LA LEY DE MEDIOS EN ARGENTINA , ¿ CENSURA O REGULACIÓN ? - LA CUBA DEL GRAN PAPIYO

La ley de medios en Argentina, ¿censura o regulación?

(CNNMéxico) — El 10 de octubre de 2009, se aprobó en Argentina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la que el gobierno de Cristina Fernández inició un proceso en contra de la concentración de medios de comunicación, pero al mismo tiempo se desató una pugna jurídica y política con el mayor consorcio del país.

La iniciativa presidencial que fue aprobada por el Congreso se puso como meta que el país tuviera un panorama de medios desconcentrado, que se generara competencia, abaratamiento del acceso a las señales, aprovechamiento de nuevas tecnologías, y “democratización y universalización”, palabras expuestas en la ley de medios que sustituyó a la de 1980 de la dictadura militar.

Para muchos en el país, la nueva legislación llevaba una dedicatoria al Grupo Clarín, un conglomerado de emisoras de televisión, radio, distribuidoras de señales por cable, y con uno de los periódicos de mayor circulación del país, Clarín, al que el gobierno señala en su portal —sin nombrarlo— de poseer el 73.3% de las licencias de medios actualmente.

Desde entonces, se han sucedido los episodios jurídicos, con el intento del gobierno de Fernández para el cumplimiento de la ley y las suspensiones judiciales conseguidas por el Grupo Clarín para evitar la fragmentación, llamada “desinversión” en el país, a la que obliga la legislación.

La fecha límite para que fuera aplicada la desconcentración era este 7 de diciembre (conocido como 7D), sin embargo, el Grupo Clarín obtuvo una medida cautelar emitida por la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal la cual suspende la aplicación de los artículos 45 y 161 —impugnados en tribunales de primera instancia— y que este viernes el gobierno ha solicitado que sea la Corte Suprema la que emita una sentencia definitiva.

El artículo 45 establece los límites de licencias que puede poseer una sola compañía en todo el país: una licencia de servicio de comunicación audiovisual con origen satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.

El objetivo que se fija el gobierno es que nadie pueda abarcar más del 35% del mercado en cobertura de televisión, y un igual porcentaje de los suscriptores de cable del país, medida que afecta mayoritariamente al Grupo Clarín

El otro artículo impugnado es el 161, el cual marca los procedimientos para desintegrar a las compañías que no hayan dividido sus concentraciones de medios con los límites que marca el artículo 45, y que hasta ahora sólo el Grupo Clarín es quien se ha negado a hacerlo por la vía jurídica.

El exsecretario de Comunicaciones argentino Henoch Aguiar explicó que es hasta este viernes la fecha en que los medios tienen que presentar sus planes de “desinversión” ante el gobierno de forma voluntaria en un plazo de 120 días, y tienen otros 180 más para finalmente quedar divididos.

“Cada grupo deberá adecuarse en aquello en donde le aprieta el zapato. Pero es cierto que el 7D sólo impacta en el Grupo Clarín, que tiene la medida cautelar, y no en los demás que deberían iniciar el proceso de desinversión”, dijo Aguiar en entrevista con CNN en Español.

Pese a que el objetivo de la ley es combatir los monopolios y concentraciones, Aguiar asegura que la ley pude prestarse a un aparente cumplimiento, como en el caso del Grupo Supercanal, que ha acatado la nueva ley dividiendo las compañías entre familiares, lo que genera sólo un cambio aparente.

“Es cierto que cada empresa será diferente, y que quizá con el tiempo tome un rumbo editorial diferente, pero la verdad es que no hay un cambio notable en la titularidad de los medios”, crítica el exsecretario.

La confrontación que ha escalado peldaños fuera de lo jurídico para convertirse en una disputa política en la que las autoridades judiciales se han visto atrapadas en el medio.

Por una parte el ministro de Defensa argentino, Julio Alak, acusó al Tribunal de Justicia de provocar “un alzamiento contra una ley de la nación y una burla a la voluntad popular” y generar "un conflicto de poderes” entre el gobierno y la corte.

En tanto que el Grupo Clarín reaccionó con un comunicado en su sitio de internet en el que afirma que la "única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal”, se lee en el documento.

A su vez, Martín Sabbatellam, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y crítico de la actuación de la compañía, dijo que "la justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones", refiriéndose a la decisión del jueves que protege al Grupo Clarín.

Por ello el gobierno presentó este viernes un recurso judicial llamado “per saltum” en la que pide a la Corte Suprema que dictamine la validez de la medida cautelar que suspende la aplicación, pues afirma que hay un proceso “viciado” al contraponerse a la decisión de la misma corte que puso al 7D como fecha límite, reportó la agencia EFE.

