Según información difundida por distintos matutinos, el grupo de fiscales que convoca a la marcha afrontan varias denuncias, incluso por actuación irregular en la causa AMIA. Uno de ellos es parte de la ONG de Clarín que hizo lobby contra la ley de medios.

La convocatoria, que cuenta con la adhesión del gremio judicial que conduce el moyanista Julio Piumato, estuvo encabezada por los fiscales José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, y Carlos Stornelli, muchos de los cuales afrontan procesos sumarios y judiciales por mal desempeño en la causa AMIA y en otros expedientes.

Según publicó el diario Página/12, Raúl Pleé fue denunciado en 2013 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la asociación de familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento.

Memoria Activa incluso acusó que la demora se debía a que Pleé y el fiscal Germán Moldes, que si bien no participó de la convocatoria, se lo consigna como parte fundamental del grupo de fiscales, se resistían a mandar a juicio a “sus ex compañeros de trabajo”, en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados.

Por entonces, el Cels consignó que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.

Otro de los convocantes a la movilización es el fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz, quien también es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.

Durante el año 2013, este letrado fue denunciado por el juez Juan Ramos Padilla, por haber interferido en la investigación que se desarrollaba contra un comisario de la Policía Federal acusado de irregularidades en la División Automotores de esa fuerza.

Según Ramos Padilla, Sáenz fue registrado dialogando en escuchas judiciales, “dándose en el caso un trato de amistad y de habitualidad” con el comisario Marcelo Pecorelli, a quien acusan de haber prestado asistencia a uniformados investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a pesar de estar inhabilitado.

El más reciente de los denunciados fue José María Campagnoli, quien fue suspendido de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura e investigado por “abuso de poder” y “mal desempeño” producto de la supuesta modificación del objeto procesal en la causa Lázaro Báez, con el fin de desarrollar una investigación paralela a la que el fiscal Guillermo Marijuán cursaba en la justicia federal.

Previo a esta acusación, Campagnoli acumulaba varias causas en su contra por maltratos y abuso de poder contra los vecinos de Barrio Mitre, en Saavedra, y también fue denunciado de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente & Asociados.

Marijuán fue desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo dependiende de la Procuración General de la Nación encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses.

El desplazamiento del fiscal vinculado al Frente Renovador se debió a la realización de “concursos no transparentes” y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración el rumbo de los expedientes de la Unidad.

El doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, tomó la iniciativa junto a un grupo de artístas e intelectuales de publicar una solicitada llamando a defender la democracia y denunciar el “uso político de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En diálogo con Roberto Caballero y Hernán Brienza, el sociólogo se sintió muy entusiasmado por la inmensa adhesión lograda por el comunicado, “hay mucha gente que no se siente interpelada por otros temas, pero en este momento quiere expresar el agobio frente a tanta patraña que se publica y decidió firmar nuestro documento”.

Además agregó que “hay una sociedad que está movilizada y quiere ir por más. Que se suman a la defensa de esta libertad que estamos viviendo y que quieren estar en paz”

También apuntó: “No hay que perder de vista que esto se hace frente a la conclusión que sacan los grandes sectores mediáticos, financieros y económicos que este proyecto tiene tanto sustento popular que va a volver a ganar las próximas elecciones.”

Uno de los principales promotores de la movilización del 18 de febrero, se desempeña a su vez como secretario general de Certal, ONG de la que forma parte el grupo Clarín a través de su empresa Cablevisión, y que en 2012 protagonizó un escándalo judicial por financiar viajes de jueces a Miami para que asistan a un seminario contra de la Ley de Medios, cuando dichos magistrados debían fallar sobre esa norma.

El escándalo por el pago de viajes a Miami a magistrados por parte de la ONG de Clarín para que asistan al seminario que organizaba en contra de la Ley de Medios el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América latina (Certal) llevó al punto de que en el mes de octubre de 2012 el ministro de Justicia y Derechos Humanos pidiera la recusación de uno de los jueces en cuestión: Francisco Horacio de las Carreras.

