Mariano Ferreyra y la masacre de Once

Escrito para Argenpress

Las 50 víctimas fatales y más de 600 heridos que acaba de cobrarse el règimen del ferrocarril privatizado nos remiten a la mañana del 20 de octubre de 2010. Ese día, una patota al mando de la burocracia de la Unión Ferroviaria asesinaba a Mariano Ferreyra y le propinaba heridas gravísimas a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Para ejecutar el crimen, contaron con el concurso del aparato policial que liberó la zona, así como del concesionario del ferrocarril Roca (UGOFE), habilitando permisos laborales para los miembros de la patota criminal.

View Image Details]" target="_blank" href="http://po.org.ar/files/images/MARIANO-PAGINA-PO-NOVIEMBRE.jpg">Un año y medio después ¿no es ese mismo triángulo corrupto –empresarios, burócratas, Estado- el responsable de la masacre de Once?

Tenemos, en primer lugar, al concesionario ferroviario –Grupo Cirigliano. Mientras TBA languidece en la desinversión y la falta de mantenimiento, Cirigliano compró una parte sustancial del transporte público de pasajeros. En la zona Oeste del Gran Buenos Aires, se quedó con su principal línea de colectivos–la ex TDO. Por lo tanto, y junto al Sarmiento, el grupo ha monopolizado el transporte público de la zona. La cuenta es sencilla: los subsidios entregados para el Ferrocarril fueron desviados para financiar esta monumental concentración empresarial contra los usuarios. Del mismo modo, los Roggio, Taselli y otros se servían de subsidios millonarios. Mientras tanto, los usuarios eran sometidos a la destrucción del servicio. Y los trabajadores, a la precarización laboral y a la tercerización.

La burocracia sindical ha sido socia del vaciamiento. A cambio de avalar el desguace ferrroviario, los burócratas lograron convertirse en empresarios o gerentes. Ello, como accionistas de las concesiones privadas (Belgrano Cargas) o como propietarios de las cooperativas truchas, a través de las cuales emplearon trabajadores con salarios muy inferiores a los del convenio. En estas horas, Caminos, uno de los dirigentes de La Fraternidad, acaba de pedir la creación de “una comisión regulatoria ferroviaria con participación de los sindicatos”. ¡Qué impostura! Si nada menos que Antonio Luna, dirigente de La Fraternidad, está al frente de la subsecretaría de Transporte Ferroviario. La burocracia pide “participar” del ferrocarril… que cogerencia. De cara a la masacre de Once, intentan borrar su responsabilidad en el desquicio ferroviario.

El tercer vértice es el Estado y el gobierno que “organizaron” el vaciamiento. El kirchnerismo consolidó el régimen de concesiones ferroviarias que parió el menemismo, y atornilló a la patria contratista a los rieles. La “emergencia ferroviaria” de Duhalde y Kirchner llevó esta privatización a su variante más confiscatoria. De un lado, el Estado asumiendo los gastos de mantenimiento y de inversiones. Del otro, los parásitos privados, asegurando los beneficios de los `90 con subsidios estatales. Mientras malversaban el patrimonio público con compras de material inservible, Jaime primero y Schiavi después, hacían la vista gorda ante todos los incumplimientos de los concesionarios. En cambio, no se privaban de perseguir a los luchadores y delegados que denunciaban el vaciamiento.

El desastre ferroviario pone de manifiesto los límites sociales insuperables del kirchnerismo. Ahora que la crisis capitalista ha colocado en cuestión al régimen de los subsidios, el gobierno ensaya una nueva variante de rescate de los privatizadores, los boletazos o tarifazos. Bajo las actuales condiciones, la suba del boleto de colectivo o de tren premiaría, principalmente, a los responsables de la masacre de Once.

Para que siga este triángulo de corrupción y negociados, Mariano Ferreyra fue asesinado.

Pedraza está preso. Pero los intereses que financian a su patota siguen manejando la gestión del ferrocarril. Bajo el kirchnerismo, los accidentes en las vías ya han acumulado 70 muertos y 1000 heridos.

Por Mariano, hemos reclamado que vayan al banquillo todos los responsables –patota, policía y funcionarios, empresarios.

A ellos mismos, la masacre de Once también los coloca en la picota: juicio y castigo a los culpables. Por la renuncia inmediata de Schiavi y Luna. Que los privatizadores sean apartados del ferrocarril, sin antes responder con sus patrimonios por el vaciamiento incurrido. Que el ferrocarril sea reestatizado, bajo la gestión directa de sus trabajadores.