La presidenta Fernández ha ido más allá de la disputa al denunciar que Clarín alienta las protestas masivas que ha enfrentado el gobierno en los últimos meses, entre ellas una huelga general en noviembre, y también por anuncios televisivos del conflicto de la ley de medios.

La confrontación judicial que continúa entre el gobierno y el Grupo Clarín, uno de los mayores medios críticos de la administración de Fernández, podría finalizar dentro de los próximos tres o cuatro meses, prevé el exsecretario Aguiar.

Desde el exterior, el presidente de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viajó este miércoles a Argentina en la que aseguró busca determinar si el gobierno pone “en juego la libertad de expresión y prensa”, y ha rechazado los señalamientos de que busca “defender al Grupo Clarín”, como el mismo dijo en declaraciones recogidas por EFE.

Este avance argentino en la democratización de las comunicaciones debe ser visto e interpretado junto a otros de los principales logros del giro posneoliberal que vivimos en América Latina en los últimos trece años.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

Una derrota del grupo Clarín y de su visión
restringida de la democracia audiovisual.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que declara la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales, impugnada por el poderoso Grupo Clarín, constituye un hito en el proceso político iniciado en ese país desde el año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia de la República, y al mismo tiempo, representa un triunfo mayúsculo en las luchas por la democratización de las comunicaciones en América Latina.

Por la magnitud de esta batalla cultural, que puso al descubierto el entramado de intereses ideológicos y económicos que sostienen la industria de la (re)producción del sentido común dominante en la Argentina, y en nuestros países, en general, la sentencia del tribunal supone también la afirmación de uno de los ejes que caracterizan al posneoliberalismo latinoamericano: la confrontación con los poderes fácticos y la reconfiguración de las relaciones políticas, con miras a construir sociedades más plurales y participativas, en las que todos los grupos, movimientos y sectores tengan acceso real a pronunciar su palabra, difundir sus imágenes y sus relatos, y en definitiva, a poner en común sus identidades culturales frente al pretendido monopolio de las identidades hegemónicas.

Así, este avance en la democratización de las comunicaciones debe ser visto e interpretado junto a otros de los principales logros del giro posneoliberal que vivimos en los últimos trece años, y que incluyen, por ejemplo, el nuevo constitucionalismo emancipatorio que se concreta en las constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela; la institución de la plurinacionalidad, que permea las esferas del derecho, la territorialidad, la política, la cultura y las relaciones comunitarias; las políticas sociales orientadas hacia las necesidades de amplios sectores de la población y la nueva integración regional, múltiple y diversa.

Por otra parte, y desde una perspectiva histórica, la ratificación de la constitucionalidad de la Ley de Medios podría marcar un antes y un después en el desarrollo del espacio comunicacional y audiovisual latinoamericano, que desde las décadas de 1940 y 1950, con el ascenso de los gobiernos populistas y sus alianzas de clases, cayó también en una trampa no resulta hasta el presente: sí, es cierto que irrumpieron como protagonistas los obreros, campesinos, inmigrantes y sindicatos en la política nacional y la vida de las ciudades latinoamericanas (en ocasiones, con carácter instrumental); y sí, es cierto además que las condiciones materiales de vida, producto del crecimiento económico, hicieron posible el surgimiento de una cultura de masas; pero todo esto permaneció sujeto tanto a las estructuras de propiedad de los medios, como a sus usos políticos para articular las prácticas de dominación sobre los emergentes sectores populares. Es decir, el modelo populista impulsó el desarrollo de las industrias culturales, pero ni el Estado ni las oligarquías renunciaron al monopolio de los valores hegemónicos que conformaban la identidad nacional.

Esta situación se agravó en las décadas de 1950 y 1960, cuando la televisión en América Latina se organiza y extiende con arreglo a un modelo familiar/patriarcal (los herederos de la oligarquía criolla), donde la función política de los medios, como bien lo explicó Jesús Martín-Barbero, fue edesplazada por “el dispositivo económico (…) y la ideología se torna ahora sí vertebradora de un discurso de masa, que tiene por función hacer soñar a los pobres el mismo sueño de los ricos”.

