El fiscal a cargo de la investigación de la causa AMIA, Alberto Nisman, reclamó que la presidenta Cristina Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, sean indagados por la Justicia bajo la acusación de querer encubrir a Irán por el atentado a la AMIA y "fabricar la inocencia" de los ex funcionarios iraníes involucrados en el ataque.
El pedido de indagatoria, que incluye un pedido de embargo de 200 millones de pesos sobre los bienes de los imputados, se extendió al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque; el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; a un ex juez de instrucción que trabajó para la ex SIDE Héctor Yrimia, y a un encumbrado agente de Inteligencia que trabaja con la jefa del Estado.
Cristina Kirchner es el segundo presidente que enfrenta una acusación por querer encubrir a Irán. Carlos Menem ya está procesado por eso y está a la espera de que el Tribunal Oral Federal N° 2 le ponga fecha al juicio en su contra.
Nisman presentó su denuncia ante el juez federal Ariel Lijo, el mismo que procesó al vicepresidente Amado Boudou, porque es el magistrado a cargo de las irregularidades en la investigación de la causa AMIA. La jueza Servini de Cubría es quien cubre a Lijo durante la feria judicial. La magistrada decidirá hoy si entiende que es competente, si es un tema de feria y si le manda la denuncia a un fiscal para que impulse el caso. Todo hace pensar que esperará a febrero.
La denuncia, de 300 páginas, es durísima. El fiscal difundió una síntesis para no revelar los nombres de los agentes acusados. Pero incluye escuchas telefónicas que revelan que la Presidenta hablaba con un agente de la ex SIDE de su confianza o con "el Cuervo" Larroque y que éstos ponían en conocimiento de D'Elía o Esteche esas órdenes. Y D'Elía las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro Yussuf Khalil, que llamaba por teléfono a Irán a Mohsen Rabbani, uno de los prófugos del ataque.
Nisman sostiene que Cristina Kirchner negoció levantar las acusaciones contra Teherán para poder comprarle petróleo barato a cambio de granos y para eso acordó montar una pista falsa en la que se acusara a grupos "fachos locales", de modo de fabricar la inocencia de Irán. Incluso se habló de que Irán comprara armas. En la denuncia, se señala que "la confabulación criminal fue decidida por Cristina Kirchner y puesta en funcionamiento por Timerman".
El fiscal sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el ex jefe de la fuerza Al Quds y ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari. "El plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Timerman viajó a la ciudad siria de Aleppo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos Estados."
El acuerdo se plasmó en el memorándum, pero se interrumpió ante la negativa de dar de baja las circulares rojas. Decayó entonces el interés de Irán en el pacto.
Nisman dijo que se estaban armando falsos culpables para endilgarles el atentado. Explicó que Esteche, de Quebracho, un grupo que siempre se sospechó ligado a la ex SIDE, le acercó al agente iraní Khlail al ex juez Yrimia, que había trabajado como fiscal en los albores del caso. Esteche dijo en una de las escuchas citadas: "Quieren construir un nuevo enemigo de la AMIA, el nuevo responsable de la AMIA, es una necesidad que tienen que construirla". La acusación relata reuniones del iraní con D'Elía y Esteche. Y le adjudica a Cristina Kirchner haber tomado las decisiones de poner en marcha el plan y seleccionar a quienes lo ejecutaran. "De la Sra. Presidente de la Nación Argentina, se probó haber emitido una expresa directiva para que se diseñara y ejecutara el plan de encubrimiento", dijo Nisman, y citó a los acusados que señalaron que todo está "cerrado muy arriba", todo había sido decidido "al más alto nivel" porque "lo pidió la jefa", y su canciller implementó el plan porque fue "orden, orden y orden".
Muchas de las acciones relacionadas con el plan, "por ser notoriamente delictivas", no podían ser ejecutadas por funcionarios y se recurrió a intermediarios. Para ello, dijo el fiscal, se valió de ciertos sectores de la ex SIDE, de D'Elía y, especialmente, de Larroque.
¿Cómo sigue la investigación judicial?
Denuncia. Nisman presentó su escrito en el juzgado de Ariel Lijo, donde tramita una causa por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. En la feria judicial de enero lo reemplaza Servini de Cubría
Feria. La jueza decidirá hoy si el asunto es perentorio y resolverá si habilita la feria para tomar medidas urgentes, como allanamientos o pedir levantar el secreto sobre agentes de la ex SIDE, como lo solicitó Nisman
Competencia. También analizará si se queda con el caso o si lo manda a sorteo para designar un nuevo juez
Impulso fiscal. El primer paso será enviar la denuncia a un fiscal para que le dé impulso y formalice las imputaciones
Tus posibilidades sólo hacen quedar al gobierno como víctima, estás muy encerrado en tu fanatismo y por eso creés que la realidad es como vos querés que sea, madurá Papiyo, ya no sos un adolescente.
Mejor sería que maduraras vos para volver a ser lo que eras y dejar de ser lo que sos.
EL JUEZ DANIEL RAFECAS EXPLICO LA RESOLUCION CON LA QUE DESESTIMO QUE EL GOBIERNO HAYA ENCUBIERTO EL ATENTADO A LA AMIA
“Es imposible abrir una investigación penal”
“La evidencia es exactamente opuesta a lo que sostenía el fiscal Alberto Nisman”, dijo el magistrado en una entrevista de la agencia Reuters. Allí explicó que no hay ningún delito para investigar y que tampoco cree que el Gobierno haya querido favorecer a los iraníes.
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
“Trabajé con una asombrosa y pasmosa tranquilidad. Nadie se ha acercado para hacer sugerencias”, dijo el juez Daniel Rafecas.
“Estudié si hubo o no delito. Lo hice personalmente todos los días hasta las nueve de la noche. Y en este caso, estoy convencido de que el gobierno argentino no tuvo ninguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la Justicia argentina. Fue al contrario: el gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa del atentado contra la AMIA avance en la Justicia argentina. La futura entrada en vigor del acuerdo (Memorándum) con Irán de ninguna manera ponía en riesgo el status de las órdenes de captura. El único que podía alterar eso era el juez de la causa.” Con estas frases, en una entrevista concedida a la agencia Reuters, el juez Daniel Rafecas fundamentó el fallo por el que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que fuera impulsada después por su par Gerardo Pollicita. Rafecas insistió con dos ejes. El primero es que el Memorándum nunca se hizo efectivo, por lo cual no pudo haber tenido la consecuencia de ayudar a los prófugos, lo que hubiera constituido el delito de encubrimiento. En segundo lugar, las capturas con alertas rojos no sólo no fueron levantadas, sino que el gobierno argentino insistió en que se mantengan vigentes. Incluso quedó claro por el reglamento de Interpol que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral podía decidir sobre ellas. En el texto conocido el jueves, el juez destacó la utilización por parte de Nisman de hechos que resultaron ser falsos y que se hubieran podido verificar con facilidad (ver página 4).
