Se sospecha que el miserable de Macri aplicará "Decretos de necesidad y urgencia" cada vez que pretenda instalar una medida en contra del pueblo trabajador y de los intereses de la Patria.
No dejemos de rezar, porque la hecatombe se nos viene encima.
Habrá anuncios la semana próxima
Aguad: "La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir"
En consonancia con el decreto de Mauricio Macri que quitó a la AFSCA y a la AFTIC de la órbita de Presidencia y las pasó al Ministerio de Comunicaciones, el titular de esta cartera dijo que la continuidad de los titulares de esos organismos, Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente, "es un absurdo", y anticipó que a partir de ahora "los medios van a tener que competir como se compite en el mercado".
Uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia (DNU) del nuevo gobierno modifica la Ley de Ministerios, que establece cómo se estructura el Poder Ejecutivo y dispuso que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) se subordinen a la cartera que conduce el radical Oscar Aguad. Además del cambio de órbita, la redacción del DNU modifica en parte la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia.
En declaraciones realizadas a Radio Cadena 3, Aguad dijo que la semana que viene se realizarán anuncios sobre esta cuestión, aseguró que durante su gestión la "libertad de expresión va ser absoluta" y que "la regulación de la ley de medios no va a subsistir" el gobierno de Cambiemos.
Eso sí, "los medios van a tener que competir como se compite en el mercado, vamos a tratar de ayudar a los medios más pequeños", advirtió.
Sabbatella: "Quieren comprar la complicidad de las corporaciones"
El titular de la AFSCA cuestionó al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por sus declaraciones sobre el futuro de la Ley de Medios: "Decir que la actual regulación no va a subsistir es una señal explícita al Grupo Clarín”, sentenció Martín Sabbatella.
“Las corporaciones mediáticas siempre tuvieron un rol fundamental en los períodos en los que creció la desigualdad, intentando cubrir y legitimar las acciones devastadoras de minorías privilegiadas”, sostuvo Martín Sabbatella a través de un comunicado en el que consideró que el Gobierno de Mauricio Macri “quiere comprar la complicidad de las corporaciones mediáticas”.
En el mismo sentido añadió que "está claro que ese no es el propósito que tienen Aguad o Macri; ellos buscan retroceder en la legislación para volver a consagrar el privilegio del Grupo Clarín de controlar sin límites el sistema de medios, aplastando cualquier competencia e impidiendo el desarrollo de medios comunitarios".
“Eliminar las regulaciones que limitan la dimensión de una empresa y la conformación de monopolios informativos, es sinónimo de arrasar a los centenares de experiencias comunicacionales que surgieron en Democracia y que dan cuenta de la pluralidad y diversidad de voces y opiniones que existen en nuestra Patria”, agregó.
Es la hora de unir fuerzas de la verdadera izquierda de Nuestra Patria Grande dejando a un lado a la " izquierda inmanente" que ya sabemos de su doble juego ..En Argentina .no pierde oportunidad de decir que todos los males que ahora vemos vienen de Cristina ...Así siguen haciéndole el juego al fascismo ...frente a unas masas ignorantonas y / o vendidas que no entienden de la amenaza que tenemos enfrente .-
El gobierno de Mauricio Macri anunció hoy la intervención por Decreto 236/2015 y por 180 días de las autoridades regulatorias de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación).
El ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, informó que los interventores de ambos organismos serán Agustín Garzón y Mario Frigerio, respectivamente. La diputada nacional por el PTS-FIT, Myriam Bregman afirmó: “En este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.
“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.
Los considerandos del Decreto 236 afirman que AFSCA incumplió los objetivos de revisión periódica de la ley audiovisual para adecuarla a cambios tecnológicos (art. 47) y que AFTIC incumplió los objetivos de garantizar acceso a las TIC. El decreto también sostiene que “importantes decisiones” de AFSCA y AFTIC “implicarían” abiertos incumplimientos de las leyes vigentes.
La intervención modifica por vía de decreto dos leyes votadas por el Congreso de la Nación, y completa la intervención de hecho de un ente que presuntamente debiera ser “autárquico”, que ya había iniciado cuando modificó la estructura administrativa del gobierno y puso a los organismos bajo la órbita del flamante Ministerio de Telecomunicaciones.
Además, en el caso específico de la “separación” de las autoridades de los organismos, el gobierno avasalló el mecanismo de remoción previsto en la ley (Artículo 14) que dictamina que “la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas”.
El ex – candidato presidencial por el FIT, Nicolás del Caño, explicó: “Nosotros hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”.
Sin embargo Del Caño advirtió: “Pero así mismo, rechazamos la intervención arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.
“Rechazamos esta medida, como el resto de las decisiones autoritarias que está tomando el gobierno de Macri que son el 100% a favor de los grandes empresarios y que implican un brutal ajuste contra el pueblo: devaluación, baja de las retenciones, nombramiento de jueces de la Corte por Decreto)”, sentenció Del Caño.
Por su parte Myriam Bregman agregó: “Exigimos que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados.
Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.
Después de la represión en Cresta Roja, el gobierno intervino la AFSCA. La “Corpo” mediática intenta imponer un Relato macartista. Dos perspectivas en la resistencia al ajuste.
Ese método es único, no solamente por las circunstancias sui generis que lo determinaron, sino por la abyección que requiere, por su fatal manejo de la esperanza y por el desarrollo gradual, semejante a la atroz evolución de una pesadilla”. (Borges. El espantoso redentor Lazarus Morell)
A diferencia de lo que sentencia Borges, el “método” del gobierno tiene poco de gradual. Tiene sí, mucho de “abyección” y de manejo de las esperanzas. No es para menos. Macri prometió “alegría” y lo que trajo fueron decretos, devaluación y represión.
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La semana política rápida y furiosa de Macri no duró siete días, sino que se extiende ya casi a una quincena. La (doble) represión a los trabajadores de Cresta Roja el martes y la intervención en la AFSCA lo ilustran.
En ese trance las grandes patronales, el “Partido Judicial” y Clarín aportan lo suyo para apuntalar al nuevo gobierno en pos de intentar cambiar la relación de fuerzas social existente. Se trata de imponer nuevas condiciones de explotación sobre la clase trabajadora. El verdadero “cambio”, para el gran capital, es lograr la “libertad” para despedir o precarizar el trabajo sin traba alguna.
El gobierno se mueve contando también con el aval de su base social más firme. Como lo ilustra Eduardo Van der Kooy, Macri es “la cabeza (…) de la mayoría de un electorado que no posee preferencia por la presencia callejera. A lo sumo, para protestar cuando las cosas superan los límites (…) podrían recordarse algunos de los cacerolazos que supieron conmover a Cristina Fernández”.
Esa “minoría intensa” que protagonizó los cacerolazos y la manifestación por Nisman, pareciera avalar decretos y represiones en pos del “libre tránsito”. Su límite es, valga la redundancia, ser una minoría.
Las medidas de Macri parecieran empezar a chocar contra sectores más amplios que lo votaron, ese electorado “prestado” que el balotaje le permitió conquistar a fuerza de lavar hasta el extremo su discurso y ocultar su programa económico. Las imágenes del pasado martes mostraban a trabajadores de Cresta Roja –desilusionados y enfurecidos al mismo tiempo- diciendo que habían votado por quien ahora los mandaba a reprimir.