Este es el período de gestación de los consorcios mediáticos de capital regional, que rápidamente establecieron pactos con partidos políticos y negocios con las grandes compañías de televisión estadounidenses (CBS, NBC y ABC). Así aparece en México la familia Azcárraga, que funda el Grupo Televisa y concentra la propiedad de la televisión mexicana, en asocio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI); en Brasil, la televisora O’Globo, de la familia Marinho, se fortalece de la mano del grupo estadounidense Time-Life y de la dictadura militar que lleva adelante el proyecto de la modernización conservadora. En Venezuela, el canal Venevisión, de la familia Cisneros, empieza a labrar su emporio junto a accionistas estadounidenses como Paramount y ABC. Y otro tanto se puede decir de las oscuras relaciones del grupo Clarín con la última dictadura militar en Argentina; o del diario El Mercurio, de la familia Edwards, con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Como se puede apreciar, el espacio audiovisual en América Latina se fue configurando como una estructura oligopólica, asociada al capital extranjero e íntimamente ligada al sistema político (incluso bajo las dictaduras militares), pero que no era representativa de la población de cada uno de los países ni de la diversidad cultural de sus pueblos.

Nada de esto cambió sustancialmente en las décadas siguientes, y más bien se agravó durante los años 1990 cuando, en el apogeo de la globalización neoliberal, la dinámica de las comunicaciones consolidó un nuevo orden de la información sobre la base de la desregulación, el debilitamiento de la tutela del Estado y fortalecimiento del poder del mercado. De ahí la importancia de la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina y de las iniciativas que, en esa misma dirección, se vienen impulsando en distintos países de la región desde inicios del siglo XXI, como instrumentos jurídicos y políticos para desmontar esos andamiajes del neoliberalismo.

En uno de sus más desgarradores poemas, el español Miguel Hernández escribió en 1938: “Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente / los que entienden la vida por un botín sangriento: /como los tiburones, voracidad y diente / panteras deseosas de un mundo siempre hambriento”.

Justamente en eso, en no ser como ellos, como los grandes oligopolios antidemocráticos y autoritarios; y en hacer todo lo posible por construir otra comunicación, cualitativamente superior a la que hoy tenemos, radica el principal desafío de los próximos años, a partir de la vigencia plena la Ley de Medios Audiovisuales. Desde la distancia, celebramos y acompañamos en este gran paso al pueblo argentino, seguros de que encontrará –como lo hizo en los años más duros de la resistencia- los nuevos caminos y espacios para avanzar en la construcción de más y mejor democracia.

Tres decretos que quedaron suspendidos

Los magistrados consideraron que las medidas del Ejecutivo avanzaron sobre las competencias del Poder Legislativo. La jueza Martina Forns le dio tres días al Gobierno para que envíe un informe con sus argumentos. Martín Sabbatella buscará reincorporarse hoy.

Por Ailín Bullentini

Dos jueces federales suspendieron ayer los tres decretos de necesidad y urgencia con los que el Gobierno de Mauricio Macri derogó parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los amparos fueron solicitados por una cooperativa de comunicación comunitaria a una jueza de San Martín y una asociación que defiende a usuarios a un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integran sendas demandas de inconstitucionalidad. Según las partes, los fallos implican la restitución de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y del Consejo Federal de Comunicación (Cofeca). Esta mañana, Martín Sabbatella y el resto del directorio de la Afsca removido por uno de los decretos suspendidos, intentarán reincorporarse al organismo. Desde ayer fue reforzado el operativo de seguridad que rodea al edificio desde su intervención.

A través de dos medidas cautelares, los fallos de la jueza federal en lo Civil y Comercial de San Martín número 2, Martina Forns, y del titular del Juzgado Federal Civil y Comercial porteño número 7, Iván Garbarino, definen lo mismo: suspenden los efectos de los DNU número 13, 236 y 267 de 2015 mediante los cuales el Poder Ejecutivo volcó en el flamante Ministerio de Comunicaciones las funciones de la AFSCA, intervino ese organismo y lo disolvió, junto con el Consejo Federal de Comunicación y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y creó en su lugar el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Las medidas fueron reclamadas a la jueza por la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social y al magistrado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) en base a una demanda de igual manera coincidente: ambos actores plantearon la nulidad de esos DNU por considerar que su dictado es inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo no puede modificar una norma como la 26.522 mediante decreto de necesidad y urgencia. “Es la forma que encontramos de defender lo que militamos durante 30 años y de evitar que las corporaciones dicten las normas”, planteó Patricio Enciso, presidente de la cooperativa que desde hace 30 años comunica de manera comunitaria y popular en la zona oeste a través de la radio FM En Tránsito 93.9 –aún sin licencia– y la revista autogestiva Güarning!

