20:21 › MACRI DESIGNO POR DECRETO A ROSATTI Y ROSENKRANTZ
Nombramientos para la Corte sin pasar por el Senado
El presidente Mauricio Macri decidió ignorar el mecanismo vigente para completar los puestos vacantes en el máximo tribunal y mediante un decreto designó a Carlos Rosenkrantz, constitucionalista y rector de la Universidad de San Andrés, y a Carlos Rosatti, también constitucionalista y ministro de Justicia en los comienzos de la presidencia de Néstor Kirchner. Estarán “en comisión” hasta que la Cámara alta defina sus pliegos.
El Jefe de Estado se amparó en lo determinado en el Artículo 99, Inciso 19, de la Constitución Nacional, que lo faculta a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”, señala un comunicado de Presidencia.
El mecanismo utilizado por Macri ignora el mecanismo de designación impulsado por Néstor Kirchner cuando puso fin a la Corte menemista. De acuerdo a ese reglamento los propuestos para cubrir vacantes en el máximo tribunal deben enfrentar primero un proceso de impugnaciones y audiencia pública y luego obtener el respaldo de dos tercios de la Cámara de Senadores.
El nombramiento de jueces supremos por decreto tiene como antecedente la Corte formada por Bartolomé Mitre en 1852.
Presidencia informó que Macri se amparó en el Artículo 99 de la Constitución Nacional, que lo habilita a “llenar vacantes" mientras el Senado está en receso.
Gil Lavedra calificó de funesta la designación de jueces por decreto para la Corte Suprema
El jurista y ex juez de la Cámara Federal, Ricardo Gil Lavedra, se mostró en contra de la designación por decreto presidencial de dos jueces en comisión para completar la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que el nombramiento genera un “precedente muy funesto” a futuro.
“La norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”, señaló el ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas en declaraciones radiales.
El dirigente radical Gil Lavedra se mostró sorprendido por la decisión del presidente Mauricio Macri y sostuvo que si bien se puede entender “en términos políticos de la conveniencia de completar la Corte, y de no someterse a ninguna negociación en el Senado”, la medida es “insostenible”.
El presidente Macri designó a los dos jueces de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, inciso 19, donde se prevé el nombramiento de los ministros de la Corte para el caso en que el Congreso de la Nación esté en receso.
“Esos jueces no son independientes, están a tiro por decreto”, opinó el político radical y -aunque reconoció su amistad con uno de los magistrados- estimó que serán “dos jueces de Macri, dependen él en su designación como en su remoción”.
Se preguntó “qué necesidad hay” de tomar esa medida cuándo “el receso no era sólo para el Congreso sino también para la Corte”.
Raúl Zaffaroni, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Jorge Rizzo, Sebastián Elías
Juristas de distintas orientaciones políticas se expresaron en su mayoría en contra de la designación por decreto y sin acuerdo del Senado de dos integrantes de la Corte Suprema, que hizo efectivas el presidente Mauricio Macri.
El exjuez Raúl Zaffaroni definió las designaciones como "un abuso de autoridad" y subrayó: "Esto afecta a la República, y la democracia sin República puede ser un caos".
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"Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos", afirmó el exjuez de la Corte Suprema, jubilado hace un año.
Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que la designación de jueces de la Corte por decreto "no es legal" y se trata de "una involución institucional inmensa".
"Voté a un Presidente que salió con un horror así, estoy muy triste", señaló Sabsay en declaraciones a la radio América, al tiempo que remarcó que "desde 1862 no se aplica" un nombramiento por decreto en la Corte.
Remarcó que "ni a Cristina (Kirchner) se le ocurrió algo así" y calificó el mecanismo de designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant como "un gran daño institucional".
Otro constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, señaló a través de una red social que nombrar "jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión sin situación de excepción que lo justifique es inconstitucional" y definió la medida como un hecho "elitista y antirepublicano".
También cuestionó la medida Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital y letrado del saliente juez de la Corte Carlos Fayt. "No entiendo qué es colocar ministros de la Corte en comisión. Empezamos mal, Mauricio. Mi teléfono es el mismo de siempre", remarcó Rizzo a través de una red social.
En cambio, el constitucionalista Sebastián Elías consideró que el decreto de Macri es "claramente constitucional" y cuenta con antecedentes legales que lo respaldan. "Puede resultar un mecanismo más o menos simpático, pero el texto de la constitución es súper claro en ese sentido y también lo es la Ley de Organización de los tribunales en sus artículos 1 y 2", señaló Elías, profesor de la Universidad de San Andrés, de la que uno de los dos jueces nombrados, Rosenkrantz, es rector.
El letrado subrayó en declaraciones que esas normas indican que "todos los jueces de la Nación pueden ser nombrados en comisión incluidos los jueces de la Corte Suprema". Elías destacó que un fallo del máximo tribunal de 1990, realizado por ocho votos contra uno, validó designaciones de un camarista federal "en comisión" realizada por el expresidente Raúl Alfonsín.
"Estos nombramientos no suponen en modo alguno excluir al Senado, que tendrá que pronunciarse y supongo que el Presidente en reve enviará los pliegos", destacó. Subrayó que "la Corte establece que siempre la existencia de vacantes en el orden judicial federal justifica el ejercicio de esta facultad porque es una grave perturbación" al funcionamiento de los tribunales.
El lunes, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que apoyó abiertamente al gobierno de Cristina Kirchner, sorprendió al afirmar que la decisión de Macri se corresponde con un "mecanismo previsto por la Constitución". "Es una decisión que no resulta incorrecta desde el punto de vista de lo que establece la Carta Magna", señaló Barcesat.
Lorenzetti: "No tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto"
El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló con la prensa tras la despedida al juez Carlos Fayt y se negó a emitir una opinión respecto al modo en que se designaron los dos nuevos ministros del máximo tribunal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, expresó este mediodía su "beneplácito" por la designación "en comisión" de Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz como nuevos integrantes del tribunal, aunque eludió opinar sobre la decisión del gobierno de Mauricio Macri de hacerlo a través de un decreto.
Lorenzetti sostuvo que ambos son "juristas de mucho prestigio" y remarcó que son "bienvenidos". "Nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultado porque es una cuestión que corresponde al Presidente. Nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar, es otro poder del Estado", subrayó tras el acto de homenaje al juez Carlos Fayt que a partir del 11 de diciembre dejó de integrar la Corte.
La Corte le tomará juramento a los designados magistrados por decreto del alto tribunal Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, según anunció Lorenzetti. “No podemos no tomarle juramento”, reconoció al advertir que la designación por decreto de ambos juristas es una potestad del Poder Ejecutivo.
Macri echó por tierra el respeto que debe tener con el legislativo ... Es un zorro ex-afa ....tramposo ...y mentiroso, que se dice respetuoso de los demás poderes ...
