“El juez Bonadio es un caso emblemático del partido judicial y es uno de los instrumentos que está utilizando el presidente Mauricio Macri para disciplinar a los políticos”, aseguró ayer el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. En diálogo con Página/12, el funcionario habló sobre la causa que impulsan funcionarios macristas contra el gobierno anterior por la intervención en el mercado de dólares a futuro. Kicillof sostiene que se trata de una persecución política para que “no haya oposición a volver a endeudar al país en los volúmenes siderales que pretende”. “Pareciera que quieren torcer la voluntad de más miembros del Congreso. Si no te puedo comprar, te procesamos”, sostuvo. Según explicó, la operatoria utilizada, además de ser legal y común para los principales bancos centrales del mundo, no hubiese generado ningún costo para el Banco Central si Macri no hubiese devaluado el peso apenas asumió. “La colocación estaba acorde con un ajuste del dólar de entre 20 y 30 por ciento como preveía el Presupuesto”, argumentó.

–¿Cómo analiza los fundamentos de la causa que lo llevan a indagatoria por parte del juez Bonadio?

–La causa no tiene pies ni cabeza. Es un tema complejo para la gente el de los futuros, pero siempre se intervino en ese mercado, siempre en el marco de mantener la estabilidad de la política monetaria. En los extremos, es decir, en los valores por fuera de la pauta que establece el Central, siempre cualquier intervención está fuera del mercado. Es parte de la política cambiaria.

–En la denuncia se habla de un precio artificial.

–Al intervenir siempre se genera un precio artificial. Lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos cuando pauta una tasa de interés. El precio se fijo según lo que se había dispuesto en la Ley de Presupuesto y en lo que el candidato de nuestro espacio había prometido. Macri también había dicho en el debate que no iba a devaluar, luego lo hace, y nos culpa a nosotros de que vendimos futuros baratos. Además, era técnicamente imposible, y nos hubieran criticado también, si se fijaba un valor más alto para los contratos, porque le hubiésemos marcado la pauta de devaluación al próximo gobierno. Lo que hicimos fue ceñirnos a nuestra política monetaria. Era lo que pensábamos hacer.

–¿Cuál era la expectativa de devaluación si el resultado electoral hubiese sido otro?

–El que marcábamos con la curva de tasas de los futuros. Es mentira que se vendía con una tasa cero de devaluación. Los contratos establecían una pauta de entre 20 y 30 por ciento. Pero este gobierno ya lleva un aumento del dólar del 60 por ciento. El tema es que la devaluación no sólo afectó a los contratos a futuro, sino a todos los bienes y servicios de la Argentina. Ellos devaluaron y nos quieren echar la culpa. Fue una transferencia fenomenal de recursos hacia los sectores concentrados de la economía.

–Esos sectores son los que reclamaban la devaluación. ¿Era evitable?

–Tuvimos presiones devaluatorias durante el gobierno de Cristina Fernández y no lo hicimos. Con la devaluación del peso se devaluaron también nuestros salarios. Durante 2014 hubo un corrimiento cambiario importante y se dijo que era aberrante y si la devaluación era más lenta también se criticaba. El problema no es sólo la devaluación sino cambiar los parámetros de la política financiera: cambiar la administración de las divisas y del comercio.

–¿Es una denuncia política?

–Sin dudas. Los que fueron a declarar son en su mayoría funcionarios del macrismo, como Alfonso Prat-Gay y Lucas Llach. Indudablemente desde lo económico si esto fuera ilegal no habría forma de que un gobierno intervenga en un mercado para estabilizar su política monetaria o cambiaria.

–En un principio se argumentó que la denuncia era para remover a Vanoli del Central. ¿Cuál es el motivo ahora?

