Por Nicolás Lantos

 

Una manifestación de un sector del Poder Judicial para pedir Justicia. Aunque suene contradictorio, eso fue lo que anunciaron ayer cuatro fiscales opositores y el dirigente sindical Julio Piumato, al convocar a una Marcha de Silencio para el 18 de febrero, cuando se cumpla un mes de la muerte de Alberto Nisman. En conferencia de prensa, llamaron a marchar “sin identificaciones partidarias” entre la Plaza Congreso y las oficinas donde funciona la UFI-AMIA, donde trabajaba Nisman, a pocos metros de Plaza de Mayo. La cita obtuvo rápidamente el apoyo de dirigentes y medios de comunicación opositores y se viralizó en las redes sociales gracias a las mismas cuentas que estuvieron detrás de las convocatorias “espontáneas” de cacerolazos contra el gobierno nacional. Desde el kirchnerismo se mostraron respetuosos del derecho a manifestarse, aunque salieron a responder. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, señaló que entre los convocantes “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros”.

Aunque la cara visible son los fiscales Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, la convocatoria cuenta con el apoyo desembozado de la Asociación de Magistrados y de dirigentes de la oposición. Otros fiscales, como Cristina Caamaño, rechazaron la propuesta y hay sectores del Poder Judicial que tampoco la acompañan. Desde el Gobierno le atribuyen la intención de sacar rédito político de la muerte del responsable de la investigación sobre el atentado contra la sede de la mutual judía y de buscar la renuncia o destitución de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

“Dada la consternación que nos ha causado la muerte trágica de nuestro compañero Alberto Nisman, los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal y también del Poder Judicial Nacional, le rendiremos homenaje con una marcha en silencio y con total tranquilidad”, anunció Marijuán, que aclaró que la convocatoria “no es en contra de nadie, sino por respeto”, a pesar de que fue refrendada por dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Laura Alonso, y, en las redes, por los organizadores de anteriores cacerolazos.

Aunque alegan marchar por la independencia del Poder Judicial, entre los que pusieron la cara para la convocatoria está el fiscal Campagnoli, quien investigó de forma irregular a la familia Kirchner, por lo que estuvo al borde de ser destituido por mal desempeño el año pasado, y sobre el que pesan denuncias por violencia institucional. También Stornelli, de fluidos vínculos con el PRO y con un sector de la barra brava de Boca Juniors, club donde actúa como jefe de Seguridad. Por su parte, Sáenz es vicepresidente de la opositora Asociación de Magistrados que preside el camarista radical Ricardo Recondo y fue denunciado por realizar “forum shopping”. Tanto Sáenz como Recondo participaron de viajes y programas financiados por la fundación Certal, vinculada a Clarín.

“Debemos hacer esta tarea de trabajar e investigar con libertad e independencia, porque sin investigadores independientes, la Justicia no suele actuar”, dijo Campagnoli en la conferencia de prensa. Stornelli, por su parte, advirtió que el caso de Nisman “es el primero de estas características, pero podría no ser el último”. Ambos estuvieron escoltados por Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, quien pidió que “quienes tienen las responsabilidades de investigar la muerte de Nisman y de seguir sus investigaciones, y quienes tienen en sus manos causas trascendentes para el futuro de la Nación, deben sentir que están acompañados por la comunidad judicial y el conjunto del pueblo argentino”.

Sin embargo, no toda la “comunidad judicial” concuerda con la protesta: la fiscal federal en lo criminal Cristina Caamaño calificó ayer la marcha como “una puesta en escena para victimizarse” y denunció que “los fiscales que convocan están operando políticamente” (ver aparte). Desde el gobierno nacional, si bien recalcaron el derecho a manifestarse y a expresarse de quienes organizan la protesta, pusieron la lupa en su legitimidad y cuestionaron los antecedentes de quienes la convocan.

“Creemos firmemente en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión, y creemos que la democracia debe ser plena e intensa. Somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones, pero también creemos que es necesario tener un nivel de evaluación de por qué se realiza una marcha de esta naturaleza”, dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que destacó que “quien tiene que investigar” la muerte de Nisman “es el Poder Judicial” y “nadie puede decir que existe intromisión e interferencia por parte del Ejecutivo” en esa investigación.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, aseguró que la posibilidad de marchar “forma parte de los derechos conquistados por todos los argentinos”, pero advirtió que entre quienes le dan apoyo “hay gente que no se movió por otros argentinos en los momentos más duros” del país, y mencionó en ese sentido al ex fiscal general Strassera.