EL PAIS › SOLO EL GOBIERNO DEFIENDE LA DESIGNACION POR DECRETO DE LOS DOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
A Macri lo critican hasta sus propios aliados
La decisión del Presidente de nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sin intervención del Congreso suma múltiples rechazos, entre ellos los de Zaffaroni y Gil Lavedra. Diversas ONG y toda la oposición pidieron a Macri que diera marcha atrás.
Por Werner Pertot
La decisión del presidente Mauricio Macri de nombrar por decreto y sin acuerdo del Senado a dos jueces de la Corte Suprema en comisión generó la primera polémica de su gestión nacional, a sólo cuatro días de haber asumido. El mecanismo que utilizó, que a la vez dispuso que los magistrados asuman y se envíen los pliegos al Congreso para su aprobación, fue cuestionado tanto por aliados de Cambiemos como por integrantes de la oposición. Mientras el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se despegaba de la iniciativa, el ex juez Raúl Zaffaroni aclaró que su vacante no se produjo durante el receso del Senado, al contrario de lo que argumenta el decreto de Macri. Diversas ONG y organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y Poder Ciudadano, reclamaron al Presidente que dé marcha atrás con las designaciones. En Balcarce 50, anoche sostenían que, de momento, se mantienen las designaciones.
“Quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el Presidente, no la Corte”, indicó Lorenzetti sobre las designaciones en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “No tenemos ninguna opinión que dar al respecto. Es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está en la ley y en el Parlamento”, dijo, con lo que contradijo a los dirigentes macristas que aseguraban que el titular de la Corte había dado su visto bueno.
Fuego amigo
El gobierno PRO también recibió ayer críticas de sus propios aliados.
“Me ha sorprendido y creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no el envío al Senado y, en todo caso, la convocatoria a sesiones extraordinarias si es que hay celeridad”, sostuvo el senador radical Julio Cobos. El jefe de la bancada del radicalismo en Diputados, Mario Negri, dijo que “hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y del consenso hasta el inicio del período ordinario”.
El diputado Ricardo Alfonsín señaló que el método deja “mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”. El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra remarcó que “es un error y una lástima porque todos apostamos a la normalidad institucional. Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano”. Si bien Elisa Carrió no emitió palabra sobre la decisión de Macri, uno de sus dirigentes de confianza, el diputado Fernando Sánchez, afirmó: “Formamos parte de la lógica del oficialismo, pero también tengo que ser crítico”, dijo. Sobre Carrió, afirmó que “está en el exterior, pero pude hablar y me comentó que fue consultada por los nombres y me dijo que Rosatti tiene buenas referencias”.
Hay que bancar
Las primeras líneas del PRO salieron a defender la decisión. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que las designaciones son “totalmente legales y bien fundamentadas”. La vicepresidenta Gabriela Michetti destacó: “No es verdad que Macri esté eludiendo el Parlamento. Todo esto entra en discusión cuando comience el trabajo de sesiones ordinarias en el Senado”. “Respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Me llaman la atención los reproches que incluso toman cierto tono fundamentalista”, afirmó el ex titular del radicalismo Ernesto Sanz, quien consideró que si hubieran convocado a sesiones extraordinarias y se hubieran rechazado los pliegos hubiera sido “un síntoma de debilidad”.
“Tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno”, indicó.
También salió a defender la decisión el fiscal Ricardo Sáenz, que suena como posible procurador si Macri consigue remover a Alejandra Gils Carbó.
“Es una facultad que la Constitución prevé y que el Presidente puede ejercer”, indicó. La división Panzer del PRO se completó con Laura Alonso, quien señaló que el decreto fue “bien recibido” por la Corte.
Más críticas
Sergio Massa le reclamó al Presidente que “revea el error y mande los pliegos al Senado porque será un gesto de respeto al Congreso”. Indicó que le hizo ese pedido al jefe de Gabinete, Marcos Peña. El referente del Frente Renovador sostuvo que “los nombres elegidos para ocupar esos cargos me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible”. “¿Qué tiene que ver la designación de dos jueces por decreto con garantizar la gobernabilidad? ¿Qué hubiese pasado si este decreto era firmado por el gobierno anterior?”, se preguntó. Massa recordó que Macri “planteó en la Asamblea Legislativa que no iba a haber más jueces partidarios, que iba a haber jueces independientes y esto contradice”.
Por su parte, el dirigente cordobés José Manuel de la Sota también le reclamó a Macri construir “una República entre todos, gobierno y oposición”. “No se logrará nombrando jueces provisorios de la Corte por decreto”, indicó. “No se entiende la propuesta de Mauricio Macri. No se condice con el llamado al consenso que saludamos cuando nos convocó a todos los gobernadores o con su reunión con los líderes de la oposición”, indicó el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.
“No cuestionamos nombres, sino el método. Es contradictorio que quien criticó el envío de pliegos al Senado defina por decreto a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el diputado Facundo Moyano. “Utiliza un recurso que usaron los militares para designar jueces en comisión”, se sumó Pino Solanas.
“Es una decisión de otro siglo propia de dictadores y no de un presidente democrático elegido por el pueblo”, indicó la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, mientras que el jefe de bloque Héctor Recalde indicó que está produciendo “un tembladeral republicano”.
La diputada del FIT Myriam Bregman manifestó “su enérgico repudio a la designación de los ministros de la Corte Suprema” y reclamó sesiones extraordinarias.
En tanto, Poder Ciudadano indicó que el decreto “rompe innecesariamente con un procedimiento ampliamente consensuado entre los actores de nuestro sistema democrático”. El CELS, ACIJ y otros organismos de derechos humanos remarcaron que se trata de un “grave retroceso institucional”. “La independencia, imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema resultan gravemente afectadas si sus integrantes son designados por decreto”, señalaron. Esta polémica continuará...
(Macri prevaricó nombrando por decreto a los dos jueces porque vió que el Senado iba a conformar una nueva Corte no sumisa a Clarín ni al nuevo gobierno que ya dijo que la Ley de medios no subsistiría .-)
Primeros plumazos del Führerprinzip
Por Horacio Verbitsky
En el tercer día hábil de su mandato el presidente Maurizio Macrì designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, una facultad que entiende comprendida en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Su inciso 19 dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Por eso lo hizo mediante un decreto simple, que sólo refrendan el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano. Pero el inciso 2 del mismo articulo 99 advierte que al reglamentar las leyes de la Nación el Ejecutivo debe tener cuidado “de no alterar su espíritu” y el 3 le prohíbe “bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Solo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales” hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. El inciso 4 agrega que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública”. Esto indica que los empleos del inciso 19 sólo comprenden a los militares y diplomáticos que son subordinados jerárquicos del Poder Ejecutivo. No puede suponerse que el constituyente haya abrogado sin más la división de poderes republicana, como Macrì intenta ahora.
El nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no sigue el trámite ordinario, sin que ninguna circunstancia excepcional lo justifique. El jefe supremo resuelve de un plumazo sobre la composición de otro poder del Estado, ya no respecto de leyes sino de mecanismos previstos por la propia Constitución en el mismo artículo, que no tiene un inciso sino veinte y que deben leerse como un todo armónico.
