Las categóricas afirmaciones del Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti acerca de la investigación por el atentado a la embajada de Israel: "Hubo sentencia y es cosa juzgada" fueron calificadas como erróneas casi en forma unánime aunque, por supuesto, convenientemente minimizadas por los grandes medios.
Sin embargo, muy pocos resaltan la gravedad de este manifiesto desconocimiento del derecho en que incurrió el cortesano Lorenzetti que, a mi criterio, podría quedar englobado en una causal de juicio político previsto por la constitución: "mal desempeño de sus funciones".
En efecto, según la Constitución Argentina, los miembros del Poder Judicial gozan de estabilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta (art. 110). Una destitución es posible sólo en caso de que se compruebe “mal desempeño” o “comisión de un delito”.
Un juez de la Corte Suprema sólo puede ser acusado por “mal desempeño” en un juicio político que tramita en el Poder Legislativo: la Cámara de Diputados actúa como órgano acusador (a la manera de un fiscal de un juicio penal común) y la Cámara de Senadores, como tribunal de juicio.
Ahora bien, ¿qué significa la causal de “mal desempeño en sus funciones”?. Se trata de una causal genérica e indeterminada, relativa a la función jurisdiccional, donde los casos posibles son múltiples y deben evaluarse dentro de sus circunstancias, a fin de calibrar el modo en que afectan la función judicial, el servicio de justicia y la dignidad del poder judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene: "La remoción por mal desempeño procede cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función..." (CSJN, 29/12/1987, "Fiscal del Estado Dr. Luis Magín Suárez s/formula denuncia. Solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados /Juicio Político a los Miembros de la Corte de Justicia de San Juan", Fallos, 310:2845)
El caso de incumplimiento o mal desempeño en que podría haber incurrido Lorenzetti se conoce tradicionalmente como ignorancia del derecho. En primer lugar, se advierte que la situación tiene que ser manifiesta, es decir, tiene que ser identificada a simple vista.
¿Se verifica esa circunstancia en el caso de Lorenzetti? Totalmente, existen imágenes de su discurso y la "aclaración" de la propia Secretaría de la Corte Suprema.
Se sostiene jurisprudencialmente, además, que este manifiesto desconocimiento del derecho, en principio, debe ser reiterado, pues nadie en rigor está exento hasta de incurrir en un error.
¿Se da esta reiteración en el caso de Lorenzetti? No que yo sepa. Sin embargo, la gravedad institucional (un término que adora todo abogado republicano que se precie) que conlleva el caso del atentado a la Embajada de Israel, tornaría el desconocimiento inexcusable del derecho del Dr. Lorenzetti en un mal desempeño de sus funciones por sí mismo, si se lograre acreditar que fue ese desconocimiento del derecho del Dr. Lorenzetti el que provocó que no se avanzara durante años en las investigaciones del atentado a la embajada de Israel. ¿Se entiende? “No podemos modificar lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada", sostuvo Lorenzetti.
Y allí está la clave.
Al día siguiente la propia Corte Suprema sostuvo por Secretaría: "Está probada la materialidad de los hechos -cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores. Es en esta línea que el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que ambas circunstancias (pilares de la investigación) han sido consentidas por las partes, y que sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación, para lo cual se ha solicitado la necesaria colaboración internacional"
Pregunta obligada: ¿de qué fecha data la última foja del expediente del atentado a la embajada de Israel? Si no tuvo movimiento desde la resolución o acordada de la Corte Suprema aludida por Lorenzetti (como sentencia de cosa juzgada) la situación es muy delicada, por motivos obvios, para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia: su ignorancia manifiesta del derecho podría haber afectado (durante años) el ejercicio de la función investigativa de competencia originaria y exclusiva de la Corte en un caso de gravedad institucional como el atentado a la embajada de Israel.
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