El equipo económico de Mauricio Macri prevé tomar deuda de la banca internacional, ampliar el swap con China y préstamos pendientes con el BID, la CAF y el Banco Mundial.

Están avanzando en un acuerdo con las agroexportadoras y los productores para conseguir plata de los granos con un seguro contra la devaluación. El FMI no está lejos.

 

 

Un Boletín Oficial extraordinario del sábado confirmó a Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central, que tendrá el objetivo, junto con el secretario de Finanzas, Luis Caputo, de conseguir financiamiento para fortalecer las reservas. 
Fuentes de divisas por el lado financiero no escasean, ya que entre cerealeras, bancos, y organismos multilaterales, se podrían juntar entre U$S 28 mil millones y U$S 48 mil millones. 
Los anuncios de la última semana estuvieron relacionados con un arreglo con los bancos para entregar unos U$S 8000 millones de divisas a cambio de contratos Repo con el Banco Central. La forma del endeudamiento permitiría generar un puente para arreglar con los buitres en la oficina de Daniel Pollack en Nueva York sin que estos fondos sean bloqueados por el juez Thomas Griesa. Los bancos que se han sumado al "Repo patriótico" son el HSBC, el JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citibank, el Santander y el BBVA. 
En los últimos dos casos, sería necesario eliminar requisitos regulatorios por parte del Central. Vanoli ya había comenzado a negociar con las entidades, y consiguió un principio de acuerdo por U$S 400 millones en diciembre y U$S 1000 millones en enero. 
Por otro lado, existe una gran expectativa por la liquidación de divisas de las cerealeras. Cargill, Nidera, Dreyfus, Bunge, Glencore, ADM, las cooperativas ACA y FACA, AGD y Molinos se comprometieron con el gobierno entrante a liquidar U$S 10 mil millones en soja, trigo y maíz acopiado. Antes de fin de año, llegarían los primeros U$S 3000 millones, y entre enero y febrero entraría el resto. Aunque desde las cerealeras sostuvieron que unos U$S 5000 millones serán un adelanto puente de cara a la próxima cosecha, según datos de la AFIP, sólo los granos en los silobolsas alcanzan un total de U$S 13 mil millones. 
No existen los almuerzos gratis ni la caridad desde el sector empresarial. La promesa del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay es crear una batería de medidas para que los productores tengan incentivos a liquidar: devaluación y unificación de los tipos de cambio oficiales alrededor de $ 14,50 y $ 15,50, la eliminación de las retenciones al trigo, maíz, carne, y las economías regionales, la quita de cinco puntos a las retenciones a la soja y la eliminación de los ROE y toda restricción para vender en el exterior. A este plan, que ya está teniendo fuertes efectos inflacionarios, se le suma el pago a las cerealeras con una letra (bono) que cubre el riesgo cambiario, por lo que se beneficiarán más cuanto más devalúe el gobierno. 
El sector de los préstamos bilaterales y multilaterales también será una fuente de financiamiento. La Corporación Andina de Fomento (CAF) finalizó el plan de U$S 5540 millones, y podría renovar el mismo monto para los próximos cuatro años de gestión, mientras que en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay unos U$S 4000 millones restantes de créditos a los que el gobierno podría echar mano rápido, si se informa sobre lo realizado. Luis Alberto Moreno, titular del BID, vendrá a la Argentina la próxima semana. 
En el caso del Banco Mundial, la suma podría alcanzar los U$S 1500 millones en el corto plazo y U$S 3000 millones en el mediano. Otra parte de la estrategia está relacionada con una ampliación del swap con China por más de U$S 2000 millones. 
La última fuente de financiamiento: el FMI podría prestar unos U$S 5000 millones de un crédito "stand by" o una Línea de Precaución y Liquidez por U$S 10 mil millones en  dos años, aunque con un gran costo, dado que la entidad fija condicionalidades para alcanzar metas fiscales y de liberalización comercial con efectos sobre el crecimiento y el empleo. 
El macrismo evalúa "pagar deuda con deuda". Hay unos U$S 15 mil millones potenciales en el litigio con los buitres, U$S 9000 millones demorados de pagos de importaciones y otro tanto similar de remisión de utilidades, teniendo en cuenta el flujo 2007-2011. Estos pagos se podrían realizar con más emisión de letras y títulos de deuda para evitar el golpe en las reservas. 