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)           

Por Martín Granovsky

 

 

 

En la Argentina los fiscales no dirigen las investigaciones judiciales como en los Estados Unidos. Pero la muerte de Alberto Nisman puso a unos en el primer plano de la discusión política y concedió a un grupo de veteranos del menemismo la fantasía de crear al mismo tiempo una corporación y un espíritu de cuerpo. El más audaz resultó ser el fiscal ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, que ayer anunció la existencia de un delito sin denunciarlo. “A mí me tocó vivir una época de miedo y veo que algunas de las características de esa época, donde la gente se tiraba muertos por la cabeza todos los días, está lamentablemente volviendo”, dijo a Radio América. Fue su forma de explicar que la marcha convocada por su grupo para el 18 de marzo será en busca de “protección”.

Moldes fechó esa época. Dijo que hablaba de lo que ocurría “a mediados de los ’70”. Sin embargo, no dio detalles de quién tira muertos ahora. Como la marcha es en homenaje a Nisman, puede suponerse que para Moldes Nisman es uno de los muertos tirados. Es como si él hubiera cambiado la carátula puesta por la fiscal Viviana Fein y la muerte ya no fuera dudosa. Los funcionarios judiciales no tienen el derecho sino la obligación de denunciar un presunto delito y violan la ley si no lo hacen.

La actitud de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, tuvo otro fundamento. Estableció por qué quería ser querellante: en nombre de las hijas que tuvo con Nisman. El intendente de Tigre Sergio Massa no consiguió ser querellante porque la Justicia no comprendió en nombre de quién lo hacía.

Moldes hizo un acto raro en él. Apareció en público. No había estado el viernes para la foto en la convocatoria para la marcha que realizaron el fiscal Guillermo Marijuán (“la marcha no es contra nadie”) y sus colegas Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, Ricardo Saénz y el fiscal general número dos ante la Casación Raúl Plee.

Sáenz no rehúye las fotos y tiene pertenencia gremial. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que pilotea Ricardo Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial. Pero el líder del movimiento es Moldes, que junto con Plee forma parte de los fiscales más cuestionados en distintos tramos de la Causa AMIA.

La trama de la Causa Amia cruza como ninguna otra a los servicios de inteligencia, oficiales de policía como Jorge “El Fino” Palacios, jueces y fiscales. Dos de los convocantes públicos de la marcha de silencio del 18, Plee y Moldes, fueron protagonistas destacado de los capítulos menos luminosos. El 19 de junio de 2013 Página/12 publicó una columna de opinión de Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Tenía como título “Yo no acuso” y con el juego de palabras que invertía el “Yo acuso” de Emile Zola la autora se refería no a ella misma sino a los fiscales que debían haber actuado y no lo hicieron. Escribía Litvachky que la audiencia realizada por “la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema”. Opinó la abogada del CELS que “esta decisión dio la razón a la querella de Memoria Activa acerca de la desidia de algunos funcionarios judiciales y los intereses subterráneos de otros”. Un ejemplo: “Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia. Ayer, el fiscal Plee volvió a estar ausente”.

Otro de los fiscales, el activo pero discreto Moldes, también aparece en la columna de Litvachky que reivindica a los querellantes de Memoria Activa. En el expediente que tramita el juez Ariel Lijo, “ante el sobreseimiento de un grupo de imputados la querella apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales”. Afirmó Litvachky que “quien debía impulsar la acción consintió el sobreseimiento sin diferenciar situaciones” y señaló que como jefe de la Unidad Amia Nisman “sostuvo que el fiscal de Cámara Germán Moldes dio la orden de no apelar porque compartía los fundamentos del juez”. Según Litvachky, Nisman explicó que no había apelado porque “carecía de autorización para hacerlo por su cuenta” ya que el fiscal natural de la causa era Moldes.