Rafecas dio el jueves una única entrevista destinada a explicar su resolución en el exterior. Para ello eligió a la agencia Reuters, con la que habló después de firmar el fallo.
“La evidencia presentada ante este juzgado es exactamente opuesta a lo que sostenía el fiscal Nisman. En estas circunstancias es imposible abrir una investigación penal”, redondeó el magistrado.
Para Rafecas, el delito de encubrimiento –ayudar a los sospechosos iraníes a eludir la Justicia– tenía dos puntos basales en la denuncia de Nisman-Pollicita:
Primera clave
El primero es que –según los fiscales– la firma del Memorándum y la constitución de una llamada Comisión de la Verdad iba a permitirles a los iraníes eludir la responsabilidad penal. Nisman sostenía que las conclusiones de esa Comisión ya estaban pactadas de antemano y que se le echaría la culpa del atentado contra la AMIA a un grupo de “fachos locales”.
En este terreno, Rafecas fue lapidario: el Memorándum nunca entró en vigor, la Comisión de la Verdad nunca se conformó, de manera que no podía tener ningún efecto legal que favoreciera a los prófugos iraníes. “¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso– a prófugos de la Justicia argentina?”, se pregunta el juez. Y concluye: “Para decirlo en términos llanos. La criatura concebida en el marco del Memorándum, esto es, la Comisión de la Verdad, nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional. Con este panorama, ensayar una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos, como especialmente desde el Derecho”.
Segunda clave
El otro punto nodal es el de los alertas rojos. Ayer, Rafecas fue categórico ante Reuters: “El gobierno argentino agotó todas las instancias para lograr que la causa del atentado contra la AMIA avance en la Justicia argentina. La futura entrada en vigor del acuerdo de ninguna manera tenía que poner en riesgo el status de las órdenes de captura. El único que podía cambiar eso era el juez de la causa (Rodolfo Canicoba Corral). Esto fue refrendado por el propio Ronald Noble, que fuera el secretario general de Interpol en todos estos años. Lo hizo no una vez, sino tres, ante distintas consultas públicas (por la Cancillería argentina, por Página/12 y por The Wall Street Journal). Esto está confirmado por la documentación de las gestiones que hizo la Cancillería argentina antes, durante y después de la firma del acuerdo. Las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas órdenes de captura y si hay algo que se prueba de la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesto a lo que sostenía Nisman. En esas condiciones, lo que resolví es que no es posible bajo ninguna circunstancia abrir una investigación penal. Trabajé con una asombrosa y pasmosa tranquilidad. Nadie, ni de un lado ni de otro, se ha acercado para hacer sugerencias o lo que fuera. Trabajé absolutamente a conciencia y lo que firmé es lo que estoy convencido de que debe hacerse desde el punto de vista de la ley y del Derecho”.
En su fallo, Rafecas enumera un larguísimo listado de gestiones hechas por el gobierno argentino para que no se levantaran los alertas rojos, empezando por la primera notificación a Interpol, 15 días después de firmado el Memorándum, en la que se agregó una carta firmada por el canciller Héctor Timerman. En el texto se insiste dos veces en que la firma del acuerdo no cambia el status de las órdenes de captura, cuya alteración sólo podía ser decidida por el juez argentino Canicoba Corral. Después de aquella notificación, hubo varias gestiones sucesivas, todas en el mismo sentido. Pero Rafecas hace hincapié en un dato de máxima importancia: aun si el Gobierno hubiera querido, Interpol no podía levantar los alertas rojos, ya que el artículo 80 de su reglamento indica que requería de un pedido de Interpol Argentina basado en un escrito del juez interviniente.
Por ello, Rafecas afirma que no hay delito en un doble sentido. En primer lugar, porque las gestiones del gobierno argentino fueron muy claras insistiendo una y otra vez en que debían mantenerse los alertas rojos y, segundo, porque no estaba entre las facultades del Ejecutivo hacer que se levantaran las órdenes de captura. Ello era privativo del juez.
Investigación
El fallo de Rafecas siguió la línea y tuvo el respaldo de los juristas más prestigiosos del país. Ayer, Arslanian reiteró que “la resolución del juez es impecable” (ver página 5).
Desde algunos medios se insistió en preguntar por qué el magistrado no inició una investigación, no pidió la producción de algunas medidas de prueba como las que figuraban en el escrito de Pollicita, quien propuso que se averiguara en distintos momentos dónde estaba cada uno de los imputados, con quién hablaron y otras pruebas similares. También criticaron un supuesto apuro, cuando el juez tenía un plazo que se le vencía.
La explicación tácita del magistrado en su fallo es que no cambia nada saber si alguien habló o no con Timerman o con la Presidenta (no hay ningún tipo de escuchas ni con el canciller ni con la mandataria), o si hubo una reunión secreta con los iraníes, o los cruces de llamadas entre Luis D’Elía, Fernando Esteche, el falso espía Allan Bogado, el ex juez Héctor Yrimia o el dirigente de la comunidad chiíta Jorge Yussuf Khalil. Rafecas dice que incluso las escuchas telefónicas no agregan. Pero de todas formas ninguna prueba cambiaría las cosas, porque el juez afirma que hay inexistencia de delito. El Memorándum no entró nunca en vigencia, los alertas rojos nunca se levantaron y ni siquiera hubo una gestión para levantarlos. Por lo tanto no existió ayuda concreta a los iraníes sospechados para que eludan la Justicia argentina. Si no hay delito que probar, no hay pruebas para producir.
ella ve sicarios, y vos ves ladrones, nada es casualidad...eso dice el psicoanálisis (Albi)
Primero que nada me gusaría que me citaras la frase textual de Freud diciendo eso Albi, en segundo lugar y como veo que sos dura para entender, te voy a a aclarar que yo no veo ladrones, lo que estoy citando es un refrán popular que significa que uno acusa a los demás de lo que piensa haría uno mismo en esa situación, acá te va la explicación más completa:
Tipo: Refrán
Idioma: Español
Enunciado: Piensa el ladrón que todos son de su condición
Ideas clave: Apreciación
Significado: Denota la facilidad con que pensamos o sospechamos que otros son o actúan como nosotros, en especial cuando se trata de malas acciones o aptitudes.