La "revolución de la alegría" parece empezar a desvanecerse ante la dura realidad de la política ajustadora gubernamental.
El ataque contra la “militancia” se hace en nombre de una supuesta neutralidad de las instituciones -que no es tal- y de un republicanismo que, puesto en boca de Aguad, causa entre risa y estupor. El nuevo ministro de Comunicaciones compartió por años palcos en actos públicos con el genocida Menéndez.
En otro terreno se desarrolló, contra las protestas obreras y populares, una operación política que recorrió pantallas de TV y ediciones de diarios. La campaña contra “el piqueterismo”, las movilizaciones y contra “los infiltrados” que “causaron” la represión en Cresta Roja, busca instalar una agenda mediática reaccionaria y estigmatizante de las protestas. La clase dominante busca construir un sentido común“noventista”, afín a las medidas bonapartistas en curso. Está por verse si lo logrará o se chocará con la resistencia obrera y popular.
Conviene recordar -solo de paso- que Aníbal Fernández fue un cultor permanente de los ataques macartistas contra la protesta social.
Las organizaciones pertenecientes a ese espacio se “bajaron” de la movilización horas antes de la misma. El “argumento” fueron los $400 otorgados por el gobierno para quienes perciben la AUH y jubilaciones y pensiones con la mínima. Un monto que la inflación en curso rápidamente consumirá.
Los dirigentes y referentes del kirchnerismo desarrollan -hasta ahora- su lucha contra Macri en el terreno del Relato. En cierto sentido, continúan lo que hicieron cuando eran gobierno. Durante 3 períodos, su “guerra contra las corporaciones” casi no pasó del terreno discursivo.
Hoy las mismas gozan de un enorme poder. El martes por la noche, el programa 678 reconocía que, tras de 12 años de kirchnerismo, Clarín no había dejado de crecer. Lo mismo vale para otras “corporaciones”, como la casta judicial. El mismo Sabattella dijo este miércoles que “esperará la decisión de la justicia”. Pone así su destino en la AFSCA en manos del tan vilipendiando “Partido Judicial”.
Mientras el kirchnerismo lanza duras acusaciones contra el ajuste en curso, quien fuera su candidato a presidente, Daniel Scioli, ofrece su colaboración al gobierno ajustador y anuncia mensajes de "unidad nacional". Un mensaje contradictorio con lo dicho durante meses. Scioli lo simplificó afirmando que "la campaña ya terminó".
Los límites del período kirchnerista empiezan a verse más claramente ahora. Si la “restauración” es posible y las medidas bonapartistas avanzan a velas desplegadas, se debe al poder que las grandes patronales mantuvieron casi intacto.
Los caminos de la resistencia
Por estas horas las conducciones sindicales burocráticas garantizan un “pacto social” en los hechos, al negarse a responder a la devaluación con alguna medida seria. Gestos y palabras no compensan la suba de precios.
La contracara de esa ubicación la protagonizan el sindicalismo combativo y la izquierda, que marcharon el martes en Buenos Aires y otras ciudades importantes como Córdoba y Rosario. Lo hicieron denunciando el ajuste y la represión vivida horas antes por los trabajadores de Cresta Roja.
Las calles -pero también los lugares de trabajo y estudio, o las barriadas populares- serán los territorios donde se dirimirá la relación de fuerzas entre las clases sociales, permitiendo o no el avance del ajuste que Macri y las grandes patronales pretenden imponer.
Con V de Vendetta (Macri interviene AFSCA y AFTIC)
El gobierno de Mauricio Macri anunció la intervención, por Decreto 236/2015, de las autoridades regulatorias de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), por 180 días.
La intervención completa algunos cambios realizados el segundo día de su gestión: el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 13 subordinaba el funcionamiento de AFSCA y AFTIC al Ministerio de Comunicaciones y el Decreto 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos por encima de Radio y Televisión Argentina SE (sobre esto verhttps://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/12/nuevo-ministerio-de-comunicaciones/). Además, en el mismo Boletín Oficial hoy se detallaron funciones y competencias del Sistema de Medios del Estado, que comprende a Canal 7 y Radio Nacional (juntas conforman RTA), RAE, Telam, Tecnópolis, CCK, Bacua y la participación argentina en Telesur.
En el interín, el gobierno había dispuesto que la titularidad de las acciones de ARSat y Correos la ejerciera el Ministerio de Comunicaciones (Resolución Ministerial 1) y designó nuevas autoridades en ARSat.
El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, un férreo opositor a la ley audiovisual desde su discusión legislativa en 2009, hoy desmiembra su órgano regulador. El interventor en AFSCA es Alejandro Garzón. En AFTIC el interventor es Mario Frigerio. Si bien las leyes audiovisual y de telecomunicaciones siguen vigentes en el resto de su articulado, se afecta la médula de las mismas. El ministro Aguad dijo que “la ley de medios (sic.) no se toca, por ahora”.
AFSCA y AFTIC, organismos “descentralizados y autárquicos”, contaban con sendos directorios colegiados (con representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales) presididos por Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sabbatella tenía mandato hasta diciembre de 2017 y Berner, hasta 2019.
Los considerandos del Decreto 236 afirman que AFSCA incumplió los objetivos de revisión periódica de la ley audiovisual para adecuarla a cambios tecnológicos (art. 47) y que AFTIC incumplió los objetivos de garantizar acceso a las TIC. Otro considerando del decreto sostiene que “importantes decisiones” de AFSCA y AFTIC “implicarían” abiertos incumplimientos de las leyes vigentes, por ejemplo en relación a la normalización del uso del espectro o desigualdad en el trato de operadores y anomalías en decisiones de asignación de frecuencias a licenciatarios audiovisuales y de telecomunicaciones.
El decreto ordena revisar la actualización de la ley audiovisual prevista en el artículo 47 de la norma, relevar todos los casos judiciales y administrativos, formular un informe de coordinación entre AFSCA y AFTIC, evaluar compras y contrataciones, presupuesto, procedimientos y controles que realizan los organismos.
La historia, el presente y el futuro de la ley audiovisual están condenados a la judicialización. La intervención de hoy es un nuevo hito en la materia, esta vez con las autoridades depuestas como litigantes en busca de una cautelar que suspenda la intervención (de hecho, por la tarde Sabbatella presentó un amparo solicitando una medida cautelar, cuyo texto está acá:http://afsca.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/Amparo.pdf).
Se cumple así otro anuncio que el gobierno anticipa por vía oficiosa a través de los medios con mayor audiencia. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre el cambio en la modalidad de comunicación política (que no equivale a política de comunicación) del nuevo gobierno. De hecho, informalmente, dirigentes de Cambiemos hablaban del “ucase” de la intervención a AFSCA y AFTIC (en la Rusia Imperial el ucase era la proclamación de una ley u ordenanza por parte del zar o del máximo líder religioso).
Análisis de la medida:
La intervención modifica por vía de decreto dos leyes votadas por el Congreso, con amplio apoyo legislativo y -en el caso de la ley audiovisual- sostén de la sociedad civil organizada y resistencia de algunos grandes conglomerados multimedios y de un sector de la sociedad civil que, sin tener experticia en el tema, asimiló la ley a su aplicación (sobre la que se comentará más adelante).
