La puesta en marcha del nuevo plan económico, en base a las medidas que Mauricio Macri y su equipo prometían implementar no bien asumieran, se está haciendo esperar. Las primeras apariciones públicas de los flamantes ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda y Finanzas) y Ricardo Buryaile (Agroindustria), fueron utilizadas para volver a explicar medidas sobre las que “ya hay decisión tomada”, pero que recién se aplicarán “cuando estén dadas las condiciones”.

El primer contacto del ya designado titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, provocó el primer cortocircuito con los principales banqueros del país, ante quienes advirtió que el Gobierno pretendía practicar una quita sobre el precio a pagar por los contratos de dólar futuro que aquellos habían adquirido. Para peor suerte del Gobierno, buena parte de esos contratos de dólar futuro estarían en manos de empresas exportadoras cerealeras, de las cuales el Ejecutivo está esperando un “gesto” anticipando la liquidación de operaciones de exportación. La devaluación del “día después” no fue tal, y el gobierno quedó enredado en su propio discurso de campaña para poner en marcha el plan. Días más o menos, lo logrará, aunque no de la forma prevista y pagando algunos costos que no aparecían en la cuenta dos semanas atrás.

¿Por qué no se unificó el mercado cambiario con un dólar a quince, lo que se iba a hacer un día después de hacerse cargo del gobierno? El propio Macri, adoptando el discurso de sus economistas más ligados a la ortodoxia financiera (Prat-Gay y Melconian), postulaba que el “levantamiento del cepo” iba a provocar un aluvión de ingreso de dólares, que iban a sobrar y no faltar divisas, y que por lo tanto no había que temer por una disparada del valor del dólar. Ni siquiera les preocupaba que, como planteaban, el Banco Central ya pudiera estar “sin reservas”.

Lo expresado en estas primeras horas de gestión del macrismo evidencia un cambio de opinión al respecto. “La situación económica no es crítica”, admitió Prat-Gay ese viernes, lo cual corroboró al no pedir siquiera un feriado cambiario o bancario para la transición. Todo siguió funcionando sin sobresaltos. Sin embargo, el equipo económico resolvió postergar la reunificación cambiaria hasta conseguir, previamente, un “financiamiento puente” a través de préstamos de bancos extranjeros, que le otorgarían el colchón de reservas que ahora se considera necesario para llevar el dólar a un valor cercano a quince y levantar las restricciones a la venta. “Estamos trabajando en los mecanismos de un financiamiento puente para que ingresen los dólares lo más rápido posible”, expresó Prat-Gay este viernes. ¿Cuándo se levantará el cepo?, le preguntaron. “Lo más rápido posible, cuando estemos listos. No tengo la bola de cristal”, respondió.

Antes de las elecciones, Cambiemos sí parecía tener esa bola, que le decía que la fecha era el 11 de diciembre, primer día de gestión. Perdió la bola o no funcionó. Pero lo más palpable es que el gobierno entrante perdió la confianza que tenía, antes de asumir, en la automaticidad que suponía que iba a tener la eliminación del cepo como método de inspirar confianza y atraer inversiones. Ahora consideran necesario contar con un “colchón” de dólares que, en principio, le brindarían los bancos extranjeros, por una suma que se calcula entre 5000 y 7000 millones de dólares.

Buryaile dejó atada, a su vez, otra medida que se proponía de aplicación inmediata, como la baja de retenciones a la soja y la eliminación para todos los demás productos agropecuarios exportables, a que previamente se defina la devaluación. “La decisión de eliminar las retenciones está tomada, pero su aplicación dependerá del momento de la reunificación cambiaria. Sin previsibilidad sobre el valor del tipo de cambio (es decir, mientras se siga esperando una devaluación), nadie venderá” (los dólares obtenidos por exportación, en el mercado oficial). La definición de Buryaile de este viernes exime de comentarios. A quienes le prometieron la devaluación, más una baja o eliminación de retenciones (los exportadores), no liquidará hasta tener ambas. Y estas divisas de las exportaciones es parte esencial del refuerzo de las reservas que espera el nuevo gobierno. Pero no entrarán si antes no se devalúa. Y no se devaluará si antes no se consigue un colchón de reservas. Entonces, la clave estaría en los préstamos bancarios del exterior.