Asimismo, tal como lo recordó el periodista Horacio Verbitsky en su columna de hoy en el diario Página 12, los vínculos de Certal con la justicia argentina no culminan con la relación que existe a partir del fiscal Sáenz: la Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.

¿Quién es el fiscal Ricardo Sáenz? Parte 1

¿Quién es el fiscal Ricardo Sáenz? Parte 2

También se pronunció por la “constitucionalidad” y “validez” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron impunidad a los represores de la dictadura.

Sáenz realizó una presentación judicial el 15 de abril de 2003 en el marco de un planteo del último jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.

En la causa, que investigaba el secuestro y desaparición en 1980 de más de 20 militantes de la organización Montoneros, el juez federal Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal habían dictado la nulidad e inconstitucionalidad del Punto Final y Obediencia Debida a la hora de procesar al ex dictador Leopoldo Galtieri junto a otros ex jefes castrenses.

La defensa del procesado Nicolaides apeló ambas resoluciones ante el tribunal de alzada.

Al momento de los hechos, Nicolaides era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas.

Sáenz, en su pronunciamiento, se basó en que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad.

En ese marco, el actual fiscal general en lo Criminal y Correccional sostuvo que las leyes mantenían su vigencia, por lo que se debía respetar el principio de irretroactividad de la legislación

El titular del Tribunal Federal N° 1 de La Plata, consideró que “hay una  parte del Poder Judicial que no comulga con la convocatoria” a la movilización del 18 de febrero por un grupo de fiscales, a un mes de la muerte de Alberto Nisman.

Rozanski indicó que “es un sector nada más y eso se está empezando a aclarar porque de entrada se autoreferencian como representantes de todo el poder judicial y en especial de todos los fiscales y no es así”

El juez explicó que le consta que “hay una parte bastante importante  el poder judicial que no comulga con las ideas de mucha de la gente que está convocando a partir de un supuesto silencio, sabemos que silencio no significa mantener la boca cerrada”, dijo.

“A veces estar en silencio significa mucho, bueno o malo, en este caso es un silencio irritante, provocativo, hasta violento, porque los fiscales no pueden desconocer que si hay algo que necesita quien investiga es tranquilidad  y si ellos mismos le están llevando intranquilidad a partir de una marcha supuestamente silenciosa, uno se debe cuestionar el verdadero origen e intención de esa marcha”, explicó.

“Hay una relación directa entre cualquier intento de democratizar una corporación conservadora y reaccionaria como lo es la justicia y esa reacción que se provoca, que es necesaria, porque todo aquel que no está de acuerdo con esa reforma, porque va a perder prebenda, o poder, o lo que fuera, va a reaccionar, y al reaccionar, va a encontrar cualquier excusa  para desacreditar aquella reforma que no quieren hacer y va a encontrar la vía que que crean que aparezca mejor ante la sociedad”

Además precisó que en cambio “hay otro sector que sí es independiente y es el que apoya todas las reformas, empezando por la democratización de la Justicia” y reconoció que se trata de “un enfrentamiento netamente ideológico” entre estas dos posiciones que ubicó como “absolutamente opuestas”.

Rozanski dijo que “hay medios que están desentrañando quienes son los que convocan y porqué”

Un grupo de académicos, intelectuales, periodistas, artistas y miembros del Poder Judicial difundieron una carta en las redes sociales en donde repudian la “parodia democraticista de un pequeño grupo de fiscales”, en referencia a la marcha convocada el 18 de Febrero a un mes de la muerte de Alberto Nisman, y denunciaron el “uso político” de su deceso.

Roberto “Tito” Cossa, presidente de Argentores y uno de los impulsores de la carta -junto al escritor Mempo Giardinelli- explicó a Télam la “preocupación de los firmantes, pero que es generalizada, por la ofensiva de algunos sectores que están buscando voltear al gobierno, o que llegue al final muy debilitado”.

“Somos muchos los argentinos que no estamos de acuerdo, por lo que estamos alerta por esta avanzada golpista que se nota y está clara, sostuvo, y agregó: “nosotros vamos a resistir, cada uno desde su lugar, para que eso no ocurra”.