De hecho, la modificación de la ley por vía de decreto no sólo es cuestionada desde el kirchnerismo. Una organización como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), criticada sistemáticamente por el kirchnerismo, consideró que“ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia”, debería ser efectuado vía decreto. Organizaciones más afines al anterior gobierno están movilizándose contra la intervención y, es de suponer, acompañarán con reclamos judiciales a sus autoridades hoy destituidas.
El decreto de intervención no avanzó, como se había anunciado oficiosamente a través de la prensa, con la derogación de artículos clave de la ley audiovisual referentes a topes a la concentración de licencias y transferencia de las mismas.
Esos artículos son el núcleo que motivó la causa judicial iniciada por el grupo Clarín en la que falló la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando declaró plenamente constitucional la ley audiovisual (sobre ese fallo ver https://martinbecerra.wordpress.com/2013/10/30/sobre-el-fallo-de-la-corte-suprema-ley-audiovisual-de-octubre-2013/) contra los intereses del multimedios. Colaboradores del presidente Macri, con estos decretos, dicen buscar “reparar” daños que –interpretan- causaron leyes carentes de legitimidad. Esa valoración le ahorra al actual gobierno el trámite legislativo (no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso) pero sienta un precedente, pues sus sucesores podrán hacer exactamente lo mismo con las medidas que tome Macri ahora y en el futuro, perjudicando la lógica de la “política de Estado” en temas estratégicos, contaminando el carácter faccioso a las decisiones presidenciales (lo que no está reñido con la legitimidad electoral, como se ha visto en muchas de las iniciativas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) y obturando la posibilidad de realización de políticas públicas estables que era lo que el actual gobierno, cuando era oposición, prometía. Así, pues, quienes ayer reclamaban institucionalidad justifican ahora la excepción y quienes justificaban excepciones, hoy reclaman institucionalidad.
Paradójicamente, la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta.
Asimismo, si la crítica a Sabbatella como presidente de AFSCA radica en su incapacidad para conducir políticas que no sean sólo representativas de su sector político, dada su confesa subordinación a la expresidenta Fernández de Kirchner, la respuesta del macrismo redobla la dependencia, ya no sólo política por vía del DNU 13/2015 (el ministro Aguad fue obviamente designado por el presidente), sino también de diseño institucional (los interventores responden al Ministro, éste al Presidente). Dentro de Cambiemos hubo tensiones por la forma de decidir esta intervención. Huelga recordar que defender la vía de la legalidad y los objetivos inclusivos de la ley audiovisual no supone avalar su implementación ni apoyar la gestión de sus funcionarios. El kirchnerismo fue irrespetuoso con la ley que había impulsado. La incumplió y contravino sus objetivos más legítimos. En cuanto a los organismos de aplicación, el kirchnerismo respetó la formalidad institucional de su integración aunque afectó sus reglas de juego, otorgándole de hecho a la presidencia (designada por el Poder Ejecutivo) mayores facultades de las previstas en la ley. Un balance con datos concretos cuando la ley cumplió seis años acá:https://martinbecerra.wordpress.com/2015/10/09/recalculando-seis-anos-de-la-ley-audiovisual/
La ley audiovisual (mal llamada ley de medios, ya que no regula ni medios gráficos ni Internet) fue elogiada por su concepción del derecho social a la libertad de expresión por las máximas autoridades mundiales y continentales en la materia. En la insistente repetición de la “convergencia” por parte del ministro Aguad se anuncia el relevo del paradigma normativo del derecho social a la libertad de expresión por el de desafíos tecnológicos que, así enunciados, por ahora son abstractos. Mientras que el paradigma de la libertad de expresión como derecho social comprende obligaciones del Estado de garantizar acceso y desconcentración, como bien subrayó la Corte Suprema cuando validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, el paradigma de la convergencia tecnológica en abstracto conduce –si no hay políticas expresas en otro sentido- a confiar en la regulación del mercado, toda vez que la economía gobierna la innovación tecnológica a nivel global (esto puede no ser una buena noticia para los grupos de comunicación “nacionales”).
Ahora bien, si la ley audiovisual “nació vieja”, como suele decirse, y su texto es obsoleto e impracticable y si no fue razonablemente adecuada al frenesí de la revolución tecnológica, ¿cuál es entonces la prioridad del nuevo gobierno para modificarla vía decreto y no a través de un debate que respaldara una nueva ley con consensos robustos?
La excusa para objetar las leyes vigentes es su presunta obsolescencia fruto de los avances tecnológicos. Si se toma este argumento como válido, entonces ninguna ley será satisfactoria, toda vez que el vértigo de la convergencia digital avanza a un ritmo incompatible con los acuerdos políticos y legislativos necesarios para adoptar regulaciones. Pero, más allá de esa excusa, lo que motiva la objeción a las leyes que regulan los sectores audiovisual y de telecomunicaciones es la percepción que tienen los principales operadores de las limitaciones presentes en la normativa para la expansión de sus negocios en épocas de convergencia de servicios y productos. En este sentido, el cambio de etapa representa desde una perspectiva estructural el desplazamiento de los conflictos, y no su anulación.
Ejemplo de ello es la mención de anomalías por parte del decreto de intervención, que anticipa una tormenta en la asignación de porciones de espectro radioeléctrico (recurso público administrado por el Estado). Los considerandos citan, por caso, la política instrumentada en la distribución de espectro para tv digital (TDT), toda vez que objetan el criterio adoptado por AFSCA para asignar licencias (importa recordar que muchas esas licencias ya están otorgadas, es decir, hay nuevos licenciatarios con derechos adquiridos, así como instituciones estatales (universidades nacionales) con autorizaciones igualmente concretadas) mediante el sistema de compartir canales de frecuencia entre dos operadores (con señales diferentes dentro de la banda asignada al canal compartido). Otro ejemplo es la última licitación de espectro para servicios de LTE/4G en telefonía móvil, que pese al objetivo de agregar competencia en el hiperconcentrado mercado de telecomunicaciones, repartió frecuencias entre los operadores actuales y, más tarde, vía ley de soberanía satelital (noviembre de 2015, tan cerca y ya tan lejos), bloqueó futuras licitaciones.
La noción de “actualización tecnológica” esconde bajo una consigna de fácil digestión la quita de obstáculos legales para los principales grupos empresariales. Pero los obstáculos no sólo son legales, sino que hay barreras económicas como los abusos de posición dominante que muchos competidores del grupo Clarín en televisión de pago le atribuyen al multimedios y que el grupo Clarín le atribuye a Telefónica en telecomunicaciones. Por eso, regular la concentración en el sector de medios y tecnologías de la información es una obligación del Estado, así como es obligatorio instrumentar políticas de acceso para sectores de la sociedad que, si fuera por la ley del mercado, jamás podrían concretar el derecho humano a “recibir, investigar y difundir, por cualquier medio de expresión” información y cultura.