El actual inciso 19 del artículo 99 repite en forma textual el inciso 22 del artículo 86 de la Constitución de 1853/60. Subsistió incluso en la profunda reforma de 1949, con mejor redacción gracias a la buena pluma de Sabsay: el inciso 22 del artículo 83 de esa Constitución que seis años después sería anulada por decreto estatuía que “el presidente tendrá facultad para llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que deberán ser considerados en la legislatura inmediata”.
Esta previsión podía comprenderse a mediados del siglo XIX, cuando el traslado entre Tucumán y Buenos Aires insumía entre uno y dos meses en galeras o sopandas. Por la misma restricción objetiva, el artículo 55 establecía que las sesiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso se extenderían desde el 1º de mayo hasta el 30 de septiembre de cada año, es decir apenas cinco meses. Pero carece de cualquier lógica en el siglo XXI, cuando en apenas tres horas se cubre el trayecto más extenso, desde la Capital hasta el extremo austral del país. Esto permite que las sesiones ordinarias se extiendan nueve meses, desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre. La convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo requería un gran despliegue logístico, que ya no existe. Hoy es más largo el viaje cotidiano de un obrero, una empleada doméstica o un estudiante en trenes y colectivos para ir a su trabajo o colegio que el de un senador para llegar desde su provincia hasta el Congreso. Además, el decreto abre el procedimiento de escrutinio sobre la calidad intelectual, el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, el cumplimiento de las obligaciones impositivas y los conflictos de intereses de los candidatos, tal como fue regulado por Néstor Kirchner en el decreto 222/03, lo cual insumirá no menos de un mes, lo cual permitiría tratar esos pliegos en sesiones extraordinarias a partir de febrero. Pero la propia mención al 222 es engañosa, ya que aquel decreto previó un proceso de investigación y consulta con la sociedad, antes de formular la propuesta. Además contempla un equilibrio de género, de especialidades y de origen regional de los jueces, que a todas luces no se cumple. Si este intento prosperara en la Corte Suprema habría dos santafesinos, un abogado que litigó contra la Nación en nombre de la misma provincia y un cordobés. La Argentina tendría así la Corte Sojera de la Nación. Ayer en la Corte Suprema de Justicia comenzaron las averiguaciones sobre la adquisición de un helicóptero, que con dos jueces santafesinos sería menos escandalosa.
Esto pone en evidencia que la única condición excepcional es la minúscula representación del oficialismo en el Senado, de lo cual sólo puede acusar a la voluntad popular. El Frente para la Victoria tiene 42 senadores, la UCR cuatro, a los que puede sumarse el único del Frente Cívico y Social catamarqueño, dos progresistas de la Coalición Cívica Libertadora, ARI y Gen y otros dos del PRO, a los que podría agregarse en caso excepcional la vicepresidente Marta Gabriela Michetti. El resto se reparte en numerosos minibloques de uno o dos senadores, que se acomodarán de un lado u otro según los temas y las negociaciones. Al elevar a dos tercios de los senadores presentes el acuerdo requerido para un juez de la Corte, la Constitución transmitió en 1994 un mensaje claro: la provisión de esos cargos esenciales para el funcionamiento democrático debe surgir de una inevitable negociación entre fuerzas políticas de distinta denominación y no ya por la mayoría simple que tantas veces permitió sentar allí a candidatos sin más mérito que la obsecuencia.
Si como dice, Macrì confía en los acuerdos y el consenso para sancionar una nueva ley de coparticipación federal, que sólo es posible con la unanimidad de las 24 provincias porque la Constitución les confirió poder de veto a todas y cada una, cuesta entender cómo renuncia a una meta tanto más modesta para la designación de los jueces de Corte. La introducción de dos magistrados por una ventana del cuarto piso debe obedecer así a razones tan graves como inconfesables, que no tardarán en advertirse y pesarán sobre la consideración y el prestigio de sus beneficiarios, que con alta probabilidad terminarán siendo perjudicados.
Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.
Los servicios que ofrece su estudio son múltiples: en su misma dirección está registrada la Asociación en Defensa de la Competencia, que en 2011 consiguió que la justicia suspendiera una resolución que había declarado caduca la licencia de Fibertel. Rosenkrantz no actuó allí como abogado del Grupo Clarín sino como presidente de esa asociación fantasma. La Constitución Nacional incorporó en su artículo 43 las acciones colectivas, como recurso “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor” y definió que podrían presentarlos “el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina y Ricardo Recondo accedieron a la solicitud de Rosenkrantz y dejaron en pie la licencia de Fibertel. Una investigación publicada por TELAM en aquel momento determinó que la ADC sólo actuó en esa causa y en otra en la que cuestionó que la fusión de Telefonica y Telecom tuviera un efecto monopólico, cuando el Grupo Clarín y su socio Fintech intentaban conseguir el control accionario de Telecom.
Rosenkrantz, junto con el estudio del ex ministro Ricardo Gil Lavedra, también representó a la provincia de Santa Fe ante la Corte Suprema en tres casos impositivos contra la Nación, por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP. Todavía está pendiente de respuesta un pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados santafesina hace tres semanas, que inquirió al gobierno provincial por qué se realizó una contratación directa sin licitación y cuál es su monto total, desde 2008 hasta la fecha. El Procurador de la Corte Jorge Barraguirre, quien era fiscal de Estado cuando Santa Fe presentó las demandas, reconoció que ambos estudios ya cobraron unos dos millones de pesos en honorarios, negó que hayan acordado el pago del 30 por ciento de los 25.000 millones de pesos que recibirá la provincia pero admitió que “no está cerrada la negociación” final y que “aún falta la regulación judicial”.
Según el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, una ley no puede limitar la voluntad del presidente y el Poder Ejecutivo sigue reclamando por los medios la renuncia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que regula su duración, y de la Procuradora General de la Nación, que tiene protección constitucional. El más craso decisionismo schmittiano se propone en reemplazo de la cuidadosa arquitectura de pesos y contrapesos de la cultura sajona importada en la Constitución histórica y aún vigente en sus sucesivas reescrituras. El Führerprinzip debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Ya se entienden mejor el desalojo violento y las sevicias policiales a los miembros de un centro cultural en Vicente López, el despliegue de carros hidrantes frente a quienes reclamaban en la Plaza de Mayo por la vigencia de la ley audiovisual y la remisión a Jujuy de un contingente de gendarmes, que culminó con el vuelco y la muerte de cuatro decenas de ellos.
EL PAIS › DIVISION ENTRE EL PRO, LA UCR Y LA CC POR LA DESIGNACION POR DECRETO DE JUECES DE LA CORTE
Cambiemos ya tiene su primera grieta
Enojo y malestar en el radicalismo, que no fue consultado ni avisado de los nombramientos en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal. Desde la Coalición Cívica también criticaron el procedimiento. Sólo Sanz y Corral apoyaron a Macri.
