La estabilidad democrática y la prosperidad económica de América Latina en las dos últimas décadas han permitido que deje de ser considerada el “patio trasero” de Estados Unidos. Buena parte de esa pujanza económica se debe a la creciente presencia comercial de China en los países de la zona. El paulatino empuje del gigante asiático en la región puede amenazar la relación de privilegio que todavía mantiene Estados Unidos con sus vecinos del sur, que, de momento, sólo parece preocupado por el esa expansión comercial no pase las fronteras políticas.

“La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos. Eso es bueno para la región y, por tanto, también es bueno para EE UU”, explica Daniel P. Erikson, asesor de la Oficina para Occidente del Departamento de Estado. La Comisión Económica Para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) estima que en 2015, China sustituirá a la Unión Europea como segundo principal inversor en América Latina, por detrás de EE UU. La fortaleza económica de China ha tenido un profundo impacto en los países de la región. El país asiático es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo destino de las exportaciones de Argentina, Costa Rica y Cuba, según CEPAL.

China no sólo está recortando el protagonismo económico de EE UU en el hemisferio sur del continente americano -ha pasado de capitalizar el 4% del intercambio comercial a ser el principal socio de muchos de sus países-, también está ganando la batalla de la percepción de su peso en la región. Según un estudio del Barómetro de las Américas, elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el 68,2% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, considera que la influencia del gigante asiático en la zona es positiva, mientras que sólo el 62,2% opina lo mismo del ascendiente estadounidense. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EE UU.

Liu Kang, profesor de Estudios Culturales Chinos del Departamento de Estudios Asiáticos y director del Centro de Investigación sobre China de la Universidad de Duke, justifica esa impresión positiva en “la diplomacia pragmática” que ha optado por desarrollar en la región el Gobierno chino. “La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia”. Kang resalta, como ejemplo de esa falta de implicación política, que sus relaciones comerciales ya no se supeditan al reconocimiento a Taiwán por parte de algunos países de la región.

La estadística ayuda a ilustrar el impacto transformador de la presencia china en América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino, la región es el segundo mayor destino inversor del país, tras Asia. En 2000, Pekín invirtió 10.000 millones de dólares en la región, en 2009 eran 100.000 millones y dos años después, en 2011, superaba los 245.000 millones, de acuerdo con el Centro Woodrow Wilson. Esa inversión fue determinante para que América Latina soslayara el impacto de la recesión económica de 2009 -Ese a año las exportaciones de América Latina a EE UU y Europa disminuyeron el 26 y el 28% respectivamente, las que tenían como destino China, se incrementaron en un 5%-.

EE UU también aborda de manera empírica el peso creciente de China en el continente Americano. Washington, no obstante, alerta sobre las prácticas comerciales de China, las condiciones de su mercado laboral -con una mano de obra más barata que permite rebajar los costes de producción- y la falta de garantías hacia los derechos humanos, como factores que favorecen la relación comercial de los países emergentes de la región con EE UU, por su afinidad político-económica, que con Pekin.

Esta línea de pensamiento podría explicar por qué Brasil, Chile, Argentina o México son los países que, pese a tener a China como uno de sus principales socios económicos, tienen una visión más negativa de su influencia, de acuerdo con el Barómetro de las Américas. Del mismo modo, pese al inapelable éxito del modelo económico chino, el 27,5% de los consultados prefiere el sistema estadounidense, frente al 16,3% que se decanta por el chino, seguidos del japonés (12,4%), brasileño (7%), venezolano (2,1%) y mexicano (1,7%).

Otro de los problemas que se plantean a medio plazo es la posible competencia entre China y los países emergentes de América Latina, como Brasil o México. De hecho, en ambos Estados ya se han empezado a sentir las consecuencias de la inevitable rivalidad derivada de sus respectivas pujanzas económicas. Mauricio Mosquita Moreira, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró en 2011 que China era la “principal amenaza” para la expansión industrial de Brasil, ya que ambos países producen bienes similares. La diferencia entre las políticas laborales y el respecto al medioamebiente de determinadas empresas chinas instaladas en la región también han provocado fricciones con algunos Gobiernos americanos.