La masa que lleva a pendular las políticas audiovisuales con lógica de vendetta está sujeta del hilo de las tensiones y coincidencias de los principales actores del sector: Telefónica, el grupo Clarín y el Estado. Más allá de que la escena tenga otra iluminación y nuevos intérpretes, es fundamental comprender esas tensiones y acuerdos para interpretar las oscilaciones de ese péndulo y enmarcar lo que viene, sobre todo en los próximos 180 días de intervención presidencial en los órganos reguladores. Acá un análisis al respecto:https://martinbecerra.wordpress.com/2015/12/21/telefonica-y-clarin-renuevan-la-agenda-de-tensiones/
Es falso que la mal llamada ley de medios haya sido recién ahora, con el macrismo, manoseada. Es falso pretender que hasta ahora la ley regía pulcra e inmaculada: con la ley de telecomunicaciones de 2014 (Argentina Digital) el kirchnerismo ya había modificado la ley audiovisual de 2009 pensando en el triple play y la convergencia y allanando el camino de las telefónicas para participar del mercado audiovisual, pero con exigencias y obstáculos regulatorios para algunos operadores dominantes. Es decir que la ley audiovisual ya fue modificada por otra ley por el propio gobierno que la impulsó (de hecho, hay contradicciones entre ambas leyes, como se analiza acá:https://martinbecerra.wordpress.com/2015/05/08/debate-sobre-la-ley-argentina-digital/).
Al cabo de los 180 días, según los objetivos del decreto, el gobierno contará con un informe detallado del funcionamiento de los órganos reguladores audiovisual y de telecomunicaciones, así como sobre el cumplimiento de algunos ejes del cumplimiento de ambas leyes (el decreto sólo enfatiza algunos aspectos). En ese lapso, el Ministerio formularía un proyecto de ley (¿o decreto?) que reemplace las normas que están vigentes “por ahora”.
El ministro Aguad dijo que el futuro marco regulatorio será compatible con los de la región. No hay en Sudamérica una ley “convergente” y la más reciente, de Uruguay, imita la ley argentina. La única ley “convergente” en América Latina es la mexicana, que no estuvo ni está exenta de fuertes controversias.
Así como el kirchnerismo despertó un súbito interés por la política de medios de intelectuales que nunca habían reflexionado sobre el tema y ello condujo a simplificaciones extravagantes sobre el rol de los medios, resucitaron la superada teoría de la manipulación mediática y condujeron un fierrerismo comunicacional (idea tomada de Eduardo Blaustein) torpe y sobreactuado, ahora hay intelectuales macristas que desempolvan el mito de la libre empresa como equivalencia del derecho a la libertad de expresión. Con ello, contradicen más de 70 años de doctrina internacional en la materia, se esfuerzan por disimular la institucionalidad mediática como condicionante en la formación de opiniones, percepciones y tendencias de la opinión pública y fetichizan la convergencia como atajo para superar el “intervencionismo estatal” (para lo cual precisan que el Estado intervenga) mediante políticas más laissez-faire.
En resumen: todos quienes hoy discuten en Argentina sobre la intervención de AFSCA y AFTIC decretada por el presidente Macri saben, en el fondo, que el problema no es la convergencia ni una ley para el siglo XXI, sino los niveles variables de (in)satisfacción de los principales grupos de comunicación con la regulación estatal y, en el estamento político, una dirigencia que en este tema se ubicó siempre en las antípodas del kirchnerismo y que ahora usa el poder estatal para desandar parte del camino recorrido por el anterior gobierno y cita algunas medidas específicas como casus belli de injusticias a indemnizar o a vengar.
La intervención abre una nueva etapa de las políticas de medios y telecomunicaciones. Es un inicio que recrea el viejo método de subordinar institucionalmente al regulador al Presidente de la República (como el antiguo COMFER, la Secretaría de Comunicaciones o la intervenida Comisión Nacional de Comunicaciones) y que contraviene los estándares regulatorios vigentes hasta el momento en el país y que otros países del mundo, sobre todo los citados como ejemplo de regulaciones democráticas, cultivan desde hace décadas.
PD: gracias por las discusiones e ideas a Guillermo Mastrini, Gustavo Fontanals, Santiago Marino, Gustavo Arballo y a tantos compañeros y colegas con quienes compartimos el interés en estas yerbas.
(*) Investigador, profesor universitario y periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del CONICET. Con varios libros publicados, también es especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de estos medios, así como en la evolución convergente de las tecnologías de la información y la comunicación.
Declaración de organismos sociales y de derechos humanos
Alerta ante el nuevo escenario
Unas cincuenta organizaciones del noroeste y del nordeste advirtieron que “las medidas adoptadas por Macri impactan negativamente sobre los derechos conquistados tras décadas de luchas”. Pidieron garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Una de las preocupaciones es que se paralicen los juicios por violaciones a los derechos humanos.
Un amplio abanico de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales del noroeste y nordeste del país se encuentran en estado de alerta. Luego de dos encuentros autoconvocados en Chaco y en Tucumán emitieron comunicados en los que llamaron la atención sobre el nuevo contexto político, rechazaron medidas como la designación por decreto de dos jueces de la Corte y sobre las presiones del Ejecutivo para separar de su cargo a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. “El nuevo escenario político y social generado a partir de las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri –dijeron desde Tucumán– impactan negativamente sobre los derechos conquistados, tras décadas de luchas por el conjunto del pueblo argentino.” En la misma línea, las organizaciones reunidas en Chaco exhortaron a los tres poderes del Estado, a hacer propios los logros “que hoy constituyen un patrimonio de todo el pueblo argentino, a través del fortalecimiento y profundización de las políticas públicas, con el correspondiente presupuesto para su desarrollo”.
Los textos fueron distribuidos con las firmas de unas cincuenta organizaciones.
El comunicado de Tucumán está firmado por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy; Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet de Salta; HIJOS Salta, Casa de la Memoria de Catamarca, ex Presos Políticos de La Rioja, la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero y la Agrupación de Ex Presos Políticos de Tucumán y Andhes del NOA, entre otras. El comunicado escrito desde Chaco refleja la presencia de organizaciones de pequeñas localidades. Lleva la firma de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco, APDH y Familiares de Víctimas de la Masacre de Margarita Belén y Fundación Napalpi, todas de Chaco. La Asociación de Ex Detenidos de Corrientes; Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres; Dirección de Derechos Humanos de Goya; Casa de los Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá; Comisión de familiares y víctimas de la represión en Gobernador Virasoro. También Asociación de ex Detenidos e HIJOS de Entre Ríos; Foro contra la Impunidad y por la Justicia e HIJOS de Santa Fe; Fundación Germania de Misiones y Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF de Formosa, APDH y la Liga también de Formosa.
El texto del NOA incluyó un repudio a la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad. “Los anuncios de la ministra Patricia Bullrich sobre declarar la Emergencia Nacional en Seguridad consideramos que esconden un intento de criminalizar la protesta social, lo cual representa una flagrante violación a los derechos y garantías individuales que nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra historia como así también el nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales vinculados al terrorismo de Estado y a hechos de violencia institucional.” Uno de los escenarios que causa más preocupación en este momento en Jujuy da cuenta de uno de los sentidos de esa frase. Se trata del acampe que realizan frente a la casa de gobierno local las organizaciones vinculadas a la Tupac Amaru, que no logran ningún canal de comunicación con el gobierno de Gerardo Morales. La semana pasada los organismos de derechos humanos de esa provincia manifestaron su solidaridad a través de un comunicado, encuadraron a las protestas como un derecho ciudadano en contra de la línea de explotación y violencia que promueve el Gobierno y manifestaron su preocupación por la falta de respuestas.
Pero la lista NOA incluyó otros aspectos. En línea con los reclamos de Buenos Aires, también pidieron garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio; sostenimiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia; y la puesta en función de la comisión bicameral para la investigación de la participación civil-empresarial durante el terrorismo de Estado.
