El Gobierno de Fernández de Kirchner dice que las empresas importadoras se someten voluntariamente a limitar sus importaciones, asegura que las reglas del comercio internacional dejan en clara desventaja a los países en desarrollo y acusa a la UE y a otros bloques comerciales de mantener medidas proteccionistas en áreas como la agricultura.