Brasilia, 09 oct (Télam).-
El nuevo Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, quien lleva menos
de un mes en el cargo, recomendó al Supremo Tribunal Federal el
juzgamiento de los represores que actuaron durante la dictadura militar
(1964-1985), que siguen beneficiados por la vigente ley de amnistía.
"El carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad
constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de
los derechos humanos", declaró Janot.
El jurista contradijo así a su predecesor, Roberto Gurgel, quien
había rechazado juzgar a represores en observancia de la ley de
amnistía, sancionada en 1979 por el entonces dictador Joao Baptista
Figueireido.
La vigencia de esa norma hizo que Brasil fuera el único país del Cono
Sur en no procesar ni encarcelar a sospechosos de participar en la
represión ilegal de los opositores al régimen de facto instaurado tras
el derrocamiento del presidente Joao Goulart.
Es la primera vez, además, que un procurador acoge el fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a
Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de los
servicios de inteligencia, y recomendó relativizar los alcances de la
amnistía.
En 2010, la mayoría de los jueces que forman el Supremo Tribunal
Federal rechazó la posición de la Corte Interamericana y convalidó la
vigencia de la amnistía con argumentos como la necesidad de preservar la
seguridad jurídica.
Esa perspectiva de la seguridad jurídica también fue rechazada por el
flamante procurador Janot en su escrito, divulgado anoche y recogido
por la agencia de noticias ANSA.
Janot argumentó que "no hay ninguna seguridad jurídica que preservar
cuando se trata de alguna iniciativa que se vuelve contra la ley de
amnistía que fue un pilar de sustentación del régimen autoritario".