Marcador de uso: De uso actual
Fuentes: Fuente oral
Observaciones: Se cree el ladrón que es de su misma condición es una variante procedente de un informante andaluz, malagueño concretamente (enero de 2008).
Variantes
Enunciado: Cree el ladrón que todos son de su condición (Fuente oral)
Enunciado: Se cree el ladrón que es de su misma condición
Enunciado: Cada ladrón piensa que todos son de su misma condición (Perú) (1001 nº 798)
Mejor sería que maduraras vos para volver a ser lo que eras y dejar de ser lo que sos.
EL JUEZ DANIEL RAFECAS EXPLICO LA RESOLUCION CON LA QUE DESESTIMO QUE EL GOBIERNO HAYA ENCUBIERTO EL ATENTADO A LA AMIA
“Es imposible abrir una investigación penal"
Papiyo, yo al contrario de los populistas respeto a la justicia, no sólo cuando los fallos me gustan. Ésto lo que demuestra es la falsedad de Cristina cuando dijo que los jueces constituían un "Partido Judicial", lo que hay en Argentina es un Poder Judicial independiente que falla de acuerdo a como cada juez evalúa las pruebas. Con respecto a ésta imputación en particular, todavía se puede apelar.
1.- el psicoanálisis no se agota con freud, si bien fue el padre de este método, pero si querés ampliar información ,buscate de algo de ulloa o pichon riviere, ambos argentinos de enorme trayectoria, que te lo van a explicar mejor que yo.
El refrán lo conozco ( al citado por ti me refiero) y exactamente la explicación que me das es igual a lo que yo te dije, veo que lo entendiste, me alegro mucho.
A veces hay crímenes que quedan impunes, pero no por eso convierte en inocente al criminal
Frase Celebre Mía
Pero no es éste el caso.
La denuncia ridícula del fiscal Nisman (un traidor que recibía directivas de la CIA y del MOSSAD, mientras cobraba un suculento sueldo del Estado argentino) y su posterior muerte, forman parte de una operación del Poder Económico y los enemigos externos para ensuciar a nuestra Presidenta y perjudicar al país.
Como la mentira tiene patas cortas, ha quedado demostrada, en muy poco tiempo, la maniobra desestabilizadora. No obstante, los anti-K mantendrán todo el tiempo posible el caso Nisman en el tapete, con la intención de embarrar la cancha, enturbiar el panorama y confundir a los incautos e ignorantes.
Con ello se busca que el kirchnerismo pierda votos y quede fuera de juego en las Elecciones 2015.
El enemigo juega sucio porque sabe muy bien que este Gobierno cuenta con un gran apoyo popular y vencerlo resultará muy, muy, pero muuuuuuy difícil.
Papiyo, yo al contrario de los populistas respeto a la justicia, no sólo cuando los fallos me gustan. Ésto lo que demuestra es la falsedad de Cristina cuando dijo que los jueces constituían un "Partido Judicial".
No mientas, Anti-gusano.
La Presidenta acusó a UN SECTOR de la Justicia por estar organizando un "Partido Judicial".
UN SECTOR importante e influyente.
Pero UN SECTOR.
En el Poder Judicial, además de esta manga de delincuentes, existe gente honesta también.
Como la mentira tiene patas cortas, ha quedado demostrada, en muy poco tiempo, la maniobra desestabilizadora. No obstante, los anti-K mantendrán todo el tiempo posible el caso Nisman en el tapete, con la intención de embarrar la cancha, enturbiar el panorama y confundir a los incautos e ignorantes. (GP - Mensaje 111)
Jueves, 5 de marzo de 2015
Gerardo Pollicita apeló el fallo del juez Daniel Rafecas
Con la denuncia a otra parte
El fiscal consideró que la decisión del magistrado de desestimar la denuncia promovida por Nisman fue “prematura”. Rafecas concedió la apelación y la discusión será saldada por la Cámara Federal. Hoy se sorteará a qué sala le toca.
Por Irina Hauser
Gerardo Pollicita buscará ahora que la Cámara Federal acceda a dar curso a la denuncia de Nisman.
Como era previsible, el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimaba la denuncia por encubrimiento en la causa AMIA contra Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otras personas, promovida por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Pollicita sostiene que Rafecas tomó una decisión “prematura”, sin adoptar medidas de prueba a su entender necesarias en un caso de “inusitada gravedad y trascendencia institucional”. Nisman había planteado que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, que preveía la creación de una Comisión de la Verdad, era el puntapié para dar impunidad a los iraníes sospechosos. El juez, en cambio, advirtió que como el acuerdo nunca entró en vigencia, no hay delito posible, y que tampoco se dieron de baja las notificaciones rojas de Interpol para lograr la captura, sino que el Gobierno buscó todo lo contrario, mantenerlas firmes. El fiscal le discute que sería suficiente con demostrar la intención de encubrir a los acusados y que para eso se podrían analizar llamadas, cables diplomáticos y tomar testimonios, que determinen si había negociaciones y verificar si se procuraban otros mecanismos para evitar las detenciones. Rafecas sostiene que eso es propio de un sistema autoritario. Igual, ya concedió la apelación y la discusión será saldada por la Cámara Federal. Hoy se sorteará a qué sala le toca.
El jurista León Arslanian insistió ayer en que “de ningún hecho objetivo surge que fue intención firmar el memorándum para facilitar que los iraníes eludan a la Justicia” y que “no hay una sola prueba sólida de la existencia de dolo en la firma del acuerdo con Irán ni en el accionar del Gobierno”. “Todo lo contrario, es un acuerdo para facilitar el juicio, sacar el expediente del pantano. Los discursos de la Presidenta y la actitud firme ante los alertas rojos demuestran que no hubo ninguna voluntad de ayudar a los prófugos”, señaló el ex camarista. Según se deduce del fallo de Rafecas, no se podría hablar de “dolo” o de una intencionalidad de supuesto encubrimiento sin que se haya concretado la aplicación del Memorándum de Entendimiento, que preveía que el juez argentino indague en Teherán a los sospechosos iraníes, con la intervención de una Comisión de la Verdad. Para él, los “actos de ideación o preparación en el derecho penal de un sistema democrático no resultan en absoluto punibles”. Como tampoco se levantaron las notificaciones rojas sino que Timerman fue contundente frente a Interpol en afirmar que el memorándum no las llevaba a perder vigencia, Rafecas dijo que tampoco se podía hablar de delito. Sólo el juez de la causa AMIA (Rodolfo Canicoba Corral), señalaba el canciller, puede pedir una modificación.