Por Sebastian Abrevaya
Cinco días tardó en abrirse la primera grieta en Cambiemos. Pese a formar parte de la alianza de Gobierno, un sector importante del radicalismo y de la Coalición Cívica salió a criticar la decisión del presidente Mauricio Macri de designar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Julio Cobos, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y hasta el presidente del bloque de Diputados, Mario Negri, cuestionaron públicamente –aunque con distinto tono– que no se haya recurrido al trámite regular de designación, que requiere el acuerdo del Senado. Si bien Elisa Carrió se mantuvo en silencio, uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado Fernando Sánchez, rechazó el procedimiento y dijo que “hay que utilizar los mecanismos legales y constitucionales”. Uno de los pocos que defendieron la medida fue el ex senador Ernesto Sanz, al que se le sumó después el nuevo titular del Comité Nacional, José Corral.
Ninguno de los interlocutores con el macrismo había sido advertido sobre la decisión que sacudiría el escenario político. Ni el titular del Comité Nacional ni los jefes de los bloques legislativos de la UCR sabían que Macri se escudaría en un inciso olvidado de la Constitución Nacional para saltearse la consulta a la Cámara alta.
“Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a extraordinarias si es que hay celeridad”, aseguró ayer Cobos, senador e integrante de la Comisión de Acuerdos, que deberá evaluar los pliegos de los jueces en caso de que se cumpla, más adelante, con el procedimiento establecido por la Constitución y el decreto 222/03. El mendocino reveló que nadie del PRO lo consultó y que si lo hubieran hecho, no les habría aconsejado seguir ese camino. Tampoco fue notificado el senador Angel Rozas, presidente del bloque radical y uno de los que deberán juntar los votos necesarios para lograr que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sean designados de manera regular. Según la Constitución, se necesita una mayoría calificada (dos tercios de los senadores presentes), que en este caso sólo podría ser alcanzada con el apoyo de los senadores del Frente para la Victoria.
Con un tono más moderado, Negri también criticó la utilización del artículo 99, inciso 19 de la Constitución: “Hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y el consenso hasta el momento del inicio del período ordinario, mientras transcurría el plazo del decreto 222/03 y se avanzaba en la búsqueda del aval senatorial”, dijo el jefe de la bancada radical en diputados.
El más duro fue Gil Lavedra, para quien el nombramiento por decreto genera un “precedente muy funesto”. “La norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”, aseguró el ex diputado, que sonaba como uno de los candidatos a ocupar una de las vacantes generadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. “Deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”, agregó Ricardo Alfonsín.
El principal apoyo dentro de Cambiemos fue el de Sanz. “Su decisión es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte”, afirmó el ex presidente de la UCR, quien renunció antes de asumir al cargo de ministro de Justicia que le había ofrecido Macri. El dirigente radical consideró que Macri prefirió no convocar a sesiones extraordinarias porque “hay que construir consensos políticos parlamentarios que todavía no están construidos”. Sanz defendió la designación en la necesidad de dar un gesto de “gobernabilidad”.
Estrenando su cargo de presidente, Corral ensayó un equilibrio. Elogió a los dos nombres designados y se limitó a remarcar que se trata de una “facultad constitucional que tiene el Presidente”. “La designación definitiva la tiene que hacer el Senado. En estos meses hay muchos asuntos claves para resolver y una Corte Suprema de tres personas no era lo adecuado. Lo importante es que todo se haga dentro de las normas”, completó el intendente de la ciudad de Santa Fe.
EL PAIS › ZAFFARONI PARTICIPO DE UN ACTO CON GILS CARBO Y CUESTIONO LA DESIGNACION POR DECRETO DE JUECES PARA LA CORTE
“Una amenaza a todo el Poder Judicial”
En la presentación de la nueva Dirección General de Derechos Humanos de la Procuración, Gils Carbó advirtió que las presiones en contra suya apuntan a todo el Ministerio Público Fiscal. “Estamos viviendo una provocación muy fuerte”, señaló Estela de Carlotto.
Por Ailín Bullentini
El motivo de la ceremonia que ayer por la tarde tuvo lugar en la Procuración General de la Nación era la presentación de un nuevo espacio en esa estructura: la Dirección General de Derechos Humanos, a cargo de Andrea Pochak. Sin embargo, la insistencia del gobierno de Mauricio Macri en la “necesidad” de que la titular de la cartera autárquica, Alejandra Gils Carbó, “dé un paso al costado”, así como la designación por decreto del Presidente y sin participación del Senado de dos nuevos magistrados en la Corte Suprema preponderaron en las charlas de pasillo entre jueces y fiscales; abogados y trabajadores de la Procuración; referentes de organismos y organizaciones sociales dedicadas a la temática, y también en las exposiciones de quienes encabezaron el acto. “No sólo vienen por mí”, advirtió la procuradora, al deslizar que la estrategia del Ejecutivo macrista de correrla de su cargo tiene que ver con “avasallar la autonomía e independencia” de la Procuración. El ex juez de la Corte y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, aseguró que el decreto de necesidad y urgencia con el que Macri nombró a los dos nuevos supremos “es equivalente a la clausura del Congreso de la Nación”. “Estamos viviendo una provocación muy fuerte”, sostuvo a su turno la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien propuso una alternativa de acción: “Darnos las manos, luchar juntos y venceremos”.
“Hicimos lo que nunca nadie había hecho”, ponderó Gils Carbó, tras recordar que el rol del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la actualidad es “resguardar el delicado equilibrio entre la ética y la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos de los sectores pobres, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. “Hoy se dan cuenta de que no sé de derecho penal. Falta que digan que soy mujer”, apuntó directo a quienes critican su gestión y abogan por que abandone el cargo. Los criticó por tildarla de “procuradora militante” y “procuradora con superpoderes” y les advirtió: “No basta atar de pies y manos a Gils Carbó, hay centenares de personas que trabajaron para quebrar una cultura inercial y convertir a este ministerio en un lugar proactivo en materia de derechos humanos de ayer y de hoy”, destacó la titular de la cartera autárquica, quien se apoyó en “las organizaciones, en los referentes, en las víctimas, los familiares y los sobrevivientes, que van a seguir acompañando para que no haya un sólo paso atrás en este camino”.
Gils Carbó fue recibida con un largo aplauso en la sala de actos de la Procuración. “Siempre asumí mi rol como garante del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, introdujo. Presentó la nueva estructura como un “nuevo mojón” en ese camino al que añadió espacios a lo largo de su gestión: las procuradurías especializadas (en delitos de lesa humanidad, apropiación de bebés durante la dictadura, violencia institucional, violencia de género, narcotráfico), direcciones y programas (como el de Acceso a la Justicia, Atajo), enumeró (ver aparte). Fue la primera en hablar y contó con la mirada atenta de Carlotto, Zaffaroni y el resto de los expositores: la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski; el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra, y la propia Pochak. También con una audiencia concurrida, en la que sobresalieron algunos integrantes de Justicia Legítima –la jueza María Laura Garrigós de Rébori y Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad–; Rosa Roisimblit y otras integrantes de Abuelas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky; y Julián Axat, titular de Atajo, entre otros.
