El jueves 20 de noviembre de 2014 se realizó un allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio al cuarto piso de Lavalle 975 donde funcionaron oficinas de la empresa HOTESUR S.A, empresa que fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner y tras su fallecimiento quedó bajo control de su familia.

El allanamiento fue por una denuncia penal que realizó la diputada Margarita Stolbizer planteando que en los registros internos de la  Inspección general de justicia (IGJ) figura que Hotesur adeuda sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio corresponde a esa asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009.

  

Lo llamativo es que el juez, en lugar de seguir los pasos habituales ordenó directamente el allanamiento, una sobreactuación que además fue comunicada a la prensa opositora con el objetivo de iniciar una operación que tendrá desarrollo a lo largo de todo 2015. Valga aclarar que los allanamientos proceden sólo cuando hay ocultamiento o sustracción documental, o ante la negativa del requerido de aportar al tribunal interviniente la documentación requerida. Proceder sin ton ni son a un allanamiento a un domicilio que no guarda relación con la tarea investigativa, sólo persigue la publicidad del acto judicial generando sospechas infundadas

  

El primer objetivo fue exponer que una empresa donde la presidenta de la nación es accionista adeuda balances, con lo que estaría "floja de papeles", algo que fue reconocido hasta por la propia Cristina Fernández. En verdad, la gran mayoría de las empresas adeuda balances (hasta la que maneja una estación de servicio de la que es accionista nada menos que el mismísimo juez Bonadio) Incluso la diputada Stolbizer admitió a las pocas horas del allanamiento que no es delito no tener los balances al día.

 Para ratificar que el accionar de Bonadio está enmarcado en una operación de largo alcance contra la presidenta basta mencionar que 24 horas después del allanamiento procedió a tomar testimonio como "perito imparcial" a Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ) entre 2009 y 2012. Pero la ex funcionaria, que dijo comprobar incumplimientos administrativos varios de la empresa, es actualmente abogada patrocinante de la diputada del GEN, Margarita Stolbizer y además forma parte del equipo de la Secretaría Parlamentaria del Bloque GEN.

EL OBJETIVO POLÍTICO

El objetivo no es la participación accionaria de la presidenta en la empresa Hotesur, la supuesta mora en la presentación de los balances, o la ausencia de actualización de sus autoridades societarias, o de domicilio fiscal. Todas estas serían infracciones que podrían merecer desde un apercibimiento hasta multas poco significativas, según fija la resolución 267/90 que regula sanciones para las sociedades comerciales. Pero la denuncia por irregularidades administrativas de la empresa que tiene a cargo la explotación del Hotel Alto Calafate, en Santa Cruz, es apenas la punta del ovillo de una misión mucho más ambiciosa que la oposición y un sector de la justicia federal tiene en la mira: volver a poner en tela de juicio el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia de Cristina Fernández, justo en el arranque de la fase definitiva del cronograma electoral con miras a octubre de 2015.

  

En diciembre de 2013 el diario La Nación publicó las primeras informaciones que deslizaban la posibilidad de que el contratista de obra pública Lázaro Báez hubiera fraguado alquileres de habitaciones en los hoteles de la familia presidencial con el fin de incrementar las ganancias por su explotación. Curiosamente, ninguna denuncia judicial fue radicada con la habitual premura con la que la oposición política suele frecuentar los tribunales a partir de datos surgidos en los medios. Casi un año después, la excusa para intentar profundizar esa investigación es la que relaciona a Hotesur y a la presidenta con la supuesta omisión en la presentación de información societaria ante la Inspección General de Justicia (IGJ), en la que se pone en duda la cantidad de la tenencia accionaria, la modificación del directorio y la demora en la presentación de balances.

Esa denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio. El jueves, mientras se estaba desarrollando el plenario para la elección de autoridades en el organismo que promueve la remoción de jueces, el juez dispuso un allanamiento a un domicilio donde ya no funciona la empresa, en el centro porteño. De haber requerido el allanamiento a la verdadera sede donde funciona la firma en Santa Cruz, se tendría que haber librado un exhorto con la orden al juez competente. No hubiera tenido espectacularidad. Según fuentes judiciales, Bonadio ya tiene decidido el viraje de su instrucción con la intención de solicitar medidas en torno a la ocupación del Alto Calafate, lo que le permitirá construir una hipótesis delictiva que jugará la carta reservada para influir electoralmente, y a su vez, blindarse sobre las causas que lo persiguen por mal desempeño. El movimiento de pinzas sobre el gobierno por un sector de la justicia no es difícil de leer: hay avance concreto de la reforma del Código Procesal Penal que tendrá impacto directo en Comodoro Py. Además es impensado que esos movimientos no estén monitoreados por la cúpula de la Corte. Desde allí surgieron en los últimos meses señales políticas de apoyo concreto al cuestionado juez.