La denuncia original de Nisman hablaba de la supuesta existencia de una maniobra para beneficiar a los iraníes imputados por el ataque a la AMIA, impulsada por la Presidenta y el canciller Timerman, con la colaboración del operador pro iraní Khalil, el dirigente de Miles Luis D’Elía, el de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia y el espía trucho Allan Bogado. Les atribuía gestiones para crear la “Comisión de la Verdad” con mecanismos que terminarían favoreciendo a los acusados y apuntaban a dejar sin efecto las capturas. Se basaba en escuchas sobre teléfonos de Khalil, en las que no hablaba ninguno de los funcionarios, sino sólo los particulares, y echaba mano a versiones periodísticas. Rafecas dijo que con el material provisto por el propio Nisman sólo podía decir que los iraníes querían hacer negocios y eludir la Justicia y que las autoridades argentinas se mantuvieron firmes. Irán nunca ratificó el memorándum. Para él las escuchas no tienen valor probatorio. En ellas incluso a Timerman lo maldecían (con frases como “ruso de mierda”) porque era un obstáculo. El fallo también mostraba dos escritos en los que Nisman planeaba pedir la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr interrogar a los iraníes, con elogios a la actuación de la Presidenta en todo el caso AMIA, lo contrario a la denuncia por encubrimiento.
Pollicita dice que es su obligación como fiscal impulsar la acción para “agotar todas las vías probatorias”. Para él, la posición de Rafecas y la que tenía Nisman son tan “opuestas” que “resulta prudente y razonable abrir la investigación” y luego definir “el fondo”. Su razonamiento jurídico es contrario al del juez: para Pollicita hay que investigar si hubo aunque sea una intención de encubrir, a través de negociaciones, porque eso de por sí sería delito sin ser necesario que se haya logrado el resultado buscado. “El encubrimiento –según el fiscal– es un delito de actividad, de efectos permanentes, entonces el comienzo de ejecución es su consumación.” Para Rafecas, no: ésa suele ser la excusa que usan, por ejemplo, para la persecución ideológica, los regímenes autoritarios.
Así, según Pollicita, “lo central” no es “si el acuerdo (con Irán) entró en vigencia”, sino cuál era el fin: si era para lograr un avance de la causa, como interpreta Rafecas y planteó el Gobierno, o si era para desvincular a los iraníes. El fiscal dice que el juez “da por cierto cuestiones que deben ser demostradas con mayor certeza”: alega que no está demostrado que no hayan estado en riesgo las credenciales rojas por la sola firma del memorándum. A pesar de las notas oficiales enviadas por el secretario general de Interpol Ronald Noble a la Cancillería y sus aclaraciones públicas (reflejadas por Página/12), Pollicita dice que debería testificar. Señala que tampoco está claro, de acuerdo con el reglamento de Interpol, si el único mecanismo para dejar los alertas sin efecto es que lo pida el juez de la causa a la oficina local o si la misma Interpol puede hacerlo por su cuenta.
Según Pollicita, las famosas escuchas sí podrían tener valor como indicios y la demora en su análisis es lo que explica que Nisman no haya hecho la denuncia no bien se aprobó el memorándum, el 27 de enero de 2013. Arslanian insistió ayer: “No se pueden tener en cuenta los diálogos telefónicos entre personas periféricas, que no son funcionarios, que no tienen el dominio del hecho, que no representan al poder”. Pollicita agrega que se podrían analizar cruces de llamadas, cables diplomáticos y habría que tomar testimonio a quienes integraron la comitiva cuando el canciller se reunió con su par iraní (en la llamada cumbre de Alepo que el fiscal fallecido mencionaba como parte de la negociación, pero sin aportar elementos), así como también a los colaboradores de Nisman en la Unidad AMIA. A su vez, respaldó los escritos dirigidos al Consejo de Seguridad, que no ve opuestos a la denuncia por encubrimiento.
La apelación ante la Cámara deberá ser sostenida (o no) por el fiscal Germán Moldes, uno de los que encabezó la marcha del 18F, quien ha sido cuestionado por los familiares de las víctimas de AMIA por no impulsar las apelaciones en la causa por el encubrimiento (de funcionarios judiciales, políticos y de Inteligencia) en el gobierno de Carlos Menem.
Quién es Germán Moldes, el polémico fiscal del #18F
El fiscal que intervendrá en la denuncia originada por Alberto Nisman tiene vínculos con los investigados por el encubrimiento del atentado a la AMIA y convocó a la marcha opositora del pasado 18 de febrero.
El fiscal Germán Moldes, cuestionado desde diversos sectores por su activa participación en la marcha opositora del pasado 18 de febrero, es quien intervendrá ante la Cámara Federal por la denuncia contra la Presidenta. La fiscal Cristina Caamaño y el familiar de una víctima del atentado a la AMIA, Sergio Burstein, incluso pidieron que se recuse en la causa.
Fiscal Germán Moldes
Moldes tiene una fuerte amistad con muchos de los funcionarios investigados por encubrimiento del atentado a la AMIA, causa que llegará a juicio oral este año. Algunos de ellosson el propio Carlos Menem y el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy.
Como secretario de Población en la gestión de José Luis Manzano de ministro del Interior, Moldes ayudó al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar para obtener un pasaporte falso e ingresar a la Argentina.
Además, el polémico fiscal fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por no apelar, ni dejar apelar al fiscal Nisman los sobreseimientos dictados en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA en la que están implicados sus amigos menemistas, policías y funcionarios judiciales del ex juez Galeano.
Según reconoció el propio Nisman, fue el fiscal Moldes quién no le permitió apelar el sobreseimiento de los imputados. Esto demuestra claramente el interés de Moldes en tratar de garantizar impunidad a los acusados de encubrir el atentado, dado que ni siquiera fue a las audiencias que fijó la Cámara para tratar los recursos presentados por las querellas.
Otra muestra clara del compromiso del fiscal Moldes con la impunidad en la causa AMIA es la denuncia que realizó días atrás contra la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, sin analizar el escrito ni la prueba que se aporta.
Como si fuera poco, Moldes fue uno de los principales organizadores de la marcha política con referentes de la oposición del pasado 18 de febrero. Moldes marchó junto a políticos y funcionarios judiciales que se encuentran cuestionados por su actuación en la causa AMIA, en la que fu una clara muestra de hostilidad contra el gobierno nacional.
