Pepe Mujica dedicó un segmento de la entrevista para hablar de Argentina. | Foto: Captura Teledoce

Luego de cosechar el apoyo del expresidente de Brasil Lula Da Silva en el acto de ayer junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en José C. Paz, el candidato Daniel Scioli sumó el respaldo de otro exmandatario latinoamericano.

En una entrevista con el canal local Teledoce, el ahora senador uruguayo José 'Pepe' Mujica aseguró que tiene "preferencia" por Daniel Scioli aunque remarcó que se trata debido a que ésta opción es "la mejor para Uruguay".

Mujica advirtió que en caso de no ganar un peronista, Uruguay se podría ver afectado con "graves problemas". Mujica aseguró que "dentro del panorama argentino", Scioli es "lo más razonable", dado que un presidente no peronista "lo pasa muy mal" en caso de ganar.

"Es la experiencias de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa", describió.

Y agregó: " La palabra peronista incluye muchas cosas, tanto que si llega a ganar uno que no es peronista, todos los peronistas se van a unir y el otro la va a pasar muy mal”.

“Que gane Scioli es lo más razonable para que no haya una fogata en Argentina. A nosotros nos conviene una Argentina estable. Yo estoy mirando la realidad argentina por la conveniencia de Uruguay.".

"Espero que mejoren las relaciones (con Argentina)", concluyó.

Un día antes de partir rumbo a Uruguay y Brasil, para entrevistarse con los presidentes Tabaré Vázquez y Dilma Rousseff, Daniel Scioli hizo campaña en la costa marplatense. El candidato a presidente del Frente para la Victoria saludó a los agentes de la policía local durante una recorrida que hizo por la zona costera y destacó los “resultados positivos” de la nueva fuerza.

La policía local comenzó a patrullar las calles marplatenses el 1º de octubre. A los primeros 670 agentes que recibieron instrucción en la academia de policía y en la Facultad de Derecho se sumarán en enero otros 300 efectivos. “En pocos días ha tenido resultados muy positivos y una influencia positiva en la gente, tal como ellos mismos lo expresan”, sostuvo el candidato.

Carlos Zannini, candidato a vicepresidente, viajó por su parte a Neuquén para encabezar un encuentro con la militancia en la localidad de Centenario, que festejó su 93º aniversario. “Hemos creado una mejor situación del país, de un país que estaba en bancarrota a un país que está en crecimiento, que está haciendo músculos”, aseguró en una conferencia de prensa. “Para tener un desarrollo más profundo tenemos que continuar en el mismo sentido, para seguir haciendo las cosas que reclama la nueva realidad”.

“Argentina siempre tiene que tener la perspectiva de la exportación para fortalecerse y el mercado de consumo interno para poder mantenerse fuerte, y para eso, lo mejor, lo más inteligente, es seguir incluyendo gente”, agregó Zannini. En ese sentido sostuvo que “a nadie le conviene, ni a las capas con mayor ingreso económico, ni a los sectores medios, que haya excluidos en la Argentina”.

Daniel Scioli sigue revelando sus cartas: ayer anunció que Silvina Batakis, actual titular del Palacio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, asumirá como ministra de Economía el 10 de diciembre si el Frente para la Victoria se impone en las elecciones presidenciales. La funcionaria, de máxima confianza del candidato oficialista, lo acompaña desde hace años en la administración bonaerense, y encabezaría un equipo de trabajo del que también participarán, en roles todavía por definir, otros asesores cercanos al gobernador. A diez días de los comicios, Scioli se diferencia de sus principales competidores definiendo por adelantado su equipo de trabajo: ya develó buena parte de los nombres que ocuparán cargos clave en su eventual administración (ver aparte).

“Va a ser mi ministra de Economía”, confirmó el candidato en una entrevista televisiva, consultado sobre el rol que tendría Batakis en un futuro gobierno encabezado por el gobernador bonaerense. En la misma nota, se mostró “confiado” en un triunfo en primera vuelta: “La gente tiene ganas de definir esta elección el próximo 25 de octubre. Si vamos liderando la intención de voto tiene que ver con la responsabilidad con la que nos vamos comunicando con la sociedad”, señaló Scioli, criticando al pasar a su rivales, Mauricio Macri y Sergio Massa, “que estaban en un lado y luego están en otro”.