El cambio que viene

Hasta ahora, al menos, los fiscales no eran una corporación. Ni siquiera un colectivo. Los fiscales, al revés de los jueces, no tienen espíritu de cuerpo. ¿Será que ahora algunos de ellos quieren crear un cuerpo para ponerle la impronta de su espíritu? ¿O será que disputan la cabeza de un cuerpo que políticamente existirá cuando se aplique el nuevo Código Procesal Penal?

La realidad no solo arrojó dos novedades impactantes como una denuncia del fiscal Nisman y su muerte unos días después. Antes, 2014 había terminado con el nuevo Código Procesal Penal sancionado por el Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo. ¿Esa perspectiva habrá servido de motivación para ocupar espacios políticos de antemano? Más allá de lo que venga, la verdad es que hoy el actual Código Procesal Penal define que el juez es quien inicia la instrucción. Eventualmente delega esa instrucción en el fiscal y puede recuperarla cuando lo disponga. Inclusive el Código Procesal Penal vigente desde 1991 cambió el carácter inquisidor y desdobló el proceso penal en dos, una parte de instrucción y otra de elevación a juicio donde un tribunal a través de oralidad establece y determina la responsabilidad de cada uno. El papel del fiscal, cuando el juez se lo delega, es cumplir con la Enmienda Miranda de los Estados Unidos, para evitar que el juez o el fiscal prejuzguen sobre un hecho, lo conviertan en delito o le quiten su aspecto delictivo y luego adecúen el resto del proceso penal a ese interés previo.

En 2016, previa ley de implementación, habrá nuevas designaciones, nuevas estructuras y nuevas partidas presupuestarias cuando comience a regir el nuevo Código Procesal Penal promulgado en 2014. La discusión no es el espíritu de la Enmienda Miranda, que nadie critica, al menos en público, sino la administración concreta de los nuevos protocolos de actuación.

La cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema, hoy con Ricardo Lorenzetti de presidente. La defensora general es Stella Maris Martínez. La procuradora, elegida en 2012 a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner con acuerdo del Senado, es Alejandra Gils Carbó.

Tanto Martínez como Gils Carbó son vocales de la comisión directiva de Justicia Legítima, una asociación que además de jueces como su presidenta María Laura Garrigós de Rébori o el juez de Casación Penal Alejandro Slokar nuclea a muchos fiscales. Entre ellos figuran Félix Crous, Jorge Auat, Javier De Luca , el fiscal general y jefe de la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos Alejandro Alagia y Julián Axat, director de Atajo, sigla de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, un organismo de la Procuración con presencia en las villas. En la misión de Justicia Legítima que puede leerse en su web figuran la promoción de “un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos” y el fomento de la transparencia tanto en los procesos de decisión de los jueces como en el ingreso y la promoción del servicio de justicia. También hay lugar para el Ministerio Público. Dice: “Promover la autonomía de la defensa pública y del Ministerio Público Fiscal en todas las jurisdicciones del país”.

El Grupo Moldes

Si la ley de implementación del nuevo Código Procesal sale a tiempo cambiará el fuero penal porque los fiscales serán el brazo impulsor de los procesos. Cada fiscal, según la Constitución, goza de “inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. Cada fiscal hace hoy su trabajo y lo hará con mayor amplitud cuando impere el nuevo régimen. Uno de los fenómenos contradictorios de este nuevo fenómeno es que los fiscales que convocan a la marcha del 18 parecen buscar una presencia corporativa pero no procuran actuar en equipo en las causas donde intervienen. ¿Fiscalías feudalizadas y simultáneamente política en grupo para influir dentro y fuera del Ministerio Público Fiscal? ¿Será ése el modelo buscado por el Grupo Moldes? Si eso es así, podrían profundizarse las rispideces con la línea institucional que impulsa la procuradora, basada en unidades institucionales como las de lesa humanidad, criminalidad económica, trata, género y narcocriminalidad, un mayor trabajo en equipo y coordinación con las provincias. “Sin ese criterio hubiera sido imposible detener a jefes policiales vinculados con delitos de narcotráfico en Córdoba y Santa Fe”, suele argumentar Gils Carbó, que acostumbra mostrarse preocupada por una sociedad a la que observa inerme si los fiscales trabajan sin apoyo y control mutuos.

