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General: Piedad Córdoba denuncia peersecusión del Estado colombiano
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De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 24/07/2013 14:28 |
Piedad Córdoba denuncia persecusión del Estado colombiano
La activista humanitaria de Colombia, Piedad Córdoba, denunció este jueves que los organismos de seguridad del Estado siempre la han perseguido, en relación a unas grabaciones desarrolladas en las protestas en el Catatumbo colombiano, en las cuales se le vincula a la guerrilla de las FARC.
La exsenadora aseguró que el señalamiento obedece a una filtración por parte de organismos de inteligencia para contrarrestar la responsabilidad del gobierno con el conflicto campesino.
“A mí siempre me han perseguido y ellos siempre lo han hecho porque es su tarea”, afirmó Córdoba, agregando que las imágenes de los miembros de la fuerza pública disparándoles a campesinos indefensos, “dan lástima”. Es por ello que, “cuando uno muestra pruebas se vienen contra nosotros, porque la única forma que tienen es ligarnos con el terrorismo”, manifestó.
En entrevista con la revista Semana, la exsenadora afirmó que medios y funcionarios hacen señalamientos sin pruebas, en referencia a las declaraciones en su contra donde se le vincula con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP).
“No hago parte de las FARC, pero sí estoy muy comprometida con esa organización para llegar a un proceso de paz”, manifestando que le gustaría “ver un ejército de policías patriotas en este país, que se preocuparan por la vida, la seguridad y el bienestar de la gente”.
En relación al tema de las protestas que sostienen los campesinos en la región de Catatumbo, en el departamento Norte de Santander (noreste), Córdoba indicó que no hay infiltraciones en las manifestaciones, como lo hace ver el Ministerio de Defensa, que el pasado viernes emitió unas supuestas pruebas en las que se vinculan a los líderes campesinos con la guerrilla.
La activista también dijo que hay un sector convencido de que, “quienes piensan diferente, son una amenaza a sus privilegios, a la concentración de la riqueza".
Insistió que la lucha de estos campesinos es por la carencia de servicios, su inconformidad radica en que “hay más del 90 por cierto de la población sin agua potable, no tienen servicios de salud, más de 150 mil pobladores no saben leer ni escribir, eso no tiene nada que ver con las FARC-EP, sino con la falta de desarrollo por parte del Estado, es lo que reclaman”, sostuvo.
Córdoba, quien también es vocera del movimiento Marcha Patriótica, espera que el gobierno llegue a entablar una mesa con el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación.
“El gobierno es el que debe tomar la decisión. La reciente carta de los líderes de las FARC-EP y el ELN es la posibilidad de que este proceso avance”, concluyó.
teleSUR-PL-semana.com/kp-GP |
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Piedad Córdoba estudiará propuesta para integrar alianza de la izquierda colombiana
Piedad Córdoba / Foto archivo
Por: RCN La Radio
La ex senadora Piedad Córdoba señaló en una carta enviada al representante Iván Cepeda que desde hace un tiempo ha estudiado la posibilidad de conformar una coalición de partidos, movimientos y grupos de izquierda.
"Agradezco su invitación a la unidad de la izquierda. De años atrás hemos hablado de ese tema y siempre he tenido disposición para aportar en la construcción convergente", señaló.
Sin embargo, aclaró que en los próximos días dará una respuesta a la propuesta del Congresista.
"En los próximos días daré mi respuesta, que desde ya, incluye una invitación a sectores, más allá, de lo que llamamos izquierda: al movimiento social, a sectores de partidos que son parte de una expresión democrática y de afirmación de los derechos y a las Fuerzas Militares", afirmó.
El representante Iván Cepeda invitó a Progresistas, Marcha Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático a integrar esta alianza.
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Consejo de Estado colombiano decidirá sobre fallo contra Cordóba |
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Escrito por Anubis Galardy |
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18 de octubre de 2013, 16:26Bogotá, 18 oct (PL) El presidente de la Corte Constitucional colombiana, Jorge Ivan Palacio, afirmó hoy que compete al Consejo de Estado decidir sobre la validez de las pruebas por las cuales fue destituida e inhablitada la exsenadora Piedad Córdoba.
El dictamen fue ratificado la víspera por la Corte, al dictar sentencia sobre el recurso interpuesto por Córdoba, enfocado a la anulación del fallo impuesto por el procurador Alejandro Ordóñez, que la destituyó e inhabilitó el 29 de septiembre de 2010 para ejercer cargos públicos durante 18 años.
Según declaraciones de Palacio, la Corte sólo se centró en el cuestionamiento de la exsenadora sobre la facultad del Ministerio Público para sancionar a funcionarios sobre lo cual, alegó, sí tiene competencia, de acuerdo con el artículo 227 de la Constitución, que lo faculta para iniciar "investigaciones e imponer las sanciones diciplinarias definidas por la ley".
Añadió que durante todo este tiempo la acción legal giró en torno a este tema y "nunca se discutió sobre pruebas o el trámite mediante el cual se emitió la sanción, pues según ese tribunal, Córdoba no cuestionó ese aspecto en el recurso".