Desde el NEA señalaron: “Repudiamos todo intento de instalar el relato de los sectores económicos y dominantes por medio de la teoría de los dos demonios, cuya falsedad ha sido demostrada con más de 600 juicios de lesa humanidad, la recuperación de 119 nietos y la conciencia social que recuperó la verdad histórica”.
Si leer "La Izquierda Diario" te permite estar bien informado... no entiendo porqué ustedes votaron en Blanco si en verdad defienden los intereses de los trabajadores.
Porque si realmente ustedes estaban tan bien informados y no movieron un pelo para evitar la llegada de Macri a la Rosada... ¿qué tenemos que pensar?
DEFINITIVAMENTE,Macri te jodio ls Navidad,estas como el Perro con Picazon,,,,Cogelo Suave que apenas Macri comienza,vas a tener mucho tiempo para hacer berrinches,,,,,El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido,asi le paso a Maburro,,,no me negaras que el pobrecito esta bien malito,si sigue asi se le jode el C,,,,igual que quien tu sabes,,,,ni el Medico Chino lo salva de esta,,,,tranqui Papiyito,,,disfruta el Fin de Año,,,,,,y BateriacNueva p el 2016 que no es nada Facil lo que te espera ha y mucho Citrogal para esa Acides,,,,,jijijiji
"Macri odia la democracia y por eso gobierna con decretos"
Tras el DNU firmado por el presidente, que relega la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual sancionada en el 2009 en Diputados y crea el Ente Nacional de Comunicaciones, varias voces de la oposición se alzaron en contra del accionar del mandatario, que sigue evitando el Congreso.
La decisión del gobierno nacional de crear el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) comenzó a generar críticas de dirigentes opositores y referentes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes advirtieron que, con esa medida, “se avasalla y queda desvirtuada” la iniciativa sancionada por el Congreso nacional en el 2009, e implica un “atropello institucional”.
A través de la red social Twitter, el ex titular del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, fue uno de los exponentes más duros en sus críticas, al señalar que Mauricio Macri“odia a la democracia y a las instituciones, y por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU, fallos cómplices y blindaje mediático”.
‘Es una locura lo que hacen Macri y sus funcionarios. Arrasan los derechos consagrados por leyes del Congreso nacional mediante DNU. Estamos atravesando uno de los peores momentos de la democracia, en el que la Casa Rosada es el búnker de las corporaciones. Avanzan sobre las instituciones democráticas y la libertad ciudadana, como en las peores épocas de nuestra historia”, disparó Sabbatella en una serie de ’tuits’.
En tanto, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto indicó a radio América que, con la medida anunciada esta mañana por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, “se beneficia al grupo Clarín para mantener el monopolio” y señaló que “tal vez se apuran en sacar la ley de medios para cumplir con alguna promesa de campaña”.‘Nada justifica este atropello institucional y los monopolios son censura”, dijo Mariotto y agregó: “Acá no hay guerra, es una ley que se votó en democracia”.
La diputada del Frente para la Victoria (FPV) Diana Conti señaló que con la medida el gobierno de Macri “no sólo clausura el Afsca, la libertad de expresión y el Congreso, sino también la voluntad popular”. ‘El decreto es ilegal, no hay urgencia. De esta manera, la ley de medios quedó desvirtuada. Esto es absolutamente ilegítimo”, dijo Conti en declaraciones al canal de noticias C5N. También por Twitter, la diputada nacional y vicepresidenta del PJ bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez, dijo: “Bajan por DNU una ley debatida en todo el país, aprobada en el Congreso y avalada por la Corte” y se preguntó: ¿Macri era el guardián de las instituciones”.
El ex canciller y parlamentario del Mercosur, Jorge Taiana, advirtió que con un “decreto de necesidad y urgencia quieren borrar una ley cuyo objetivo es ampliar la pluralidad de voces” y señaló que “quieren concentrar aún más los medios de comunicación”.
El jefe del bloque del FPV en el Senado, Miguel Angel Pichetto, se sumó a los cuestionamientos y señaló en declaraciones a radio Del Plata que espera que se “cuiden y no avancen vulnerando más de 3.500 empresas Pymes y pequeñas de los cables del interior, que siempre hemos tenido el cuidado de preservar”. Pichetto manifestó que utilizar el mecanismo del DNU “aleja la institucionalidad del país y el discurso con el que Macri llegó al gobierno, que era la necesidad de encontrar salidas en el marco del diálogo político y las institucionales”.
Desde el socialismo, la diputada nacional Alicia Ciciliani se preguntó por las redes sociales: "¿Por qué no convocar al Congreso a discutir y consensuar? La gente pidió cambio. Verdadero cambio. No se ingresa al XXI por decreto”.
Este sorete de Macri, hijo de remil putas, está hipotecando nuestro futuro ! ! ! ! !
Domingo, 3 de enero de 2016
OTRO DNU DE MACRI DEFINIO UNA MILLONARIA OPERACION FINANCIERA QUE AUMENTA SUSTANCIALMENTE LA CARGA DE INTERES DE LA DEUDA PUBLICA
El megacanje II
El Banco Central recibirá del Tesoro Nacional una serie de bonos con tasas de hasta el 7,875 por ciento anual por Letras Intransferibles a casi el cero por ciento. Los nuevos títulos de deuda serán luego entregados a bancos internacionales. El megacanje involucra 16.099 millones de dólares en una primera etapa con posibilidad de llegar a casi 65 mil millones.
Por Alfredo Zaiat
El gobierno de Mauricio Macri ha concretado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un megacanje de deuda que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares. Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va de 6 a 11 años. Sturzenegger entiende de megacanjes y el consiguiente incremento de deuda e intereses (ver recuadro). Además del aumento de los servicios de la deuda por el alza de la tasa de interés, este megacenaje convierte una deuda intra sector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. El trueque de papeles de deuda fue dispuesto por un DNU del 22 de diciembre pasado que derogó un artículo de la ley de Presupuesto 2016. La operación financiera tiene como protagonistas al Tesoro Nacional y al Banco Central, con la ansiosa expectativa de un grupo de bancos internacionales y locales de regresar a los buenos tiempos de los noventa con emisiones de títulos, ingeniería financiera de reestructuraciones y préstamos con garantías, comisiones abultadas y el juego especulativo con bonos de deuda pública. Esa transacción sólo sería el primer paso del megacanje que podría sumar otros 48.387 millones de dólares, para totalizar 64.486 millones de dólares, que Prat-Gay redondeó en 65 mil millones en su primera conferencia de prensa. Con esta operación impactante por el monto involucrado y otras medidas de regulación monetaria y financiera instrumentadas en menos de un mes, el Banco Central ha vuelto a responder a los intereses de los históricos actores económicos que se han arrogado ser dueños de esa entidad: los banqueros (ver nota aparte).
En el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para recoger beneficios: HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs. La operación financiera tiene los siguientes pasos:
1. El trueque de dos Letras Intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados Bonar, con diferentes fechas de vencimientos (2022, 2025 y 2027). Inicialmente esas Letras a 10 años de plazo fueron entregadas a cambio de dólares de reservas del Banco Central.
2. Esos dólares fueron utilizados por el Tesoro para cancelar la deuda con el FMI (9530 millones el 3 de enero de 2006) y pagar vencimiento de deuda con acreedores privados (2187 y 4382 millones, emisión de Letras formalizada el 1 de marzo de 2010). En total suma 16.099 millones de dólares.