Zaffaroni habló poco de la nueva dirección, por la que felicitó a la Procuración, y mucho sobre el “retorcimiento grave de la Constitución Nacional” por parte del nuevo gobierno nacional. “El Presidente se atribuye facultades de nombrar a ministros de la Corte Suprema”, una “maniobra que amenaza a todo el Poder Judicial”. “Se nos quiere hacer caer en una discusión sobre si eso le corresponde o no al Congreso. Pequeño detalle: los decretos de necesidad y urgencia no se pusieron para reemplazar al Congreso”, advirtió y continuó: “La necesidad fue siempre celestina del derrumbe del Estado de Derecho y de los crímenes más aberrantes que ha sufrido la humanidad”. Por último, advirtió: “No hemos repensado nuestras instituciones, creemos que tenemos las mejores, pero entonces alguien que gana la Presidencia por un voto se convierte en Penélope, desteje todo lo avanzado en el gobierno anterior y chau políticas de Estado”.
Carlotto coincidió en encender la alarma: “Estamos siendo víctimas de una provocación muy fuerte”, consideró, en relación a los nombramientos por decreto de jueces supremos, pero también al “acoso” en contra de Gils Carbó, a quien mencionó entre los espacios de Estado que para las Abuelas son “intocables”, junto con el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por la Identidad. “Ahora no nos quieren matar a nosotros, sino a la democracia. La más larga de la historia de nuestro país, no podemos permitir que decaiga, que muera”.
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“No sólo vienen por mí”, dijo Gils Carbó, acompañada por Zaffaroni, Carlotto y representantes de organismos de derechos humanos.
El presidente argentino, Mauricio Macri, designó a los juristas Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual es considerado como una medida inconstitucional por haber sido ejecutada sin contar con el respaldo de la Cámara Alta.
Ante esta desfachatez, el diario Clarínde Argentina lo publicó en su portada como si esto fuese un gran logro, mientras que en el kirchnerismo lo denunció y calificó como una embestida por parte del gobierno para lograr una vacante. Esto se resume en que Clarín es sólo un diario manipulado por los lacayos del imperio que quieren subyugar al pueblo argentino.
Aunque voceros del gobierno informaron que la decisión de Macri “estaba abalada constitucionalmente”, se disparó una ola de críticas de juristas, abogados, y dirigentes opositores, quienes calificaron la decisión del presidente como un “retroceso institucional” .
De igual manera, Daniel Sabsay, uno de los abogados constitucionalistas que más se opuso a las leyes y medidas impulsadas por el kirchnerismo recalcó que “ni a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado”, y señaló que se trata de una medida “inconstitucional manifiesta”, ya que ahora los juristas designados no tendrían ninguna legitimidad.
“Insisto y ojalá me equivoque, los ricos serán más ricos y los pobres mucho más pobres”
En su editorial Roberto Caballero empezó preguntándose ¿Para qué existe el Congreso de la Nación? Y se respondió “Alguno dirá que es donde están los representantes del pueblo y los de las provincias. Y en un sistema federal como es el nuestro tiene un papel claro. Es uno de los poderes del Estado”. Y por seguido apuntó al presidente Mauricio Macri “porque ha desconocido o ignorado cual es el papel y el error fundamental que tiene el Congreso”, destacó.
El periodista se escudó diciendo que si uno fuera muy mal pensado, las decisiones por parte del Presidente de la Nación en su última designación, podrían entenderse como “un cierre virtual del Congreso hasta nuevo aviso o hasta marzo”.
Se refirió a esta situación como una muy grave al decir que no están dejando que se expresen los representantes del pueblo y de la Nación.
“Esto ha generado la primera grieta en el votante del oficialismo-que descubre que lo que se anunciaba como institucionalidad o calidad democrática-se traduce en un DNU, donde los senadores quedan pintados”, describió. “Senadores que deberían revisar los pliegos y los antecedentes de quienes ocuparían cargos en el máximo tribunal del país. El lugar que juzga que normas son constitucionales”, agregó.
Además Caballero argumentó con las palabras del presidente del Colegio de Abogados, quien ayer había dicho “que hay un vicio de origen y es que tanto Horacio Rossati como Calros Rosenkratz no son jueces y para ser integrantes de la Corte Suprema hay que ser juez”.
Continuó su editorial diciendo que lo que hizo Macri fue increíble-porque una de sus primeras muestras como presidente fue fotografiarse con los gobernadores en la Quinta de Olivos en una reunión de 40 minutos; y a las 48 horas se estaba publicando en el Boletín Oficial el decreto polémico de Macri.
“Los gobernadores están asustados y dependen de la caja; pero los gobernadores siempre dependen. ¿Y dónde queda la institucionalidad? Para eso los elegimos” afirmó el comunicador.
Pero ya se escucharon voces a favor de la decisión de Macri, y Caballero las citó. Fueron las de Corral, nuevo presidente de la Unión Civíca Radical, diciendo que “está bien lo que hizo el Presidente y como parte de la coalición Cambiemos pensaba que había que llenar las dos plazas vacantes en la Corte”; y también habló de la opinión favorable del presidente de la Corte Suprema de Justicia-Ricardo Lorenzetti, quien expresó “que era legal y constitucional”.
Dio su versión Caballero al decir que “lo constitucional no obedece ya a un organismo técnico, plural y diverso como alguna vez fue la Corte de Justicia que impulsó Néstor Kirchner sino a una especie de apéndice del Poder Ejecutivo que funcionará como blindaje jurídico a esta extraordinaria revolución a la inversa que se va a dar en la Argentina-donde los ricos serán más ricos y los pobres más pobres”
Caballero siguió diciendo que lo que se viene es el “amordazamiento si se quiere de aquellos que son los representantes del pueblo-que no son todos macristas-sino que es plural”.
Se refirió como un hecho “espantoso” que nadie haya alzado la voz para decir que por fuera de la experiencia y la especialización de Carlos Rosenkratz -ha sido un hombre que litigó contra la Argentina en tribunales internacionales; y hoy será por un decreto irregular: integrante de la Corte Suprema de Justicia.
“¿Cómo toleramos que uno de los dos designados por Mauricio Macri haya sido el que fue innumerable cantidad de veces al Ciadi (un tribunal internacional) a litigar contra los 42 millones de argentinos y favorecer a empresas extranjeras? ¿Y lo vamos a poner en la Corte?”, se cuestionó.
“Me parece detestable que aquellos que vienen de partidos de raíz popular no digan absolutamente nada en contra de esto” insistió.
