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General: ahora vamos por los civiles!!!!
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| De: albi (Mensaje original) |
Enviado: 24/04/2014 11:56 |
"Si Massot puede ir preso, nosotros también": Los responsables civiles de la dictadura temen por el avance del juicio contra Vicente Massot -director de La Nueva Provincia- por delitos de Lesa Humanidad
Vicente Massot está acusado ante la Justicia de mandar a asesinar a trabajadores del diario La Nueva Provincia, que él dirige. Es apólogo del terrorismo de estado y la tortura, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Puede ser condenado por delitos de Lesa Humanidad. Adepa, Kovadloff y todo el establishment salen a bancarlo por miedo a que la justicia termine con la impunidad de los responsables civiles de la dictadura.
La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca acusa a Massot de participar en el plan criminal de la última dictadura. La responsabilidad de los Massot ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores de la ciudad de Bahía Blanca. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, dijeron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani.
Diario La Nación
Viernes 11 de abril de 2014
Advirtió que la medida judicial compromete la libertad de expresión y que se corre el riesgo de instaurar el "delito de opinión"
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "preocupación" por el allanamiento realizado el último martes en la sede del diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva), de Bahía Blanca, al que consideró que, por sus características, podría generar "el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión ".
La entidad que nuclea a los editores de diarios señaló en un comunicado que la situación, tal como se la llevó a cabo, "compromete las garantías constitucionales referidas a la libertad de prensa y genera el riesgo de que se pretenda instaurar el delito de opinión".
Al respecto, puntualizó que "las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional".
El procedimiento, que fue ordenado en una causa iniciada contra directivos del matutino que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, fue encabezado por los fiscales ad hoc José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani.
Según La Nueva Provincia, la medida ordenada por el Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, hoy a cargo del juez subrogante Álvaro Coleffi, tuvo una clara "intencionalidad mediática".
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 11:58 |
Para la Academia de Ciencias Morales, se lo ataca por "instrucciones ideológicas"
La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas expresó su "profunda preocupación" por la causa judicial que enfrenta el director del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, Vicente Massot en la que está acusado de colaborar en la comisión de delitos de lesa humanidad a través de las publicaciones del diario que dirige. "Expresamos nuestra profunda preocupación por la situación procesal en que se pretende involucrar al académico Vicente Massot sobre la base de instrucciones dogmáticas o ideológicas emitidas por el Ministerio Público", escribieron los académicos en la declaración firmada por Manuel Solanet, presidente de la institución, Santiago Kovadloff , vicepresidente, y Leonardo Mc Lean, secretario. "Manifestamos nuestra solidaridad con el doctor Massot, de indudable trayectoria personal, científica y moral, y esperamos de la Justicia una resolución de acuerdo a derecho, consecuente con el precepto constitucional de libertad de expresión, no sujeta a presiones del poder ni resultante de propósitos persecutorios", expresaron los académicos. Massot está llamado a prestar declaración indagatoria el 24 de este mes en la justicia federal de Bahía Blanca.
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El 28 de enero de 2010 publicamos en La otra esta nota:
La vieja provincia
Así como el periodista Pablo Llonto escribió La Noble Ernestina, el libro sobre Ernestina Herrera de Noble que cuenta la manera en que fue construyendo su poder a lo largo de las décadas -aliándose con los poderes de turno, pero por sobre todo sacando gran tajada en tiempos de dictadura militar- alguien deberá escribir alguna vez la historia de la familia Julio-Massot, propietaria de La Nueva Provincia, con pelos y señales.
La Nueva Provincia es un diario centenario que a lo largo de décadas fue moldeando el modo de pensar y sentir de -prácticamente- toda la sociedad de Bahía Blanca, una ciudad que se destaca en el mapa de la provincia de Buenos Aires y del país por su perfil conservador. Si bien siempre existieron y existen esfuerzos de radios comunitarias, diarios que plantean una visión distinta, poetas, músicos, artistas en general y editoriales que la hacen más respirable, sabrán entender que ninguna ciudad que viva entre la Base Naval Puerto Belgrano y el Quinto Cuerpo del Ejército puede jacarse de progresista. No al menos esta ciudad. Y sé perfectamente lo que estoy diciendo. De alguna manera yo también fui moldeado por esa mentalidad que se respira, que está en el aire. Imaginarán que -está de más decirlo, pero ahí vamos- el diario tiene que ver en eso. ¿Dije el diario? En realidad es el MONOPOLIO, o son los mecanismos aceitados durante años y años que terminan por aplastar cualquier intento de querer hacer otro tipo de periodismo. Si bien gran parte de la sociedad subestima el poder de interferencia en la subjetividad que tienen los medios, si de algo sirvió la discusión alrededor de la ley de medios fue para darnos cuenta de cuán indefensos podemos estar ante el tremendo poder que de allí emana, si es que no nos mantenemos alerta.