Cossa afirmó que están “llegando cientos de adhesiones”, porque “se ve que hay mucha gente que pensaba así y se sintió interpelada por la carta”; entre ellos, los escritores Noé Jitrik y Pacho O’Donnell, los periodistas Mariana Carbajal, Eduardo Aliverti, Hugo Presman, Hugo Muleiro; el filósofo Ricardo Forster, los académicos Oscar Steimberg, Luis Alberto Quevedo y Fortunato Mallimaci.

Asimismo, un grupo de la Defensoría general de la Ciudad de Buenos Aires, también de la Asociación Argentina de Actores, el coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres Eduardo de la Serna, entre otros cientos de firmas.

La carta expresa que los firmantes se manifiestan “en favor del estricto cumplimiento de la Constitución y por la salud de la Democracia, el saneamiento profundo de la Justicia, el respeto irrestricto de los Derechos Humanos y el imperio de la Paz en la República”.

Además, lo hacen “en contra de toda forma de violencia. Incluso la aparentemente sutil y subliminal, como la que se incita desde el terrorismo periodístico disimulado, la financiera, la empresaria y/o cualquier otra”, por lo que repudian “todo intento de desestabilización institucional”, y exigen “que se cumplan las leyes, todas, sin chicanas ni cautelares como las que es costumbre político-judicial disponer en beneficio de los poderosos, sean personas o grupos empresariales”.

Además, rechazan “la parodia democraticista de un pequeño grupo de fiscales, desprestigiados casi todos, apadrinados por los medios hegemónicos en la convocatoria a una marcha a todas luces sectaria y provocadora”, así como “el siempre renovado oportunismo de dirigentes políticos capaces de todo tipo de inconductas y servilismos a gobiernos extranjeros, y a irritantes violencias verbales”.

“La República Argentina necesita seguir trabajando en Paz, para avanzar aún más en las conquistas sociales y laborales ya logradas, la inclusión social, la defensa del patrimonio público, la independencia económica y la soberanía política que la ciudadanía ha recuperado después de la crisis terminal de 2001 y 2002″, sostiene la carta.

Además, exigen “una investigación seria y honesta sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman; la designación de una Corte Suprema de Justicia completa, como manda la Ley; una transformación democrática y profunda de las estructuras de inteligencia”.

La carta concluye con el reclamo: “No a la mentira y el uso político de la muerte de Nisman. No al golpe ‘suave’. Más democracia, Más Justicia”.

Estas son algunas de las denuncias en su contra

Según información difundida por distintos matutinos, este mismo grupo de fiscales afrontan varias denuncias, incluso por actuación irregular en la causa AMIA. Uno de ellos es parte de la ONG de Clarín que hizo lobby contra la ley de medios.

La convocatoria, que cuenta con la adhesión del gremio judicial que conduce el moyanista Julio Piumato, estuvo encabezada por los fiscales José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, y Carlos Stornelli, muchos de los cuales afrontan procesos sumarios y judiciales por mal desempeño en la causa AMIA y en otros expedientes.

Según publicó el diario Página/12, Raúl Pleé fue denunciado en 2013 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la asociación de familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento.

Memoria Activa incluso acusó que la demora se debía a que Pleé y el fiscal Germán Moldes, que si bien no participó de la convocatoria, se lo consigna como parte fundamental del grupo de fiscales, se resistían a mandar a juicio a “sus ex compañeros de trabajo”, en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados.

Por entonces, el Cels consignó que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”.

Otro de los convocantes a la movilización es el fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz, quien también es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.

Durante el año 2013, este letrado fue denunciado por el juez Juan Ramos Padilla, por haber interferido en la investigación que se desarrollaba contra un comisario de la Policía Federal acusado de irregularidades en la División Automotores de esa fuerza.

Según Ramos Padilla, Sáenz fue registrado dialogando en escuchas judiciales, “dándose en el caso un trato de amistad y de habitualidad” con el comisario Marcelo Pecorelli, a quien acusan de haber prestado asistencia a uniformados investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a pesar de estar inhabilitado.