Caballero cambió de tema para el final y trajo otro de los últimos anuncios del gobierno: “Han dicho que van a cortar todas las pautas publicitarias de todos los medios durante seis meses -pautas que sirven para sostener la pluralidad de voces en la Argentina-y por esto mismo se lo ha acusado al kichnerismo. Esto será censura indirecta que está prohibida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por último Caballero hizo un llamado a la sociedad a defender las instituciones. “Las instituciones se defienden en el Congreso, que es el lugar de todos los argentinos. Las provincias- tienen poder de veto-por ejemplo. Estoy indignado. ¿Los gobernadores no tienen algo para decir? Un abogado que ha litigado contra mi país ahora pase a interpretar la Constitución Nacional” sostuvo el conductor.
“Insisto y ojalá me equivoque, los ricos serán más ricos y los pobres mucho más pobres” cerró su oratoria.
Caballero defendió la controversia y la definió como constitutiva de la democracia. “Las diferentes formas de ver el mundo; son constitutivas de la democracia”, sostuvo el periodista.
“Aguad no puede decir alegremente que hay que acabar con la locura de la controversia; es un funcionario de alto rango; y se dejaba fotografiaR con el general Menéndez”,señaló.
“Me parece que detrás de esta posición se esconde una raíz de autoritaria”, agregó.
Además Caballero le recomendó a Oscar Aguad que lea el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dió constitucionalidad a la ley de Servicios Audiovisuales.
“Yo me pregunto a partir del DNU de Macri que pone a la Afsca y a la Afstic bajo el dominio del ministerio de Comunicaciones-si hoy estos entes serán independientes”, sugirió el conductor.
Sobre la postura de Aguad y Macri con respecto a las decisiones políticas que contemplan las distintas partes que hacen a la Ley de Servicios Audiovisuales, planteó Caballero que “no han querido ver a la mitad más uno de la población que piensa distinto a Macri y a Aguad”.
Sobre la declaración de Aguad acerca de que “los monopolios no existen”; Caballero dijo que sus dichos lesionan la idea de libertad de expresión para todos. Y reiteró que los pactos a los que legalmente la Argentina adscribe, se tienen que respetar.
Según palabras de Roberto Caballero se intenta el blindaje para un gobierno y una censura indirecta de quienes no comparten esa idea de país. “Nosotros hicimos lo imposible para que la sociedad amplíe su miramiento”, aclaró el periodista.
Dio como ejemplo a Clarín, diciendo que fue el más menemista de todos los medios; y que fue el mismo diario que terminó metiendo preso al ex presidente. “Cuando el romance de Clarín y el actual gobierno se rompa, el que pagará los platos rotos será el pueblo. Y el blindaje lo perderá Macri”, afirmó.
También expresó que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual significa la instalación de un paradigma, porque ve a la Comunicación como un derecho humano. Pero destacó que Hernán Lombardi, titular de la Radio y Televisión dice que la ley es anacrónica y vieja. Aunque diferenció a los funcionarios Aguad y Lombardi, aclarando que no son lo mismo
Sobre el cambio que podrían intentar en la ley de Servicios Audiovisuales, Caballero aseguró, “Acá hubo una lucha para pluralizar los enfoques; y todo lo que hagan en contra de eso, es un retroceso. El problema con el anacronismo que ellos vienen a defender es que deja indefensos a los que no son monopolio”.
Por último Roberto Caballero, opinó que cree que lo que quiere el nuevo gobierno es invisibilizar a una mitad del país y estigmatizarla. “Lo leía a Barbaro en un editorial de Clarín y hablaba de la Plaza de la Razón (sobre la del 10 de diciembre) que recibió al presidente electo Mauricio Macri; y por omisión Caballero entendió que Bárbaro hacía hincapié en la plaza del 9 de diciembre(que despidió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner)-como la la de la irracionalidad.
“Parecen querer desaparecer a ciudadanos, que tienen tanto derecho, como los que votaron al oficialismo” asintió.Lo mismo hicieron con las madres y los hijos; es la forma que tiene la derecha para habilitar programas económicos que generalmente atentan contra los derechos del pueblo”, finalizó su columna.
La Justicia declaró "inconstitucional" las designaciones de Rosenkrantz y Rosatti
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar contra el nombramiento "en comisión" de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para ocupar las vacantes en la Corte Suprema. Sobre la base de fallos del máximo tribunal, Ramos Padilla invalidó las designaciones y ordenó a la Corte que se abstenga de tomarles juramento.
“Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano…, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República”, sostiene la resolución de Ramos Padilla, quien hace dos semanas tuvo que renunciar como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca, porque la Corte había declarado inconstitucional la ley de subrogancias.
El fallo suspende por vía de una medida cautelar la asunción de ambos juristas y le advierte a la propia Corte que no podrá tomarles juramento, pero reconoce que en cuanto los dos candidatos propuestos reciban acuerdo por parte del Senado automáticamente el fallo cesará en sus efectos.
La acción de amparo fue planteada por el ciudadano Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio letrado de la abogada Lorena Herrera, reclamando “la nulidad del Decreto número 83/2015 publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional”.
El fallo aceptó a Orbaiceta como parte porque “no existen dudas de que la Corte Suprema cuya composición se impugna tiene jurisdicción en los asuntos de todo el país y que todos los ciudadanos pueden verse afectados si dos de sus cinco miembros son designados de manera unilateral por el P.E.N., sin acuerdo del Senado de la Nación y sin siquiera poder ejercitar el derecho que les acuerda el decreto 222/03” de autolimitación, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner.
Según la acción judicial, “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.
EL PAIS › HORACIO ROSATTI CUESTIONO EN UN LIBRO EL MECANISMO POR EL QUE AHORA FUE DESIGNADO EN LA CORTE SUPREMA
Un candidato que contradice su doctrina
En su Tratado de Derecho Constitucional, el ex ministro dice que el método de designación de jueces en comisión “no se compatibiliza con la seguridad jurídica”. Lo hizo en alusión a magistrados inferiores, pero no se opuso a que lo nombraran para la Corte de esa forma.
Por Irina Hauser
Horacio Rosatti, uno de los dos juristas designados por decreto para ocupar un lugar en la Corte Suprema, se opuso en su Tratado de Derecho Constitucional, al método de designación de jueces “en comisión” que el Gobierno aplicó la semana pasada con él mismo y que él decidió aceptar. Entre las páginas 431 y 432 de la obra, publicada no hace tanto (en 2011), se lee que ese mecanismo de nombramiento que proviene de la Constitución de 1853 “se mantiene como inciso 19 del artículo 99” y “tiene sus complicaciones”. ¿Cuáles son? Según explica Rosatti, genera problemas de “seguridad jurídica” por la “provisoriedad” de la función, deja la duda de si el Poder Ejecutivo mientras dura el interinato puede nombrar a otra persona para el mismo cargo, y especifica que pasa por alto los mecanismos de selección establecidos en el texto constitucional.