–El juez Bonadio actúa como instrumento de Macri. El objetivo es disciplinar mediante presentaciones judiciales a los que no pueden comprar de cara a la apertura de las sesiones en el Congreso. Si no te puedo comprar, te procesamos. Bonadio es uno de los miembros más emblemáticos del partido judicial y es utilizado como instrumento de presión. Es el que mandó a allanar las oficinas de Río Gallego de Máximo Kirchner en una causa inventada y el que fue desplazado de la causa Hotesur. Macri lo manda a hacer esto. Son provocaciones. No nos van a intimidar. Creo, si considera que alguien se benefició, debería el juez Bonadio citar en privado a todas las empresas que se favorecieron supuestamente con la operatoria.

–¿Para presionar sobre qué?

–Lo que hace Macri es preparar el terreno para que no haya oposición a volver a endeudar al país en los volúmenes siderales que pretende, que es una cuestión que está ligada a los fondos buitre y tomar unos 20.000 millones de dólares que no irán a la gente. Hay que recordar que después de 2001 se emitieron 30.000 millones de dólares para pagarle a 93 por ciento de los acreedores con bonos defolteados. Ahora, para pagarle al 4 por ciento van a emitir 15.000 o 20.000. Pero vamos a seguir denunciando estas cosas.

–¿Van a votar en contra de la apertura de la Ley Cerrojo para cerrar un acuerdo con los fondos buitre?

–Me parece que tenemos que conocer los pormenores del acuerdo, pero bajo ningún concepto vamos a deshacer el desendeudamiento. Además, no hubo ninguna negociación. Si le vas a pagar el cien por ciento de lo que te piden. ¿En dónde está la negociación si te piden cien y le das cien?

–Se argumenta que no se podría conseguir financiamiento externo sin pagarle a los buitres.

–Cerramos 20.000 millones de dólares con China y colocamos deuda en dólares, además de poner en marcha créditos con organismo multilaterales. No veo que la cuestión de los fondos buitre esté vinculada con la capacidad de conseguir financiamiento para infraestructura. Lo que veo es que el gobierno de Macri está con una desesperación inusitada por tomar deuda. Ya tomaron 5000 millones de dólares con el Central y pusieron 12 mil millones en bonos como garantía.

–El ajuste de tarifas lo vinculan con un supuesto déficit fiscal y la necesidad de reducir el gasto.

–El tarifazo es parte de una presunta situación fiscal desesperada. Pero el gobierno central pagó sin dificultad sus gastos y aguinaldos. Generaron un discurso de que hay un problema fiscal que hay que rellenar y con eso justifican los tarifazos y el ajuste. Si la situación es tan complicada por qué eliminaron retenciones a mineros y exportadores de granos y les suben las tarifas a las personas.

–¿La destrucción de puestos de trabajo es parte de esa lógica?

–Sí, pero también, tal como esperábamos, el objetivo era quitarle funciones al Estado. Los despidos en el sector público se centran en áreas estratégicas de regulación y control financiero, como los inspectores de la Unidad de Información Financiera y el Banco Central. Los despidos no están dirigidos a cómo trabajaban sino a deshacer resortes de regulación del sistema.

La ex presidenta Cristina Fernández fue citada a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que se investiga la venta de contratos de dólar a futuro por parte del Banco Central entre septiembre y diciembre del año pasado. También fueron llamados a prestar declaración el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros funcionarios del gobierno anterior. Se trata de una denuncia presentada por los legisladores de Cambiemos Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), por el supuesto delito de “defraudación contra la administración pública”. Los legisladores oficialistas cuestionan que el BCRA haya ofrecido cobertura sobre el tipo de cambio a un valor promedio de 10,65 pesos para marzo de este año, mientras que en Wall Street contratos similares se transaban a 14/15 pesos, a pesar de que por cuestiones regulatorias no existe la posibilidad de arbitraje entre ambos mercados. El cuestionamiento lleva implícita la posterior devaluación aplicada por el gobierno de Mauricio Macri, como si esa decisión política hubiera sido un hecho inevitable a priori.