Batakis fue ministra de Economía de la provincia durante todo el segundo mandato de Scioli en la gobernación: asumió el 12 de diciembre de 2011, en reemplazo de Alejandro Arlía, y se mantuvo allí desde entonces. Antes, había sido subsecretaria de Hacienda y jefa del Gabinete de Asesores de esa cartera, entre otros cargos en la administración nacional y provincial. Licenciada en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, Master en Finanzas Públicas Provinciales de esa casa de estudios, y Master en Economía Ambiental de la Universidad de York, Inglaterra, será la segunda mujer en ocupar ese cargo a nivel nacional.

Además, es la primera mujer confirmada por Scioli como parte de su equipo de trabajo en caso de llegar a la presidencia, aunque él le aseguró a Página/12 que “no va a ser la única”. Se especula que la actual ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodríguez, otra funcionaria cercana al gobernador pero también de excelente vínculo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tendrá un lugar en un futuro gabinete; se la menciona como posible ministra de Desarrollo Social.

En el entorno de Scioli coinciden en destacar que “la confianza” que le tiene el candidato a Batakis, además de su “probada capacidad” para llevar adelante la administración del Estado, fueron los factores que incidieron en la decisión de asignarle uno de los lugares clave en su equipo, en caso de llegar al gobierno. De todas formas, advierten, en caso de que el candidato del Frente para la Victoria gane las elecciones, “las decisiones económicas van a tomarse en la Casa Rosada” y Batakis será “la encargada de instrumentarlas” según las órdenes que lleguen desde Balcarce 50.

“Como aprendió de Néstor Kirchner, Scioli quiere ser su propio ministro de Economía”, confía uno de más estrechos colaboradores. Por eso, además de Batakis, van a tener un rol clave en el diseño de las políticas económicas de un eventual gobierno sciolista otros referentes en la materia, con los que el candidato consulta en forma permanente. Entre ellos, se destacan los asesores Miguel Bein, Mario Blejer, Miguel Peirano y Rafael Perelmiter; el titular de Anses, Diego Bossio, y el presidente del Banco Provincia, Gustavo Marangoni. Todos ellos tendrán lugares de relevancia en su gabinete, si llega a presidente: algunos ya los tienen asignado, como Bossio (ministro de Infraestructura) y Peirano (director de un Banco de Desarrollo).

Más allá de los nombres que conforman el variopinto equipo económico de Scioli, él dio en las últimas semanas definiciones sobre el rumbo económico que tomaría su administración a partir de diciembre. En ese orden, prometió continuar con los ejes centrales de la política actual, rechazó un acuerdo apresurado con los fondos buitre e identificó el mantenimiento de niveles bajos de desempleo como una de sus prioridades; al tiempo que habló de un plan de cuatro años para reducir la inflación a un dígito y en la necesidad de atraer inversiones productivas del extranjero para reactivar la actividad económica.

El candidato presidencial seguirá anunciando la conformación de sus futuros equipos paulatinamente hasta el jueves que viene, cuando cerrará su campaña con un acto en el Luna Park, en el que lo acompañarán en el escenario los funcionarios elegidos. Se espera que este fin de semana de más definiciones en materia económica y comience a develar algunas de las incógnitas que quedan alrededor de la formación de su gabinete, entre ellos, quién ocupará el estratégico Ministerio de Relaciones Exteriores.