Durante años La Nueva Provincia, LU2 Radio Bahía Blanca y LU80 TV Canal 9 eran lo mismo. De algún modo actualmente también lo son, sólo que no en términos económicos sino ideológicos. Siguen conformando un bloque ideológico lo suficientemente importante como para que uno los identifique como una sola cosa. Aún hoy la cuestión funciona así: lo que cada mañana se publica en el diario se lee en los programas de radio de la primera hora (LU2 siempre se encargó de leer textualmente el diario entero página por página) y esa información es levantada por Canal 9 para su noticiero del mediodía. Paquete completo. Eso sin decir que, además, en 1994, el COMFER le adjudicó a la empresa Multivisión S.A, de la que participa la familia Massot, una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un sistema de MMDS en la ciudad de Bahía Blanca. Todos los recursos a merced de la famosa construcción de la agenda. Nada muy diferente al funcionamiento de los grupos mediáticos que operan en Capital Federal, excepto que La Nueva Provincia se circunscribe a la ciudad de Bahía Blanca. A tal punto fue la familia Massot precursora en esto de las fusiones -el primer grupo multimedia de la Argentina- que la mismísima Ernestina cuando empieza a pensar en formar su conglomerado multimediático dice: si la Massot puede, nosotros también.
La historia de La Nueva Provincia se remonta a 1898. Fue fundado por Enrique Julio con la intención de hacer de Bahía Blanca la capital de una nueva provincia que estaría conformada por parte de la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa y parte de Río Negro. La idea resultó poco fructífera. Pero lo cierto es que el diario sí se convirtió en un bastión del sur argentino. En 1950 fue incautado por el gobierno peronista por su abierta oposición y recién en 1955 fue recuperado gracias a la "Libertadora". Quien se pone al frente como directora, un par de años después, es la nieta de Enrique Julio: Diana Julio de Massot, fallecida recientemente, quien en ese entonces tenía unos 27 años. Diana es la verdadera hacedora de La Nueva Provincia.
Las manos se le manchan con sangre a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se convierte en el órgano de la Marina, avalando desde sus páginas la política represiva del gobierno militar, aunque para ser justos debemos decir que mantuvieron una coherencia en relación a las opiniones vertidas en el mismo diario unos años antes. Según Leandro Albani, (La Fogata) ya en 1973 se podían encontrar entre sus páginas referencias a la derecha peronista, como "aguerridos grupos de argentinos que defienden los colores patrios y reaccionan como hace rato debió hacerlo el país todo contra los trapos rojos", o al accionar de la Triple A reivindicando que "se juegan la vida en operativos paramilitares". Eso era La Nueva Provincia previo al golpe de Estado. Y más: en 1975, producto de un paro gremial realizado por trabajadores pidiendo un franco cada 4 días, tal cual establecía el convenio de trabajo, el diario estuvo 3 semanas sin salir a la calle. Finalmente debió cumplir con el convenio, pero una vez que reapareció salió con los tapones de punta. Diana Massot no se iba a olvidar tan fácil. Emprendieron una embestida contra los gremios y, oh casualidad, con Videla ya en el poder, el 4 de julio de 1976 encontraron los cadáveres de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola -obreros gráficos del diario, Secretario General y Tesorero respectivamente del Sindicato de Artes Gráficos de Bahía Blanca. Dos cosas son seguras: que fueron secuestrados, torturados y acribillados, y que la directora los había acusado de formar un "soviet". El diario registró el asesinato por única vez dedicándole sólo 20 líneas. (Completo acá)
Más notas sobre Massot en La otra: Cuentas pendientes en Bahía BlancaPiden la detencion de Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, por su complicidad con el terrorismo de estadoLa democracia no es su fuerte
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 11:59 |
EL PAIS › INDAGARAN AL DIRECTOR DE LA NUEVA PROVINCIA POR CRIMENES DE LA DICTADURA
Massot, a rendir cuentas
Fue citado para el 24 de abril como imputado por delitos de lesa humanidad y le prohibieron salir del país. En la causa se investiga el asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola.
 Por Diego Martínez
El empresario Vicente Gonzalo Massot, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y profesor de historia en la Universidad Católica Argentina, deberá prestar declaración indagatoria como imputado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. A casi once meses del pedido de detención de los fiscales federales José Nebbia y Miguel Palazzani, el juez federal subrogante Alvaro Coleffi decidió citar al ex funcionario menemista para el jueves 24 de abril a las 8.15 y decretó la prohibición de salir del país por “la naturaleza de los delitos” que le imputan y “la necesidad de garantizar” su presencia. “El juez dio un paso muy importante, hizo constar que tomó nota de las pruebas aportadas por la fiscalía, de la gravedad de los delitos y le prohibió salir del país”, evaluó con cautela el fiscal Ne-bbia, quien no cuestionó la decisión de Coleffi de permitirle a Massot seguir en libertad.
Massot está imputado por el rol de LNP como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica desplegadas por el Ejército y la Armada en el sur bonaerense y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados y dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. La acusación del Ministerio Público incluía a su mamá y directora del diario, Diana Julio de Massot, a su hermano y vicedirector, Federico Massot, y al secretario de redacción Mario Gabrielli, pero los tres murieron impunes.
“El caso de los Massot difiere de la típica complicidad de los empresarios con el terrorismo de Estado. En este caso lo central no fue la cuestión económica, más allá de los beneficios derivados del disciplinamiento de los trabajadores tras los asesinatos de Heinrich y Loyola”, explicó Nebbia a Página/12. “La complicidad de La Nueva Provincia fue mucho más profunda: mientras los sicarios fueron miembros de las Fuerzas Armadas, los Massot fueron ideólogos y después justificaron el exterminio”, resumió. “Un exterminio de las características que tuvo el argentino no se produce de un día para el otro: se prepara, se ejecuta y después tiene que justificarse. La Nueva Provincia fue partícipe de todas las etapas: construyó al enemigo, a ese ‘otro’ que debía ser eliminado, generando odio en la población; señaló lo que había que hacer, llegando a tratar de ‘cagones’ a los militares que no actuaban como ellos pretendían, e incluso anticipó algunos ‘problemas’ como el de los ‘desaparecidos’, siempre entre comillas, diciendo ‘ya vendrán los derrotados’ a denunciar violaciones de derechos humanos”, recordó Nebbia.