El caso de la fiscal Viviana Fein, en los últimos días, abrió un dilema. Está a cargo de investigar una muerte de alta conmoción internacional como la de Nisman pero prefirió trabajar sola y con su equipo de siempre. A su vez la Procuración ofreció personal pero no quiso insistir para no despertar ni una remota sospecha de presión sobre Fein. Es una encerrona. Si por no ampliar el equipo Fein no diera abasto, la causa por muerte dudosa de Nisman podría tener una dinámica más lenta de la esperable. Y si el equipo llegase a ser más grande la Procuración podría ser acusada de intervencionista por el estereotipo que presenta a Gils Carbó como una torre dentro de las piezas que mueve el ajedrez presidencial.

Las distintas partes en juego experimentaron un ejemplo pequeño de la encerrona durante la última semana cuando Fein dio –involuntariamente– información equivocada a la Procuración sobre los ya famosos borradores hallados en el cesto de basura de Nisman. Los papeles estrujados en el tacho contenían órdenes de comenzar un proceso que llevara a la detención de la Presidenta y del canciller Héctor Timerman. De todos modos, Fein no rompe con ningún protocolo cuando habla en público: es su investigación y hasta los errores están dentro de su derecho. La novedad es la irrupción de Moldes con su rebelión contra la Ley Orgánica del Ministerio Público por haber actuado sin denuncia concreta a pesar de que explicitó que alguien está cometiendo delitos como el de “tirar muertos”.

martin.granovsky@gmail.com

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)          

Por Mario Wainfeld

 

Antonio “Jaime” Stiuso fue dispensado del secreto, pongámosle, profesional, mediante una veloz acción del Gobierno. Cuando comparezca ante la fiscal Viviana Fein deberá (debería) hablar sin tapujos, bajo juramento de no mentir ni ser reticente. Stiuso ha pasado de ser un hombre poderoso y opaco a un protagonista citado con asiduidad en la primera plana de los diarios. La muerte del fiscal Alberto Nisman, como otros episodios similares, tiene entre otras repercusiones hacer famosos y comidilla de las tertulias a personas conocidas por pocos. Fein es otra, el servicial informático Diego Lagomarsino, un tercero.

Interrogar como testigo a quien podría ser imputado o procesado es un dilema procesal: puede estar contraindicado. El testigo debe expresar la verdad bajo apercibimiento de incurrir en delito, el indagado puede negarse a declarar en su contra y no está bajo juramento. Tal vez Fein demoraba la citación, reclamada a gritos desde distintos sectores, con esa idea en la cabeza. La revelación de una llamada vía Nextel poco antes de la muerte de Nisman impone el trámite, que deberá extenderse a cualquier persona que se comunicó con él, en esas horas o días.

El superespía es patrocinado por un abogado ducho en esas lides, hábil o hasta taimado. Sacará ventaja de todos los ripios del trámite o los urdirá.

Stiuso mismo es un personaje avezado en mentir, simular, urdir operaciones, generar confusión. Creerle o no, en lo atinente a esa llamada y al hecho de sangre que se investiga, será cuestión de fe. Desde luego, habrá elementos pasibles de ser cotejados con otras evidencias. Las referencias al contenido de la conversación, todo lo indica, quedarán a su merced y control. Si es que se presenta, claro.

Es notorio y fue asumido por Nisman que Stiuso lo asesoraba o llevaba de la mano en todo sobre al expediente referido al atentado contra la sede de la AMIA. Esa rama de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) a su vez tributaba a la CIA y a la “embajada”. Todos ellos son partidarios de la llamada “pista iraní”.

El oficialismo actuó bien al dispensar del secreto a Stiuso. Claro que esa presencia en Tribunales abrirá otra caja de Pandora. Esa historia mitológica, de momento, funciona más asiduamente que el hilo de Ariadna aludido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un reciente discurso.

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Fiscales en marcha: Un conjunto de fiscales, que no todos aunque se asevere lo contrario, convocó a una “marcha del silencio” para el 18 de febrero. Es ocioso debatir si es o no “política” o cuestionar ese aspecto. Toda movilización en el espacio público es política y un derecho constitucional. Si se afina el análisis el punto es si es proselitista en términos electorales. No caben dudas: se trata de una movida opositora. Habrá dirigentes políticos que serán de la partida sin llevar estandartes ni cotillón pero esmerándose en “robar cámara”.