 

Nombran a un Liendo como director del BCRA

El gobierno nacional designó como nuevo director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a Horacio Tomás Liendo (nieto), quien es abogado especialista en derecho bancario y administrativo.
El designado director del Banco Central es hijo de quien fuera secretario de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía durante la década del '90, y nieto del general que comandó el Ministerio de Trabajo durante la última dictadura cívico-militar.
Liendo (nieto) inició su carrera profesional en el estudio Marval, O'Farrell & Mairal, y luego trabajó como abogado interno de entidades financieras, informaron fuentes del BCRA.
Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y obtuvo un Máster en Leyes (LL.M.) en la Universidad de Georgetown, de donde se graduó con distinción. También realizó el Programa de Desarrollo Directivo en la Business School de la Universidad Austral (IAE).

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La concentración frente al Congreso de la Nación será bajo la consigna "Para fortalecer la democracia necesitamos pluralidad de voces". Entre las organizaciones convocantes están el Movimiento Evita, La Cámpora y Nuevo Encuentro y Miles, integrantes del frente Unidos y Organizados, así como la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky.

El presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde, anunció en una conferencia de prensa que se sumarán a la convocatoria, luego de la primera reunión de esa bancada que contó con la asistencia de unos 80 legisladores. "Se avanza en un ajuste y devaluación", alertó.

Recalde estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la cámara, el ex gobernador José Luis Gioja, el vicepresidente del bloque, Luis Basterra, y la ex ministro de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. En la conferencia se encontraban presentes también los ex ministros Julio de Vido, Axel Kicillof, la secretaria parlamentaria del bloque María Teresa García, los bonaerenses Juliana Di Tullio y Diana Conti, y el porteño Juan Cabandié, entre otros.

Recalde aseguró que no quieren "poner palos en la rueda", pero que no permitirán "que se viole la Constitución Nacional" como "sucede con la designación de los ministros de la Corte" ni que "modifiquen leyes a través de DNU como en el caso de la ley de Medios". Agregó que desde la bancada del FPV-PJ convocarán al resto de los bloques para que se sumen a esta protesta "en defensa de la Constitución".

Ante una consulta, Recalde dijo que analizaban la posibilidad de autoconvocarse para realizar sesiones extraordinarias, cuya citación es un resorte del Poder Ejecutivo Nacional. El jefe del bloque también anunció que en las próximas horas redactarán un documento en conjunto con la bancada del FPV del Senado sobre las medidas adoptadas por Macri por decreto y por DNU´.

Señaló además que analizan presentar "demandas penales, civiles, patrimoniales" contra Macri y los propios designados jueces que asumirán sus cargos, Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti, por aceptar este procedimiento.

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El anuncio de la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones fue anunciada por Aguad durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, horas antes de que se ordenara un fuerte operativo policial en la sede de esos edificios para impedir que ingresen sus titulares desplazados por Macri.

"Existe una rebeldía (de Sabbatella y Berner) para atenerse al nuevo régimen", dijo el ministro a la hora de dar las razones por las cuales se desplazó por decreto a esos funcionarios y los acusó de "tomar decisiones que se contraponen y contradicen" con la propia Ley de Medios. "No podemos seguir de esta manera. Esta rebelión justifica la intervención porque no no estamos en un caos".

Aguad dijo, además, que otro de los motivos por los cuales se echó a Sabbatella es porque este "es un militante político que "llenó el país de seguidores" suyos, y confirmó que el interventor que ocupará su lugar es Agustín Garzón, militante del PRO y exlegislador porteño por esa fuerza liderada por el presidente Macri.

"La Ley de Medios en este decreto de intervención no se toca, por ahora. Lo único que hicimos fue remover las autoridades", dijo y consideró que "cada gobierno tiene derecho a nombrar sus funcionarios".

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"Vamos a presentarnos al Poder Judicial hoy mismo y vamos a esperar la respuesta. Alguien tiene que frenar esta locura", alertó Sabbatella, quien dijo estar sentado en su escritorio "con una ley que dice que tengo mandato hasta 2017" y agregó: "La Ley de Medios crea un ente autárquico y descentralizado, que fue declarado consituticional por la Corte Suprema".

"Si (a Aguad) no le gusta la ley tiene que ir al Parlamento y discutirla", resaltó el titular de la AFSCA y le informó al gobierno nacional que "si tienen algo para decirme sobre cómo desempeño mi función, la ley preveé mecanismos de remoción".

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