Columnista del diario La Nación y profesor en el doctorado en Ciencias Políticas de la UCA, Massot es socio de La Nueva Provincia desde 1974, cuando tenía 22 años y era un activo militante del nacionalismo católico. En mayo de 1973, una semana antes de la asunción del presidente Héctor Cámpora, publicó el primer número de la revista Cabildo, donde haría pública su admiración por el fascismo. Fue en esos años cuando comenzó a tener incidencia directa en los editoriales de LNP, diario que primero reclamó a las Fuerzas Armadas que impidieran el ascenso del gobierno peronista y luego que lo derrocaran. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de los nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el ‘periodismo’”, entrecomilló en 1974 un redactor de la revista Militancia sin imaginar que 40 años después Massot respondería “ponga periodista” cuando el juez le preguntó por su oficio.
El paso de Massot por Cabildo, El Fortín y Restauración permite corroborar su vocación democrática aunque no forma parte de la acusación. Los hechos que lo involucran directamente comienzan en 1975, cuando los editoriales de LNP criminalizaban abiertamente a delegados y activistas. El 28 de septiembre de ese año la mamá le encomendó a Vicente “todo trato con el personal”, incluidos los gráficos a los que representaban Heinrich y Loyola. Poco antes, en el marco de lo que debió ser una negociación salarial, un editorial anunció que “LNP se encuentra en guerra” y otro la presentó como víctima de “la infiltración más radicalizada”. También por esos meses (porque el primer borrador data de diciembre) la sección informaciones de Prefectura zona del Atlántico Norte elaboró un informe titulado “Guerrilla sindical” en LNP que concluyó con una lista de “personal a ser raleado”. La encabezaban los dos delegados e incluía las direcciones de donde los secuestraron para torturarlos y matarlos. Dos días antes del golpe de Estado se elaboró el informe definitivo de Prefectura y el 24 de marzo de 1976, eufóricos, madre e hijo se pasearon por la rotativa con una bandera argentina provocando a los gráficos. Cuando aparecieron los cadáveres atados y masacrados dieron la noticia en veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios” y nunca más retomaron el tema. El próximo jueves 24, con casi 38 años de demora, Vicente Massot comenzará a rendir cuentas por esos crímenes.
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:00 |
Ante el firme y decidido accionar judicial tendiente a investigar y juzgar la participación de la familia Massot en la última dictadura Cívico – Militar, la Seccional Bahía Blanca del SATSAID desea expresar:
Que conocemos en primera persona, varios de los integrantes actuales y pasados de este Sindicato, la invariable actitud de los Massot en contra de los intereses de los Trabajadores.
Que, igualmente, en el mismo grado de constatación nuestra historia sindical registra el accionar que promovieron para combatir en la empresa a quienes representando a sus Compañeros, reclamaron por las condiciones laborales fijadas por Leyes de la Nación y que la familia propietaria intentó desconocer permanentemente.
Que de esa constatación directa, surgen los nombres de ROBERTO BERUSCHI (Secretario Adjunto), RUBÉN CALAHORRA (Gremial) y RAUL SANTARELLI, ex miembros de este Sindicato, AMENAZADOS DE MUERTE por participar de la lucha que, en el año 1975 unió a los gremios de la Comunicación en el reclamo común para que se apliquen en La Nueva Provincia los Convenios Colectivos de Trabajo de cada actividad afín. Ese conflicto suscitó éstas y otras represalias graves; la más trágica es la que se cobró la vida de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, en Junio de 1976.
Que la conducta cerril, injuriante y denigrante hacia los Trabajadores y su búsqueda de la Dignidad laboral, no se expresó solo durante esa etapa negra de nuestra historia, sino que persistió, por ejemplo, con la recuperación democrática. Circunstancia que también podemos corroborar con nombres propios de ejemplares Compañeros que pagaron con el despido su “inaceptable pretensión”.
Que, en definitiva, los Massot no son Gorilas, reaccionarios, racistas e inquisidores por casualidad. Porque tuvieron un mal día. Desde las páginas del diario, desde los micrófonos de LU2 y la pantalla de Canal 9 promovieron siempre esa visión del mundo que repudiamos completamente.
Pero, además, y esto es lo que se vuelve de suma actualidad, ACTUARON CONCRETAMENTE para que ese mundo elitista, oligárquico, se pusiera en práctica, en cada oportunidad en que la historia les dio una chance. Fueron co-autores intelectuales de cada uno de los GOLPES DE ESTADO desde 1955 en adelante y gestionaron ante los uniformados la eliminación lisa y llana de quienes consideraron sus enemigos.
Todo sin dejar de mencionar las abyectas complicidades empresarias, eclesiásticas y políticas, personalizada en una dirigencia local que fueron transformando en meros alcahuetes al uso.
ESA CONDUCTA ES LA QUE HOY, DE LA MANO DE UNA REIVINDICACIÓN JUDICIAL QUE PROMOVIÓ EL GOBIERNO POPULAR, ESTÁ SIENDO INVESTIGADA POR LA JUSTICIA.