Sturzenegger fue designado para reemplazar a Vanoli, quien presentó su renuncia esta última semana. Para tratar de minar su permanencia, Cambiemos se había dado en las últimas semanas una política de asedio y denuncia, de la cual Prat-Gay admitió en las últimas horas haber sido el impulsor. Le cuestionaron las operaciones del Banco en el mercado de dólar futuro, por las cuales le aseguraba a quienes contrataran la operación un valor del dólar de 10,50 a 11 pesos para dentro de seis a nueve meses. Si el dólar llegara a esa fecha a un valor mayor, el Banco Central debía compensar la diferencia en pesos.

En campaña, Cambiemos denunció estas operaciones buscando imputar a Vanoli por las mismas. Este viernes, Sturzenegger enfrentó a los banqueros señalando que la autoridad monetaria no iba a reconocer el costo de dichas operaciones, considerando que habían especulado con una ganancia segura sobre las arcas públicas, dado que la devaluación estaba cantada. La respuesta le elevó el tono a la confrontación. Los banqueros, no tan heridos en su orgullo como en sus bolsillos, ya que la operación involucraría un costo de unos 70 mil millones de pesos, reaccionaron advirtiendo que lo que estaba proponiendo Sturzenegger suponía llevar al BCRA a un default técnico sin precedentes, por incumplimiento de un contrato que era absolutamente legal. Y que semejante medida, incluso si se redujera al pedido de una quita sobre el valor que le correspondería cobrar a los contratistas de la operación de dólar futuro, tendría como respuesta un retiro de la colaboración de los bancos con el gobierno. Esto incluye condicionar el prometido crédito externo por cinco a siete mil millones de dólares: la llave para acceder a la devaluación.

El discurso de campaña era simple: levantar el cepo para que todos los mecanismos de la economía, inversión y producción, se pusieran en marcha. La realidad resultó algo más compleja, sobre todo si el Estado se corre de su función de regulador y deja todo en manos de sectores con hambre de lucro. Prisionero de sus propias promesas, ahora necesita buscar equilibrio entre sus propios aliados, los beneficiarios de las medidas. El resto de la población, el que ya está pagando los aumentos de precios, es parte de otra historia.

La convocatoria, como es común en estos tiempos, comenzó a circular en las redes sociales, principalmente desde la página de Facebook “Resistiendo con Aguante”, que ya cuenta con medio millón de miembros. La idea original, contó Kicillof desde el escenario, fue de unos vecinos del parque que se acercaron a Mariano Recalde y Gabriela Cerruti, quejándose de lo que el ex ministro llamó “el cepo mediático que están haciendo los medios de comunicación mostrando una sola voz”. Pero la convocatoria, avisó, superó todo lo esperado. “Acá no les pagó nadie para venir. Esto lo vamos a hacer en todo el país para que el que quiera oír nos oiga y vea lo que está pasando”, adelantó.

Reposera o lona en mano, termo bajo el brazo, la gente comenzó a ocupar el parque pasado el mediodía. Algunos con pancartas caseras o banderas. Hubo expresiones a favor del programa de la TV Pública 6,7,8 y cuando salió el ex ministro hasta se escuchó un cantito de “Axel presidente”. De jean y remera negra, el eje del mensaje de Kicillof fue de fuerte crítica a la primera tanda de medidas del Gobierno.

“La de Macri fue una campaña electoral muy bien armada para vender alegría, globitos, amistad, vender diálogo y ocultar los verdaderos intereses, que ojalá me equivoque y rectifiquen, pero que en estos pocos días el gobierno de Macri ha demostrado su verdadero carácter y que vienen hacer a la Argentina”, dijo. Y avisó que “no vamos a permitir ni habilitar que este gobierno que gano por el 1 por ciento, que ganó y tiene derecho a estar donde está, avasalle leyes, la Constitución y nuestros derechos. Y menos todavía que saqueen los bolsillos de la gente, de los trabajadores y del pueblo”.