El más reciente de los denunciados fue José María Campagnoli, quien fue suspendido de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura e investigado por “abuso de poder” y “mal desempeño” producto de la supuesta modificación del objeto procesal en la causa Lázaro Báez, con el fin de desarrollar una investigación paralela a la que el fiscal Guillermo Marijuán cursaba en la justicia federal.

Previo a esta acusación, Campagnoli acumulaba varias causas en su contra por maltratos y abuso de poder contra los vecinos de Barrio Mitre, en Saavedra, y también fue denunciado de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente & Asociados.

Marijuán fue desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo dependiende de la Procuración General de la Nación encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses.

El desplazamiento del fiscal vinculado al Frente Renovador se debió a la realización de “concursos no transparentes” y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración el rumbo de los expedientes de la Unidad.

En dialogo con Pablo Marcovsky, el Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, hizo referencia a la carta publicada por intelectuales, pensadores, periodistas y miembros del Poder Judicial,  cuestionando la convocatoria a la marcha realizada por un grupo de fiscales programada para el 18 de febrero .

“Fue una iniciativa de Tito Cossa y Mempo Giardinelli, que inmediatamente fue tomada por Muchísima gente de diversos ámbitos de la vida cultural, donde se ponen algunos puntos sobre algunas ies, en el sentido de la convocatoria del 18 de febrero,  las estrategias que andan dando vueltas en nuestra sociedad y a través de ciertas estructuras, político-económico-mediático-corporativas que buscan generar una situación de debilitamiento de la legitimidad democrática del Gobierno”, explicó el filósofo.

“Es un sector del poder judicial que se opone a que se ponga en funcionamiento el nuevo Código Procesal penal” y llama la atención porque ese código emergió de un amplio consenso de un grupo de especialistas, desde Gil Lavedra, Pinedo hasta Zaffaroni, que se hicieron cargo de una transformación imprescindible de un código que era arcaico, estos fiscales se oponen a ello”

“Está el derecho de todos los ciudadano a manifestarse, lo interesante es que digan que hay detrás del silencio” , dijo, y aseguró que “no lo van a hacer”. “Aquí está en discusión la política de derechos humanos”.

“Lo bueno es que lo hagan, que digan de verdad que país quieren, que justicia quieren, pareciera ser que hay una justicia impoluta, que cuando les conviene es independiente, y cuando no les conviene, es una justicia degradada capturada por el poder ejecutivo”, reflexionó.

“Hoy ya a nadie, parece interesarle discutir los fundamentos de la denuncia de Nisman, ¿Qué había detrás de esta acusación jurídicamente infundada?, eso ya no interesa, y parece ser que el fiscal Nisman pasó a ser un super héroe de la vida republicana argentina cuando planteó una denuncia insostenible jurídicamente”, explicó.

“Cuando se va a dar un debate fundamental en el congreso, como el de la Ley de Inteligencia, la oposición no va al debate, esto es una manera de posicionarse frente a la realidad argentina”, indicó.

“Yo no digo que los que vayan a la marcha del 18 sean golpistas, o que tengan otras intenciones. Habrá seguramente gente que va honestamente a expresar su dolor por la muerte de Nisman, pero los que le han dado letra al fiscal Nisman, los que están organizando esto quisieran, que termine este gobierno lo antes posible, y buscan estrategias para horadarlo y debilitarlo, de eso no me quedan dudas”, remató el Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional

Juan Bautista Yofre, ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem, declaró que ve “en las redes sociales que la gente pregunta si hay que ir a la marcha. Creo que ‘todos somos iguales pero algunos somos más iguales que otros'”, afirmó Yofre, quien ratificó que concurrirá a la marcha convocada por un sector del Poder Judicial al cumplirse un mes de la muerte de Nisman.

Gentileza audio: Canal 26

El “Tata” Yofre en la tapa Revista Gente #1264 del año 1989.

En declaraciones al programa que conduce Mariano Grondona por Canal 26, Yofre marcó sus disidencias con los convocantes al señalar que “muchos de los que van a estar en primera fila de esa marcha no hicieron nada cuando (Néstor) Kirchner volteó a la Corte por televisión”.