La discusión por las vacantes en la Corte Suprema empezó poco antes de que se jubilara Raúl Zaffaroni hace casi un año. Las fuerzas de oposición, entre ellos la UCR y PRO, se negaban a debatir cualquier nombre que fuera propuesto por Cristina Kirchner, y hasta firmaron un documento con esa postura. En la continuidad de esa lógica llevada al extremo, el gobierno de Mauricio Macri salteó por ahora la negociación y el consenso y, cuando se produjo la vacante que dejó a los 97 años Carlos Fayt, hizo directo dos nombramientos “en comisión” a través del decreto 83/2015, sin pasar por el Senado. La justificación es que como la Corte se queda con sólo tres jueces casi no puede funcionar, ya que si no están todos de acuerdo se traban las decisiones.
Dice el decreto en cuestión que la Constitución prevé en el artículo 99, inciso 19, “un mecanismo concreto para remediar situaciones como la presente, facultando al Presidente de la Nación a ‘llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura’”. Con el Congreso en “receso” y sin planes de llamar a sesiones extraordinarias, Macri nombró a Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Fueron consentidos por Ricardo Lorenzetti, quien en 2004 había sido postulado al alto tribunal cuando Rosatti era ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, del que se fue peleado tras no aceptar una candidatura a diputado por su provincia, Santa Fe, la misma del presidente supremo.
Como experto en derecho constitucional, Rosatti escribió su tratado en dos tomos con el sello de la editorial Rubinzal-Culzoni, una de las favoritas de Lorenzetti, la que le publicó la edición comentada del nuevo Código Civil y Comercial que cuesta cerca de 20 mil pesos. El Tomo II de Tratado de Derecho Constitucional de Rosatti tiene un tramo que se dedica específicamente a contar, con el título “Vacantes”, que el nombramiento de jueces en comisión viene de la primera Constitución de 1853, cuando el receso del Senado era larguísimo: se extendía entre el 1º de octubre y el 30 de abril. Ese tipo de designaciones estaban previstas para “la hipótesis” de que se produjese una vacante judicial en ese período. Eran temporarias y vencían “al fin de la próxima legislatura”. En ese punto es que el jurista nombrado en la Corte advierte que traída a la actualidad, mantenida en el inciso 19 del artículo 99, esa disposición “tiene sus complicaciones”, que detalla así:
1) “Genera una situación de provisoriedad que no se compatibiliza con la seguridad jurídica.”
2) “Genera la duda de si, mientras dura el interinato (‘antes del fin de la próxima legislatura’) puede el Poder Ejecutivo proponer otro candidato para el mismo cargo.”
3) “Se torna, luego de la reforma constitucional de 1994, temporalmente acotada (pues ahora el receso parlamentario de sesiones ordinarias se extiende desde el 1º de diciembre hasta el 28 o 29 de febrero del año siguiente) y virtualmente incompatible con la cláusula que establece la intervención previa del Consejo de la Magistratura.”
Rosatti se refería así al régimen de concurso y aprobación de una terna en el Consejo de la Magistratura por la que deben pasar los candidatos a ocupar cargos de jueces de primera instancia y de cámara, para luego ir al Poder Ejecutivo y recién de ahí al Senado. Es el procedimiento que se estableció tras la reforma de 1994, para que evitar los nombramientos a dedo del poder político. A los jueces de la Corte los postula el Poder Ejecutivo y deben recibir acuerdo del Senado con una mayoría calificada de votos. El decreto 222 de Kirchner estableció un exhaustivo mecanismo de escrutinio público, con impugnaciones y audiencia pública en el Senado. Rosatti se refiere a posibles nombramientos de jueces inferiores en comisión sin aludir a los jueces de la Corte, algo que recordaron en su entorno al ser consultados para esta nota.
Cuando el Gobierno le ofreció el cargo, Rosatti les dijo a sus colaboradores que le parecía que estaba dentro de la legalidad, según le relataron a Página/12. Lo mismo, todo indica, le pareció a su colega Rosenkrantz. Rosatti es multifacético: magister en Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe, fue fiscal municipal, secretario general de la Gobernación santafesina, convencional constituyente, intendente, procurador del Tesoro de la Nación en 2003 y luego ministro de Justicia. Preside la Asociación de Derecho Constitucional y tiene una faceta literaria que lo llevó a escribir la historia de Boca Juniors (Cien años de Multitud) para alegría macrista. Rosenkrantz es rector de la Universidad de San Andrés. Su estudio representó al Grupo Clarín en la audiencia pública por la ley de medios convocada por la Corte Suprema, y tiene otros grandes clientes, que van desde YPF, Cablevisión, Musimundo, La Nación e IRSA hasta Claro y Panamerican Energy, entro otras.
Lorenzetti dijo que los jueces en comisión eran “bienvenidos” y que les tomará juramento, aunque dejó trascender que no había sido consultado sobre la metodología de nombramiento. Al día siguiente se reunió con Macri y anunciaron la postergación de la jura para febrero. Anteayer el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó la Corte que se abstenga de tomarles juramento.
La Corte Suprema, igual que Rosatti, se enfrenta con sus propias palabras, según la resolución de Ramos Padilla, que muestra que la Corte este año anuló la lista de conjueces para sus vacantes creada por el Poder Ejecutivo porque no había sido convalidada con los dos tercios de los votos del Senado. “El acuerdo del Senado constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”, decía el fallo supremo, concepto que aplicó también al decidir que las subrogancias también requieren acuerdo en la Cámara alta. Sobre el decreto de Macri, Ramos Padilla desmiente que la Corte no pueda funcionar porque existen procedimientos para cubrir vacantes y dice que la palabra “empleos” del inciso 19 no puede abarcar a los jueces, ya que considerarlos empleados del Ejecutivo pone en crisis la división de poderes. En efecto, la famosa independencia es lo que está en tela de juicio con los nombramientos por decreto, una iniciativa que no parecer resistir ni el archivo de Rosatti ni la jurisprudencia suprema.
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Horacio Rosatti es magister en Impacto y Gestión Ambiental, fue procurador del Tesoro y ministro de Justicia.
Aguad: "El país normal funciona como estamos funcionando"
El ministro de Comunicación volvió a defender la intervención dispuesta por decreto en la Afsca y afirmó que Martín Sabbatella "no puede seguir" como titular del organismo porque "sino comete un delito". Aguad sostuvo que la nueva ley de Ministerios establece que será su cartera la que aplique las políticas del área y sentenció que eso "modifica" la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
"Una persona dura cuatro años en su cargo, la pone en este caso el Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo que la puso, la puede remover, por más que dure cuatro años. Duran mientras no lo saque la autoridad que los puso", afirmó Aguad en declaraciones a Radio Continental. También aseguró que la nueva ley de ministerios, que creó la cartera de Comunicación, establece que será esa cartera la que aplique las políticas de esa área, y asegura que eso "modifica la Ley de medios".
"Esto no es un mal antecedente, porque la intervención también está prevista en la Constitución. Está probado el mal desempeño, la rebeldía, porque a pesar del cambio que hubo en la Ley de ministerios, ellos se negaron a que la autoridad de aplicación de las políticas de comunicación era el ministro. Eso ya es una generación de conflicto con lo cual no puede seguir así", agregó.