Bahía Blanca, 9 de Abril de 2014
COMISIÓN EJECUTIVA
SATSAID
Secc. Bahía Blanca
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:02 |
A diferencia de los principales diarios porteños, La Nueva Provincia de Bahía Blanca fue algo más que un socio con su silencios de la dictadura, un papel que la Justicia ahora decidió investigar, comenzando por su director, Vicente Massot, ex funcionario menemista.
Por Diego Martínez
El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, será investigado por la Justicia por su actuación durante el terrorismo de Estado.
A partir de los comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” que el diario complementaba con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas, el Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”, que hasta su muerte en 2009 condujo Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA e integraba junto con su hermano Federico el núcleo duro que conducía el diario, fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo, que debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura.
El empresario también está en la mira de la Justicia por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976.
En un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, consta que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”. Por los crímenes de ambos obreros gráficos ya hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme.
* Violencia ordenadora
El rol del diario en los’70 es más conocido. Ante “la cruda realidad electoral del país” (LNP18.3.73) que para su antiperonismo visceral significaba el retorno del justicialismo, los Massot reclamaron a las Fuerzas Armadas que impidieran la asunción de Héctor Cámpora. “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”, pidieron a gritos (LNP 2.5.73).
El editorial fue citado por el fiscal federal Abel Córdoba al iniciar su alegato para describir “el sórdido contexto local del terrorismo de Estado”. El 24 de marzo de 1976, con el título “Llegó el momento”, La Nueva Provincia pidió “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”.
“A la violencia destructora y asesina es necesario responderle con una violencia ordenadora”, propusieron.
La “violencia ordenadora” de las Fuerzas Armadas había comenzado en realidad un año antes y contaba con la aprobación del diario bahiense. En mayo de 1975, cuando en teoría los marinos estaban en los cuarteles y las ejecuciones las firmaba la Triple A, Massera declaró en Puerto Belgrano que “la Armada vive en guerra y participa con energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico”.
El almirante que derrocaría a Isabel Perón habló de su “vocación democrática”, pero diferenció a “los subversivos” y dijo que la Armada estaba “segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos”.
Los Massot elogiaron sus palabras como “una de las más claras y precisas manifestaciones castrenses sobre el sentido del proceso que el país protagoniza”, en tiempo presente (LNP17.5.75). La relación de Diana Julio no era con Massera sino con el vicealmirante Luis María Mendía, comandante de Operaciones Navales, a quien recibía “en horas nocturnas” en su despacho, según escribió en su libro el ex capitán Adolfo Scilingo.
“Esa mujer venía a Puerto Belgrano directamente a incitar a Mendía a tomar el poder, a embalarlo”, recuerda un viejo marino, cercano entonces a Mendía: “Usaba palabras fuertes, hablaba de falta de hombría”. “Cagones”, le decía a Scilingo otro hijo de la directora, Federico Massot, ya fallecido. “Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel, no se animan a fusilar”, renegaba. “Combaten la subversión sin firmar la sentencia de los muertos, eso traerá problemas futuros”, advertía.
Un editorial publicado a setenta días del golpe sugiere que los Massot mantenían aún la esperanza sobre algún margen de legalidad. Bajo el título “El rigor de la justicia ante la delincuencia subversiva”, informaron que “funcionan en el país consejos de guerra”, que en promedio dictaban penas de cinco años de prisión, advirtieron sobre la inutilidad de una ley “generosa y muy poco ejemplificadora” y manifestaron su “singular interés (en) el nuevo criterio de ‘justicia revolucionaria’ que estudia el gobierno nacional” (LNP 3.6.76).
La acusación de “cagones” que escuchó Scilingo es probablemente de las semanas que siguieron. En junio, el diario llegó a publicar noticias de secuestros con el sello de los grupos de tareas: primero dos jóvenes secuestradas por ocho hombres armados en tres autos de civil (LNP11.6.76), después la liberación de una mujer que estuvo secuestrada, vendada, encapuchada y esposada durante cuatro días (LNP 18.6.76). El 24, el Cuerpo V asesinó a Mónica Morán, secuestrada once días antes, y armó “un operativo de acción psicológica”, según confirmó Vilas en 1987, para simular que “Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca”, como tituló el diario (LNP 25.6.76).
Fue luego de ese cobarde fusilamiento de una militante del PRT que La Nueva Provincia pidió por escrito un cambio de rumbo.
“Se trata de saber, ahora, si las Fuerzas Armadas están preparadas para asumir la responsabilidad de aquellas medidas urgentes que deben tomarse ya, porque una sociedad harta de desorden y falta de autoridad, pero, sobre todo, sin vocación de suicidio, así lo exige: juicios sumarios, pena de muerte dictada por autoridades militares, toque de queda y patrullaje militar en todo el país”, plantearon (LNP 6.7.76).
La propuesta, sin embargo, “fue descartada por impracticable”, explicó Vicente Massot en su libro Matar y morir. La violencia política en la Argentina (1806-1980).
“¿Cómo justificar miles de fusilamientos ante el clamor que tal práctica levantaría en el mundo?”, escribió comprensivo.
* “Destino inevitable: la muerte”
Haber advertido a tiempo el costo de fusilar por la espalda y hacer desaparecer a miles de personas no les resultó contradictorio con la difusión militante de los comunicados que el V Cuerpo elaboraba para sembrar terror y disfrazar de tiroteos las ejecuciones de militantes destruidos en las mesas de tortura.