La denuncia cursó con inusitada velocidad por los tribunales. El fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Eduardo Taiano dio curso a la investigación y un par de días se dispuso el allanamiento del BCRA, aun cuando por iniciativa propia el equipo legal del Banco había presentado la documentación correspondiente horas antes del operativo. Las sesiones indagatorias comenzarán el 28 de marzo. Vanoli fue citado para el 7 abril, Kicillof para el 12 y CFK para el miércoles 13 de ese mes.

El escrito de Bonadio detalla que “el BCRA ha tenido un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar en el Mercado Rofex en los meses de diciembre y enero del año en curso de 7575 millones de pesos y se deberá afrontar un pago por las posiciones abiertas de febrero a junio del año en curso estimado en 39.879 millones de pesos”. Agrega que a raíz de las operaciones a través del Mercado Abierto Electrónico el BCRA registró una pérdida de 1552 millones de pesos y otros 27.724 por los contratos activos de enero a junio de este año. Luego de la devaluación, el BCRA a cargo de Federico Sturzenegger modificó los contratos y aplicó un recorte retroactivo de los pagos a los tenedores.

Los contratos a futuro son transacciones entre dos partes que permiten a quien lo compra asegurar el precio de un activo. El comprador apuesta a una suba del valor de ese activo, en este caso del dólar, durante el lapso de tiempo acordado. La parte vendedora generalmente estima una baja y se compromete a ofrecer el contrato esperando ganar con la diferencia. En el país se utiliza el mecanismo de los contratos a futuro desde 2004. Según su Carta Orgánica, el Banco Central puede operar en el mercado de futuros aunque con un límite por el equivalente de 20.000 millones de dólares netos. Al 30 de octubre tenía posiciones abiertas por 15.323 millones.

“Es por incumplimiento de determinadas normas de la Carta Orgánica del Banco Central y tiene que ver con el compromiso de las reservas del Banco”, resumió Bonadio ayer por la tarde a una radio. La denuncia argumenta que la venta de contratos a 10,65 pesos por dólar representó un fraude inducido al Banco Central. Para ello comparan la cotización del dólar en el contrato a futuro con la vigente en ese momento en Nueva York. Esa diferencia permitiría obtener ganancias financieras seguras. Sin embargo, no existe el arbitraje entre el mercado local y offshore porque una serie de regulaciones del mercado de capitales inhiben esa posibilidad. Es decir, el contrato adquirido a 10,65 pesos por dólar en Buenos Aires no se podía vender inmediatamente en Nueva York a 15 pesos por dólar. A diferencia de lo que dice Bonadio, los contratos a futuro del dólar tampoco afectan a las reservas del BCRA porque la liquidación del contrato para cubrir la diferencia de cotización es siempre en pesos.

Bonadio agrega que “del total de la emisión monetaria desde el 16 de diciembre el 87 por ciento se destinó al pago de los quebrantos de las operaciones de dólar futuro”. En la causa hay una larga lista de empresas en la que figuran los bancos privados que operan en el país, automotrices, agencias de viajes y empresas de telecomunicaciones, entre otras, compradoras de contratos. Ante la acusación opositora de beneficiar a determinadas firmas, desde el BCRA advirtieron en su momento que la operatoria se realiza “a pantalla ciega”, es decir que no se conoce la identidad de la contraparte. En octubre de 2014 Vanoli también utilizó los contratos a futuro pero mantuvo a raya el precio del dólar y al no convalidar movimientos especulativos la entidad obtuvo ganancias por 5500 millones de pesos. Esa utilidad se obtuvo porque el mercado había apostado por una devaluación que no ocurrió, a diferencia de lo que sucedió con la asunción de Macri y la suba del dólar 50 por ciento.