Como la mentira tiene patas cortas, ha quedado demostrada, en muy poco tiempo, la maniobra desestabilizadora. No obstante, los anti-K mantendrán todo el tiempo posible el caso Nisman en el tapete, con la intención de embarrar la cancha, enturbiar el panorama y confundir a los incautos e ignorantes. (GP - Mensaje 111)
LA EX MUJER DEL FISCAL ALBERTO NISMAN PRESENTO LAS CONCLUSIONES DE SUS PERITOS
Arroyo Salgado quiere cambiar el foco
La jueza dijo que “a Nisman lo mataron” y que fue un “magnicidio”. Afirmó que hubo “agonía” y que el cuerpo fue movido. Ratificó que el disparo salió del arma de Lagomarsino y que fue a menos de un centímetro. Fein contrastará estos datos con los de los peritos de la Corte.
Por Ailín Bullentini
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dio ayer una conferencia de prensa.
“Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron y su muerte es un magnicidio de proporciones desconocidas que merece respuestas de parte de las instituciones de la República.” La jueza Sandra Arroyo Salgado presentó así, como una “verdad confirmada científicamente”, la conclusión a la que llegaron los peritos contratados por la querella que ella, en nombre de sus dos hijas y su ex suegra, Sara Garfunkel, integran en la investigación judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza apuntó que el informe de los profesionales –dos médicos forenses y un criminalista, del que ayer solo se difundieron los resultados– difiere del que realizaron los peritos del Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema. La fiscal Viviana Fein, a cargo de ese expediente, aclaró que ella no descarta “ninguna hipótesis”, que es “normal que los peritos de parte cuestionen los exámenes que hay en las causas” y que evaluará si es necesario convocar a una junta médica. “Se dice que quieren sacarme la causa y pasarla al fuero federal pero hasta ahora nadie presentó nada”, afirmó, al hacerse eco de lo que parece ser un secreto a voces en tribunales.
“La investigación de la causa no ha podido comprobar la única hipótesis sobre la base de la que vino encarando todo su trabajo en exclusiva la fiscal. El suicidio que se pretende comprobar no podrá ser acreditado por que a Alberto Nisman lo mataron”, insistió ayer Arroyo Salgado sin presentar dudas, pero tampoco fundamentar las pruebas del peritaje de parte que ayer se sumó al expediente.
La jueza, que integra el fuero federal de San Isidro, hizo estas afirmaciones durante una conferencia de prensa. Arroyo Salgado ingresó minutos antes de las 14.30 de ayer al escenario del auditorio del ex Concejo Deliberante de esa localidad y ocupó el centro de la mesa de exposición. La acompañaron el defensor público que la representa como querellante, Germán Carlevaro, los médicos forenses Osvaldo Raffo y Julio Ravioli y el criminalista Daniel Salcedo, quienes trajeados y nerviosos aguardaron la llegada de la jueza durante más de media hora tras bambalinas.
“No estamos atrás de ningún resultado, lo único que buscamos es la verdad objetiva y científicamente comprobable a partir de la evidencia física”, introdujo Arroyo Salgado antes de enumerar algunos puntos del informe pericial. Durante su exposición difundió las conclusiones, pero no explicó qué evidencias habrían convencido a los peritos de descartar las hipótesis de suicidio y la del accidente.
“No soslayo que la muerte violenta de Alberto Nisman en el contexto político y judicial en el que tuvo lugar ha impactado de lleno en la institucionalidad de la República. Además de poner en tela de juicio el rol del Estado nacional frente a la comunidad internacional en materia de terrorismo”, soltó, sin dejar de lado la “consternación” y “honda preocupación e incredulidad en las instituciones de la República” que, opinó, generó el caso en la sociedad. De hecho, Arroyo Salgado calificó la muerte del fiscal que estaba al frente de la investigación del atentado a la AMIA no solo como homicidio, sino que lo catalogó, elevando la tensión, de “magnicidio”. Para que el caso pase al fuero federal es necesario demostrar que hay una conexión entre la muerte y el trabajo que hacía Nisman en la causa AMIA.
Afuera, algunos pocos vecinos la esperaron con carteles y vivas a “Nisman héroe”.
El informe y sus autores
Los responsables del informe fueron los médicos legistas Osvaldo Raffo y Julio Ravioli y el criminalista Daniel Salcedo. El documento tiene 100 páginas y un mes de análisis técnico y científico de la documentación presente en el expediente y aportada por al instrucción que dirige Fein
Básicamente, los peritos trabajaron con fotos y video de la autopsia y con los estudios complementarios realizados al cuerpo de Nisman en la morgue, con imágenes obtenidas de la casa del fiscal, del baño en donde fue encontrado muerto, obtenidas por la Prefectura y la Policía Federal; y con las actuaciones de las dos inspecciones oculares del lugar del hecho que se llevaron a cabo el 20 de enero de 2015 y el 13 de febrero, la última pedida por la querella.
La querella desistió de realizar una nueva autopsia. Arroyo Salgado explicó al respecto que las consultas que realizó a “profesionales” la convencieron de esa decisión. Pero criticó a la Fiscalía por no haber permitido la participación de la parte en el procedimiento que se llevó a cabo la mañana siguiente al hallazgo del cuerpo en el baño del departamento de la Torre Le Parc. Este punto abona la teoría de que la intención de Arroyo Salgado es llevar la investigación al fuero federal. Desde su entorno, de momento, descartaron este punto. Por ahora, pedirán en que los encargados del informe presentado ayer sean llamados a prestar testimonio.
“No se hizo saber a los familiares que tenían el derecho a participar de la autopsia con la intervención de peritos de parte, lo cual hubiera contribuido a enriquecer el proceso pericial en miras a la búsqueda de la verdad”, afirmó Arroyo Salgado. Se quejó de que ni los llamados telefónicos a funcionarios del poder Ejecutivo, ni los pedidos que por escrito hizo tanto en el juzgado como en la fiscalía, hayan sido atendidos. Fein contestó a este punto: “La doctora Arroyo Salgado hizo una presentación formal en el marco de mi causa a las 10.15 de la mañana el día 19 de enero, cuando la autopsia había finalizado a las 10.00 de la mañana de ese día”, apuntó. Para Arroyo Salgado, “la falta de participación de peritos de parte en la autopsia derivó en que conclusiones parciales, precipitadas y equívocas hayan sido funcionales a la intención del o de los homicidas, contribuyendo a su impunidad o retardándola en el mejor de los casos”.
Los indicios
“La muerte violenta solo admite tres hipótesis: accidente, suicidio u homicidio. El informe que hoy presentamos en la causa y cuyas conclusiones aquí les vengo a comunicar descarta con contundencia las dos primeras hipótesis, es decir, el suicidio y el accidente quedan de plano descartados”, remarcó en la exposición.
Entre los ítems que leyó la jueza, tres sobresalen del resto:
- Que el cuerpo de Nisman fue movido adentro del baño, es decir que la posición en la que fue encontrado no fue la de su muerte.