La Nueva Provincia no se limitó a difundir partes oficiales. Por lo general acompañó los relatos fabricados por la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 con las fotos de las víctimas, obtenidas cuando saqueaban sus casas y las de sus familias. En algún caso adornaron sus páginas con croquis inventados sobre movimientos de supuestos soldados que en la práctica fusilaban sin riesgo.
En el que ilustra esta nota se detalla el “lugar de cita” de cuatro “elementos subversivos” cercados por “fuerzas legales” pese a que llevaban meses secuestrados en La Escuelita. El fiscal Córdoba pidió el año pasado allanar el archivo de La Nueva Provincia, entre otras razones para recuperar esas fotos que los militares destruyeron y sus cómplices civiles podían tener a buen resguardo, pero ni el entonces juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a avanzar con el diario bahiense.
En septiembre, internalizado ya el método Vilas de publicitar ejecuciones como enfrentamientos,La Nueva Provincia fue un paso más lejos que el resto de la prensa condescendiente con la dictadura y dejó en claro que manejaba más información de la que se difundía oficialmente.
Durante cuatro días, del 27 al 30, ofreció a sus lectores “una breve radiografía del enemigo en Bahía Blanca, en todo el sur del territorio bonaerense y la Patagonia”.
La serie de notas sin firma pero con el sello de los Massot se tituló “¿Qué pasa en Bahía Blanca? Radiografía de la subversión”. El material “está extraído de la realidad”, aclararon, sin precisar fuentes. “Bahía Blanca es zona de montoneros”, afirmaron. “Es posible que los continuos éxitos de la acción militar (sic) hagan pensar que la amenaza subversiva se está debilitando. Y ése el error: un enemigo deja de serlo sólo cuando está derrotado total y definitivamente”, advirtieron. “No es extraño que las fuerzas militares encuentren, durante los procedimientos que realizan, libretas y apuntes con detalles de la rutina diaria de profesores, empresarios, profesionales, alumnos y militares”, publicaron, sin ocultar que manejaban información de primera mano.
En la tercera nota dieron a conocer los supuestos cargos de militantes que acababan de ser fusilados e hicieron propias las falacias que difundía el Ejército.
Sobre Pablo Fornasari, ejecutado luego de dos meses en cautiverio, apuntaron que fue “abatido por el Ejército en el enfrentamiento de calle Catriel”.
Sobre José Luis Peralta, secuestrado a principios de agosto en Mar del Plata, trasladado a Bahía y acribillado, escribieron que fue “muerto en la emboscada que le tendieron las armas de la Patria”, con mayúscula.
“Acciones esporádicas que contribuyen a crear la idea de ‘una presencia’ y la preparación de combatientes en actos menores –una bomba, un ataque a una empresa, una pintada de paredes– constituyen sus líneas de actuación por el momento”, precisaron.
“Estos anónimos que colocan bombas y distribuyen panfletos están solos y sólo tienen en común con aquel guerrillero (en referencia al Che Guevara) su destino inevitable: la muerte”, celebraron por anticipado. Encubrir el genocidio no implicó para los Massot ninguna contradicción con el rol del periodismo y su función de garantizar el derecho a la información de la sociedad.
En la Argentina “existe libertad de prensa”, aseguró Federico Massot en octubre de 1976 durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “No hay problema para informar, opinar y criticar al gobierno”, dijo. “Lo único que no podemos publicar son las acciones contra el terrorismo”, pidió comprensión (SIP: debate por la prensa argentina. La Nación 12-10-76).
Cuatro días después de que Rodolfo Walsh difundiera su Carta Abierta a la Junta Militar, que en su primera línea denuncia “la censura de prensa”, Vicente Massot la justificó en otra asamblea de la SIP en Cartagena de Indias. “Al enfrentar la Argentina ‘la escalada del marxismo internacional’ es lógico que sus autoridades se vean obligadas a tomar decisiones ‘lesivas respecto de determinadas libertades’, en salvaguarda de la integridad de la Nación”, fueron sus palabras (Reclama la SIP por la libertad de expresión. La Prensa, 30.-3-77).
Después de distribuir su Carta Abierta, Walsh cayó acribillado por una patota de la ESMA. Después de intentar justificar su silencio ante el genocidio, Vicente Massot visitaba al director de la ESMA, almirante Rubén Jacinto Chamorro, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de secuestrados. El dato lo publicó el periodista Horacio Verbitsky en su libro El Vuelo y la fuente fue el propio Scilingo, que conocía a toda la familia Massot.
Volanta, título y bajada: Relación del diario La Nueva Provincia con la dictadura militar/ El turno de investigar la complicidad periodística /El fallo que el miércoles pasado ordenó investigar a los directivos del diario de Bahía Blanca pone el foco sobre los vínculos mediáticos de la represión ilegal. Aquí, un informe sobre la manera en que actuaba ese medio y sus relaciones con los militares.
Fuente: Página /12, 17/9/12.
Actualizado (Lunes, 17 de Septiembre de 2012 12:38)
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:03 |
Tras la negativa del juez Santiago Martínez de detener y llamar a declarar a Massot y Gabrielli, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani llamaron a conferencia de prensa en la que afirmaron que con esta resolución se vuelve a asesinar a los obreros gráficos Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich.