La decisión del juez Claudio Bonadio de llamar a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández, a su ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, despertó una fuerte reacción del kirchnerismo, que salió a cuestionar la medida e incluso algunos sectores lanzaron una convocatoria a los Tribunales para el día de la citación, el 13 de abril. “Bonadio funciona como un ariete judicial del antikirchnerismo”, sentenció el diputado del Parlasur, Agustín Rossi. “Es lamentable que la embestida macrista contra Cristina haya penetrado en un juzgado federal. Es una clara persecución política”, agregó la diputada nacional del FpV, Diana Conti. En una línea similar se expresaron otros dirigentes como el senador nacional Juan Manuel Abal Medina, la diputada Nilda Garré, Martín Sabbatella o Aníbal Ibarra. La agrupación La Cámpora hizo propias las palabras de Kicillof y envió un mensaje a través de las redes sociales: “Si la tocan a Cristina...”.

La oportunidad, el contenido de la resolución, las consecuencias políticas y mediáticas, todo fue materia de cuestionamiento por parte de distintos dirigentes del Frente para la Victoria. Si bien la respuesta política corrió en gran medida por cuenta del propio ex ministro de Economía, la agrupación conducida por Máximo Kirchner hizo una advertencia: “Si la tocan a Cristina...”. Desde Nuevo Encuentro, Sabbatella directamente convocó a una manifestación frente al palacio de Tribunales: “Si la citan a Ella. Nos citan a todos. El 13/4 vamos a Tribunales”.

El ex ministro de Defensa y ex titular de la bancada oficialista en Diputados puso el énfasis en el origen de la causa: una denuncia de dos importantes dirigentes del oficialismo, el jefe del bloque radical, Mario Negri y el actual presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo. Además, remarcó que se tomó como base un informe del actual ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. “Está claro que Cambiemos está detrás de esto”, remató Rossi, quien señaló la “enemistad manifiesta y la animadversíon” del juez hacia el kirchnerismo y la ex presidenta, a punto tal que la ex mandataria ni siquiera estaba acusada en la presentación de Negri y Pinedo.

Para el senador Juan Manuel Abal Medina “es un disparate presentar una herramienta de manejo de política cambiaria usado por todos los bancos centrales del mundo como un delito y mucho más querer involucrar a la presidenta de la Nación en eso”. “La decisión del gobierno fue trabajar para que el dolar no se devaluara como ocurrió con Macri, con las consecuencias que estamos sufriendo todos los argentinos”, completó el legislador nacional. En la misma línea Rossi recordó que si Prat-Gay hubiera querido evitar un perjuicio para el Banco Central, lo podía haber evitado si no devaluaba la moneda. De todas formas, el dirigente santafesino aclaró que tampoco se trató de un perjuicio porque el BCRA posee activos en dólares que superan las supuestas pérdidas por la operatoria en el mercado de dolar futuro.

“Es un regalo con moño para Macri. Tanto por su viaje al Papa, como en la apertura de sesiones al Congreso”, consideró Conti, ex integrante del Consejo de la Magistratura. La diputada sostuvo que la decisión del magistrado “sirve para distraer la atención y no hablar de los desaciertos de este joven gobierno”. Por otro lado, remarcó que Bonadio primero anticipó su resolución en una entrevista al Grupo Clarín y que lo hace con varios meses de anticipación, ya que la primera de las citaciones es recién para el 28 de marzo, siendo la última la de CFK, para el 13 de abril. También recordaron que días atrás, Jorge Lanata sostuvo que la presidenta debe estar presa, y Bonadio salió ayer en su programa de radio antes de difundir la resolución. En la misma línea se pronunció Nilda Garré: “Lo de Bonadio es una absurda e injusta citación con fines persecutorios”, aseguró vía Twitter.

Tanto Sabbatella como la legisladora porteña Gabriela Cerruti difundieron la convocatoria a Comodoro Py para el 13 de abril, en defensa de la ex mandataria. Por su parte, el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, señaló que “mientras sobreseen de todas las causas a Macri, el pistolero y juez de la servilleta Bonadio cita a indagatoria a CFK. Así estamos”. Luis D’Elía fue más directo: “Si CFK cae presa a instancia de la ‘Justicia Macrista’ habrá un nuevo 17 de octubre, haremos tronar el escarmiento”.