EL MUNDO › EL EX MANDATARIO SE HARA CARGO DE LA CASA CIVIL, LA CARTERA MAS IMPORTANTE DEL GOBIERNO DE BRASIL
Lula pone el cuerpo para defender a Dilma
Su llegada al Palacio del Planalto fortalece al gobierno, que soporta un fuerte embate destituyente. Lula, uno de los mandatarios más populares que tuvo Brasil, enfrenta una campaña mediática y judicial que ayer tuvo un nuevo capítulo.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumirá como ministro de la Casa Civil, la cartera más importante del gobierno, informó el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo de Brasil. El nombramiento fue anticipado por Afonso Florence, jefe del grupo del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, en declaraciones a periodistas y luego fue confirmada por una nota oficial de la Presidencia de Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió su decisión de incluir en su gabinete a Lula, de quien dijo que podrá usar su gran experiencia política para ayudar al gobierno, al tiempo que rechazó posibles renuncias en el gobierno con su llegada. La jefa de Estado negó que el nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil sirva para que el ex mandatario esquive los procesos que enfrenta en la Justicia y aclaró que las investigaciones seguirán, pero en otra instancia.
El ex gobernante aceptó ser ministro de Rousseff –que ocupó ese mismo cargo en su segunda presidencia–, con quien acordó sumarse al gobierno en una reunión que mantuvieron ayer. La designación pone fin a una serie de versiones sobre la inminente llegada del ex jefe de Estado al Palacio del Planalto. Lula, uno de los mandatarios más populares que tuvo Brasil, figura desde ayer en la historia del país como el único político que, tras alcanzar el más alto cargo en el Ejecutivo, acepta un cargo de ministro que cataliza mucho poder.
Su nombramiento en el gabinete de Rousseff, ahijada política y sucesora, se anunció en medio de una crisis que tiene a la mandataria bajo amenaza de destitución, algo que el nuevo miembro del gobierno intentará sofocar. Como ministro de la Casa Civil o de la Presidencia, a Lula enfrentará grandes responsabilidades políticas. Es el principal funcionario del equipo de gobierno y su tarea es equivalente a la de un primer ministro. También puede comparárselo con un jefe de Gabinete con poderes, pero no se ajusta a ese cargo dado que en Brasil, quien ocupa ese puesto, no comanda a los ministros sino que más que nada “sigue y cuida” la agenda de la presidenta.
Lula, que según el presidente del PT, Riu Falcao, tomará posesión del cargo el próximo martes, asumirá un ministerio que controla todos los resortes del poder, lo cual le permitirá influir en las decisiones de su sucesora y en las de su base parlamentaria, a la que intentará unir de cara al eventual juicio contra Rousseff. Ayer la Corte Suprema habilitó la continuidad del juicio político a la presidenta en Diputados aunque el Senado, con mayoría oficialista, tiene la última palabra. En paralelo, siguen las causas abiertas en contra de Lula, en las que se lo acusa de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, cargos por los que la Justicia aún no se ha pronunciado, pero que llevaron a la fiscalía de San Pablo a pedir su detención preventiva.
El pedido de detención aún no fue decidido porque el Tribunal paulista pidió unificar causas y transferir la solicitud de los fiscales al juez federal Sérgio Moro de Curitiba, Paraná, que lleva adelante el caso Petrobras. Con su ingreso al gabinete de Rousseff, todas las causas contra Lula deberán pasar a manos de la Corte Suprema, lo cual dilatará el desarrollo de los procesos. La jefa de Estado brasileña destacó el desembarco de su compañero del PT en el Palacio de Planalto. “La llegada de Lula es algo muy importante y relevante. Primero por su inequívoca experiencia política y segundo por los conocimientos que tiene del país y sus necesidades”, dijo la mandataria.
El ex presidente y líder opositor Fernando Henrique Cardoso criticó el nombramiento de Lula. “Creo que es escandaloso que una persona sea nombrada ministro en un momento que puede convertirse en reo en un proceso”, opinó. En un anticipo de lo que le espera con los poderes fácticos que enfrentará en su vuelta al gobierno, la bolsa y el real se desplomaron con el anuncio de su nombramiento y la agencia calificadora de riesgo Moody’s dijo que la decisión muestra que Dilma “prioriza lo político por sobre lo fiscal.”
