AEA regresó a la Casa de Gobierno.

Carlos Melconian no se calla nada. En Mamá Ganso, la quinta esteña del banquero Jorge Brito, mientras Mauricio Macri se abrigaba para volar a Davos, el presidente del Banco Nación se despachó ante empresarios con críticas poco fraternas hacia Alfonso Prat-Gay y el resto del equipo económico, donde opinó que “no hay ninguna coordinación”. Su socio histórico y cerebro de la próspera consultora M&S, Rodolfo Santángelo, acababa de divulgar entre sus clientes un informe fechado el 18 de enero donde se definen como “asimétricas” las metas de inflación y de déficit fiscal para 2016 y donde se pronostica que el primer trimestre del año cerrará con una suba de precios del 9%, lo cual llevará la inflación anualizada a más del 32% en marzo. Muy lejos de la meta del 20 al 25% que propuso el ministro de Hacienda, que el informe reservado cataloga como “demasiado exigente”, pero que el propio Presidente ratificó en los Alpes suizos con la mira puesta en las paritarias que considera su primera gran prueba de fuego.

En medio de esas internas, con un equipo suplente precalentando en el banco a menos de 100 metros del Palacio de Hacienda y una ola de despidos que avanza lenta pero irrefrenable en el Estado y las empresas que aprovechan el “siga siga” del Ministerio de Trabajo, el Gobierno acaba de disponer -sin voceros, gacetillas ni conferencias de prensa- la brusca suba de tarifas eléctricas que había anunciado durante la campaña para cerrar el grifo de los dispendiosos subsidios devidistas. Esa canilla, que transfirió recursos durante años a sectores pudientes y no solo agujereó las cuentas públicas sino que puso al kirchnerismo en la disyuntiva de devaluar o fijar un estricto control de cambios, acaso sea el mejor ejemplo de cómo se puede desvirtuar la intervención del Estado al punto de ridiculizarla y abrirle camino a una política que hoy recita la Biblia del mercado y rechaza de plano cualquier intento de regular con criterios sociales el consumo de algo tan elemental como la energía.

Para los estrategas del macrismo, la legitimidad de un tarifazo que multiplicará por seis el gasto familiar de los hogares en luz y gas no solo viene dada por los valores absurdos que se pagaron en los últimos años en el área metropolitana por esos servicios frente a otros como el cable, el celular, la prepaga o internet. También emerge de los reiterados cortes de suministro de los últimos veranos. Pero como lo prueban los megacortes de veranos como el de 1999, cuando las tarifas seguían dolarizadas, la rentabilidad es condición necesaria pero no suficiente para que las empresas inviertan. La otra pata son los controles que deben llevar adelante organismos como el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), donde anteayer se oficializó el nombramiento de los dos vocales mencionados en esta columna dos semanas atrás: Juan Garade y Ricardo Sericano. El primero fue director de Edesur entre marzo de 2001 y mayo de 2012 y el segundo ocupó una gerencia de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto de 2010.

El Estado ring

Los cortocircuitos internos y las facturas cruzadas emergen como consecuencia de la unción al frente de cada despacho gubernamental de un referente empresario del sector sobre el cual fija reglas. Las disputas por el excedente no se libran con el Estado como árbitro sino como ring. Mientras el secretario de Comercio, Miguel Braun, viene de desmantelar sin ruborizarse el programa Precios Cuidados, tal como reclamaba entre otros su tío Federico Braun, el dueño de la cadena La Anónima, el ministro Ricardo Buryaile acusa por radio a los supermercadistas de “quedarse con recursos de la gente” y agita a sus bases ruralistas para seguir incrementando su porción de la renta mediante subsidios, como si no alcanzara con transferencia que generaron la devaluación y el recorte de retenciones.

¿Se compensará un lobby con el otro? En el caso de las telecomunicaciones, claramente no. El peor escenario para Telefónica terminó de materializarse esta semana con el anuncio de que el grupo Clarín hará uso de la opción que había comprado para quedarse con el 100% de Nextel, la moribunda compañía de trunking que ahora se propone convertir en el cuarto jugador de peso en el mercado de telefonía e internet móviles. Fue el corolario obvio del decreto 267/15, que modificó de un plumazo las leyes de medios y de telecomunicaciones y bloqueó por al menos tres años el ingreso de las telefónicas al todavía apetecible mercado de TV por cable. Clarín necesita alzarse ahora con la banda de espectro 4G que dejó vacante Arlink, de Vila y Manzano, para convertirse en el primer jugador del mercado en ofrecer “cuádruple play” (internet, cable, telefonía fija y móvil).