Kicillof definió la orientación de las primeras medidas de Macri como un plan de ajuste a la vieja usanza, siguiendo las recetas del FMI. “Esperamos que no lo sea porque eso no va a traer alegría sino desgracia y pobreza para nuestro pueblo. Esperamos que recapacite y que cambie la dirección.” Y se preguntó: “¿No es el colmo que haya puesto en Aerolíneas gente de LAN, en YPF gente de Shell, en el BCRA gente que viene de la JP Morgan, que asesores del FMI estén en las oficinas del gobierno y que en el Ministerio de Trabajo haya funcionarios de Techint? Parece que quieren un país manejado por sus propios dueños”.

No sólo la convocatoria, también la difusión se hizo de manera artesanal. Varios de los concurrentes grabaron el mensaje con sus teléfonos y después lo fueron subiendo, fraccionado o completo, a las redes sociales o se lo enviaron a sus amistades. Uno de los momentos de mayores aplausos fue cuando Kicillof mencionó a Néstor y a Cristina Kirchner. “Vamos a volver, oh, vamos a volver”, cantó la gente.

El ex ministro habló sobre las “mentiras”, según definió, que se dijeron acerca del estado en el que Macri había recibido la gestión. “Trataron de convencer a la gente de que había que devaluar porque no había reservas en el Banco Central y eso es una mentira que se está cayendo a pedazos por los hechos. Cuando se fue Cristina el BCRA en su última publicación hablaba de 25 mil millones de dólares”, aseguró. Por eso, concluyó que “la Presidenta dejó reservas sólidas, ellos lo que quieran hacer es devaluar y lo iban a hacer si habían 25 mil o si habían 60 mil por eso mintieron con lo del swap y con la deuda a los exportadores”.

También refutó distintas cosas que se dijeron en los últimos días respecto a la inflación, el déficit fiscal, la creación de empleo y el crecimiento de la economía. La supuesta “herencia” que le tocó recibir a Macri. “La economía estaba creciendo, la inflación se estaba desacelerando, las reservas estaban sólidas, el déficit fiscal no estaba descontrolado, de modo tal que si el gobierno de Macri quiere hacer el ajuste, generar recesión y bajar salarios es porque es su vocación, el interés de a quienes quiere representar y no porque le hayan quedado problemas. Que no pongan excusas y se hagan cargo de sus acciones”, afirmó.

Planteó la diferencia de dirección entre el gobierno que finalizó el 9 y el que empezó el 10 de diciembre. “Nos decían que no teníamos diálogo. Cuando hay que tomar decisiones en contra de los intereses y a favor de las mayorías, no es cuestión de querer provocar un conflicto, porque el conflicto de intereses existe. El problema es que para tomar esas decisiones hay que tener vocación de querer defender al pueblo y enfrentarse a quien haya que enfrentarse por más que sea dueño de los diarios o de los organismos multilaterales de crédito.”

Antes de concluir ese domingo de sol distinto, militante, para miles de personas, no pasó por alto la inédita designación por decreto de dos integrantes de la Corte Suprema. “Hablando en nombre de nuestro bloque de diputados del FpV que está unido, lo que tengo que decir es que trataron de meter por la ventana a dos jueces de la Corte Suprema contra la Constitución y todas las normas”, dijo. Concluyó que “Macri dejó el republicanismo, el diálogo y las formas en la puerta de la Casa Rosada para poner los jueces que él quería”.

Una panorámica de la multitud que se congregó en Parque Centenario.

Lo que más asustó en la primera aparición pública internacional formal de Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina fue su insistencia en plantear el tema de Venezuela, exactamente en la forma que lo hace Estados Unidos. Fue una novedad. Nunca ningún país lo había hecho. La evaluación que hizo sobre Venezuela podría haber encontrado coincidencias con las de algunos de los otros gobiernos, pero la decisión de hacer de ese tema, en esos términos, la primera propuesta del nuevo gobierno argentino, a sabiendas de que no tendría posibilidad de aprobación, ni siquiera apoyos, representa la postura de introducir y destacar los elementos de diferencia y de conflicto en el seno del Mercosur.