3. En el Presupuesto 2016 estaba previsto la refinanciación del vencimiento de esa primera Letra por otra de igual característica. El DNU derogó el artículo (52) que la autorizaba.
4. Quedó libre así el camino para que esas Letras en poder del Banco Central fueran canjeadas al Tesoro por bonos con una quita del 15 por ciento en el capital, mientras que la tasa de interés sube de casi cero por ciento a 7,75 y 7,875 por ciento anual. Por un lado quita y por otro lado alza de la tasa de interés es la forma de distribuir el costo de la operación entre el BC y el Tesoro, aunque el saldo final resulta desventajoso para el último.
5. Los nuevos bonos serán entregados en garantía a esos grandes bancos internacionales por un préstamo a la entidad monetaria. El monto sería de 5000 a 10.000 millones de dólares.
6. Esos bancos cobrarán una tasa de interés por esa operación denominada “repo” en el mundo de las finanzas.
7. Los dólares de ese crédito sumarán al stock de reservas del Banco Central, y en caso de no devolverlos, las entidades prestatarias se quedarán con los bonos.
El argumento del Banco Central para justificar este megacanje oneroso para el fisco nacional (“un mejoramiento de condiciones a cargo del Tesoro Nacional”, se indica en el DNU) es que de ese modo reparará la calidad de su balance. Las Letras eran intransferibles, o sea no podían venderse en el mercado financiero, y devengaban una muy baja tasa de interés (Libor anual (1,5950 por ciento) menos 1 punto porcentual). En cambio, los nuevos bonos se podrán comercializar en el mercado y la tasa de interés será de 7,75 por ciento anual (Bonar 2022) y de 7,875 por ciento anual (los otros dos títulos). Estas dos cualidades es la que permitirá ejecutar la operación financiera con los bancos internacionales: los papeles de deuda tendrán cotización de mercado y entonces se podrán transar, además con una atractiva tasa de interés en dólares. Así una deuda pública (las Letras) no exigible de pago (la relación deudor-acreedor es entre organismos públicos lo que facilita una permanente refinanciación) pasará a serlo con los bonos (el acreedor privado, en cambio, busca lógicamente cobrar capital e intereses).
El costo
Las Letras Intransferibles devengan una muy baja tasa de interés y constituyen un activo intra sector público, o sea que la negociación por las condiciones (plazos y tasas) son muy fáciles de definir, como quedó demostrado cuando se emitieron y ahora con el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay. La intervención de bancos internacionales incorpora un actor privado cuyo objetivo es la maximización de la ganancia (comisiones y tasas de interés). A partir de entonces la negociación incluirá condiciones de repago del crédito, que en general son de ajuste fiscal para asegurarse los recursos de cobro, como se sabe en base a las experiencias argentina en los noventa, de los países europeos muy endeudados y de Brasil en este año.
El megacanje de Letras por 16.099 millones de dólares por bonos por 13.697 millones de dólares (quita del 15 por ciento del capital) fue distribuido en las siguientes emisiones:
- Bonar 2022 con una tasa de 7,75 por ciento por 4497 millones de dólares.
- Bonar 2025 con una tasa de 7,875 por ciento por 4510 millones de dólares.
- Bonar 2027 con una tasa de 7,875 por ciento por 4690 millones de dólares.
La diferencia entre las tasas de las Letras (0,15950 por ciento anual) y los nuevos bonos es una carga adicional para el fisco nacional. Ese costo suma 9141 millones de dólares en total. El monto surge de calcular la brecha entre esas dos tasas por los años de duración de cada bono. Por ejemplo con el Bonar 2022, los servicios de la deuda que se suman al presupuesto nacional será el equivalente a 337 millones de dólares por año en cada uno de los próximos seis. En total, 2024 millones de dólares. Con el Bonar 2025, 3134 millones en nueve años, y con el Bonar 2027, 3983 millones en once años.
Este aumento del costo del endeudamiento público debilita la solvencia inter temporal de las cuentas públicas con el argumento de la calidad patrimonial del Banco Central. En realidad, el nuevo megacanje encubre la estrategia de facilitar el acceso al crédito en el mercado de capitales internacional y, a la vez, de contar con más títulos públicos en dólares en manos de la entidad monetaria para intervenir en la plaza cambiaria en caso de corridas contra el peso. Así lo revela un comunicado del Ministerio de Hacienda y Finanzas del miércoles pasado: “mediante la instrumentación de este canje se ha dotado a la Autoridad Monetaria de instrumentos que aportarán mayor liquidez a su cartera de activos, mejorando así sus posibilidades de hacer operaciones de mercado abierto”.
Gasto público
Durante muchos años el rubro intereses de la deuda en el Presupuesto Nacional era evaluado con especial dedicación en las consultoras de la city porque orientaba acerca de cuál iba a ser la magnitud del ajuste fiscal exigido por la banca acreedora para aceptar la refinanciación de la deuda, con la esmerada auditoria del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de capital no es una cuenta inquietante para los acreedores privados porque el objetivo que tiene con la deuda es su refinanciación. La clave de su negocio es cobrar los intereses cada año de una deuda incremental.
Los requerimientos de política económica trasmitidos a los gobiernos es definir entonces una estructura de gastos e ingresos (presupuesto nacional) que garantice el pago de los intereses. Cuanto más elevado es el monto a desembolsar por los servicios de la deuda, más importante debe ser el ajuste fiscal. Así fue durante la década del noventa hasta el estallido de la convertibilidad en 2001, cuando los intereses de la deuda pública eran equivalente al 22,4 por ciento del total del gasto público y equivalían al 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, según el presupuesto de ese año que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto).
El posterior default y el inmenso esfuerzo social del desendeudamiento durante los gobiernos kirchneristas (145 mil millones de dólares con acreedores privados y organismos multilaterales) disminuyó esa carga a apenas el 7,7 por ciento del gasto público y al 2,0 por ciento del PIB en 2015. Este último indicador había descendido a 1,3 por ciento en 2013, creciendo en los años siguientes por el cierre de conflictos externos con el Club de París, los juicios perdidos en el tribunal parcial del Banco Mundial (Ciadi) y la expropiación de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.
El servicio de la deuda en 2015 sumó 96.217 millones de pesos del gasto público (el mencionado 7,7 por ciento del total), según el Presupuesto aprobado en el Congreso, pero concentrada la deuda en el sector público (la deuda en manos privada equivale a apenas el 12 por ciento del PIB). Este megacanje significa en promedio de la duración de los nuevos bonos unos 1056 millones de dólares anuales más de intereses, que equivale a 14.784 millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Ese monto en pesos implica un 15 por ciento más de gasto en intereses presupuestado en 2015. Además que se abrirá la puerta a que esos papeles terminen en manos de acreedores privados.
Más Letras
En el informe del BCRA “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para 2016”, difundido el último día del año pasado, revela el objetivo del megacanje II. Afirma que “se trata de una sustitución de activos completamente ilíquidos por otros que pueden ser negociados en los mercados financieros”, y “de este modo, el Banco Central fortalece el instrumental disponible para la implementación de sus políticas monetaria y cambiaria”. Además destaca que el ingreso a su balance de esos bonos a cambio de las Letras Intransferibles “implican una importante mejora en la hoja de balance del Banco Central”.