La economía, que iba a ser un lastre para el oficialismo en estas elecciones, llega al domingo de los comicios entera y en marcha. La inflación no subió sino que bajó respecto del año pasado, lo mismo que la desocupación; los acuerdos salariales en la gran mayoría de los gremios serán superiores al aumento de precios en el balance anual, y mayor aún será la mejora del poder adquisitivo de jubilaciones y asignaciones sociales; las políticas contracíclicas como Ahora 12 y Pro.Cre.Ar. apuntalaron el consumo y las inversiones en construcción; la falta de acuerdo con los buitres no asfixió financieramente al Estado como se había previsto; el Banco Central no se quedó sin reservas, pese a duplicar la venta de dólares para atesoramiento respecto al año anterior y afrontar el vencimiento del Boden 2015 por 5900 millones de dólares; el reconocimiento de derechos se amplió en más de 600 mil jubilados con la nueva moratoria y en más de 300 mil jóvenes estudiantes con el plan Progresar, llegando a un record de más de 17 millones de personas atendidas por transferencias estatales a través del sistema previsional y de la seguridad social, contra 6,5 millones en 2003. Es solo una comparación rápida entre lo que se decía que iba a pasar si no se seguía la agenda de los economistas que representan a los acreedores y a las clases acomodadas y lo que ocurrió. Esa ha sido una constante en doce años de kirchnerismo, marcados por una confrontación abierta con la ideología, los razonamientos, los límites, las imposiciones y el discurso antes hegemónico neoliberal, con resultados virtuosos y hasta el reconocimiento de la oposición de continuar con políticas centrales que condujeron al país a lugares inimaginables el 25 de mayo de 2003, cuando la Argentina parecía no tener destino y se hablaba de entregar la gestión económica a un comité de “notables” del FMI. El Arsat 2, por ejemplo, era entonces ciencia ficción.

Para quien no recuerde, cuando Néstor Kirchner asumió aquel día, las páginas económicas de los diarios dominantes estaban pendientes del dictamen que se disponían a entregar los expertos que el organismo internacional había enviado al país para hacer un diagnóstico sobre cómo superar el desastre al que habían llevado las políticas del Consenso de Washington. El comité de notables, así se llamaba, estaba integrado por el gerente general del Banco Internacional de Pagos de Basilea, Andrew Crocket, y los ex presidentes de los bancos centrales de Alemania, Hans Tietmeyer; de España, Luis Angel Rojo; y de Canadá, John Crow. También se discutían documentos como el de los economistas Rudi Dornbusch y Ricardo Caballero, “Argentina: un plan de rescate que funcione”. “Dado que el sistema político está sobrepasado, debe ceder transitoriamente su soberanía en el manejo de los asuntos financieros. La seguridad financiera es la clave desde donde debe crearse la estabilidad para empezar a pensar en finanzas públicas sanas, en ahorro e inversión”, recomendaban. Otro documento de aquellos días fue presentado por la estadounidense Fundación Heritage, pro republicana, elaborado por los economistas Brett Schaeffer y Ana Eiras: “La Argentina debe adoptar el dólar como moneda oficial, aumentar más las medidas desregulatorias, fomentar el libre comercio, reducir el gasto público y los impuestos”. Y daba recomendaciones también al gobierno norteamericano para socorrer al país: “La administración Bush debería suministrar pericia técnica, como el envío de expertos del FBI y del Departamento de Justicia para asesorar al gobierno argentino en relación con la reforma del sistema judicial. Además, Estados Unidos puede ayudar a la Argentina con un acuerdo de libre comercio entre ambos países”. La cita aparece en el informe “La crisis argentina y el comité de notables del FMI”, de Sergio Daniel Aronas.

Hoy todo eso es ciencia ficción, pero en aquel momento eran opciones razonables para los economistas ortodoxos. El kirchnerismo demostró que las encrucijadas económicas que supuestamente solo podían superarse resignando soberanía, vulnerando derechos de los trabajadores, acumulando señales de buena conducta para los mercados financieros tenían mejor resolución con políticas heterodoxas, orientadas a fortalecer el mercado interno, el empleo y la inclusión social. Terminar con las AFJP, reestatizar YPF, crear la Asignación Universal por Hijo o reinstaurar las paritarias nunca formaron parte de las opciones imaginables de aquellos sectores, que por el contrario las combatieron y denostaron cuando aparecieron en escena. Lo mismo ocurrió cuando se hizo un corte en la relación con el FMI, con la reestructuración de la deuda y con la constitución del fondo de desendeudamiento. La enumeración completa excede el espacio de esta columna. Por eso sorprende encontrarse todavía hoy con planteos similares para enfrentar los desafíos del presente por parte de sectores afines al oficialismo.