Pese a que dijo que Sabbatella tiene el derecho de recurrir a la Justicia, aseguró que ya no podrá volver a su cargo, ya que "hay un artículo del Código Penal que dice que removido un funcionario, si se resiste a dejar el cargo, comete un delito".
El ministro explicó que las nuevas autoridades "aún no han podido ingresar" a la sede del organismo que ayer fue intervenido y sostuvo que Sabbatella no puede tomar decisiones. "El está ahí, pero las decisiones administrativas y políticas del ente que él presidía ya no las puede tomar. El Gobierno se ha hecho cargo de las cuentas bancarias del organismo, se puso en comisión a todos los funcionarios que nombró Sabbatella y se ha pedido a la Sigen la realización de una auditoría contable que realizarán el lunes", precisó el funcionario.
Por último, negó que tomar este tipo de decisiones por decreto atenten con la "normalidad" institucional del país. "Estamos acostumbrados a la anormalidad en este país. Pero el país normal funciona como estamos funcionando, y tiene que seguir funcionando así. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el Gobierno anterior", aseveró el dirigente radical.
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"Está probado el mal desempeño, la rebeldía", volvió a sostener Aguad para justificar la intervención.
PAIS › DENUNCIA CONTRA MACRI POR LA DESIGNACION EN COMISION DE DOS JUECES EN LA CORTE
“Vulnera el principio de independencia”
Los abogados Pablo Llonto y Eduardo Tavani denunciaron por abuso de autoridad al presidente Mauricio Macri. Sostienen que el nombramiento de los jueces se basa en “un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio” de la Constitución.
El presidente Mauricio Macri podría ser citado a indagatoria por abuso de autoridad por su decisión de designar por decreto y en comisión a dos miembros de la Corte de Suprema de Justicia. La denuncia presentada por los abogados Pablo Llonto y Eduardo Tavani advierte que se trata de “un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio” de la Constitución, cita jurisprudencia de la propia Corte –que exige acuerdo del Senado como garantía de independencia hasta para designar a un juez subrogante de primera instancia–, destaca que no contar con la mayoría necesaria en la Cámara alta “no habilita la arbitrariedad manifiesta de la designación” y que la aceptación de los cargos por parte de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti significaría “una rotunda vulneración de los principios de independencia e imparcialidad”. La presentación patrocinada por la ex jueza Lucila Larrandart –directora del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires– incluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, y, ante la eventualidad de que los designados asuman como jueces supremos, reclama que se los impute por usurpación de autoridad. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, ante quien actúa como fiscal Gerardo Pollicita.
Mediante el decreto 83/2015 del 14 de diciembre, Macri designó a los dos abogados para cubrir las vacantes generadas por las renuncias de Raúl Zaffaroni hace un año y Carlos Fayt horas después de la asunción del presidente de la Nación. La invocación del artículo 99 inciso 19 de la Constitución, previsto para “llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”, implica “un despliegue arbitrario –por desorbitado–” en la función del Presidente, porque “contraría lo que es constitucionalmente lo debido y obligatorio”, advierte la denuncia.
Llonto y Tavani recuerdan que ese mismo artículo prevé en su inciso 4 que los jueces supremos se designan “con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Agregan que el decreto 222/2003 del presidente Néstor Kirchner, que apuntó “al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional”, reglamentó ese artículo y fijó parámetros para posibilitar la participación de la sociedad civil y transparentar las designaciones.
Es “cuanto menos irrazonable” que un inciso destinado a cubrir “las vacantes de los empleos” haya sido pensado por los constituyentes para las designaciones de jueces de la Corte, prevista quince incisos antes, señalan. Al desmenuzar la atribución dispuesta por el artículo invocado por Macri destacan que “el vocablo ‘empleo’ no abarca los cargos vinculados a la magistratura sino exclusivamente a los relacionados con el Poder Ejecutivo”, como las designaciones de militares, embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios. Recuerdan que la independencia judicial es “un principio de máxima jerarquía” del sistema republicano y que las designaciones de jueces por simples decretos implican “una palmaria injerencia en el desempeño independiente de los jueces de la Corte” y “una rotunda vulneración de los principios de independencia e imparcialidad”.
Respecto de la urgencia invocada en el decreto de Macri, Peña y Garavano (“resulta imperioso proceder a la cobertura inmediata de las vacantes”, escribieron), los abogados recuerdan que la renuncia de Zaffaroni se produjo el 31 de diciembre de 2014 y “el Partido/Alianza que lidera el actual presidente de la Nación se ha negado de modo sistemático a dar tratamiento al pliego propuesto” en su momento por la presidenta Cristina Kirchner. “La urgencia no aparece a los cuatro días de asumir un nuevo gobierno”, enfatizan. Y aún en caso de urgencia el sistema institucional prevé dos mecanismos, recuerdan. El primero: el llamado a sesiones extraordinarias del Senado, una facultad del presidente fundada en “un grave interés de orden o de progreso”, que se daría según el decreto. “En un Estado de Derecho como el que aspiramos a vivir y al que no vamos a resignar de modo alguno, el hecho de no contar con mayorías necesarias en alguna de las Cámaras Legislativas no habilita a la arbitrariedad manifiesta de la designación, a la utilización de un decreto para dichos nombramientos y menos aún al dictado de una resolución contraria a la Constitución”, recuerda el escrito que patrocina Larrandart, ex jueza del tribunal oral federal de San Martín.
El segundo mecanismo para cubrir vacantes consiste en la designación de subrogantes (cuando se debe cubrir un cargo temporalmente) o conjueces (para intervenir en una actuación específica). En este punto es donde la propia Corte sentó jurisprudencia que el decreto parece ignorar. En el fallo “Rosza”, la Corte estableció que para nombrar a jueces subrogantes deben intervenir el Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura. En “Aparicio”, estableció que para nombrar a conjueces en la propia Corte se debe respetar el mismo procedimiento que para los titulares, es decir el acuerdo de los dos tercios del Senado. En “Uriarte”, al invalidar designaciones de abogados como subrogantes, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti invocó la Constitución y los tratados internacionales para advertir que los jueces, aun los provisorios, deben “ser y aparentar ser independientes”, que “la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen del garantías” y que el Estado debe garantizar “parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente de su cargo”. “La línea jurisprudencial de la Corte Suprema evidencia que resulta palmariamente inconstitucional la designación de un juez en el Máximo Tribunal –en comisión–, quien gozaría como única intervención del Poder Ejecutivo para su nombramiento, cuando aquello se ha declarado insuficiente como garantía de independencia hasta para un juez subrogante de primera instancia”, concluyen.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron nombrados por Mauricio Macri mediante un decreto.
Tema anterior
“La norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”, señaló el ex integrante del tribunal del Juicio a las Juntas en declaraciones radiales.
Por Werner Pertot