“Cuando tiraron abajo las leyes de obediencia debida, punto final y todas las cosas que significó eso, esos que van a estar en la primera fila o algunos no dijeron nada”, añadió.

“Algunos de los que van a estar en la primera fila con cara de compungidos fueron interventores provinciales e hicieron desastres como en Santiago del Estero”, recordó.

Y en ese sentido, agregó: “Nadie lloró la muerte de esos ‘viejitos de mierda’ que están presos en las cárceles de Marcos Paz”, en referencia a los militares que cumplen condenas en cárcel común por delitos de lesa humanidad.

“Mientras homenajean a Nisman, nada van a decir sobre cuando le retiraron la placa de un juez federal asesinado por el ERP y estoy hablando de (Jorge Vicente) Quiroga. De todas maneras muchachos, hay que ser generosos y vamos a ir”, concluyó.

Yofre se encuentra procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por “asociación ilícita y encubrimiento agravado” junto a los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24).

La causa en la que también se encuentran imputados empresarios y ex agentes de inteligencia se se investiga la captación de mails que intercambiaban funcionarios del gobierno nacional.

El subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil y precandidato a jefe de Gobierno porteño se refirió a la marcha convocada por los cuestionados fiscales, a un mes del fallecimiento de Alberto Nisman. Opinó que “es absolutamente incongruente por que quienes la están convocando” son quienes tienen que llevar adelante las investigaciones.

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Según dijo en la nota, “lo más lógico es que apoyen a su colega en la investigación pero no que hagan una marcha a Plaza de Mayo para que se investigue lo que ellos tienen que investigar”.

López calificó la convocatoria como “absolutamente incongruente” y argumentó: “Esa incongruencia solo se justifica desde el punto de vista político.

El subsecretario fue claro en el mensaje y expresó que “esto es una marcha de oposición al Gobierno Nacional en donde se conjugan, por un lado, fiscales y jueces que siempre se han opuesto a las reformas, que han sido muy blandos y condescendientes con el capital concentrado, nunca han investigado lavado de dinero, narcotráfico”.

“En la cuestión de la causa AMIA y lo de Nisman, se han conjugado distintas cosas: geopolítica internacional, intereses cruzados, poder económico. Todos tienen el mismo objetivo que es debilitar a un Gobierno que ha enfrentado a las distintas mafias a lo largo de estos años”, afirmó.

En A Cara Lavada, el coordinador de comunicación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollánen, en el Estado de Guerrero, México, habló sobre la reunión que mantuvieron los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Tuvieron que pasar 33 días para que el presidente se reuniera con los padres, que no cesan en la búsqueda del paradero de sus hijos. En ese hecho, ocurrido el 26 de septiembre, perdieron la vida 6 personas y 43 están desaparecidos”, expresó Hernández.

“El gobierno federal dijo, en palabras de Peña Nieto, que era el gobierno estatal quien debía asumir las responsabilidades, sin ver que la desaparición de estos 43 estudiantes es un hecho sin precedentes, en el que quedó claro el involucramiento de los agentes estatales, y la negativa de brindar información”, agregó.

El encargado de Comunicación del Centro de Derechos Humanos, explicó que “en México existe una crisis en este sentido desde hace varios años. A pesar de que la violación a los derechos humanos crece día a día, el gobierno no atiende esta situación. Mas bien realiza cambios estéticos, cosméticos, simulados que poco o nada obedecen a la realidad; al presente cotidiano”.

“El estado mexicano es responsable de la perpetración y perpetuación de la violación sistemática de derechos humanos. La cifra oficial de personas desaparecidas es de 22.322 según la ultima actualización realizada en el registro nacional de personas desaparecidas, donde no se incluyen los 43 estudiantes”.

“Se ha dejado crecer la delincuencia organizada y se ha tolerado la forma en que esta se vincula con las estructuras de gobierno. No se puede identificar de manera clara donde termina una y dónde empieza la otra”, explicó.

Hernández afirmó en relación a la cercanía con Estados Unidos, que “mientras existan políticas de seguridad dictadas desde otros países, que buscan garantizar la seguridad de los intereses económicos mas allá de la seguridad de las personas, seguiremos teniendo estos resultados”