El último informe de la consultora de Miguel Bein marca otra vez el límite de lo posible. Para saldar la restricción externa, que “está al tope de las prioridades en todas las agendas que vienen”, hay que “mejorar la competitividad del sector externo”. Las alternativas serían dos: devaluación brusca, apertura acelerada de la economía, ajuste fiscal, suba de tasas y sinceramiento de precios, que conformarían el programa opositor, o seducción con incentivos fiscales y crediticios a los sectores que generan divisas para que las traigan al país, que es el corazón de su propuesta. Eso incluye la eliminación generalizada de retenciones a las exportaciones, una rebaja de 15 puntos porcentuales en el caso de la soja y reintegros de hasta 12 puntos a las ventas al exterior. Eso tendría un costo que el documento estima en 70 mil millones de pesos, que debería ser compensado con la reducción de subsidios a los servicios públicos. Además de esa redistribución de ingresos a favor de los exportadores debería haber una “corrección del esquema actual de ROEs (Registros de Operaciones de Exportación)”, que no detalla, pero que en el contexto del informe sería para liberar controles y regulaciones a las ventas externas agropecuarias. También sugiere que “es deseable ir reduciendo la incidencia” de los controles de capitales “a medida que se avanza” con una agenda de “recuperación del capital de trabajo y de precios relativos” de sectores transables.

Otra de las sugerencias es ofrecer condiciones más ventajosas que las actuales para un blanqueo de capitales. Y a eso se suma buscar “financiamiento bilateral y o de organismos internacionales”, que no incluyen al FMI. Con una combinación de todas esas medidas, “la Argentina podría lograr una recomposición en la liquidez que le permita negociar desde una posición de mayor fortaleza con los fondos buitre”. “Esto ayudaría al país a acceder en mejores condiciones a los mercados de crédito internacionales”, que sería en definitiva la manera de superar en lo inmediato la restricción externa. “Devolver rentabilidad a la exportación”, recortar subsidios y controles a capitales concentrados, enviar señales a los mercados, acordar con los buitres y retomar el endeudamiento financiero se parece más al Bein que fue parte del equipo económico de José Luis Machinea al principio del gobierno de la Alianza que a un asesor de estilo kirchnerista. Un dato que aporta el informe de su consultora da una pista de otras puntas posibles para batallar contra la restricción externa. En 2006, el stock de activos externos de los argentinos se ubicaba en 117.420 millones de dólares, en tanto que a fines de 2014 la fuga de divisas había ascendido a 204.399 millones. Diseñar estrategias más eficientes para obturar los mecanismos de fuga y profundizar la regulación de capitales en alianza con otros países, dentro del marco del G-20 o la ONU, puede parecer hoy ciencia ficción, como en su momento lo parecía conseguir el apoyo de 136 países en la Asamblea General de Naciones Unidas para fijar reglar a los fondos buitre, pero el kirchnerismo lo hizo.

El canciller Héctor Timerman y el ministro de Justicia Julio Alak denunciaron que la audiencia pública que se hizo ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar la “situación de la independencia judicial en Argentina”, a pedido de un grupo de organizaciones a las que vincularon con fuerzas de la oposición, fue “una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral” a dos días de las elecciones presidenciales. En este contexto, y debido a que el tema planteado estuvo presente en la campaña, Timerman pidió a comienzos de esta semana que se suspendiera el encuentro, algo que no fue concedido. El canciller no sólo cuestionó a las ONG sino la CIDH: “No acompaña los procesos democráticos en América –dijo– con la misma sabiduría, convicción y criterio” que tuvo al “promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente”. El ministro Alak, por su lado, anunció que se plasmó una “forma encubierta de violar el Código Electoral” y que, por lo tanto, pedirán la intervención de la Justicia de ese fuero.

La audiencia había sido pedida por Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Unidos por la Justicia y Cippec. Timerman envió una carta al director ejecutivo de la Comisión, Emilio Alvarez Icaza Longoria, en la que le planteaba que recibió la noticia de la convocatoria a la audiencia con “perplejidad” y que el Estado argentino la considera “inaceptable, inadmisible e improcedente”. Le señaló como un dato conocido que las organizaciones en cuestión “actúan como voceros de operadores políticos con intereses electorales” y que eso se le debería “escapar a la comisión”.