  

QUE RESPONDIÓ HOTESUR

1) "Las acciones de titularidad del fallecido presidente Néstor Kirchner pasan a ser incorporadas a la Sucesión y su hijo Máximo Kirchner fue designado como su administrador judicial. Esto obviamente implica que en todos los actos legales que correspondan a la Sucesión sea su administrador judicial quien actúa en representación de la misma. Intentar presentar algo como: 'modo impreciso' (SIC) según Clarín y por ende susceptible de ser sospechoso, no sólo roza lo ridículo, sino también constituye una verdadera falta de respeto, a la inteligencia y sobre todo al derecho."

2) "Que el domicilio fiscal de la sociedad coincida con otra sociedad en la que participa el señor Máximo Kirchner no tiene nada de extraño, fuera de lugar, ni tampoco ajeno a las normales legales, y además de ello tiene su razonabilidad en cuanto la actividad que desarrolla Hotesur SA es la locación del único inmueble de su propiedad, y la actividad que desarrolla la otra sociedad en dicho domicilio es la actividad inmobiliaria, siendo a su vez la actividad que también desarrolla el señor Máximo Kirchner."

3) También hacen referencia a Hotel Kennedy SA (...) queriendo generar nuevamente ideas oscuras en cuanto a los actos legales de las empresas. Al momento de la adquisición del paquete accionario de Hotesur SA por parte de nuestra familia, dicha sociedad no era accionista. Si tenemos conocimiento a través de los registros societarios que la misma participó en carácter minoritario, pero al momento de nuestra adquisición del paquete accionario dicha sociedad estaba desvinculada de Hotesur SA."

4) "Con respecto a las expresiones vertidas respecto al apoderamiento del señor Amil Lopez de Hotesur SA, conocemos que todos los poderes existentes al momento de nuestra adquisición cesaron y las demoras que pueda haber tenido desde el punto de vista administrativo dicho ex apoderado en comunicarlo a la AFIP sea lo que el relator esté ensombreciendo, pero mal puede haber una labor de apoderado cuando el poder invocado fue renunciado o revocado."

5) "Hotesur SA ha efectuado el cumplimiento de todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma. Los estados contables por los ejercicios económicos entre 2009 y 2013 han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos conforme a las disposiciones emergentes de la ley de Sociedades Comerciales y normas contables."

6) "La sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas. Cumplimentado inclusive el pago del anticipo del impuesto a las ganancias del año 2014. En pocas palabras, Hotesur no adeuda impuestos a la AFIP."

7) "Al momento de la adquisición del paquete accionario, la sociedad tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho domicilio se decidió modificar a la Provincia de Santa Cruz por Asamblea de Accionistas realizada en marzo de 2010. En Santa Cruz se desarrollan las actividades económicas de la empresa y la empresa tiene su domicilio fiscal."

8) "Lo que pretenden presentar como delictivo (las presuntas irregularidades en el domicilio declarado) es un trámite de inscripción ante la IGJ. Es el 'domicilio de la sociedad', que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez. La demora en la formalización de trámites administrativos (...) podría llegar como máximo a una multa de hasta Pesos tres mil ($3000) conforme ordena la Resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia."

9) "Comunicamos asimismo que estamos en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma ante otro organismo del estado, la AFIP. Por ende no hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera."

10) "A raíz de la publicación en el diario Clarín en la que se afirma que el contador Hugo Álvarez (actual síndico del Banco Central) trabaja en la empresa, debemos señalar como falsa dicha información. Dicho profesional no es contador de Hotesur SA. Ya es más que notorio e inocultable la real malicia con que el grupo económico Clarín instrumenta en forma sistemática la mentira y la confusión como método permanente."

 PUNTOS A TENER EN CUENTA

En febrero, la Sala I del tribunal de alzada ordenó al juez que permita ver el expediente en la causa Hotesur a los abogados de la defensa, que hasta ahora había negado, y le advirtió que "evite caer en el tipo de prácticas criticadas” que “provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de Justicia”.

- Su accionar se enmarca en una feroz reacción del sector más enfrentado con el Poder Ejecutivo y la procuradora Alejandra Gils Carbó.