Asimismo reiteró que corresponde al Consejo de Estado estudiar la validez de tales pruebas, porque la exdirigente política sí las puso en tela de juicio ante la citada instancia gubernamental.
Nuestra decisión, especificó Palacio, solo se circunscribe a los problemas jurídicos examinados "y no a la valoración sobre aspectos de orden procedimental, sustantivo, probatorio o de cualquier otra índole relacionados con el trámite disciplinario seguido en contra de la accionante".
Tampoco "versa sobre la eventual invalidez de las pruebas recaudadas o la proporcionalidad de las sanciones impuestas a la peticionaria, asuntos que, además de no haber sido objeto de reproche el recurso, habrán de ser debatidos al interior del proceso contencioso administrativo que se encuentra en trámite en el Consejo de Estado", manifestó.
Sin embargo, un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en un caso anterior de similar índole, estipula que las muertes políticas solo podrían decretarse cuando se trate de una condena impuesta por un juez competente en un proceso penal, lo cual no rige en el caso de Piedad Córdoba, cuya destitución e inhabilitación no correspondió a esos presupuestos legales.
El dictamen del Procurador General en 2010 se apoyó en supuestas informaciones encontradas en la computadora del líder guerrillero Raúl Reyes que, en su criterio, probaban la cercanía de Córdoba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Reyes murió el 1 de marzo de 2008 cuando la aviación colombiana bombardeó un campamento insurgente en territorio de Ecuador, sin la autorización del Gobierno de ese país.
Por su parte, la exsenadora ha asegurado que sus contactos con las FARC se limitaron a su labor como miembro de misiones humanitarias para liberación de personas en poder de la guerrilla y que, tal como lo determinó en su momento la Corte Suprema de Justicia, las pruebas del computador de Reyes son inválidas, pues no se respetó la cadena de custodia.
Asimismo ha señalado que la Procuraduría se sustentó en pruebas inexistentes y que se violaron sus derechos a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso.
mgt/ag |
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Juntemos todas las rebeldías, unamos todas las manos
Exclusión, invisibilización y exterminio no han acallado un proyecto histórico de cambio democrático. Hoy su renovación es inminente y el camino empieza con las elecciones de octubre.
Jaime Caycedo Turriago
El presidente Santos designa una Comisión asesora con exclusión del Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social que contribuyó decisivamente a su reelección solo en razón de su respaldo a la continuación de los diálogos de La Habana. El gobierno tiene pleno conocimiento de que el Frente hace un aporte efectivo en la veeduría del cese unilateral decretado por las FARC y que participa de la preparación de una amplia cumbre mundial del arte y la cultura y de una gran movilización por la paz el próximo 9 de abril.
Los pasos gubernamentales sobre el proceso son importantes. Pero la paz es asunto de toda la nación y no se puede seguir admitiendo la invisibilización discriminatoria tradicional, que entre varias razones ha sido causa de la guerra. Se hace odiosamente notorio que Santos pretende hacer una paz de espaldas a la inconformidad ciudadana, a la protesta social que pide un plan de desarrollo conectado con los reclamos de la gente del común, de las y los trabajadores, del mundo popular rural que exige del gobierno el cumplimiento de acuerdos nunca ejecutados.
Ese país real que no quiere más ser maltratado por el Esmad ni por el paramilitarismo redivivo que esconde mal la cobertura de complicidad que le tiende la impunidad del sistema. Una paz equitativa y justa, que reconozca como prioridad atender las carencias de las mayorías, que supere las desigualdades más críticas y construya todas las garantías para la no repetición de los exterminios, tiene que ser una construcción colectiva, obra de la movilización popular.
El núcleo de esta construcción es el programa que defiende como bandera la solución de paz, las reformas sociales agraria, laboral, de la salud, de la educación y el techo, el proceso constituyente que refrende acuerdos, formalice la apertura democrática y oriente la solidaridad con los cambios avanzados de América Latina. La única arma de los oprimidos en esta lucha por la justicia social para la paz es su unidad y su movilización organizada y masiva.
El gran movimiento por la paz que impulsa el Frente Amplio recibe su reconocimiento del pueblo, aunque el gobierno lo invisibilice. Sin embargo el proceso de unidad necesita motores que dinamicen su marcha. Ante la despolitización que preconiza el régimen proclamamos la necesidad de ganar en consciencia, en independencia de proyecto y en decisión política. Para un vasto contingente de la inconformidad comprometida con la paz la Unión Patriótica y Marcha Patriótica son motores imprescindibles de la unidad. Después de un siglo de exclusión se reclama el legítimo derecho de la oposición democrática y social colombiana a asumir el reto del poder.
Exclusión, invisibilización y exterminio no han acallado un proyecto histórico de cambio democrático. Hoy su renovación es inminente y el camino empieza con las elecciones de octubre. La propuesta es concreta: con la política de Frente Amplio, con el programa de la paz democrática, con unidad para la movilización y el protagonismo social, convocamos al diálogo para integrar listas unitarias, plataformas comunes, coordinación de acuerdos y aval concertado con la personería de la Unión Patriótica. ¡Por la paz con justicia social juntemos todas las rebeldías, unamos todas las manos!
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