La pregunta que pasaron a plantearse otros gobiernos es si el nuevo gobierno argentino se propone representar los intereses –hoy aislados y debilitados– de Estados Unidos en los procesos de integración regional y presentarse como alternativa a Brasil para Estados Unidos en la región.

La consolidación y extensión de los procesos de integración regional han tenido su eje solido en las excelentes relaciones de amistad, coincidencias y hermandad entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con los de Lula y Dilma. No habría mejor manera de debilitar esos procesos que afectar la alianza estratégica entre los gobiernos de la región. El desempeño de la nueva ministra de Relaciones Exteriores no le ayudó para nada a Macri en su aparición pública, indigna de la importancia que la política exterior argentina había adquirido, levantando dudas sobre cómo ese gobierno se comportaría frente a temas tan trascendentales como los fondos buitre y las Islas Malvinas.

Muy lejos habían quedado los tiempos en que los países del continente –en especial las tres economías más grandes, Argentina, Brasil, México– tenían que renegociar sus deudas externas con los acreedores y no contaban con solidaridad de los otros gobiernos. Así, los acreedores ponían a unos gobiernos en contra de los otros, haciendo concesiones a unos, cuando alguno de los gobiernos se encontraba con más dificultades, para aislarlo todavía más.

Nos hemos acostumbrado, desde la elección de Néstor y de Lula, al período de mejores relaciones entre los dos países, puestos en disputas desde finales del siglo XIX, como potencias adversarias y concurrentes. En el período inaugurado por Néstor y por Lula las buenas relaciones políticas entre los gobernantes permitieron resolver las divergencias existentes, dejando a un lado las disputas entre empresarios privados de los dos países, para promover, por encima de todo, la identidad y la confianza entre los dos gobiernos.

El factor externo que puede cambiar ese clima es el de las nuevas relaciones de Argentina con los Estados Unidos. Macri debe viajar a Estados Unidos y ser recibido por Obama, a quien no será difícil alimentar la vanidad del nuevo presidente argentino, encontrando formas de sugerir que tenga relaciones privilegiadas con Washington, empezando por acercamientos económicos. No serán “relaciones carnales” como las de Menem, pero algo similar, correspondiente a la situación de aislamiento de Estados Unidos respecto de América del Sur. Tentaciones de acuerdos económicos bilaterales, condenas sistemáticas a Venezuela, marcarían esas nuevas relaciones.

La situación no es tan simple para el nuevo gobierno argentino, porque no es posible compatibilizar tratados de libre comercio con Estados Unidos y el Mercosur, con el que la economía argentina tiene estrechos lazos, así como con la economía brasileña, para que permita algún tipo de ruptura radical por parte del gobierno de Macri.

Pero es posible imaginar que en Estados Unidos –con Obama o con algún gobierno todavía más conservador, demócrata o republicano– puedan empezar a soñar con tener a uno de los principales países de la región, inserto en los procesos de integración de América del Sur, un gobierno que defienda sus posiciones, como ocurrió en Asunción. Se produciría seguramente una polarización entre Argentina y Brasil –como ya se ha dado en esa reunión– y los dos países ejes de la integración regional dejarían de ser aliados para volverse rivales. Una posibilidad que no es simple de visualizar hoy día, pero que puede, en el futuro, conforme la situación política evolucionar en la región, volverse una realidad.

Los bancos HSBC y Masventas S.A. son las dos entidades que poseen la mayor cantidad de sanciones ante la UIF por haber infringido las normas antilavado. En la Justicia federal tramitan al menos tres causas en queja ante la Corte Suprema por las irregularidades detectadas por el organismo de control relacionadas al HSBC. La abogada patrocinante de este banco es María Eugenia Talerico, la designada por Mauricio Macri y Germán Garavano para ocupar la vicepresidencia de la UIF. De asumir en ese cargo, pasará a ser juez y parte de una serie de causas vinculadas al banco extranjero. Página/12 accedió a los descargos presentados por Talerico ante la Justicia en los que argumenta en contra de la capacidad de sanción del organismo, de la potestad de su Presidente para iniciar sumarios y objeta los montos de las multas establecidos por ley del Congreso. En concreto, plantea la inconstitucionalidad de artículos claves de la norma que persigue el encubrimiento y el lavado de activos (25.246). Pero no está sola en ese camino. El estudio Marteau, vinculado a Mariano Federici, designado por Macri como presidente del organismo, y a Celeste Plee, otra de las incorporaciones de la UIF, utiliza los mismos argumentos que Talerico para litigar en contra de la UIF. Es decir, existe una matriz argumentativa en contra del organismo pensada por quienes ahora pretenden acceder a su conducción.