Más aún, un juez de primera instancia que investiga a Lula filtró ayer una comunicación telefónica entre Lula y Rousseff con la intención de sugerir que la presidenta brasileña intervino para evitar una posible detención del ex mandatario, a quien envió un documento con su nombramiento como ministro para que lo usara “solo en caso de necesidad”. “Estoy mandándote a Bessias junto con el papel, para que puedas tenerlo y usarlo en caso de necesidad, que es el término de la posesión”, afirma Rousseff en diálogo con Lula. La charla fue grabada ayer mismo por la Policía Federal, con autorización del juez Sergio Moro, que investiga la supuesta participación del ex mandatario en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Moro levantó el secreto de las escuchas en las líneas telefónicas de Lula luego de que Rousseff anunciara su nombramiento como titular del influyente Ministerio de la Presidencia. Cuando se difundió la grabación, los “caceroleros” convocaron a una movilización frente a la Casa de Gobierno.
Antes de la escandalosa filtración de una escucha de la presidenta de la nación, Rousseff dijo que le daba risa leer noticias donde se asegura que Lula, como ministro, tendrá más poder que la propia jefe de Estado y que ella habría renunciado a su cargo para permitirle un tercer mandato a su padrino político. “Llevo seis años en el gobierno y durante todo ese tiempo han intentado separarme de Lula. Mi relación con Lula no es de poderes o de súper poderes. Tengo con Lula una sólida relación de quienes construyeron un proyecto juntos”, afirmó la presidenta. Y agregó que, en su gestión, Lula tendrá los “poderes que necesite para ayudar al gobierno y para ayudar a Brasil”. Negó que su antecesor hubiera impuesto condiciones como cambios en la política económica o en el Gabinete para asumir el cargo y aclaró que las dudas que impidieron anunciar antes el nombramiento se referían a las posibles reacciones de la oposición.
Dilma Rousseff durante su visita al departamento de Lula en São Corrado, cuando empezaba la ofensiva contra el ex mandatario.
Al caer por arbitraria la otra medida cautelar contra la posesión de Lula ...ya puede ejercer a plenitud como el ministro estrella de Dilma .- Llegó de nuevo la hora del pueblo trabajador contra los arribistas y vendidos al imperio .-
Lula: Hay tiempo para cambiar la historia de Brasil
El tiempo que resta hasta que finalice el mandato de Dilma Rousseff en el 2018 es suficiente para cambiar la historia de Brasil, afirmó este viernes el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva
BRASILIA.—El tiempo que resta hasta que finalice el mandato de Dilma Rousseff en el 2018 es suficiente para cambiar la historia de Brasil, afirmó este viernes el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Aclamado por decenas de miles de manifestantes que colmaron la Avenida Paulista en una manifestación en defensa de la democracia y contra el juicio político de la dignataria, Lula instó a sus compatriotas a aprender a convivir en la diversidad, informó Prensa Latina.
Tenemos que convencer a quienes no gustan de nosotros de que la democracia es acatar el voto de la mayoría, señaló el fundador del Partido de los Trabajadores en medio de incesantes gritos de “No habrá golpe”.
Recordó que él había perdido las elecciones en 1989, 1994 y 1998 y en ninguno de los casos llamó a sus partidarios a salir a las calles para protestar contra quien resultó vencedor en las urnas.
Lula, reseñó la Agencia Brasil, defendió la existencia de un país sin odio, pero también criticó a quienes participan en manifestaciones a favor de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Insistió además en que el camino democrático es el único que hace posible hacer un gobierno con la participación del pueblo.
Ellos tienen que saber que quienes están hoy aquí vestidos de rojo son parte de aquellos que producen el pan de cada día del pueblo brasileño, remarcó.
La multitudinaria concentración de ayer en Sao Paulo, donde según estimados de la Secretaría de Seguridad Pública se congregaron más de 80 000 personas, fue una de las realizadas en todas las entidades federativas en respuesta a la convocatoria del Frente Brasil Popular, que reúne a más de 80 organizaciones.
En Río de Janeiro la Prefectura estimó en más de 75 000 los manifestantes, mientras en Salvador de Bahía, Recife y Fortaleza se reportó la asistencia también de decenas de miles de ciudadanos.