Los jueces habilitaron las cautelares mientras resuelven la inconstitucionalidad como cuestión de fondo del asunto. “No se vislumbran defectos en la ley 26522 que requiriesen de una necesaria y urgente reparación que no admitiera la espera de alcanzar los consensos y mayorías necesarias que nuestra Constitución establece para la conversión en ley de las modificatorias pretendidas por el Poder Ejecutivo nacional”, determinó Garbarino. “Resulta evidente, manifiesto y palmario que con el dictado de los decretos cuestionados en las presentes se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo”, aseguró Forns, en cuya sentencia –más completa que la de su colega porteño– insta al Estado a explicarle por qué consideró habilitado el camino de los DNU para modificar la LSCA, razones que ella no encontró en los textos publicados en el Boletín Oficial. Lo planteado en los considerandos de los decretos 13, 236 y 267 de 2015 “no puede incluirse de ningún modo entre las circunstancias excepcionales descriptas como imprescindibles para que el Presidente ejerza funciones legislativas vedadas constitucionalente”, remarcó Forns. Le dio al Ejecutivo tres días hábiles para presentar los argumentos e informó su decisión a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, un detalle que, cuanto menos, fortalece los antecedentes con los que cuenta la Comisión Bicameral de seguimiento de DNU. El Ejecutivo, no obstante, descartó el llamado a sesiones extraordinarias.

Enciso y sus compañeros entienden que la cautelar interina de Forns retrotrae la situación normada por la LSCA al 9 de diciembre pasado –el DNU más antiguo cuyo efecto fue suspendido por la medida es el 13/2015, con fecha del 10 de ese mes–, con lo cual la Afsca vuelve al ruedo de manera autárquica; renace su Consejo Federal y su directorio. Aunque el avasallamiento del Gobierno sobre la LSCA “supera la figura de Sabbatella”, entienden que su retorno a la titularidad del organismo forma parte del resultado de la cautelar aplicada por la jueza. “El problema es con la República, la democracia, la división de poderes. Es que una ley construida con una legitimidad tan grande como la de la 26.522 no puede ser modificada por decretos dictados por las corporaciones. Si quieren modificar la ley que lo discutan en el Congreso”, aclaró Enciso.

Desde su entorno, también entienden que el dirigente de Nuevo Encuentro vuelve a estar al frente de la Afsca. “Si los decretos quedan suspendidos y la ley no está derogada, significa que está vigente”, explicaron. Sabbatella, el resto del directorio y los miembros del Gabinete intentarán retomar sus funciones hoy, pese a que sospechan que el Ejecutivo se negará a acatar los fallos, tal como lo hizo con la resolución del juez de La Plata Luis Arias. El operativo de seguridad que permanece en la puerta del edificio en donde funciona la Afsca desde que fue intervenida fue reforzado. De cumplirse su augurio, acudirán a la Justicia penal.

Sigue vigente la cautelar que frenó los DNU contra la Ley de Medios

El juez federal porteño Iván Garbarino hizo lugar a la apelación del Gobierno contra la precautelar que suspende los decretos que intervinieron y disolvieron la Afsca y modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero lo hizo con “efecto devolutivo” y rechazó “in limine” levantar esa medida protectora. El fallo será revisado por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, pero mientras tanto seguirá vigente.

El juez en lo Civil y Comercial Federal Iván Garbarino concedió la apelación del gobierno nacional contra su fallo que suspendió el decreto de intervención de la Afcsa, pero lo hizo con efecto "devolutivo", es decir, mantuvo su decisión de primera instancia.

El magistrado había concedido una medida cautelar para frenar el decreto de intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la remoción de su directorio y la disolución del organismo, como así también los cambios a las cláusulas antimonopólicas de la ley 26.522.

El efecto devolutivo no suspende el contenido del fallo apelado mientras se tramitan las instancias revisoras, como si lo hubiese hecho el llamado "efecto suspensivo". “Corresponde conceder en relación y con efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la demandada”, resolvió el magistrado.

“No es razonable que la apelación frustre la tutela otorgada para impedir las consecuencias dañosas derivadas de la situación que se ordenó innovar”, explicó Garbarino en su resolución. En el fallo, el juez desestimó "in limine" un planteo paralelo de "revocatoria" contra su fallo que también se había hecho desde el Gobierno.

La cautelar se dictó a pedido de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y se mantendrá hasta que se decida el planteo de fondo, relativo a la validez de los decretos presidenciales.

La ley de medios en Argentina, ¿censura o regulación?

Una ley en beneficio del pueblo que aún no se cumple por el prevaricato de jueces que siguen al servicio de las minorías .- Rubén

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La Ley de Medios Audiovisuales: un triunfo argentino y del posneoliberalismo latinoamericano

Tres decretos que quedaron suspendidos

Sigue vigente la cautelar que frenó los DNU contra la Ley de Medios

Dos fallos judiciales contra los atropellos a la Ley de Medios

La Cámara Federal platense anuló la resolución que avalaba los decretos que disolvieron la AFSCA y la AFTIC. En Mar del Plata, la Justicia decidió habilitar el tratamiento de un planteo contra los DNU de Macri que violan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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Viernes, 22 de Enero de 2016