- Que en su mano no hay indicios de espasmo cadavérico, un signo de suicidio
- Que murió a la noche del sábado 18, varias horas antes de que fuera encontrado sin vida.
No obstante, no hubo explicaciones pormenorizadas de los puntos que hacen llegar a la conclusión del homicidio como una explicación indiscutible. Esas inferencias estarían en las casi 100 páginas que integran el informe de los profesionales que desarrollaron la pericia de parte, pero no fueron difundidas.
El peritaje de la querella coincidió con el oficial en el arma utilizada, en el barrido electrónico de la mano de Nisman y en las sustancias que había en su cuerpo al momento de morir.
Nisman falleció de una “dilaceración y hemorragia” que le produjo el impacto de una bala en su cráneo y su cerebro, dice el informe.
- La pistola Versa, modelo 62, calibre 22 “fue el arma usada en el hecho”; el barrido electrónico en busca de pólvora dio negativo y las sustancias en su cuerpo no llaman la atención. Densoduazepina y cafeína en cantidades “no determinables” y alcohol en contenido gástrico “compatible con una mínima ingesta de bebida alcohólica o con la fermentación natural de alimentos ingeridos”, mencionan los peritos de parte.
La coincidencia con el perito oficial: el fiscal estaba plenamente consciente al momento de morir.
Coincidieron también en la cuestión balística. ¿Por dónde entró la bala? A unos tres centímetros por encima del oído derecho, desde una distancia de no más de un centímetro, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante “tal y como lo demuestran las pericias complementarias realizadas por la morgue”. La bala, por la energía cinética liberada, fracturó múltiplemente el cráneo.
- Las diferencias con el análisis de la instrucción son tres: el espasmo cadavérico, la hora de la muerte y la posición del cuerpo. En cuanto al primer punto, los peritos concluyeron que “no existió” espasmo cadavérico “porque hubo agonía”. En sus palabras, la jueza apuntó el espasmo es un “signo postmortal de rara frecuencia” y que “la agonía está demostrada con el importante torrente de hemorragia presente en la escena en que fue hallado el cuerpo sin vida de Nisman”. En el informe oficial de la causa, se indica la presencia de ese signo en la mano del fiscal.
“El cuerpo ha sido movido”, aseguró sin dar más detalles el informe. Los signos sobre los que se habrían basado los peritos para determinar tal cuestión serían manchas en el baño en donde fue hallado Nisman sin vida, según trascendió. “La posición en que fue encontrado el cuerpo no fue la final, es decir, no fue la que tenía al momento de la muerte”, añadió la jueza.
Dos peritos consultados por Página/12 señalaron que los datos aportados hasta ahora por el informe de la querella no son concluyentes. El criminólogo Luis Olavarría explicó que es cierto que la agonía excluye el espasmo cadavérico, pero ésta no es en sí evidencia de homicidio, ya que hay muchos suicidios con agonía. El forense Juan José Fenoglio señaló que es usual que la misma realización del estudio pericial el cuerpo sea movido y que si estaba trabando la puerta, debe haberse desplazado para ingresar al baño. Ambos coincidieron en que la trayectoria de la bala no es concluyente y que lo que se debe analizar es si es “factible” (ver aparte).
Porque el cuerpo se hallaba “exangüe (desangrado) y laxo” al momento del inicio de la autopsia y por la “determinación de potasio en humor vítreo (uno de los líquidos que integran el ojo humano)”, los peritos de Arroyo Salgado consideraron que Nisman falleció “36 + cuatro horas contadas a partir del inicio de la operación de la autopsia”, la que sucedió el lunes 19 de enero pasado, entre las 8 y las 10 de la mañana. Si bien aún no se conocieron resultados de las pericias telefónicas a los aparatos con los que Nisman se comunicaba, trascendió que sus últimas comunicaciones fueron el sábado 17 a la noche, con su hermana y su tía.
Si los investigadores se inclinaran por la idea del asesinato, deberían sortear también el hecho de que el disparo se produjo a menos de un centímetro, con una pistola que el fiscal pidió prestada y que no hay en el baño ni en su cuerpo signos de lucha o resistencia. Los colaboradores de Arroyo Salgado parecen sugerir que a Nisman lo habrían llevado amenazado al baño y allí le habrían disparado. Lo que agrega “terceras personas” en la escena, hasta ahora descartadas en el expediente. También señalan que el pedido del arma es la versión del empleado de la fiscalía Diego Lagomarsino. Aunque también uno de sus custodios declaró que le pidió un revolver para “defenderse”.
Ayer, Arroyo Salgado mencionó que la querella aportará un informe “de secuencias fácticas con animación computada” que “consiste en una recreación fundada de los hechos elaborada a partir de las evidencias detectadas o encontradas en el lugar”. Ese será el momento de confrontarlo con las evidencias del expediente.
En diciembre de 2012, el canciller Héctor Timerman visitó la DAIA y mantuvo en el séptimo piso de Pasteur 633 una reunión con el consejo directivo de esa entidad para explicar las características de las tratativas llevadas a cabo por entonces con la República Islámica de Irán. En ese encuentro participaron familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 y fue resumido por el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, como “lo valedero es la opinión de los familiares (de las víctimas), y ellos expresaron claramente que esta entrevista ha sido altamente positiva... Si para los familiares ha sido positivo, la opinión de los dirigentes está de más”, sostuvo el presidente de la DAIA, una vez terminada la reunión con el canciller. La misma tarde de ese encuentro, el miércoles 27 de diciembre de 2012, a las 19, el secretario general de esa entidad, Jorge Knoblobitz, manifestaba a sus allegados que había recibido una llamada telefónica del periodista Pepe Eliaschev quien le advertía –indignado– que la recepción cordial al canciller Timerman iba a ser taxativamente condenada y repudiada por “la comunidad” y las embajadas norteamericanas e israelí. Luego de esa llamada se sucedieron varias reuniones espasmódicas hasta que el vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, se encargó de transparentar lo que estaba sucediendo: existía una clara presión “telefónica” orientada a cuestionar cualquier tratativa con Teherán. Cualquier acuerdo convertiría a los ayatolás –reclamaban quienes presionaron por teléfono la mañana del 28 de diciembre de 2012– en actores de política internacional cuando en realidad debían ser etiquetados, frente a la opinión pública nacional, como belicosos terroristas incapaces de llegar a ningún acuerdo diplomático.