Marcelo Ramal

El Estado avanzará en la recuperación del control sobre el sistema ferroviario metropolitano de pasajeros. La estatal Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) pasará a ser la encargada de prestar los servicios de transporte en los ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur, mientras que la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) se ocupará de las obras en ejecución y futuras inversiones en esos recorridos. La decisión será presentada hoy en el Boletín Oficial, mediante una resolución del Ministerio de Interior y Transporte. Los cambios no representan la reestatización de los trenes. El Gobierno mantendrá el esquema vigente de operadores privados. El funcionamiento continuará a cargo de la Ugofe que conforman las empresas Ferrovías, del grupo Emepa, y Metrovías, del holding Roggio. Desde la Casa Rosada explicaron ayer que se trata de una medida administrativa que mejorará la capacidad gestión, control e intervención del Estado y limitará las prerrogativas de las firmas privadas. En los próximos meses se avanzará en el mismo sentido con el resto de los servicios suburbanos.

La Ley de Reordenamiento Ferroviario de 2008 creó dos empresas estatales: la Sofse, para hacerse cargo de la prestación del servicio, y la ADIF, para administrar la infraestructura e inversiones del sistema. El ambicioso proyecto, inspirado en la recuperación del ferrocarril español, buscaba la reunificación de todo el sistema con el Estado como una figura de peso. Ese proceso no avanzó y hasta la tragedia de Once, la política ferroviaria continuó relegada, profundizando el estado de abandono del sistema metropolitano de trenes y convalidando las estructuras abusivas de poder empresarias y sindicales. La medida que se conocerá hoy implica comenzar a implementar esa legislación (ver aparte).

Hasta ahora, la Sofse estaba encargada de operar –en algunos casos con escasa frecuencia– trayectos menores en el interior del país como el ramal Lincoln-Realicó, un recorrido interurbano en Salta, otros tres en Chaco y recientemente se sumó el Tren de la Costa. Por eso, aunque no se trate de un objetivo de corto plazo, en el equipo de Interior y Transporte enfatizan que el impulso a la Sofse le permite al Estado recuperar parte de sus capacidades perdidas después de décadas de abandono en materia ferroviaria, para “avanzar cuando sea necesario en la reestatización del sistema”. La decisión de revitalizar ambas empresas estatales llegó después de que, dos meses atrás, fueran desplazados de su conducción todos los representantes del sector gremial y sus cargos ocupados por funcionarios de confianza del ministro Florencio Randazzo.

La Sofse está facultada para “asumir por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la prestación de los servicios ferroviarios, de pasajeros o de carga que se le asignen”. Desde hoy tendrá asignados los ramales Roca, San Martín y Belgrano Sur que transportaron el 56 por ciento de los pasajeros en 2012. Sin embargo, en el corto plazo, la firma estatal conservará el esquema vigente de operadores privados. La resolución brinda un plazo de 90 días para readecuar los contratos con las empresas encabezadas por Aldo Roggio y Gabriel Romero.

“Es un cambio institucional no menor para, de ser necesario, tomar la decisión de recuperar el control estatal de los ferrocarriles. Implica avanzar con la revitalización de la estructura y capacidades estatales. En la medida en que se comprometan en la mejora del servicio, las empresas privadas van a continuar operando los ramales y adecuarán sus contratos con la Sofse. Pero no vamos a dudar en desplazarlos si no cumplen con sus obligaciones”, afirmaron a Página/12 fuentes de Interior y Transporte. Si bien no descartan la estatización, el Gobierno “prefiere” que las firmas privadas conserven la operatoria de los trenes aun cuando existen tensiones con esos grupos empresarios y los sindicatos.

En los próximos meses, se realizarán las mismas adecuaciones con la UGOMS, la unidad de gestión a través de la cual las compañías de los holdings Emepa y Ro-ggio operan las precarias e inseguras líneas Mitre y Sarmiento. Todavía está bajo análisis, pero lo más probable es que los ramales todavía concesionados Belgrano Norte y Urquiza a cargo de Ferrovías y Metrovías, respectivamente, seguirán el mismo camino y adecuarán sus formas.

¿Qué cambiará?

En Interior y Transporte afirman que la medida permitirá controlar mejor aspectos del día a día que hoy están fuera de su alcance, como las frecuencias y la celeridad en algunas obras estratégicas. También facilitará, sostienen, aspectos administrativos relevantes. “Amplía la potestad del Estado en la gestión diaria de los ferrocarriles metropolitanos, así como en la definición de las obras a realizar”, argumentaron en el equipo del ministro Florencio Randazzo. De todas formas, reconocen que para observar mejoras en aspectos como las frecuencias es necesario avanzar en las obras de reparación de vías, pasos a nivel, la renovación de la señalización y, fundamentalmente, la incorporación del nuevo material rodante adquirido a firmas estatales chinas.