Entre los participantes en la marcha en Sao Paulo estuvo también el presidente nacional de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, quien declaró al diario Brasil de Fato que este era un acto de todos los brasileños y no de un sector o una clase social.
Un tribunal de Río de Janeiro anuló la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento del ex presidente, por lo que está habilitado a reasumir como ministro
Crédito: ReutersEsa decisión permite a Lula volver a ejercer su cargo de ministro, según confirmaron a la agenciaEFE portavoces de la Abogacía General de la Unión (AGU).
Lula fue nombrado ministro de Presidencia el pasado miércoles, un día después fue investido, pero entonces dos jueces ordenaron suspender los efectos de la posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, radicada en un tribunal de Brasilia, fue anulada este jueves y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue desestima hoy por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
En su decisión, el vicepresidente del tribunal, Reis Fride, argumentó que la corte de Río de Janeiro no es competente para impugnar un acto decidido por la presidente Dilma Rousseff, que sólo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo, según un comunicado.
Además, el magistrado Fride consideró que "no le cabe al Judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter político" y valoró que la suspensión del nombramiento de Lula podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que la nación atraviesa".
LEA MÁS:
La Abogacía General de la Unión solicitó hoy al Tribunal Supremo que unifique las decenas de demandas que los opositores han presentado en cortes de todo el país para cuestionar el nombramiento de Lula como ministro.
Entre otros argumentos, la oposición considera que el nombramiento es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Los opositores sostienen que Lula no puede ser nombrado ministro por estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Además alegaron que existe la posibilidad de que se sirva de su cargo, que goza de muchos poderes, para influir en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales con la intención de obstruir el curso de la Justicia.
A pesar de las cautelares, el abogado del Estado, Eduardo Cardozo, explicó el jueves que Lula no dejó de ser ministro y sólo estaba impedido de ejercer sus funciones hasta que la decisión judicial fuera resuelta.
Cuando la justicia nos favorece es la mejor, pero cuando señala nuestros errores está equivocada, o simplemente alegan que la justicia del país se ha politizado. En este caso, Lula parece haber entrado en esa cofradía.
La condición de ministro le garantiza un fuero privilegiado y supone que las causas en su contra salgan de la órbita de la Justicia común y pasen a la Corte Suprema.
Además alegaron que existe la posibilidad de que se sirva de su cargo, que goza de muchos poderes, para influir en la Policía, en la Fiscalía y en los tribunales con la intención de obstruir el curso de la Justicia.
EL MUNDO › LA PRESIDENTA DE BRASIL PRESENTA HOY SU DEFENSA ANTE EL CONGRESO
Una semana decisiva para Dilma
De los 65 integrantes de la Comisión Especial de Diputados, 31 son investigados o están directamente imputados. Van a dictaminar sobre el pedido de juicio político contra una presidenta que no está ni siquiera investigada.
Por Eric Nepomuceno
Opinión
Desde Río de Janeiro
Hoy vence el plazo legal e estatutario para que Dilma Rousseff presente su defensa formal a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que examina el pedido de instauración de su juicio político. Y a partir de la presentación de la defensa de la mandataria empieza a correr el plazo final para que el encargado de preparar el informe termine su tarea y ponga el resultado al escrutinio de los integrantes de la Comisión Especial.
Algunos detalles merecen atención, en esa burda farsa golpista travestida de colores institucionales y, peor, constitucionales. De haber un mínimo de lisura y decencia de parte de los señores diputados, otro sería el escenario.
Para empezar, de los 65 integrantes de la Comisión Especial, 31 son investigados, o están directamente imputados, por la Justicia. Van a dictaminar sobre el futuro de una presidenta que llegó donde está gracias al voto soberano y popular de 54 millones de brasileños. Ella no está imputada, siquiera investigada. Dice la Constitución brasileña que cuando el presidente comete crimen de responsabilidad, cabe su destitución por el Congreso. Dilma Rousseff no cometió ningún crimen. De los 65 que la juzgarán en esa primera etapa, hay indicios concretos (en algunos casos, pruebas) de que 31 sí, cometieron delitos o crímenes.