En la tarde del miércoles 15 de mayo se conoció la noticia del rechazo que hizo el juez Santiago Ulpiano Martínez del pedido de detención e indagatoria sobre Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia y de Mario Gabrielli, quien durante la dictadura se desempeñó como jefe de Redacción del matutino local. La solicitud corrió por parte de los fiscales que investigan delitos de lesa humanidad, José Nebbia y Miguel Palazzani quienes investigaron el rol de La NuevaProvincia en los años de la dictadura, tal como se pidió en la sentencia que condenó a 17 represores en Bahía Blanca.
Tras la decisión de Martínez, los fiscales realizaron una conferencia de prensa en la mañana del jueves 16 en la que analizaron la resolución de Martínez sobre la cual dijeron que vuelve a asesinar a los obreros gráficos de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
En ese sentido, Palazzani abrió la conferencia y sostuvo: “La fiscalía no toma esto como una cuestión de reveses o no reveses simplemente era una investigación que teníamos delegada por parte del Tribunal Oral Federal producto de la sentencia que recayó en la causa 982, el doctor Martínez delega la causa en la fiscalía y nosotros comenzamos la investigación. Se comienza recabando las pruebas cotejando o pensando la fórmula imputativa para un fenómeno criminal que claramente no ha sido comprendido por el juez actuante, digo en el mejor de los casos comprendido. Y tenemos esta resolución inicial que nos parece que va en línea en la consagración de una impunidad y una manera de no abordar justamente el fenómeno criminal del cual hablamos en lo que hace a la pata civil de la dictadura acá en Bahía Blanca”.
Ha costado mucho juzgar militares, agregó Palazzani mientras que se ha silenciado la investigación respecto a los civiles. Ejemplo de ello son los casos Sierra y Girotti, el sacerdote Vara y ahora Vicente Massot: “Yo no estoy diciendo nada que sea novedad, es el rol que cumplió en el engranaje criminal y en el genocidio, el plan de exterminio, La Nueva Provincia”.
Argumentos del juez
“No aborda ni se hace cargo de todo el cúmulo de pruebas que le hemos puesto de manifiesto en la requisitoria, teniendo en cuenta que son argumentos, y esto dicho porla Cámara de Casación Penal, los del juez que son argumentos que solo pueden ser puestos de manifiesto por un abogado defensor, nunca por un juez imparcial en la causa. Es decir que al igual que Vara, Martínez se arroga el papel de abogado defensor en este caso de Vara y de Massot y Gabrielli”.
El fiscal Nebbia declaró que el pedido realizado contiene pruebas contundentes: “Nosotros hicimos una presentación en donde desarrollamos todos los argumentos y las pruebas medularmente, es una presentación de 200 páginas con mucha prueba, realmente nos sorprende mucha prueba. La decisión del juez no es una decisión razonada sino que es una decisión donde marca sus límites, sus miedos y donde no trata inclusive prueba muy concreta incriminante de cargo. Inclusive haciendo enumeración a la prueba, hay párrafos donde se enumeran siete elementos de prueba y dice que inclusive con eso no es suficiente para encontrar un indicio que se pueda haber llevado a cometer un delito y por eso niega la solicitud efectuada por esta unidad fiscal de que se lo llame a declarar a Massot y a Gabrielli”.
Sin hipocresías
En otro momento de la conferencia de prensa, Palazzani fue claro y no tuvo pelos en la lengua al hablar del Poder Judicial de Bahía Blanca: “Para no hablar con hipocresía en esto, nosotros sabemos y todos saben cuál es la matriz del poder judicial de Bahía Blanca, no estamos diciendo nada raro ni nada que no se conozca. Acá se tuvo que traer un tribunal de afuera para que juzgaran a los militares, entonces estamos con esa matriz del Poder Judicial, una matriz en la que La Nueva Provincia también ha colaborado en formar, ese modelaje de la subjetividad que hay que entender para comprender el delito que cometen, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión que también menciona Martínez haciéndose eco de la editorial del domingo deLa Nueva Provincia, tomando argumentos de Massot en definitiva, porque no estamos hablando de libertad de expresión. Justamente la libertad de expresión es la que violóLa Nueva Provincia brutalmente durante años, mal informando y no manejándose con la verdad. Entonces, no estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando de la comisión concreta de un delito de lesa humanidad, de un rol concreto en consonancia con los reglamentos militares y eso no es periodismo”.
Nebbia comentó que se enteraron de la decisión incluso antes de que llegue la notificación correspondiente debido a que un medio periodístico publicó la noticia, cuestión que calificó de preocupante: “Martínez es la única persona que desliga inclusive a La Nueva Provincia como medio en la comisión del delito, ni siquiera la propiaLa Nueva Provincia se ha desligado de su rol en esa etapa. Martínez en su resolución habla de que no se ha demostrado la participación del medio en los hechos”.
Actualmente los fiscales están abocados a la tarea de apelaciones de esa resolución. Además Palazzani fue claro y contundente respecto a lo que significa lo decidido por el juez Martínez: “Para nosotros esa resolución es volver a matar, es volver a matar otra vez a Heinrich, otra vez a Loyola; porque es lo que está haciendo cuando ni siquiera pone el apellido de Heinrich de manera adecuada. Así que volver a tratar este tema de esta manera y decir que con el cúmulo de elementos que hay no es posible ni siquiera llamar a una persona a que explique, porque no es una sentencia condenatoria esto, es llamarlo a que explique, realmente es volver a asesinar a esos dos obreros gráficos”.
