Roberto Montoya

Miradas al Sur

España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE.UU. para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta. No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática. Dado que América Latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.

Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa. “Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil. “El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.

Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).

Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa. A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al BBVA y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el PSOE y el PP.

Tanto La Caixa como el BBVA –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder. CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.

En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta – coinciden en su línea editorial con un diario como El País , que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos. No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País , que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE UU y América Latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
.La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.

En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”. Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”. Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.

8/04/2012

http://sur.infonews.com/notas/repsol-ypf-una-cuestion-nacionalpara-espana

España amenaza con represalias, pero conoce su inviabilidad

“La obligación del gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España” , dijo Soraya Sáenz de Santamaría. Ante las preguntas de los periodistas sobre las posibles represalias que podría adoptar España si el Ejecutivo de Cristina Kirchner concretara la nacionalización de un alto porcentaje de la participación de Repsol en la petrolera argentina, la vicepresidenta española añadió: “Las medidas no se anuncian, se adoptan”. Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras citar en su despacho al embajador argentino en Madrid, Carlos Antonio Bettini, aseguró que “cualquier agresión contra Repsol violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas”.

Las espadas están en alto y España parece decidida a poner toda la carne en el asador en este diferendo que ya todos temen aquí que se transforme en un conflicto diplomático de primera magnitud entre los dos países. Todos con Rajoy. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tratando el tema, al igual que el Partido Popular y el rey Juan Carlos, como una verdadera “cuestión nacional” y no como el conflicto de una empresa en el exterior, se apresuró a dar su apoyo total al gobierno del presidente Mariano Rajoy. “Si el gobierno estima que en algo podemos ser útiles, sabe perfectamente que puede contar con nosotros” , declaró la portavoz de los socialistas españoles en el Congreso, Soraya Rodríguez.

Los periódicos también se han lanzado en tromba a cerrar filas con el gobierno y la dirección de Repsol como si se tratara de los preparativos de una guerra con Reino Unido para recuperar la soberanía sobre el peñón de Gibraltar. El monárquico ABC titulaba el viernes pasado con grandes caracteres en su portada: “Kirchner amenaza a España” y su principal editorial, titulado “Asalto a Repsol”, se iniciaba así: “La presidenta Fernández ha decidido sustituir las reglas de conducta de un país serio y fiable, como la seguridad jurídica, por la de un Gobierno basado en prácticas populistas y reaccionarias”. El País , recurriendo también al lenguaje belicista, titulaba ayer sábado en su portada: “España activa a la UE y a EE.UU. para defenderse de Argentina”, sosteniendo en su editorial: “Rajoy ha sacado su artillería pesada en defensa de Repsol en Argentina. Es razonable que el Gobierno defienda a las empresas privadas españolas en el extranjero”.

En España reina la confusión sobre qué hay de real sobre los “cuatro borradores” que supuestamente manejaría el Ejecutivo argentino para concretar su intervención en la empresa. Lo que está en juego es demasiado importante para España y el conflicto se agudiza precisamente en la semana más negra de la economía española desde que Rajoy llegó al poder. La producción de YPF representa para Repsol más de la mitad de su producción total (472.000 barriles diarios) y de sus reservas. Los beneficios que obtiene esta multinacional en Argentina suponen más de un 30% (1.200 millones de euros) de sus beneficios brutos globales, lo que le ha permitido repartir durante años casi el 90% en dividendos, reinvirtiendo solo el 10%. La compra en 1999 de buena parte de YPF por el grupo español le supuso a Repsol el inicio de su internacionalización, convirtiéndose así en poco tiempo en la octava productora del mundo y en la decimoquinta empresa energética. De ahí la importancia que tiene para el grupo español el futuro de YPF.

Por ello, el gobierno de Rajoy buscó el apoyo de países aliados para ejercer presión sobre Argentina y tratar de impedir una hipotética nacionalización. El viernes pasado hubo reuniones con EE UU a través del embajador en Madrid, Alan Solomont. También con la Cancillería mexicana, dado que México preside temporalmente el G-20, del que Argentina es miembro. Otro contacto se dio con la embajada colombiana; en este caso, por ser Colombia el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se desarrolla este fin de semana en Cartagena de Indias; y, finalmente, también con la Unión Europea. Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado de la Comisión Europea (CE) –órgano ejecutivo de la Unión Europea–, ha advertido a Argentina que “romper las reglas de juego tiene un coste”, asegurando que de decidir la nacionalización de YPF podría convertirse en “un apestado internacional”. España y la UE saben, sin embargo, que las amenazas son más declamativas que reales.

Represalias, ¿Qué represalias? La inversión española en Argentina es de casi 29.000 millones de euros, mientras que la argentina en España es de sólo 67 millones. En el hipotético caso de que se concretara la nacionalización, el conflicto seguramente acabaría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde su resolución podría demorar años. Ni el Tratado de Lisboa, por el que se rige la UE, ni la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuentan con instrumentos jurídicos que pudiera utilizar España a su favor. El gobierno, al igual que el conjunto de las decenas de multinacionales de origen español presentes en Argentina, teme que la batalla por YPF no sea la única a librar a corto o medio plazo. El nuevo embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, que ha estado durante los últimos días pegado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, en Argentina, mantuvo intensas reuniones en su residencia con empresarios españoles. Telefónica, Endesa, Gas Natural Fenosa, Inditex (Zara), Mapfre, OHL, ACS, el Banco Santander y el BBVA son algunas de las principales grandes empresas españolas con fuertes intereses en Argentina, de donde obtienen una parte muy significativa de sus ingresos globales.

A pesar de las amenazas iniciales de represalias, tanto Repsol como el resto de empresarios y el gobierno español saben que Argentina, y América Latina en general, son demasiado apetitosas como para mantener posturas inflexibles. En otras palabras: que es mejor recortar beneficios y aceptar las nuevas reglas de juego de los gobiernos progresistas que perderlos. De allí que, tal vez, podría preverse que Madrid intentará “reencauzar” por todos los medios las negociaciones.

Fuente: http://sur.infonews.com/