Los currículos de Talerico y Federici fueron publicados en el Boletín Oficial (BO) el 16 de diciembre, hecho que marcó el inicio del período para presentar objeciones a los nombramientos propuestos por Macri. La audiencia pública para evaluar sus antecedentes será el próximo 18 de enero. El que deberá dictaminar sobre sus perfiles es Garavano, ministro de Justicia, vinculado al estudio Marteau, al igual que Federici, a través de la Fundación Finint. Y Macri es quien decretará sus designaciones, de no prosperar ninguna objeción formal.

Lo que no fue publicado en el BO es la relación de ambos candidatos con los bancos y empresas acusados de lavado de activos. Pero más grave que esas vinculaciones son las afirmaciones en contra del andamiaje jurídico de la UIF, lo que hace suponer que cuando tengan que ocupar el lugar de querellantes –y no de abogados defensores de los bancos– pondrán al Estado en un segundo plano.

Talerico está actuando en al menos tres causas, actualmente en queja ante la Corte, en representación del HSBC. En el expediente al que accedió Página/12 aparece su firma como abogada inscripta T 52 F 955 Cpacf, con domicilio fiscal en Anchorena 1853.

“Se deja expresamente planteada la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246 a la luz de su manifiesta violación a los artículos 14,16,17 y 28 de la CN, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se exponen en este descargo. La inconstitucionalidad se relaciona con la falta de razonabilidad , proporcionalidad y el carácter confiscatorio de la sanción prevista”, sostuvo Talerico en su escrito de defensa del HSBC. La ley mencionada fue sancionada en mayo de 2000, es la que creó a la UIF en el marco de la persecución de delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivos. En junio de 2011 fue modificada por el Congreso, a través de la ley 26.683.

El artículo objetado por la abogada del HSBC es el que establece la pena de multa “de una (1) a diez (10) veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción”. Y si no llegara a establecerse el valor real de los bienes, la multa puede ir de los 10.000 pesos a los 100.000 pesos. En 2011 también fueron modificados los plazos para la prescripción de la acción de multa (5 años). Los argumentos de Talerico también son compartidos por los abogados del estudio Marteau, en particular en la causa Masventa S.A., en la que intervino Celeste Plee, otra de las designadas por Macri.

Los cambios introducidos a la ley que busca perseguir el lavado de activos fueron aprobados por una amplia mayoría parlamentaria que incluyó al Frente para la Victoria como radicales y macristas.

“La mejor manera de combatir el lavado de dinero, la evasión y la corrupción es a través de una norma que no permita uno de los delitos más aberrantes en materia financiera, como es el lavado de dinero”, argumentaba Alfonso Prat-Gay desde la Cámara Diputados. A la hora de la votación en particular, el artículo 24 –objetado por Talerico–, tuvo la aprobación de Federico Pinedo, Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra y Gabriela Michetti, entre otros legisladores, todos integrantes de Cambiemos. Lo paradójico de esta situación es que una posible funcionaria de este mismo espacio político abogará por la inconstitucionalidad de la norma, pero dentro del organismo que debe aplicarla.

Otro de los artículos centrales por los que debe velar la UIF, pero fuertemente atacado por Talerico en las causas vinculadas al HSBC, es el 21. Es el que establece que los bancos tienen la obligación de informar ante la UIF la presencia de operaciones sospechosas, independientemente de los montos involucrados, evaluando en cada caso si hay justificación económica o jurídica para realizar determinada operación, ya sea de forma aislada o reiterada.