La relación con México es sintomática de la creciente rivalidad económica entre ambos países. China se ha convertido en uno de los principales competidores de México en el mercado estadounidense. En 1980, el Gobierno mexicano comenzó a adoptar medidas protectoras en respuesta a la proliferación de productos chinos de bajo coste dentro de sus fronteras. La reestructuración del mercado laboral chino, que ha acordado una subida salarial a los trabajadores, ha permitido el renacimiento de la industria automovilística y aeronáutica mexicana, en competencia directa con la china. Pese a todo, la postura de México debe ser cauta, ya que los productos que exporta tienen una alta dependencia de las importaciones chinas.

La dependencia de la economía de América Latina de China es importante, por cada 1% que crece el PIB en el país asiático, crece un 0,4% el de la región; por cada 10% que crece China, aumentan las exportaciones de América Latina a ese país, en un 25%. La presencia del gigante asiático en el hemisferio Sur americano ha servido garantizar la estabilidad económica de la región.

Aunque EE UU vigila que esa influencia no traspase las fronteras de la política, de momento, parece aceptar la expansión comercial. Desde 2006, ambos países mantienen un diálogo periódico para intercambiar ideas sobre la región. Desde que Barack Obama está en la Casa Blanca ese forum se reunión en 2010 y 2012 y está prevista otra reunión a finales de este año. La existencia de la Alianza Transpacífica (TPP), de la que forman parte Chile, EE UU, Perú o México -China no-, o la Alianza de Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como miembros plenos -ni China ni EE UU forman parte- da una idea de la importancia que América Latina da a las relaciones comerciales con el Pacífico Sur

Zhong Yu, un hombre de 52 años de la provincia de Shandong, hizo hace tres años lo que millones de chinos antes que él: emigrar a Pekín “porque quería ganar dinero”. Hasta entonces, vivía en Jinan (capital de Shandong), donde vendía verduras, y, antes de eso, fue campesino. “Me fui de mi pueblo cuando tenía 18 o 19 años. Éramos muchos y la tierra no daba para alimentar a una familia”, cuenta en una nave cochambrosa, que hace también de vivienda, en la que vende cemento, en Dongba, un suburbio del extrarradio de Pekín a unos 20 kilómetros del centro. “Aquí hay un gran mercado, hay más oportunidades y es fácil hacer negocios”, afirma junto a una estufa de carbón, en una habitación forrada de carteles verdes de una bebida refrescante, que aportan un poco de color a la miseria del lugar.

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ANTONIO ALONSO / EL PAÍS

Su situación es dura, pero Zhong es optimista. “Nuestra calidad de vida ha mejorado en general”, dice, sentado en un sillón impregnado de polvo. A su lado, su esposa, Li Guili, también de 52 años, asiente, pero le recuerda que, en invierno, la nave es un congelador; en verano, un horno, y, cuando llueve, el agua cae en el interior desde el techo. En una mesa, hay un plato con restos de fideos del almuerzo y un termo de agua caliente para el té.

Zhong y Li son dos entre los 260 millones de chinos que han emigrado del campo a las ciudades desde principios de la década de los ochenta en busca del trabajo y las oportunidades que no tienen en sus pueblos. El proceso de urbanización se aceleró cuando, en diciembre de 1978, Deng Xiaoping puso en marcha el programa de apertura y reforma de la economía, y la mano de obra fluyó hacia las nuevas regiones industriales. Los controles sobre el movimiento de la población fueron relajados, pero los emigrantes continuaron legalmente atados a sus lugares de origen por medio del hukou o registro de residencia, un sistema creado en 1958, que les impide en la práctica instalarse con sus familias en las ciudades en las que trabajan porque no gozan de los mismos servicios sociales, de educación y sanitarios que los locales. La mayoría deja a los hijos con los abuelos y otros familiares en los pueblos.

El Gobierno considera que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso al proceso de urbanización. Cree que el modelo actual de desarrollo ha alcanzado un punto de inflexión y debe pasar de una economía basada en la inversión y la exportación a una más centrada en el consumo. Para ello, es preciso que los habitantes de las zonas rurales mejoren sus ingresos y compren más, lo que, a su vez, requiere que cientos de millones emigren a las ciudades —ya que en el campo sobra mano de obra y falta empleo— y que los que lo hagan puedan vivir en igualdad de condiciones que los locales.

Porque, a pesar de su optimismo, Zhong y Li saben que son ciudadanos de segunda en Pekín, ya que su hukou es de su pueblo en Shandong. “Si pudiéramos, nos gustaría tener la residencia aquí”, dice Li. “En Pekín, hay más lugar para progresar, y el seguro médico es mejor. En China, hay una gran desigualdad entre las ciudades y las zonas rurales”, añade Zhong. El matrimonio asegura que si pudieran trasladar el hukou a Jinan, donde viven sus dos hijos, también se irían allí. “La vivienda en Pekín es demasiado cara”, afirma Zhong, que paga un alquiler de unos 1.000 yuanes (125 euros) al mes por la nave.