El conductor de todo el proceso se llama Eduardo Cunha, y preside la Cámara de Diputados. Además de un sinfín de acusaciones que enfrenta en la Justicia, ese señor es reo –nada menos que reo– en un juicio que corre en el Supremo Tribunal Federal. Gatuno contumaz y compulsivo, ya anuncia sus artimañas para liquidar a la presidenta: piensa reunir a la Comisión Especial (la de los 31 sospechosos o acusados) el domingo 17 de abril. Con eso contaría con manifestaciones multitudinarias para presionar a los parlamentarios, empujadas por los ardientes vientos del aparato mediático golpista. Todas las brechas del regimiento interno serán transformadas en artimañas y trampas por Eduardo Cunha, cuya obsesión febril no es salvar el propio pellejo: es, antes, liquidar al gobierno de Dilma Rousseff.
Con eso, su correligionario Michel Temer, vicepresidente, asumiría la plaza vacante, y quizá frene las investigaciones que sofocan a Cunha y sus muchos cómplices.
A partir de hoy, y en varios frentes de batalla, la guerra será durísima y los combates disputarán cada centímetro de terreno.
El PMDB, que hasta la semana pasada era, en teoría, el principal aliado del gobierno, promovió una ruptura ruidosa cuyos resultados, sin embargo, parecen menos espectaculares que los que estaban en los cálculos de Temer y su bando. Para empezar, la ruptura no se dio en la dimensión esperada: varios ministros del PMDB no movieron un alfiler para alejarse de sus puestos. Temer, que preside el PMDB, no es ningún cacique en ese partido de caciques. Apenas obtuvo 90 mil votos para elegirse diputado nacional por San Pablo, y lo elevaron a vicepresidente de la Nación por los dos mandatos de Dilma mucho más por ser figura contemporizadora, casi decorativa, que poderosa e influyente.
Los caciques más poderosos recriminan la manera como se dio la ruptura con el gobierno. Algunos, como José Sarney y Jader Barbalho, siguen aliados a Dilma. Y Renan Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, dijo con todas las letras que la iniciativa capitaneada por Temer y su bando “no ha sido ni oportuna, ni inteligente”.
Con el sello de “traidor” estampado en su imagen, Michel Temer no oculta sus movimientos tratando de armar lo que sería su “gabinete de notables” caso efectivamente llegue a presidente. Por ahora, sin mucho éxito.
El gobierno, mientras, sale aceleradamente a la caza de parlamentarios indecisos, de partidos insignificantes. La expresión “sale a la caza” podría muy bien ser sustituida por “sale a la compra”: se ofrecen puestos, presupuestos y cargos y recargos a cambio de una supuesta fidelidad.
Movimientos sociales contrarios al golpe institucional se movilizan: esta semana habrá una secuencia de actos públicos, con la presencia de trabajadores, artistas, intelectuales.
Ya los movimientos políticos favorables al golpe se movilizan con mucho más fuerza, pues cuentan con al menos tres impulsos importantes para seguir adelante. Primero, la totalidad de los grandes medios hegemónicos de comunicación, que alardean sus anuncios y convocatorias como si fuesen la voluntad mayoritaria del pueblo.
Segundo: el pleno respaldo de la totalidad de las grandes federaciones y confederaciones patronales, que gastan mares comprando espacio publicitario en la prensa aullando un “fuera Dilma” sumado a un “basta ya”. Y, tercero: cuentan con fuentes generosas de recursos, cuyos orígenes y volumen se niegan terminantemente a revelar.
Esta será, pues, una semana decisiva. La primera de las muchas, muchísimas semanas que parecen comprimirse en un abril de vértigo.
Hoy vence el plazo legal para que Rousseff presente su defensa formal ante la comisión de diputados.
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró hoy ante sindicalistas que ayudará a la presidenta Dilma Rousseff en cualquier circunstancia y anticipó su intención de discutir una política económica que traiga esperanzas.
Brasil enfrenta hoy lo que el senador del Partido de los Trabajadores Lindbergh Farias consideró una conspiración explícita para golpear la democracia, claramente manifiesta en la salida del gobierno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En una reunión relámpago realizada ayer, el Directorio Nacional del PMDB aprobó por aclamación abandonar la coalición gubernamental, a la cual se unió hace 13 años.
