Noticia de Casapueblos-AEDD

La estrategia de culpar a mamá

Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario cuando desaparecieron trabajadores. Los dichos de un militar lo comprometen.

 Por Diego Martínez

El empresario Vicente Massot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecidos. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Acdel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.

Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina.

La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia. Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.

El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.

“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.

La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia.

Noticia de Casapueblos-AEDD

Por Florencia Saintout *

El exterminio consiste en la sustracción a la especie humana de una parte de ella. Para hacerlo posible es necesario una operación cultural gigantesca y previa: quitarle a esa parte su condición de humanidad. Hacer de esa parte, de esos hombres (varones y mujeres) unos no-hombres. Entonces será posible su eliminación. La tortura; la muerte. Finalmente, la aceptación de que hay no humanos entre los humanos y que esos “no-humanos” son un riesgo para el resto del “cuerpo social”.

Un plan de eliminación de un grupo social, con la magnitud del elaborado y puesto en marcha en la dictadura, sólo es posible si se construye la aceptación de que eso sería necesario, fundada en la creencia de que hay algunos a los que se puede/debe exterminar. A partir de esa operación, sus vidas no serán lloradas porque no son consideradas ni siquiera vidas, sólo esto explica la concreción del horror. Para dar forma a ese artificio es necesario construir una serie de categorías sobre el otro que se fijen como verdad: los subversivos, los delincuentes, los bárbaros. Y en esta tarea los medios, como maquinarias especializadas en la producción simbólica que nomina la vida, ocupan un lugar fundamental.

La llamada propaganda negra no es otra cosa que la construcción de unos nombres, de unos relatos, de unas categorías, de unas imágenes que ordenan los acontecimientos a partir de un eje de destrucción del otro. Ese proceso se hace ocultando la verdad y sobre todo mintiendo acerca de ella.

No hay exterminio sin categorías que definan a un otro como exterminable. Los estigmas, reactualizados, pueden subsistir más allá de la detención coyuntural del exterminio. Pueden quedar como saberes ocultados en los sedimentos siempre disponibles de la historia. Por ello la afirmación innegociable del “Nunca Más”, porque la construcción de un sistema social de terror que habilitó la desaparición, el robo de bebés y la tortura no puede darse por terminada de manera definitiva con la llegada de la democracia.

Por eso, aunque nada garantice, la reparación de la Justicia en el marco de la verdad es indispensable para que nunca más ocurra, bajo las mismas o diferentes formas, el gran crimen. Las complicidades mediáticas deben ser juzgadas para afianzar el camino de justicia y la certeza de que nunca más seremos víctimas de una maquinaria de terror como la que vivimos. Massot tendrá que dar respuestas.

De la verdad hacia la justicia

Llegué a vivir a Bahía Blanca en 1983. Hice el colegio secundario a dos cuadras de La Nueva Provincia y ya para ese entonces todo el mundo sabía que la familia Massot era coautora del gran crimen de la dictadura. En esos tiempos donde los adolescentes podíamos salir de noche y encontrarnos con Astiz en algún boliche, nadie imaginaba que a los dueños del diario más poderoso del sur (ese que había entregado a trabajadores, que había publicado información arrancada de las sesiones de tortura en la macabra Escuelita; el que habló de enfrentamientos y celebró en su editorial del 24 de marzo de 1976 “la hora de responder con violencia ordenadora”) se los podía juzgar, o siquiera indagar. Era tal el grado de impunidad que todo lo que se sabía sólo podía ser balbuceado entre ilusiones de democracia y terror en el cuerpo.

La Nueva Provincia era el poder intocado de la ciudad. El poder real.

Con el Juicio a las Juntas militares en 1985 se abrió un camino de reparación de los crímenes. Con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final nuevamente volvimos a pensar que del infierno iba a ser imposible salir. En ese infierno, Vicente Massot formó parte del gobierno de Menem, que encarnaba el plan de miseria planificada que había denunciado Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas como el peor crimen.

El primero que relacionó a la familia Ma-ssot con el genocidio fue Hugo Cañón –cuando era fiscal general de Bahía Blanca en 1987–, quien resistió el Punto Final, declaró inconstitucional la Obediencia Debida y encabezó el proceso contra Acdel Vilas, comandante del V Cuerpo de Ejército y principal vínculo del diario con la dictadura.