El pasado 5 de marzo, el primer ministro saliente, Wen Jiabao, aseguró en el discurso del estado de la Nación que incrementar la demanda interna es vital para el futuro de la segunda economía del mundo y anunció la aceleración de la reforma del sistema del hukou para respaldar el proceso de urbanización. “Hemos de acrecentar la capacidad de la gente para consumir, mantener estables sus expectativas al respecto, aumentar su deseo de consumir y mejorar el ambiente de consumo”, dijo Wen.

“Claro que queremos gastar dinero, pero no tenemos”, se queja Gao, una vendedora de verduras de la provincia de Henan de “más de 40 años”, en el interior de la caja de un camión herrumbroso en el que viven un amigo, su esposa y dos hijos, en un descampado a unos cientos de metros de la nave de Zhong. Gao está guardando el vehículo junto con otras tres mujeres. Un catre ocupa el fondo del camión de pared a pared. Las bolsas de plástico con ropa cuelgan de las paredes. En el exterior, se eleva una hilera de edificios residenciales de ocho plantas recién acabados.

“Si tuviera hukou de Pekín, podría venir y vivir con mi marido y mis dos hijos. Sin él, los niños no pueden ir a colegios públicos y tendría que pagar mucho en uno privado”, afirma Xu Fan, de 32 años, otra de las mujeres, que como Gao ha viajado desde Henan a la capital para ver a su esposo, que trabaja en la construcción.

El 52,6% de la población china —unos 700 millones de personas— vivía a finales del año pasado en las ciudades; pero esta cifra incluye los más de 200 millones emigrantes rurales que no tienen permiso de residencia. El Gobierno prevé que el porcentaje suba este año a 53,37, lo que significa el desplazamiento de unos 10 millones de personas.

La tendencia va a seguir al alza. Se prevé que la población urbana alcance 1.000 millones de almas para 2030. Las autoridades no han dado cifras oficiales de cuántas personas emigrarán a las urbes, pero, según expertos sin identificar citados por la agencia Reuters, Pekín pretende gastar 40 billones de yuanes (cinco billones de euros) para que 400 millones de personas se hagan urbanas en la próxima década, y que progresivamente la división entre el hukou rural y el de ciudad desaparezca.

Kam Wing Chan, profesor en el departamento de Geografía y especialista en China en la Universidad de Washington, estima que las ciudades sumarán 200 millones de nuevos residentes entre 2011 y 2020, frente a los 172 millones de la década anterior.

Para lograrlo, el Gobierno tendrá que incentivar la transferencia de suelo —con el consiguiente peligro de que se produzcan disputas— y modernizar la agricultura para que sea capaz de alimentar a una población urbana creciente, al tiempo que controla el riesgo de que disminuya el suelo cultivable y evita un torrente de emigrantes que excedan la capacidad de absorción de las ciudades.

“Reformar el sistema del hukou requiere visión, deseo político y recursos, y no es fácil tenerlos”, afirma Kam Wing Chan. “Los gobiernos locales se resisten a la reforma del hukou porque no tienen dinero para pagar los servicios que necesitan los emigrantes. Muchos gobiernos locales han secuestrado también el programa de urbanización para quitar la tierra a los campesinos y apoyar una burbuja inmobiliaria para que suban los precios del suelo y llenar sus arcas. En esta nueva ronda de urbanización, continúa existiendo ese riesgo”.

Consciente de los desafíos, el nuevo primer ministro, Li Keqiang, ha afirmado que el Gobierno llevará a cabo el proceso de urbanización de forma “activa, pero prudente”. “La urbanización es un proyecto grande y complejo, que provocará cambios profundos en la economía y la sociedad (…) Necesitará el apoyo de la creación de empleo y la provisión de servicios”, ha advertido Li, para añadir que habrá que coordinar el desarrollo de ciudades grandes medianas y pequeñas, y evitar que “rascacielos coexistan con poblados de chabolas”.

Li Changping, experto en Pekín del Centro de Investigación para la Construcción Rural de la Universidad de Hebei, da un consejo a las autoridades: “El principal problema será el uso del suelo como fuente de financiación por parte de los gobiernos locales. El Gobierno debería reformar primero el sistema fiscal”.