El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará hoy en la Jornada Nacional en Defensa de la Democracia, Golpe Nunca Más, convocada por los frentes Brasil Popular y Pueblo sin miedo. La presencia del fundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) fue confirmada en su página web por la Central Única de los Trabajadores de Brasil (CUT).
Poco antes de las ocho de la noche de ayer se hizo un súbito y denso silencio entre los más de 70 mil manifestantes reunidos en la plaza de la Carioca, en el viejo centro de Río de Janeiro: sobre el escenario armado en medio de la multitud apareció Chico Buarque, quizá la figura más emblemática del medio artístico e intelectual brasileño.
La RED de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales En Defensa de la Humanidaddenuncia en esta hora crucial el grave intento golpista contra la Presidenta Dilma Rousseff y la abraza solidariamente junto al pueblo trabajador y honrado del Brasil. “No vai ter golpe”, un clamor profundo se alza desde Brasil en defensa del gobierno de Dilma, de la democracia y el orden constitucional.
Defensa de Dilma Rousseff pide recusar proceso de impeachment
Brasilia, 4 abr (PL) El abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, pidió hoy recusar el proceso de impeachment y rechazar la denuncia contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, la cual -evaluó- está permeada de errores conceptuales básicos.
Cardozo presentó los alegatos de la defensa de la mandataria ante la comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de decidir si admite o no el enjuiciamiento político de la jefa de Estado por presunto crimen de responsabilidad.
En una detallada intervención de aproximadamente 90 minutos, el letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de los procesos de impedimento en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución de la República.
No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad tales actos tiene que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.
Cualquier tentativa de impedimento que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.
Advirtió, además, sobre las graves consecuencias políticas, económicas, sociales y de seguridad jurídica que acarrea la ruptura de la constitucionalidad y la negación del Estado de Derecho, y subrayó que un gobierno surgido de tales circunstancias es ilegítimo.
Respecto al impeachment iniciado contra Rousseff, el Abogado General de la Unión señaló el notorio desvío de poder practicado por el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien -enfatizó- usó su competencia para vengarse del Partido de los Trabajadores, que votó por la apertura de un proceso de casación contra él.
De ese modo, la apertura del impedimento constituyó un acto viciado y, por consiguiente, nulo, afirmó.
Cardozo esclareció también que la denuncia contra la jefa de Estado contiene solo dos aspectos: la promulgación de seis decretos en 2015 supuestamente violatorios de la Ley de Presupuesto y las impropiamente llamadas "pedaladas fiscales", una práctica aceptada por décadas por los Tribunales de Cuentas de todo el país, rememoró.
En ninguno de los dos casos se trata de actos ilegales y, en consecuencia, tampoco de un crimen de responsabilidad, adujo antes de reiterar que tales denuncias son manifiestamente improcedentes.
El abogado defensor insistió en que el proceso instaurado por la Cámara de Diputados marcha contra lo dispuesto por la ley y reiteró que están en juego la democracia y el Estado de Derecho, pues un impeachment sin crimen de responsabilidad ni dolo constituye un golpe anticonstitucional.
Una vez escuchados los alegatos de la defensa, el relator del procedimiento Jovair Arantes deberá elaborar y presentar su parecer a la comisión especial, que tendrá cinco sesiones para escuchar, discutir y votarlo, antes de enviarlo al plenario de la Cámara de Diputados.
Recordemos lo ocurrido con el prevaricador juez Moro quien violando la ley quiso acabar con la dignidad de Lula y con su aspiración a una nueva presidencia del Brasil :
La Corte Suprema de Brasil le quita al juez Moro el caso de Lula
El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha retirado al magistrado de primera instancia Sergio Moro, a cargo del escándalo de Petrobras, la investigación sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Conforme a la decisión tomada este jueves por el STF, la Corte Suprema se encargará de investigar al exmandatario (2003-2010) por los supuestos casos de corrupción en la estatal petrolera de Petrobras.
En la plenaria del STF también se determinará si Lula podrá ejercer sus funciones como jefe de Gobierno; eventualidad bloqueada por las sospechas de que la actual presidenta, Dilma Rousseff, quería ante todo obstruir con este cargo la investigación en contra de Lula en la justicia ordinaria.
El 4 de marzo, Lula fue detenido de manera arbitraria por unos 200 efectivos de la Policía Federal de Brasil que allanaron su casa.