Varios de los convocantes tienen escasa legitimidad para hablar en nombre de “la Justicia” (ver páginas 2/3). Carlos Stornelli, de trayectoria política y tribunalicia zigzagueante, podría a su vez dictar un curso sobre investigaciones criminales patéticas. Era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires cuando se produjo el trágico accidente que segó las vidas de la familia Pomar. La pesquisa se demoró meses, se nutrió de “carne podrida” entregada a los medios arrojando sospechas perversas contra las víctimas. Se urdieron y divulgaron fábulas varias que las enlodaban. En definitiva, tras semanas de trabajo penoso, el auto se encontró a pocos metros de la ruta que transitaba, estrellado.

Los fiscales expresan una lucha frontal contra el oficialismo, que en buena medida tramita en Comodoro Py. Cuando tanto se habla de Stiuso, a quien se transforma en una especie de superhombre, es bueno recordar que hay un túnel virtual, invisible a los ojos, que comunica la SI con Comodoro Py. En tiempos no tan remotos, sobres frondosos lo transitaban de punto a punto.

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La causa es mía, mía, mía: Tal vez la causa Nisman supere la capacidad de trabajo y la aptitud para tratar con los medios de Fein. Está por verse y por ponerse a prueba.

La fiscal estaba a punto de jubilarse y de tomarse vacaciones, desistió de éstas. Las presiones que recibe la abruman y se le nota. Su jefe y convocante a la marcha, el fiscal Ricardo Sáenz, finge arroparla mientras la “conduce”. Alega que el Gobierno quiere desplazarla de su labor pero los movimientos visibles para quitar el expediente del juzgado en que tramitan vienen de otro lado.

El juez federal Luis Rodríguez, como informó ya este diario, aspira a succionar el juicio ligándolo por conexidad con otro que tramita en su juzgado. Es una denuncia por amenazas presentada con anterioridad por la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Nisman.

La táctica es alentada desde varias notas del diario Clarín. Es difícil exagerar el protagonismo del multimedios no como mero ejercicio del periodismo sino como conductor de la oposición política y judicial. Con Rodríguez a cargo del pleito, Clarín jugaría de local.

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El recuerdo de Isabel: El discurso de los medios dominantes es atronador y no repara en límites ni en el rigor profesional. El columnista de La Nación Joaquín Morales Solá escribió en dos ocasiones algo así: “En el caso de la AMIA, la Justicia argentina concluyó que fue el gobierno de Irán el que ordenó y financió el devastador crimen”. La afirmación es falsa: los tribunales sólo “concluyen” cuando dictan sentencias definitivas. En la causa AMIA, obstruida desde 1994 por gobiernos anteriores al kirchnerismo y por los servicios, no hay sentencia definitiva ni siquiera una de primera instancia apelada. Nisman pidió que se llamara a indagatoria a ex funcionarios iraníes, que sujetos a la ley argentina y no a los protocolos del Departamento de Estado, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. La citación no se pudo cumplir porque los sospechosos no se presentan e Irán no concede extradiciones. Esto no demuestra que la hipótesis sea incorrecta pero tampoco que esté comprobada.

En la edición de Clarín de ayer, el periodista Alberto Amato desarrolla una tesis que se ha puesto en boga. Compara los últimos tiempos del gobierno de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón con el actual. Cristina, en ese relato, “es” Isabelita. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich es la nueva versión de José López Rega. La nómina de paralelismos forzados es prolongada. Y no propone una conclusión, explícitamente. Pero una lectura atenta del mismo ejemplar y de todos los de estas semanas habilita una inferencia. A la nota le falta un párrafo final o un desenlace, sugerido en tinta limón. Es una obviedad, pero allá va. A pocos meses de elecciones de recambio presidencial (como hoy día) el gobierno de Isabel fue derrocado para instituir la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Se impuso el terrorismo de Estado y se implementó una política económica antinacional, antipopular y antiobrera. Para la sociedad en su conjunto, fue devastador. Clarín no corrió una suerte similar: en el tramo más brutal, la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, adquirió Papel Prensa. Los vendedores pasaron de la negociación de prepo a la mesa de tortura, en cuestión de días.

La embestida es arrolladora y viene siendo exitosa en el corto plazo. El afán es posiblemente conseguir sacar al Gobierno. Por ahí en una doble acepción.