Entre los encolerizados lobbistas telefónicos sobresalían los números celulares de Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay y Marcos Aguinis, quienes tiempo después se convirtieron en fervientes convocantes a la marcha de los paraguas del 18 de febrero. A partir de marzo, además, decidieron conmemorar mensualmente (junto a Nelson Castro) la memoria del ex fiscal a partir de la fecha de su fallecimiento.
En enero de 2013, la presidenta de la Nación informó el acuerdo alcanzado con Irán mediante el Memorándum de Entendimiento y afirmó que éste sería tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. El lunes 11 de marzo de 2013, luego de que el memorándum fuese aprobado por el Congreso, se realizó una reunión en el barrio de Arlington, en Washington, en la cual los miembros del Grupo de Tareas Estadounidense sobre Argentina (ATFA, por sus siglas en inglés) decidieron incorporar el Memorándum de Entendimiento como un ariete más para condicionar a nuestro país a negociar de forma más vulnerable frente a los fondos especulativos. Además de tomar la decisión de realizar una campaña negativa sobre los acuerdos alcanzados con Teherán, mediante solicitadas aparecidas en diferentes diarios, se resolvió contactar a dirigentes y políticos locales para solicitarles que se expidan rápidamente en forma crítica sobre el tratado en ciernes, ofreciendo todo tipo de “colaboración” para defenestrar al gobierno argentino.
El 2 de junio de 2013, la ATFA, financiada mayoritariamente por Paul Singer, presidente del fondo NML Elliott, publicó una solicitada que titula “Aliados vergonzosos” y que muestra una fotografía de la presidenta Cristina Fernández junto al entonces presidente persa Mahmud Ahmadinejad. “Ha llegado el momento de impedir que Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional”, se inscribe en letras catástrofe en dicha solicitada. El 16 de junio de 2014, la Corte Suprema norteamericana decide no tomar el caso de la deuda argentina dándole vía libre al juez Griesa para continuar amparando a los fondos especulativos internacionales.
El 9 de julio de 2013, el responsable de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, el republicano Jeff Duncan (que en septiembre de 2012 recibió el “aporte” de 10 mil dólares del Comité de Acción Política de la organización Cada Republicano es Crucial, financiado por Paul Singer), envió una carta a la presidenta Cristina Fernández mostrándose decepcionado por la decisión de la procuradora Gils Carbó de no autorizar a que Nisman “comparezca” ante el Capitolio.
Dos días después de la carta dirigida a la Presidenta, el propio Duncan envía una misiva al secretario de Estado, John Kerry, en donde advierte que “Argentina puede estar intentando apoyar el programa ilícito de armas nucleares iraní” y reclama al canciller Kerry que sopese los vínculos del gobierno de Fernández con “el principal auspiciante mundial del terrorismo”. Por la misma época, el senador republicano por Illinois, Mark Kirk, envió otra carta a la presidenta de la Nación cuestionando las tratativas con Irán. El franqueo de dicha misiva y otros gastos mayores del senador fueron solventados por Paul Singer a través de una donación de 95 mil dólares, según Informa la International Press Service el 7 de agosto de 2013, citando al Center for Responsive Politics, organización dedicada a monitorear las donaciones políticas dentro de Estados Unidos. Días después de esas tres cartas, el fiscal Nisman inicia una serie de encuentros con los dirigentes de la DAIA y de la AMIA donde se acuerdan los pasos a seguir para evitar la aplicación del memorándum. En dichas reuniones, realizadas en un bar ubicado en la calle Juana Manso 1601 de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman repitió enfervorizadamente que estaba dispuesto a aportar “de sus propios recursos” para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. “Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar”, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios.
La oferta de Nisman quedó flotando como un secreto a voces en el edificio de Pasteur al tiempo que generó un debate entre los más pragmáticos –que estaban dispuestos a aceptar dichos potenciales aportes para enfrentar al memorándum– y quienes se negaban a recibir “ayuda” de un fondo especulativo, cuyas prácticas violaban varios de los preceptos judíos acerca de la prohibición de imponer intereses usurarios.
Los debates crematísticos fueron silenciados aunque hoy ya contamos con un dato relativo a una cuenta en Estados Unidos, revelada por uno de sus titulares, el informático Lagomarsino, que proveyó a la Justicia la codificación número 5v3-50653, correspondiente a la sucursal de Nueva York del Merrill Lynch Bank of America Corporation. Dicha cuenta fue inicializada en febrero de 2010 en ocasión del viaje de Nisman a Washington. Las coincidencias se acumulan cuando queda en evidencia que ésa fue la misma época en que el fiscal inició su campaña desaforada destinada a cuestionar la intención de la Cancillería argentina de lograr la comparecencia de los acusados iraníes. Fue en ese período, curiosamente, en el que decidió la contratación –con dineros públicos– de los servicios de consultoría de Mariela Ivanier, titular de la consultora Verbo Comunicación. Ivanier trabajaba desde hace un lustro como lobbista de Papel Prensa y los diarios La Nación y Clarín, empresas en las que sigue trabajando al día de hoy. Ivanier, además, brinda servicios a la multinacional Estée Lauder Companies, perteneciente al actual presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, entidad internacional de la que es socia la DAIA, y que recibe aportes anuales del fondo NML Eliott.
Durante todo el año 2013, la Foundation for Defence of Democracies (FDD), think tank republicano cuyo directivo ejecutivo es Mark Dubowitz, difundió seis “estudios” destinados a denostar la política argentina en relación con los buitres y a las tratativas con Teherán. Dubovitz brindó una entrevista ante la CNN afirmando ser amigo personal de Nisman y denunciando que el ex fiscal le había comentado en la intimidad que había recibido fotos de sus hijas como forma de amedrentamiento. Uno de los subalternos de Dubovitz, Jonathan Schanzer, se dedicó a indagar en las “oscuras conexiones entre el gobierno argentino y Teherán” en un paper difundido por la FDD en agosto de 2014. El caso llamativo es que la Foundation for Defence of Democracies dirigida por el íntimo amigo de Nisman ha recibido 3,6 millones de dólares desde 2008 hasta 2014 provenientes de aportes de Paul Singer, según el informe impositivo realizado por International Press Service.
En febrero último el actual secretario general de la DAIA, Jorge Knoblovitz, realizó un gira por Estados Unidos destinada a denunciar el “asesinato de Nisman” y el imperio de la impunidad en la Argentina. El caballito de batalla de la gira fue la afirmación de que el ex fiscal era el muerto número 86 del atentado a la AMIA. En declaraciones a un medio comunitario de Miami, afirmó que “la DAIA comprende que en el día de hoy se debe internacionalizar la causa AMIA” y en pos de lograr dicha internacionalización se entrevistó con el presidente de la Anti Defamation League, Abraham Foxman, socio republicano del Instituto para Asuntos de Seguridad Nacional (Jinsa), entidad en la que Paul Singer ha donado 250 mil dólares en los últimos dos años. Durante la gira, y en forma posterior a ella, el actual vicepresidente de la DAIA Waldo Wolff dio rienda suelta a su afán tuitero afirmando que “Nisman fue ausentado” por el gobierno por su denuncia a la Presidenta. Días después consignó en la red social del pajarito –luego de la resolución de la cámara de rechazar el pedido de Pollicita– que “no había nada que festejar”.