El Tribunal Supremo de Brasil inicia el proceso de juicio político contra el vicepresidente del país
Publicado: 5 abr 2016 16:23 GMT | Última actualización: 5 abr 2016 22:01 GMT
Pronto se creará una comisión que estudiará la viabilidad de la renuncia del puesto de la segunda autoridad del Estado.
El vicepresidente de Brasil, Michel TemerUeslei MarcelinoReuters
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El juez del Tribunal Supremo brasileño, Marco Aurélio Mello, ha decidido iniciar el proceso de juicio político contra el vicepresidente del país, Michel Temer, que ha dejado este martes la presidencia del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), informa Globo.
La decisión del juez Mello puede ser impugnada. De acuerdo con la ley brasileña, en el caso de salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff será el mismo Temer quien asumirá las funciones del jefe de Estado antes de las próximas elecciones presidenciales en 2018.
A principios del pasado diciembre el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció el inicio del juicio político contra la presidenta. La decisión de Cunha se basó en la petición de la oposición en la que sus promotores acusan a la mandataria de cometer violaciones financieras admitidas en las asignaciones del presupuesto tanto de su mandato anterior como de los primeros meses del segundo.
El analista internacional, Amílcar Salas Oroño, considera que la entrada de Lula da Silva en el gobierno de Dilma Rousseff podría ordenar un poco el aspecto político y económico.
Impedimento de Dilma es fruto del desvío de poder, afirma abogado
En una detallada intervención de aproximadamente 90 minutos, el letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de estos procesos en Brasil y subrayó que solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución de la República
BRASIL, abril 5.—El proceso de impedimento contra la presidenta Dilma Rousseff que examina hoy una comisión especial es fruto del desvío de poder ejercido por el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, valoró el abogado José Eduardo Cardozo.
Al aceptar el pedido de interpelación, Cunha usó su competencia para vengarse de la jefa del Ejecutivo por no asegurarle el respaldo de los legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) en el Consejo de Etica, donde enfrenta un proceso por quiebre del decoro parlamentario, indicó el titular de la Abogacía General de la Unión (AGU).
Hay un indiscutible, notorio y clamoroso desvío de poder en el recibimiento de esa solicitud, subrayó la víspera Cardozo al presentar la defensa de la jefa de Estado.
En una detallada intervención de aproximadamente 90 minutos, el letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de estos procesos en Brasil y subrayó que solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución de la República.
No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo; y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.
Cualquier tentativa de impedimento que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.
Advirtió además sobre las graves consecuencias políticas, económicas, sociales y de seguridad jurídica que acarrea la ruptura de la constitucionalidad y la negación del Estado de Derecho, y subrayó que un gobierno surgido de tales circunstancias es ilegítimo.
Cardozo esclareció también que la denuncia contra Rousseff contiene solo dos aspectos: la promulgación de seis decretos suplementarios en 2015, supuestamente violatorios de la Ley de Presupuesto, y las impropiamente llamadas «pedaladas fiscales», una práctica aceptada por décadas por los Tribunales de Cuentas de todo el país, rememoró.
En ninguno de los dos casos se trata de actos ilegales y, en consecuencia, tampoco de un crimen de responsabilidad, adujo antes de reiterar que tales denuncias son manifiestamente improcedentes por presentar errores conceptuales básicos de derecho financiero y confundir la gestión presupuestal con la de las finanzas.
El abogado defensor aludió en otra parte de su intervención a las violaciones del debido proceso legal cometidas y mencionó entre éstas el hecho que los autores de la acusación fueran llamados a esclarecer sus puntos de vista.
Si la pieza no era lo suficientemente clara debió ser denegada, sentenció Cardozo, quien catalogó la denuncia de imprecisa y técnicamente bastante reprobable. Una vez escuchados ayer los alegatos de la defensa, el relator del procedimiento Jovair Arantes deberá elaborar y presentar su parecer a la comisión especial, que tendrá cinco sesiones para escucharlo, discutirlo y votarlo, antes de enviarlo al plenario de la Cámara, donde será necesario el voto de 342 diputados para su aprobación.
El abogado de la Fiscalía General de Brasil, José Eduardo Cardozo.Foto: HispanTV