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Tácticas y desafíos: Se sabe: “sacar” en jerga cotidiana es conseguir enardecer al otro, enfurecerlo. El elenco gubernamental acusó el impacto. Las encuestas lo comprueban, más aún el clima de palacio. La conducta de Capitanich, ya comentada en estas columnas, fue más grave que un error: una actitud autoritaria, posible consecuencia de una furia que un dirigente avezado, un profesional al fin, debe saber controlar.

La falta de gestos y palabras hacia las víctimas de la muerte, la familia en particular, es otra carencia. El kirchnerismo tiene un patrimonio acumulado en reivindicar a las víctimas, enaltecerlas, “darles voz”, contenerlas. No se trata de rectificar las críticas al insostenible dictamen de Nisman ni cejar en ese debate. Está en juego un proceder que valoriza a las personas y que mucha gente de a pie espera y valora.

Cuando la plana mayor del PJ discutió un necesario documento de defensa de la Presidenta se analizó la posibilidad de incluir un párrafo alusivo a la familia de Nisman. No “coló”, aunque tenía promotores. Fue más que un error de comunicación: una incongruencia con los mejores principios del oficialismo.

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Repasos: Las distintas vertientes opositoras construyen un mito falso: el oficialismo como culpable cuando no ejecutor de un asesinato. Las pruebas materiales sobre la muerte no lo ayudan, la fragilidad del dictamen sobre el memorándum se corrobora día a día. No importa, se sigue azuzando con el afán de convertirlos en los ítem únicos de la agenda cotidiana y los principales de la campaña electoral.

Las gestiones kirchneristas produjeron años de paz social y estabilidad inusuales en la Argentina. Con el aditamento, que se puede considerar o no contradictorio, de una radicalización del verbo político y el conflicto como eje cotidiano del debate.

El kirchnerismo admitió movilizaciones en su contra desde sus albores. Juan Carlos Blumberg fue el adalid de la primera, las entidades agropecuarias organizaron la más lesiva y convocante. En tales casos, el oficialismo cayó en traspiés varios (que abarcan concesiones indebidas) pero jamás apeló a la violencia. Mientras “el campo” cortaba rutas, promovía desabastecimiento y apostrofaba a la Presidenta, la disputa se llevó al Congreso. Hubo, como estrafalaria excepción, un apresamiento del “melli” Alfredo De Angeli, tosco y transmitido en directo por tevé que duró un puñado de horas.

La gravedad de los cargos y su inconsistencia pueden atizar bronca, es uno de sus objetivos. El oficialismo haría bien en tomar nota y no dejarse envolver en la espiral del odio.

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Expedientes y campañas: Hay muchas teorías sobre las causas de la muerte de Nisman, ninguna está probada donde debe serlo. El kirchnerismo cree que “le tiraron un muerto” y construye un silogismo político-investigativo: un dictamen falaz que genera el clima, el homicidio a Nisman, a manos de quienes fueron sus aliados.

El razonamiento no es absurdo ni imposible, pero un crimen no se acredita con silogismos. Hacer todo lo accesible para facilitar la investigación es el medio más idóneo. El expediente penal es un universo propio con reglas prefijadas. Para la sociedad y el sistema democrático es necesario que la investigación se preserve dentro de sus fronteras.

La dispensa a Stiuso es una decisión potencialmente funcional a la pesquisa y a la vez riesgosa.

El episodio en torno de un borrador de Nisman permite una deducción no tan trillada. El Ejecutivo no dispone de información propia sobre el expediente: produjo (y sobreactuó) su desmentida en base a declaraciones equivocadas de Fein. En términos institucionales es valioso que el Gobierno no tenga acceso a la causa, en términos comunicativos debe motivarlo a ser cauto cuando la alude.

El escenario anticipa la campaña electoral más feroz de la recuperación democrática, acaso diferente cualitativamente a las anteriores. Eso intuye este cronista, basado en la mirada cotidiana, ojalá se equivoque. Dependerá de la templanza y calidad de los dirigentes políticos de todas las banderías.

Las historias continuarán, vaya si continuarán.

mwainfeld@pagina12.com.ar

SALUDOS REVOLUCIONARIOS  

(Gran Papiyo)