Autor: Redacción EcoDias |
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:07 |
Massot, milicos y un infierno dantesco
 “Estamos juzgando a los integrantes de las instituciones públicas fundantes de esta ciudad”, dijo el fiscal Abel Córdoba durante la introducción de su alegato en el juicio contra 17 represores del Comando V Cuerpo, recordando la llegada del Ejército Argentino a esta geografía en el marco de la ofensiva militar que perpetró el genocidio de los pueblos originarios.
Siguiendo la línea represiva destacó que “establecieron el control social durante toda su historia igual que el resto de las fuerzas armadas. El golpe de Estado del 55 salió de esta ciudad. Pero llegaron a convertirse, en la época de estos hechos, en el ejército de ocupación de su propio territorio a partir de la aplicación de la doctrina francesa. Y lo más grave, pasaron a la clandestinidad a instituciones públicas para cometer desde esa clandestinidad los crímenes más atroces” utilizando como instrumento el terror.
Y para eso contaron y cuentan con la familia Massot y su diario La Nueva Provincia, que ya en 1973 instaba a los criminales de uniforme a actuar “sin contemplaciones ni concesiones”, construyendo desde su “usina ideológica” la ficción de “un clima de guerra interna”. “Estos acusados siguen ejerciendo la tortura, siguen con el poder que les queda accionando contra las víctimas, contra sus familiares. Siguen callando la información que tienen acerca de qué hicieron con los desaparecidos”, afirmó Córdoba.
Abel Córdoba estuvo acompañado por su par Horacio Azzolin y el equipo de la Fiscalía que supo estar a cargo del dr. Hugo Cañón –sentado entre el público unas filas más atrás – y comenzó su alegato citando una edición de La Nueva Provincia de semanas antes de la asunción del ganador de las elecciones de 1973, Héctor Cámpora, donde el diario preguntaba: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y para proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?”.
“Tiempo después, el 24 de marzo de 1976, el diario de los Massot tituló: ‘Llegó el momento’. Entonces, les indicó a estos ejecutores el modo en que tenían que proceder: ‘Nada de rodeos, ha llegado el momento de abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera distinción fundamental en una política revolucionaria, distinguir el amigo del enemigo y a la violencia destructora y asesina hay que responderle con una violencia ordenadora”, leyó el fiscal.
Con esto demostraba la planificación y el carácter sistemático de la represión “reglamentada años antes de su propia ejecución y que fue intencionalmente dirigida hacia algunas personas – militantes políticos básicamente- a partir del cerco que sobre ellos establecía la actividad de inteligencia”. El mismo día La Nueva Provincia señalaba a quiénes debía ejecutarse con un libreto casi idéntico al plan del Ejército: “Al aparato subversivo, al sacerdocio tercermundista, a la corrupción sindical, a los partidos políticos…”.
Pretendía además el diario de los Massot que a sus enemigos se los destruya “allí donde se encuentren sabiendo que sobre la sangre redentora debe alzarse una segunda república”.
La lógica sacrificial
 El fiscal subrayó la “necesidad de matar” establecida por la empresa periodística y las fuerzas armadas bajo la lógica de que cualquier fundación iba a ser sobre la muerte de sus enemigos. “Esa lógica sacrificial es propia del mesianismo que los hacía sentir intérpretes incluso de un plan divino. Es conocida la frase de Vilas y otros ideólogos de la represión que hablan de que oponente o enemigo será todo aquel que se oponga al plan de dios en la tierra”.
Civiles y militares “refundadores”, actuando como “reserva moral de la patria”, llevaron las instituciones públicas a la clandestinidad para concretar el genocidio. Para ello instrumentaron el terror sobre los cuerpos de sus víctimas y por su intermedio, a la sociedad.
“No usaron solamente la propaganda o complotaron con las agencias discursivas. Mataron. El instrumento de terror de estos acusados fue la muerte. La eliminación. Para aterrorizar mataron, desaparecieron y fusilaron. Se apropiaron de los hijos de los enemigos, llegaron a eso. Las conductas que han cometido en ese rol clandestino y criminal están entre las más graves conductas que se puedan concebir. Arrancaron identidades, referencias, vínculos. Dejaron a padres sin los hijos -se los arrancaron- lo mismo a hijos sin los padres”, dijo al tribunal.
De esa manera las fuerzas armadas no sólo desaparecieron a sus víctimas sino también a los propios ejecutores de los crímenes. Pero la clandestinidad no convencía a La Nueva Provincia que creía que ese “esconderse en la impunidad del anonimato” era para “cagones”.
Aseguró Córdoba que “el 6 de julio del 76 el país era ya un gran campo de concentración y -mientras los comunicados del V Cuerpo se difundían en las páginas de La Nueva Provincia con las versiones de falsos enfrentamientos con cautivos en el centro clandestino- les pedía a las fuerzas armadas ‘abandonar la absurda y forzada mentalidad legalistas, realicen juicios sumarios y apliquen la pena de muerte dictada por autoridades militares’”.
“Esta exigencia de uno de los poderes institucionalizados de la ciudad fue traducida por un marino amigo de la casa como Adolfo Scilingo que tenía trato con Federico Massot -por entonces asistente de dirección del diario. Contó lo que decía Federico Massot al respecto: ‘Son unos cagones, tenemos generales, almirantes y brigadieres de papel. No quieren fusilar, no quieren muertos, no quieren problemas con la iglesia. Combaten la subversión sin firmar las sentencias de los muertos. Eso les traerá problemas futuros’, les advertía el diario de los Massot a los militares”.