Si se pretendiera hacer caso omiso de todas estas llamativas coincidencias, que podrían titularse como una “ruta del dinero”, quizá debiera iniciarse el camino de la pesquisa desde atrás hacia adelante: luego de la muerte del ex fiscal se creó una página web –con dominio en Estados Unidos– en homenaje a Nisman. El motivo de dicho portal es reconocer a “aquellos que de manera similar luchan por la justicia y muestran coraje excepcional frente a obstáculos sustanciales”. La web http://albertonisman.org promociona un premio internacional para honrar al fallecido fiscal. El premio se denomina Alberto Nisman Award for Courage y está avalado por la Foundation for Defence of Democracies (FDD), del amigo íntimo de Nisman Mark Dubowitz. El financiamiento del Premio le corresponde, como era de esperar, al señor de los buitres, el titular de NML Eliott, Paul Singer.
CFK se refirió al lobby de los fondos buitre, su relación con la DAIA y la derecha
“Es un modus operandi global”
A partir de una nota publicada en Página/12, la Presidenta apuntó a “operaciones políticas” que coaccionan y “lesionan las soberanías”.
Cristina Fernández de Kirchner viajó a Rusia.
La Presidenta comentó los hechos revelados en una columna que Página/12 publicó el sábado, en la que el ex director ejecutivo de la DAIA Jorge Elbaum dio a conocer una serie de episodios que muestran cómo el fiscal Alberto Nisman, las autoridades de la comunidad judía local y periodistas de la derecha, con lobbistas norteamericanos y el fondo buitre de Paul Singer, se movieron para presionar contra el Memorándum de Entendimiento con Irán. “Todo hace juego con todo”, señaló la mandataria, que relacionó los hechos relatados en la columna de opinión con otra nota, ésta del diario israelí Haaretz, que habla sobre cómo lobbistas pro israelíes están presionando a los senadores norteamericanos para que sancionen una ley de revisión del Acuerdo Nuclear entre Estados Unidos e Irán. “Estamos ante un modus operandi de carácter global, que no sólo lesiona severamente las soberanías nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color”, advirtió Cristina Fernández a través de su página web.
En su análisis, la Presidenta comenzó por recomendar la nota de Elbaum “Buitres, Nisman, DAIA: la ruta del dinero”. Comentó que la había leído tres veces, “algo que nunca hago con ninguna nota periodística”.
En su columna, el ex director ejecutivo de la DAIA comenzó por recordar una reunión que el canciller Héctor Timerman mantuvo con el consejo directivo de la DAIA para explicar las negociaciones que se realizaban con Irán, en un intento de que la Justicia pudiera interrogar a los imputados iraníes por el atentado. Al finalizar ese encuentro, reseñó Elbaum, el presidente de la DAIA declaró que “lo importante era la opinión de los familiares” de las víctimas y que ellos habían expresado que la entrevista había sido “altamente positiva”. Sin embargo, ese mismo día, reveló Elbaum, comenzaron una serie de presiones para que las autoridades de la DAIA tomaran una postura contraria a las tratativas. Esas operaciones involucraron a periodistas e intelectuales de la derecha y estuvieron “orientadas a cuestionar cualquier tratativa con Teherán”, porque esto –argumentaban los lobbistas, según contó Elbaum–, “convertiría a los ayatolás en actores de política internacional, cuando en realidad debían ser etiquetados como belicosos terroristas incapaces de llegar a ningún acuerdo diplomático”. A su vez, los fondos buitre tomaron el memorando “como un ariete más para condicionar a nuestro país a negociar de forma más vulnerable frente a los fondos especulativos”.
Entre las numerosas formas de presión enumeradas, la nota señaló por ejemplo una carta que el republicano Jeff Duncan, de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes norteamericana, envió al secretario de Estado, John Kerry, en la que señalaba que Argentina “puede estar intentando apoyar el programa ilícito de armas nucleares iraní”. Otro senador republicano, Mark Kirk, mandó por la misma época una carta a la Presidenta cuestionando las tratativas con Irán. Ambos congresistas habían recibido donaciones de los fondos buitre (los aportes a los políticos norteamericanos son públicos).
Tiempo después del envío de estas cartas, el fiscal Nisman mantuvo una serie de reuniones con las autoridades de la DAIA en un bar de Puerto Madero, contó Elbaum. En ellas les planteó que estaba “dispuesto a aportar ‘de sus propios recursos’ para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. ‘Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar’”, reveló Elbaum que Nisman les dijo a los dirigentes. Ayer, el ex director ejecutivo ratificó su denuncia y detalló que estuvo presente en muchos de los episodios denunciados (ver aparte).
Al comentar estas revelaciones, CFK consideró que “más que una nota periodística”, la columna contiene “información y testimonio”. En su análisis, la mandataria comparó lo sucedido en Argentina con las presiones de lobbistas pro israelíes sobre el Congreso norteamericano para frenar el acuerdo nuclear entre ese país e Irán, transcribiendo un nota del diario israelí Haaretz sobre el tema.
“Cualquier similitud no es mera coincidencia y muchos menos casualidad”, advirtió a modo de conclusión la Presidenta. “Estamos ante un modus operandi de carácter global, que no sólo lesiona severamente las soberanías nacionales interfiriendo y coaccionando el funcionamiento de los distintos poderes de los estados, sino que además genera operaciones políticas internacionales de cualquier tipo, forma y color.”
“Pueden ser de lobbies que siempre ‘contribuyen’ hasta ataques financieros u operaciones mediáticas internacionales simultáneas, o lo que es peor, acciones encubiertas de distintos ‘servicios’ destinadas a desestabilizar gobiernos”, agregó.
“Todo tiene que ver con la geopolítica y el poder internacional”, finalizó el análisis presidencial. “Algunas veces sus efectos pueden ser globales sobre la paz, como por ejemplo impedir el acuerdo entre EE.UU. y otras potencias con Irán en materia nuclear, o colaterales, como imposibilitar acuerdos que contribuyan a que, después de 21 años, pueda haber Verdad y Justicia para las víctimas de la AMIA.”