En base a esas definiciones, es posible que esta operación financiera haya sido la primera etapa. El balance del Banco Central contabiliza otras Letras Intransferibles correspondientes a 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por el Fondo del Desendeudamiento Argentino y la cancelación de servicios de deuda con organismos internacionales, por un total de 48.387 millones de dólares.
En condiciones similares al reciente trueque (quita de capital, tasas de interés y plazos), en caso de efectivizarse otras etapas sucesivas por el monto de esas Letras, los intereses que devengarían los nuevos bonos sumarían otros 27.497 millones de dólares. Es probable el avance en esa dirección porque en los considerandos del DNU que habilitó el megacanje II se lo justificó con que la suscripción de esas Letras por parte del Banco Central habían violando el artículo 19, inciso a), de su Carta Orgánica aprobada por la Ley N 24.144 y sus modificatorias, que “establece la prohibición de dicha entidad para conceder préstamos al Gobierno Nacional, con excepción de los adelantos transitorios específicamente descriptos en el Artículo 20 de la citada Carta Orgánica”.
Entonces si el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay se completa por el total de 65 mil millones de dólares en iguales condiciones de quita de capital, tasas y plazos, los servicios de deuda adicionales en casi nueve años (el período promedio de los bonos emitidos) totalizarían 36.638 millones de dólares. Una carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin ningún tipo de control del Congreso. Así el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.
Sospechoso. El criminal que fue usado para una operación electoral se fuga cuando gana la fuerza política a la que ayudó a ganar. También podría ser: se fuga después de que perdió el candidato que ayudó a derrotar. Muy sospechoso. Porque los tres cómplices de asesinato que estaban detenidos en forma separada salieron caminando juntos, como Pancho por su casa, por la puerta de un penal de máxima seguridad. El asesino Martín Lanatta, condenado por tres crímenes a sangre fría, tenía una vigilancia reforzada que fue levantada el día anterior a su fuga. Mirado con inocencia se podría sospechar un pago de favores por la opereta electoral gracias a la cual ganó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Si se mira con malicia podría ser mucho peor. Si se mira con inocencia, no quiere decir que Vidal haya sido responsable, pero sí que los criminales se encuentran entre los que querían que ella ganara o que perdiera Aníbal Fernández.
Hay un entramado de favores y responsabilidades que configuran más un escenario de causa y efecto que de casualidad, aunque es difícil discernir en esa turbia madeja hasta dónde llegan las complicidades. Una de las promesas principales de la campaña macrista fue la seguridad y es lo primero en lo que el macrismo ha mostrado más descontrol e impericia. Aparece así una gestión más preocupada por el impacto en la opinión pública que por los hechos. Se declaró la emergencia en seguridad y se anunció un mapa del delito, pero se puso en evidencia el desmanejo de las fuerzas de seguridad. No se trata del poco tiempo que llevan en el gobierno, sino de la forma esencialmente mediática como enfocaron el problema con declaraciones y conferencias de prensa que incluso crearon malestar en las fuerzas de seguridad porque les anticipaban a los prófugos las acciones que iban a tomar. Cuando eran oposición se rasgaban las vestiduras si algún especialista hablaba de “sensación de inseguridad”. Ahora que son gobierno actúan como si lo único que importara fuera esa “sensación”.
Mostraron cola de paja cuando Macri declaró que el gobierno kirchnerista tenía puntos de contacto con el narcotráfico o cuando en las crónicas de la fuga, el nombre que más se repitió en los medios de Clarín y La Nación fue el de Aníbal Fernández. Se detuvo al jefe de la hinchada de Quilmes, Marcelo Mallo, y se descabezó la DDI de esa zona. Quisieron hacer aparecer esas medidas como parte de la investigación y el único sentido que tenían era desviar la atención hacia Aníbal Fernández que reside allí. Lo real es que si las acusaciones de la operación mediática tuvieran algún asidero, Fernández no sólo habría perdido las elecciones, sino que ahora estaría preso o con graves problemas en la Justicia. Las acusaciones fueron eficaces para su derrota electoral, pero eran tan débiles desde el punto de vista probatorio que ni siquiera alcanzaron para que algún juez amigo del macrismo –que son mayoría– pudiera abrirle una causa legal. En todo caso es lógico y evidente que el menos interesado en ayudar a la fuga de los convictos tendría que ser Aníbal Fernández, que fue víctima de la operación en la que participó Lanatta. Sin embargo, su nombre es el más mencionado en las crónicas de los medios que propiciaron esa operación dándole crédito al asesino convicto que orientó el voto de millones de bonaerenses.
Desde la derecha (sean falsos progresistas o abiertamente conservadores) se construyen prejuicios para condenar de antemano a las corrientes populares (o populistas en su jerga). Se les puede atribuir cualquier delito y nunca les parecerá un desatino. Así fue con la operación desembozada contra Aníbal Fernández. Cualquier monstruosidad es atribuible al populismo. Los sobreentendidos y complicidades muy clasistas de los que se nutre el microclima conservador, instalados y amplificados por las corporaciones mediáticas, tienden a crear estos mitos que no tienen correlato en la realidad, pero que en esos ámbitos están profundamente atornillados como indiscutibles. La construcción grotesca de Aníbal Fernández como responsable del triple crimen de General Rodríguez es lo mismo que la construcción grotesca de la figura del fiscal Alberto Nisman como un mártir asesinado por el kirchnerismo. Son desmesuras. De Fernández solamente hay versiones y chismorreos improbables permanentemente alimentados por los grandes medios. Y está demostrado que en más diez años Nisman no aportó ni una sola nueva prueba sobre la causa AMIA. Está comprobado también que le daba un uso personal indebido al altísimo presupuesto que recibía para la investigación, además de sus vinculaciones estrechas con servicios de inteligencia locales y extranjeros.
También podría ser que la fuga fuera un hecho casual, que no tuviera nada que ver con el favor que hizo el asesino prófugo a la campaña de Mauricio Macri. O que ese favor fue eso y no un servicio retribuido con la libertad. Es una fuga con maridajes ilegales y cruces oscuros que el Gobierno y los grandes medios han tratado de disimular. Así es más grave, pero aunque no lo fuera éste es un tema sensible para el voto macrista. Ese voto puede creer en este momento que los miles de empleados públicos despedidos son ñoquis y es probable que también crea que la pluralidad de medios está cubierta por las grandes corporaciones, pero que no le vengan con excusas cuando se trata de la seguridad. Fueron esas mismas corporaciones mediáticas las que contribuyeron a alimentar en forma demagógica la sensibilidad de ese voto con respecto a estos temas que ahora aquejan y desnudan a un gobierno que, desde la oposición, se alimentó de ese discurso y en la gestión deberá sufrirlo por incompetencia y porque es un discurso esencialmente demagógico. Ese voto quiere resultados en ese tema inmediatos, quiere que se acaben los delitos, que no haya más narcotráfico ni asesinatos, que no se escapen los delincuentes, que los gobiernos demuestren talento para combatirlos.