El canciller acusó a las ONG de querer utilizar una herramienta que brinda el sistema interamericano para introducir un debate político en plena veda electoral con propósitos “alejados de los nobles fines que inspiraron su creación” y que le CIDH, al aceptarlo, estaría “interfiriendo en un debate político interno”. Tanto en la carta enviada como en la conferencia que dio ayer a la tarde, Timerman precisó los nexos políticos de cada organización: la diputada del PRO, Laura Alonso, fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano, antes de ser candidata; Germán Garavano, ex fiscal general porteño y referente del mismo partido es director académico de Unidos por al Justicia; a Alvaro Herrero lo vincula como asesor de Sergio Massa e integrante de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo Clarín, es vicepresidente de la ADC; Nicolás Ducoté, subsecretario de asuntos públicos del ministerio de Gobierno de la Ciudad, es miembro del consejo fundador de Cippec.

El canciller y el ministro de Justicia hicieron pública su postura y los datos en cuestión, cuando ayer a la tarde algunos portales de noticias, como los diarios Clarín y La Nación, comenzaron a difundir que Timerman había intentado sin éxito frenar la audiencia. Las organizaciones, de hecho, aseguraron también que allí expusieron sobre “presiones para promover la destitución del ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt”, quien ya presentó su renuncia; la situación de las subrogancias, que ahora está regulada por una ley votada este año que le quita poder a la corporación judicial en el nombramiento de jueces suplentes y lo traslada al Consejo de la Magistratura y cuestionaron la composición de ese organismo y su “parálisis”. En relación a las suplencias, hablaron de la gran cantidad de juzgados vacantes, casi 20 por ciento. Lo que le pidieron a la CIDH es que inste al estado argentino “a disponer las medidas necesarias para garantizar la independencia de los jueces y juezas” y se refirieron especialmente los que investigan hechos de corrupción. Timerman dijo que es evidente que ninguna de estas cuestiones requerían un tratamiento urgente ni inmediato. La Argentina, puntualizó, “ha participado en más de 300 audiencias desde el año 2003 siendo esta la primera vez que se ve obligada a no presentarse”. “Es preocupante si los miembros de la Comisión no se han percatado de la clara direccionalidad política de las asociaciones peticionantes y sus objetivos político mediáticos. Sería muy grave si la Comisión decidió igualmente participar a sabiendas de la operación mediática contra el gobierno argentino (...) Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25”. El canciller agregó que la CIDH está siendo “instrumento de intereses políticos” y de países que buscan “interferir en los asuntos internos” y que esto es por cuestiones de financiamiento, al aceptar “dinero de fuentes privadas o de países no americanos”, algo que países como Argentina cuestionan.

“El gobierno argentino –agregó Timerman– está seguro de que este penoso episodio llevado adelante por personas y medios que buscan alterar la democracia argentina no logrará su objetivo de alcanzar con este tipo de acciones empañar el camino de la democracia elegido por los argentinos.”

"Cuidado con lo que elegimos porque están los que prometen vender todo lo que se volvió a recuperar como país, que desprestigian a Aerolíneas (Argentinas), cuando todos saben lo bien que se viaja, cuando dicen que las cárceles se va a abrir o se va a olvidar, o la reconciliación en base a la amnesia", instó.

En este sentido, invitó "a la gente a tener un eslogan, que es tener memoria, verdad y justicia para el 'Nunca Más', pero también para todo, para que no se mueran de hambre los chicos, para que todos puedan ir a la escuela".

Sobre Scioli dijo que valoró que "nunca escondió su personalidad" y sostuvo que "a veces le achacan que estuvo con (Carlos) Menem, pero no estuvo solo él con Menem, estuvo el pueblo que lo votó por dos veces y se equivocó porque este hombre entregó nuestro país al mejor postor".

"Scioli da confianza, lo que dice lo hace, tiene su personalidad. Está exponiendo sus criterios de gobierno claramente, no esconde nada", expresó Carlotto.