Para la abogada es ambiguo. “La reglamentación de la ley no estableció pautas claras y objetivas que permitan asignar un contenido concreto al decisivo concepto de operaciones sospechosas. No solo no precisa la acción típica, sino que remite a una sospecha para su configuración y por otra parte remite a un órgano administrativo, la UIF, la precisión de la conducta abarcada en el tipo penal. Se convierte así en una ley penal en blanco en tanto el tipo penal depende de la configuración de un órgano administrativo”, sostiene Talerico dentro del expediente analizado. Es una argumentación en contra de la capacidad de la UIF para evaluar posibles conductas de lavado de activos.

La posible futura vicepresidenta del organismo va más allá al sostener que la ley que rige el funcionamiento de la UIF “se convierte en una clara vía de delegación de la potestad punitiva por parte del Poder Legislativo, motivo suficiente para declarar su inconstitucionalidad, ya que la normativa complementaria, Resolución 10/2004, surge de un órgano sin facultad legislativa”.

El estudio Marteau, de estrechos vínculos con Federici y Plee, utiliza los mismos argumentos que Talerico para litigar en contra de la UIF, donde se tilda de inconstitucional el artículo 24 y 21 de la ley antilavado, y una serie de resoluciones del organismos pensadas para agilizar las tareas antilavado. Plee lo hace en nombre de Masventas S.A. y Talerico, en representación del HSBC.

Una de esas resoluciones es la 111/2012 que le otorgó al presidente del organismo, que durante la gestión macrista podría ser Federici, la posibilidad de iniciar los sumarios contra los bancos sospechados. Sobre esta resolución, Talerico sostuvo: “Este cambio priva a mi defendido de la garantía de ser juzgado por un órgano colegiado integrado antes de los hechos de la causa, de carácter técnico, integrado por funcionarios designados por las distintas ramas de la administración nacional vinculadas con la prevención del lavado de dinero”.

Los textuales publicados en esta crónica corresponden a tres causas vigentes, en queja ante la Corte y de una cantidad similar de sumarios ya abiertos dentro de la UIF. Si Talerico y Federici acceden a sus cargos quedarían ubicados de los dos lados del mostrador.

spremici@pagina12.com.ar

La embestida del gobierno de Mauricio Macri contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) consagra su destino de judicialización. A un día de su oficialización, el Presidente y el resto de los funcionarios públicos que firmaron el decreto de necesidad y urgencia que disuelve la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y su par de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), así como modifica la regulación de medios audiovisuales, fueron denunciados ante la Justicia por el diputado provincial kirchnerista Adrián Grana. “Macri gobierna al margen de la ley y desobedeciendo a los jueces”, consideró en relación a la precautelar que, con el objetivo de que no se afecte el entorno del organismo dirigido hasta el 24 de diciembre por Martín Sabbatella, el juez de La Plata Luis Arias impuso la semana pasada. Ayer también, el delegado platense de la Afsca, Guillermo Guerin, amplió la denuncia que había originado la reacción de Arias y la extendió hasta Macri por falsificación de documento público y “quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.

“Hay una medida cautelar que impide al Presidente y cualquiera de sus funcionarios avanzar sobre la regulación de los medios audiovisuales”, advirtió Grana a través de un comunicado en el que explicó la demanda que presentó ante el juez federal en lo penal número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, en contra de Macri, del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los demás ministros firmantes del DNU 267/2015, mediante el cual se dispuso la disolución de la Afsca y Aftic, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la modificación de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). “A Macri no le importó y dictó un decreto que elimina a Afsca y Aftic, crea un nuevo ente con hegemonía absoluta del macrismo y elimina todos los límites que la ley le pone a los grandes medios. Es una clara desobediencia a una orden judicial”, detalló. Los acusa de “desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.

La demanda de Grana descansa en la medida precautelar que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias había dictado el 30 de diciembre que determinaba “la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522” desde el 29 de diciembre en adelante.

Arias actuó en base a una demanda presentada por el delegado de la Afsca platense, Guillermo Guerin, en torno de la intervención del organismo de control diluido por el DNU 267/2015. Ayer mismo, Guerin amplió esa denuncia en base a los nuevos hechos: la oficialización mediante el decreto 7/2016 del Enacom y la designación de los cuatro miembros que lo integrarán en representación del Ejecutivo.