En 2012, terminado el juicio que condenó al primer grupo de represores que cometió delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia legitimando el terrorismo de Estado. Así, el tribunal habló de “propaganda negra” –en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población– y de cómo el diario participó activamente en la construcción del enemigo, cooperando con el Ejército y la Armada en el exterminio de un sector de la sociedad. En la sentencia se ordenó investigar cuál fue el papel que cumplió La Nueva Provincia en el terrorismo de Estado.

Vicente Massot empezó a dar explicaciones por el asesinato de dos delegados gremiales: Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ellos habían encabezado un paro antes de la dictadura. Ya con el golpe, Diana Julio de Massot, la que se atrevía a decirles cagones a los militares porque no eran más salvajes de lo que debían, fue hasta el gremio y los increpó: “A ver si se animan ahora”. Lo que sigue es conocido. Los fueron a buscar a sus casas y de sus asesinatos La Nueva Provincia sólo mencionó dos líneas. No dijo nada de las condiciones ni de las torturas. Nunca más volvió a hablar del tema. Los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani acusan a Vicente Massot como “coautor por reparto de roles en el homicidio de los obreros gráficos, instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material, encubriendo a sus autores inmediatos”.

También Massot tiene que responder a la acusación de autoría de la propaganda negra al servicio del exterminio. Es decir, a aquello que siempre supimos que había sucedido pero que nunca pensamos que iba a ser juzgado: la responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca en la última dictadura.

El diario: los medios

Lo que está sucediendo en Bahía Blanca es un gran paso en el entendimiento de que la dictadura cívico-militar tuvo como coautores a ciertos medios de comunicación y a ciertos periodistas. Que ellos ocuparon un lugar fundamental.

Si bien es cierto que las características del diario, y de los Massot en particular, habilitarían a pensar que éste es el peor caso, no deberíamos quedarnos tranquilos pensando que La Nueva Provincia es un caso aislado, y que juzgado el monstruo más grotesco las monstruosidades desaparecerán (como señalan los jóvenes investigadores A. Santomaso y A. Olsetein, la línea editorial de La Nueva Provincia sigue sosteniendo la idea de la guerra sucia; la reivindicación del accionar terrorista del Estado y la demonización de la subversión a la que relacionan con el actual gobierno).

Sobran las pruebas para demostrar que ha sido un sistema de medios de comunicación el que ha actuado en la Argentina consolidando las posibilidades de la masacre. Sólo con leer materiales como el libro Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso, escrito por Eduardo Blaustein y Martín Zubieta, como uno más entre tantos, podemos dar cuenta de una prensa al servicio del exterminio. Ni qué hablar de los casos como el de Papel Prensa, que ya está en el recorrido de la Justicia.

En estos últimos años hemos asistido permanentemente a los comunicados de la SIP o de Adepa enArgentina hablando de la libertad de expresión. Es interesante recordar cómo en 1977, sólo a cuatro días de que Rodolfo Walsh hiciera circular su Carta donde denunciaba “la censura a la prensa”, Federico Massot tenía tribuna para afirmar en Cartagena de Indias en la Asamblea de la SIP “que es lógico que ante la escalada del marxismo internacional en la Argentina las autoridades se vean obligadas a tomar decisiones lesivas respecto de ciertas libertades en salvaguarda de la integridad nacional”.

En esta línea de defensa de un régimen criminal, como fue el de la dictadura y de sus cómplices, Adepa ya en los primeros días del golpe se manifestó satisfecha por “el cambio de estilo producido en las relaciones entre el gobierno y la prensa”. Hace menos de un mes Adepa se pronunció en contra del allanamiento ordenado por la Justicia en La Nueva Provincia, diciendo que se trata de un “ataque a los medios que expresan visiones críticas”. Con el discurso que convenga, lo único que defienden es a los perpetradores.

Con los juicios de lesa humanidad van surgiendo informaciones sobre el papel jugado por los medios. Lo que se está develando es la existencia de un sistema mediático al servicio del genocidio. Se hace necesario continuar con el esfuerzo de sistematización de esta información para reunir las pruebas que permitan llegar al juicio de este periodismo coautor del exterminio. Porque ya no podemos seguir pensando en posiciones de socios más o menos directos o de cómplices, sino de coautorías. La verdad nos abrirá los pasos a la Justicia.

* Florencia Saintout. Decana de la Facultad de Periodismo de La Plata.