No va a suceder. Lo único que podrán hacer es que con el discurso mediático hegemónico consolidado, ya no se destaquen las noticias policiales y así tratar de disminuir “la sensación de inseguridad”, como intentaron hacerlo en los primeros días de la fuga. La fuga en sí es un hecho penal grave que habrá que investigar para dilucidar complicidades y responsabilidades. La frivolidad con que se manejó la información y las operaciones que realizaron las fuerzas de seguridad para distraer la atención pública hacia figuras del gobierno saliente constituyen una cuestión política. Fue una respuesta que mostró más interés por atenuar el costo político que por atrapar a los delincuentes. Se dijo en dos oportunidades que estaban rodeados e incluso que estaban negociando la rendición. Los medios trabajaron esas informaciones sobre la base de fuentes del oficialismo en off que trataban de ganar tiempo y disminuir el impacto del primer momento, pero esa estrategia elemental funcionó como tiro por la culata.
Es probable que finalmente los fugitivos sean atrapados, como acaba de suceder con el Chapo Guzmán en México, pero el daño está hecho. Es probable que un sector del gobierno pensara que los prófugos serían interceptados pocas horas después de la fuga y ésa fuera la razón de las versiones que se hicieron trascender. Se ha dicho que podrían aparecer muertos en un tiroteo para cerrar cualquier investigación de la fuga. De hecho hubo dos fuertes tiroteos y los prófugos eludieron varias veces, a todo o nada, las trampas policiales. A medida que pasan los días son más los interrogantes sin respuesta que deja el derrotero de esta fuga cinematográfica.
En el tema de la inseguridad y el delito, los gobiernos de derecha están más incapacitados y se quedan sin respuestas porque reducen el conflicto a mano dura o mano blanda. Recurren a la mano dura. Pero lo real es que nunca hubo mano blanda, siempre fue más dura o menos dura. Es un problema mucho más complejo que las consignas reduccionistas porque no hay corto plazo y por lo tanto la problemática verdadera es poco explotable electoralmente. Lo que hace la derecha es construir un discurso demagógico que promete resultados inmediatos que le serán imposible cumplir desde la gestión y se convertirán en su flanco más vulnerable entre sus mismos votantes excitados por promesas que no se pueden cumplir.
La mejor prueba de la pantomima de que se quiere su captura es el hecho de que solo luego de doce días se llevan perros para rastrear la huida ...cuando ya los tres hampones ...asesinos ...que celebraron con sus guardianes a puertas abiertas la victoria de la Vidal sobre Anibal Fernández deben estar tranquilos en lugar seguro probablemente en el exterior .-
Luego de conocerse la victoria increible de Vidal ya se reconoció que Anibal Fernández no era la MORSA a la que se referían todos los medios antiK como el cómplice necesario en el delito del narcotráfico ...al cual se refería Lanata .-
El Gobierno modificó la coparticipación por decreto
El Poder Ejecutivo aumentó el porcentaje de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, del 1,40 por ciento actual a 3,75, decisión que fue criticada por gobernadores y dirigentes políticos de diferentes partidos. Mientras el gobernador de La Pampa, el peronista Carlos Verna, calificó al Presidente de "unitario" y amenazó con recurrir a la Corte Suprema si la Nación no le paga la deuda de 4 mil millones de pesos, el exgobernador de Misiones, Maurice Closs, advirtió en Twitter que la "Capital Federal tiene infraestructuras, PBI per Capita y los mejores indicadores sociales del Pais". "Es la decisión más inequitativa de (Mauricio) Macri", denunció.
El decreto 194/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dispone la derogación del decreto 705, del 26 de marzo de 2003, que disponía la anterior alícuota, y fundamenta la medida, que regirá con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016, "en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo".
Pocas horas después de que se difundiera la información, al ingresar a la Casa Rosada para mantener una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Verna advirtió que "Macri habla mucho de federalismo pero es unitario". A pesar de declarar que no había viajado a Buenos Aires con "ánimo de pelea", el mandatario recordó que su provincia estaba en condiciones de demandar a la Nación y obtener un fallo igual al que obtuvieron San Luis, Santa Fe y Córdoba, pero aclaró que no lo hizo porque su antecesor, Oscar Jorge "le tenía miedo a la presidenta (Cristina Kirchner)".
De acuerdo con el comunicado oficial que confirmó que el Gobierno nacional declaró la Emergencia de Seguridad en el país por un año, la norma puede ser prorrogada al término de su vigencia y "va en sintonía con las metas esenciales de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves". Contempla la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza en el espacio aéreo argentino. Serán declaradas “hostiles” las naves que pudieran “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional.
El decreto en cuestión crea, además, el gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia, y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
El Ministerio de Seguridad, además, celebrará un convenio con el Poder Judicial con el fin de interconectar el sistema de información de la justicia nacional con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Asímismo tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.
A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.
También dispone el levantamiento del secreto militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.
El exministro de Defensa, Agustín Rossi, en su momento se opuso a la eventual ley de derribo de aviones que propiciaban distintos sectores opositores como parte de la lucha contra el narcotráfico –en línea con la política estadounidense de incluir a las Fuerzas Armadas en temas internos de seguridad– y que abarcaba tanto al massista Frente Renovador, al PRO y como la UCR. “Significaría pena de muerte sin juicio previo”, afirmó Rossi, en aquella oportunidad, en noviembre de 2013, cuando aseguró que el 95 por ciento de las rutas aéreas de la Argentina ya estaban radarizadas.
“Estoy en contra. La ley de derribo tiene varias falencias, desde el punto de vista de nuestra estructura jurídica y del derecho penal. La ley significaría pena de muerte sin juicio previo”, contestó Rossi en una entrevista radial al ser consultado si estaba a favor o en contra de los proyectos de ley de derribo de aviones que habían presentado los diputados Francisco De Narváez, la macrista Gabriela Michetti y el radical Ricardo Alfonsín, a cuya idea también se sumó Sergio Massa.
El Ejecutivo oficializó la remoción del nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti como presidente del Archivo Nacional de la Memoria y nombró al frente del organismo a Gustavo Luis Jesús Peters Castro, quien se desempeñaba como representantes del gobierno porteño en la exEsma. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y sostiene que se trata de "un cargo de conducción política que debe adecuarse a los lineamientos fijados" por el Poder Ejecutivo.
El cambio de autoridad se dio a conocer mientras Pietragalla se encuentra en Jujuy solicitando la liberación de Milagro Sala.
El decreto 218/1016, firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostiene que el exdiputado del Frente para la Victoria "fue puesto en funciones cuatro días antes de la asunción del nuevo gobierno, electo el día 22 de noviembre de 2015", días antes del cambio de mando presidencial y resalta que "la designación del presidente del Archivo Nacional de la Memoria no responde a un proceso de selección abierto y de evaluación de antecedentes del candidato propuesto, sino que —tal como indica el decreto N° 1259/03 y su modificatorio— su elección y designación responde únicamente a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional".
Hace díez días, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Nietos y Familiares habían realizado una abrazo simbólico al edificio donde funciona el organismo, bajo la consigna "el archivo no se toca", en respaldo a la continuidad de Pietragalla.
Por otra parte, la disposición sustituye el artículo 4° del decreto 1259 del 16 de diciembre de 2003, de creación del Archivo Nacional de la Memoria, que a partir de ahora resuelve que la presidencia del organismo “será ejercida por un funcionario de carácter extraescalafonario, con rango y jerarquía equivalente a subsecretario, el cual será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, a propuesta del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
Asimismo, se dispone que que el Archivo “contará con un secretario ejecutivo, el cual tendrá carácter de extraescalafonario, con rango y jerarquía equivalente a Director Nacional, Función Ejecutiva I, Nivel A - Grado 8 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep)”.
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Por Luis Bruschtein