“El problema futuro que le preocupaba a Massot en plena dictadura no es otro que la actuación de esta justicia que 35 años después estamos tratando de hacer realidad”. Por eso el juicio si bien no va revertir los hechos, para el fiscal debe terminar con la impunidad que gozaron los imputados. La decisión judicial está en manos de los magistrados.
Un infierno silencioso
“Si algún círculo le faltaba al infierno dantesco estas personas lo completaron. Lo crearon, lo panificaron y ejecutaron. Es así como tenemos todavía miles de ciudadanos argentinos que siguen viviendo con las secuelas de esos hechos”, relató Córdoba.
Luego adelantó las conclusiones de su alegato que considera probados los 94 hechos en juicio y la responsabilidad criminal de cada uno de los imputados. El tribunal deberá tomar una decisión sobre 31 secuestros, tormentos y cautiverios en centros clandestinos de detención; 21 secuestros, tormentos y cautiverio en centro clandestino y luego en cárceles; dos abandonos de personas; dos nacimientos en cautiverio y luego apropiación; doce desapariciones; cuatro fusilamientos sin cautiverio previo; y 22 homicidios tras cautiverio.
Repasó ausencias entre los acusados como la del prófugo Miguel Ángel García Moreno o aquellas permitidas por la impunidad biológica: desde los torturadores como Corres – ese “miserable” al que la maquinaria de terror le permitió hacer tanto daño- o Cruciani; pasando por el jefe del grupo de tareas Emilio Ibarra; el juez genocida Guillermo Madueño; los diabólicos obispos Emilio Ogneñovich y Jorge Mayer; el enlace entre el campo de concentración y la cárcel Leonardo Nuñez o el médico Jorge Streich; hasta los máximos jerarcas del Comando V Cuerpo de Ejército como Argentino Tauber, Abel Catuzzi, Osvaldo Azpitarte o el sangriento Adel Vilas que pedía a gritos cadáveres y quería “limpiar” la universidad de la infiltración marxista.
Córdoba explicó que estamos ante “el juzgamiento de un poder dictatorial parcial porque el resto seguramente depende del silencio de estos acusados que fueron, como les reclamaba La Nueva Provincia, implacables con sus víctimas y también lo siguen siendo sobre sus familiares”.
“Les queda el poder de la información y ese poder residual que tienen para siempre lo siguen ejerciendo contra las víctimas. No hay ninguna manifestación de dolor que los haya llevado a reflexionar acerca de la posibilidad de establecer alguna vía de cese del dolor y de dejar de torturar a los ciudadanos. Algunos de los padres de desaparecidos tienen la misma edad que ellos, se sabe que estadísticamente no queda mucho de vida y aún así lo siguen haciendo”, reflexionó.
Por eso los exhortó sin esperanzas a que brinden la información y contrastó el silencio de los criminales con el esfuerzo de los familiares y sobrevivientes que exigieron sus memorias para colaborar con la justicia con la ilusión de conocer un dato más.
“Hay padres que llegaron acá como pudieron. Aceptaron sentarse cerca de ellos. Todo un gesto de pacifismo, de civilización, de educación. Es decir, a los más de 80 años venir y sentarse a un metro de ellos, volver a contar. Y descarto que muchos de esos padres, por ejemplo Elmo Peralta, han pensado que estas personas han visto por última vez a sus hijos. Han sido ellos quienes por última vez los vieron, quizás debajo de sus botas o cargados en el baúl de alguno de sus autos”.
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:11 |
COMPAÑEROS!!!
lo lograron!!!!
desde algún lo estarán viendo
...nada sucede en vano aunque los extrañemos tanto todavía!!!!   Ojalá hoy podamos finalmente bien orgullosos de ser argentinos....veremos
SIN OLVIDO
NUNCA MAS! |
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De: albi |
Enviado: 24/04/2014 12:15 |
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EL PAIS › PIDEN LA DETENCION DEL DIRECTOR DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA POR SU COMPLICIDAD CON LA ULTIMA DICTADURA Un engranaje más dentro del plan criminalLos fiscales consideraron, con apoyo del fallo del Tribunal Oral que el año pasado condenó a represores de Bahía Blanca, que Vicente Massot, como responsable del diario, tuvo un rol específico dentro del plan del terrorismo de Estado. Antecedentes del nazismo y Ruanda. Por Diego Martínez
Para los fiscales, “el compromiso” de Vicente Massot con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”.
Imagen: Pablo PiovanoLa unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez. Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la “campaña de desinformación y propaganda negra” de LNP, no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en “la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano”. Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar. “La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”, escribieron. Para los fiscales, LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares. “A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani. El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. “Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural”, editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural “es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural”, advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como “responsable ideológico de la subversión”, los Massot destacaron su rechazo por los “plumíferos comunistas” de La Opinión y confesaron: “No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros”. Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue “la cabecilla del grupo”, recordaron. El rol de Vicente Massot “era múltiple”. Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que “todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot”. Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la “labor disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados. El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la “escalda del marxismo internacional” era lógico que se tomaran decisiones “lesivas respecto de determinadas libertades”. En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por “madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas”. “Es inconcebible”, se ofuscó. En 1980, como “asistente de dirección”, visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura. Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por “su labor de propaganda del régimen genocida”. Entendió “que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos”. Los dueños de LNP “conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente”, recordaron. Igual que Vilas, “el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad’”. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario “se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio” y “se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio”, fundamentó. A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que “la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.
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