El regreso a la Casa Rosada como directivo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) de su CEO Héctor Magnetto, otrora un habitué, le augura al holding de la trompetita una fortuna venturosa en esa faena. Lo mismo puede inferirse de la designación como vocera del gobierno porteño de Lorena Marino, hasta noviembre gerenta de Comunicaciones de Cablevisión. Claro que en su intento de ocupar ese espectro 4G aún sin dueño puede enfrentar resistencias parlamentarias y para inscribirse como operador debe recibir la venia del flamante ENACOM, que preside Miguel De Godoy, el antecesor de Marino. También resta ver el rol que juega el misterioso fondo Fintech del mexicano David Martínez, socio de Clarín en Cablevisión y a la vez pretendiente del paquete controlante de Telecom. El empresario Adrián Werthein, la pata local de Telecom, lidiará con esa puja a su regreso de Londres, donde vacaciona aprovechando la graduación de su hijo como magister.

Los más indignados por el DNU redactado a la medida de Clarín no son los panelistas cesanteados de 678 ni los empoderados de Parque Centenario. Son los directivos españoles de Telefónica, que ahora pusieron en revisión las inversiones por 36.000 millones de pesos que anunciaron en diciembre para los próximos tres años en su filial argentina. El eco de su bronca se lee en revistas especializadas en el sector como Convergencia Telemática, en cuya editorial de enero puede leerse que la norma “queda como un ejemplo histórico nunca visto —salvo en gobiernos antidemocráticos o dictaduras— sobre la demolición de leyes por DNU en un área en la que no existen urgencias y tampoco necesidades extremas, pero sí la estrategia de acumular poder por parte del monopolio, sin importar las formas”.

Paritarias Cuidadas

En un gobierno que insiste en abordar la política como un simple asunto de gestión, obturando a propósito el resto de sus aristas, Rogelio Frigerio es el único que intenta torcer el rumbo de colisión que parece seguir la relación entre la Rosada y los gobernadores peronistas. Esta semana empezó a mostrar resultados: la reunión que mantuvo con trece de ellos, la revisión del decreto que modificaba la coparticipación en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y el anuncio de que girará a Córdoba 15.000 millones de pesos para obras. El dato incómodo que soslayó la mayoría de las crónicas es que 2.500 de esos millones serán para IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, quien tenderá un gasoducto asociado con capitales chinos.

Para el resto de los contratistas, la situación es más incierta. El jefe de la Cámara de la Construcción, Juan Chediack, advirtió el lunes que la parálisis de los pagos mientras se auditan las obras ya forzó el despido de 30.000 de los 430.000 obreros que trabajaban en diciembre en el rubro. Sumadas a las 24.000 del sector público que ya contabiliza el “Despidómetro”, un medidor colaborativo y anónimo que causa furor en las redes sociales pero que no goza del apoyo que los gigantes mediáticos le dan a plataformas similares, como Chequeado.com, las cesantías empiezan a cumplir su rol: asustar a los que conservan sus puestos de cara a una ronda de paritarias que asoma tensa a la luz de los pronósticos de Melconian.

El mismo escalofrío recorre las espaldas de los empleados de complejos como el autopartista y el textil, cuyos lobbistas ya enviaron sendas cartas al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, donde le advirtieron que su decisión de firmar todos los permisos de importación que habían quedado pendientes de 2015 hizo que cadenas como Zara suspendieron la mitad de los encargos que habían hecho en diciembre a confeccionistas locales, y que las automotrices también frenaran pedidos a proveedores. “Se instaló un clima importador como no veíamos hacía años”, comentó horrorizado a este diario un histórico del negocio textil, que emplea a 450.000 personas desde el algodonero chaqueño hasta el diseñador palermitano.

En las paritarias, como escribió el analista Martín Rodríguez en la revista web Panamá, se prefigura un límite concreto para el Gobierno. En ellas no lidiará con la Argentina de la grieta cultural sino con la de la fractura social. Tendrá enfrente a “los sindicalizados, los que no se bajan del consumo, esa Argentina aspiracional que no quiere ser la carne de cañón del sacrificio para que un día llegue el desarrollo, sino saciar el hambre de consumo y mantener estándares de vida en un país donde el Estado no garantiza buena provisión de salud o educación, para empezar”. Suerte con eso.